El parlamentario cuestionó el avance del proyecto de ley, tras escuchar las recomendaciones del presidente del Banco Central y de economistas de diferentes sectores políticos, quienes sugieren que sea rechazado. Luego de que la última encuesta Plaza Pública Cadem arrojó que un 62% está de acuerdo con las alertas del Banco Central sobre el retiro de los fondos previsionales, el senador independiente por la Región del Maule, Juan Castro Prieto, sostuvo que no sería recomendable para la economía del país y advirtió que en la Cámara Alta no estarían los votos suficientes para que avance su tramitación. “Siento que el cuarto retiro no tiene ninguna posibilidad de pasar. Hemos conversado entre senadores, se ha analizado el efecto económico que generaría, hemos escuchado al presidente del Banco Central y a economistas de todos los sectores políticos, tanto de izquierda como de derecha”, afirmó el legislador en una entrevista a Radio María de Linares. Agregando que, “la verdad, la recomendación que nos han dado los especialistas es no aprobar el cuarto retiro, porque nos generaría un problema muy serio de inflación y un conflicto en el costo de vida para los más humildes”. En la misma línea, cabe recordar que el presidente del Banco Central, Mario Marcel, avisó en más de una ocasión sobre las consecuencias económicas que provocaría un cuarto retiro del 10%, asegurando que “acercaría al sistema financiero a un desequilibrio de magnitud”. Por ahora, la discusión del cuarto retiro seguirá luego de Fiestas Patrias, donde será votado el miércoles 22 de septiembre en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, y en caso de ser aprobado, pasará a sala.
Juan Castro
Se trata de una iniciativa presentada por la senadora Carmen Gloria Aravena, luego de que el ex candidato presidencial de la Lista del Pueblo, Diego Ancalao, presentara más de 23 mil firmas validadas por un notario fallecido. El senador por la Región del Maule, Juan Castro Prieto, entregó su apoyo a un proyecto de ley que busca sancionar a aquellos candidatos independientes que utilicen patrocinios falsos para postular a un cargo de elección popular, así como también a toda persona que colabore en la recolección y adulteración de estos. La iniciativa, ingresada por la senadora Aravena y respaldada por los honorables Chahuán, Ossandón, Pugh y Castro, fue creada luego de los últimos escándalos relacionados con la Lista del Pueblo y su ex candidato presidencial Diego Ancalao, cuya inscripción fue rechazada por el Servicio Electoral (Servel) debido a que más de 23 mil firmas fueron validadas a partir de marzo del 2021, por Patricio Zaldívar Mackenna, quien falleció en febrero del mismo año y había dejado de ejercer como notario en 2018. El proyecto de ley busca castigar a quienes cometan estos comportamientos con presidio menor en sus grados de medio a máximo y multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales. En esta misma línea, Castro mencionó que “no podemos permitir que personas quieran mentir o engañar a un sistema electoral para poder ocupar un cargo público ni menos administrar el Estado de Chile. Para que no vuelva a pasar, presentamos este proyecto de ley para sancionar a esas futuras personas”. El proyecto pasó a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, donde se discutirá la idea de legislar en esta materia.
La iniciativa pretende disminuir los impactos y riesgos ambientales asociados a la cosecha por medio de Tala Rasa respecto de una plantación forestal, hace vinculante el actual protocolo de política forestal, que será un reglamento obligatorio. Modificaciones que protegen a los pequeños propietarios forestales y cuidan el medio ambiente. El senador por la Región del Maule, Juan Castro Prieto, destacó el avance del proyecto de ley que busca que las actividades de desarrollo o explotación forestal industrial que utilicen el sistema de Tala Rasa por sobre las 250 hectáreas ingresen al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). El parlamentario, quien además es presidente de la Comisión de Agricultura, valoró que se aprobara la idea de legislar esta iniciativa, la cual fue presentada por el senador Alfonso De Urresti, que indicó que su propósito es “abordar los efectos ambientales y ecosistémicos que produce la actividad forestal”. Sin embargo, el trabajo en la comisión modificó totalmente el proyecto inicial, incorporando solo la tala rasa al SEIA y protegiendo a los pequeños y medianos productores forestales. En esta misma línea, el legislador independiente por el Maule sostuvo que: “Yo siento que el medio ambiente es nuestra responsabilidad, debemos protegerlo y cuidarlo y por eso agradezco proyectos de ley en esta materia, porque se nos presenta un tema que muchas veces se vulnera». De acuerdo a una carta que un grupo de organizaciones científicas envió a Castro, “las plantaciones forestales cubren más de 3,1 millones de hectáreas. Más del 77% de esa superficie se concentra en las regiones de Biobío, La Araucanía y Maule”. La misma carta agrega que “los impactos y riesgos ambientales asociados a las plantaciones forestales industriales sobre la biodiversidad, disponibilidad de agua, suelo, paisaje, y los incendios que afectan a las comunidades y a la sociedad en su conjunto son ampliamente conocidos y están documentados por numerosos estudios científicos”. Por su parte, Juan Pedro Elissetche, ingeniero forestal y doctor en Ciencias Biológicas mención Botánica, quien participó como expositor en las últimas sesiones afirmó que “me alegra que me hayan invitado en calidad de experto sobre temas forestales, ya que creo que es necesario siempre que se plantean este tipo de iniciativas tan importantes con cambios legislativos, tener todas las miradas”. Agregando que “este proyecto invita a mirar el sector forestal, a cambiar temas normativos y a regular temas que se hacen necesarios. Considero que son buenos los cambios, pero al mismo tiempo hay que buscar también cómo se hacen de la mejor manera para dar un resultado que tenga un efecto realmente positivo con el medio ambiente”. Finalmente, el senador Castro como presidente de la Comisión de Agricultura y junto a sus colegas incorporaron el actual protocolo de política forestal a un reglamento y fijaron que toda actividad de tala rasa forestal sobre las 250 hectáreas, deba ingresar al SEIA. Con esto, se buscará reforzar doblemente la protección del medio ambiente en el sector forestal.
