Por Marcel Garcés Muñoz
Una consigna de este 11 de septiembre 2023, año del cincuentenario del Golpe Militar fascista, “LA MEMORIA INTACTA”, leída en la calle de una población santiaguina, sintetiza no solo las característica y condición del aniversario de la cruenta y despiadada asonada golpista encabezada por el Criminal de Guerra General, Augusto Pinochet, sino que la demanda de la indispensable justicia, condena y reparación de las víctimas del brutal genocidio.
Se trata de la expresión ciudadana que recoge un sentimiento patriota y humano, que no solo no olvida, sino que moviliza el sentimiento legitimo de verdad y castigo de los culpables, de los cómplices activos y pasivos, de los que se escudan en una impunidad vergonzante y pretenden reescribir la historia, borrando de sus conciencias oscuras, la culpa de los crímenes, de la barbarie cometida contra hombres, mujeres, niños y niñas, y el cinismo, de los cómplices actuales, de los negacionistas que hoy buscan falsificar la historia, parapetándose en argumentaciones hipócritas y en un blanqueamiento de sus culpas, tan falso como inmoral.
Septiembre 1973 está marcado a fuego en la conciencia y en la historia de los ciudadanos chilenos, de las víctimas de la barbarie de la dictadura militar derechista política y económica encabezada por el general Augusto Pinochet y sus mandantes de la oligarquía empresarial, de los uniformados- no todos por cierto, que mancharon no solo sus conciencias y uniformes, y a sus instituciones, traicionando su misión constitucional y patriota de defensa de la seguridad, el honor nacional la vida y la integridad de su ciudadanos, con un baño de sangre y muerte el país, una masacre y ”guerra interna” fundamentada en su Doctrina de la Seguridad Nacional “made in USA”, y que algunos miserables de hoy pretenden reivindicar para salvar sus responsabilidades, sus complicidades, culpas políticas y morales.
Pero septiembre 2023 estuvo caracterizado, no solo por una confrontación política, ideológica y moral, sino por una toma de conciencia nacional, que predominó en el juicio social sobre un acontecimiento crucial de la historia del país, cuyas consecuencias, sin duda no terminan de borrarse de la memoria personal y nacional.
Y ello no sucederá mientras no se imponga la verdad, la justicia, la memoria, la reparación, el juicio histórico, el justo castigo de los criminales de lesa humanidad, condiciones absolutas para la reconstrucción de la confianza, del diálogo, de la fraternidad, bases para la reconstitución del tejido social, de la vigencia de los derechos cívicos, de la institucionalidad democrática y de la convivencia nacional y la instalación en el tejido social de un legítimo diálogo, acuerdo y respeto mutuo de todos los actores respeto a todos los pensamientos y posicionamientos políticos y sociales.
Se trata ni más ni menos de los derechos básicos comunes de la libertad, la educación, la salud, la previsión, el trabajo digno, de una sociedad no discriminatoria por origen económico, social o racial, donde se garantice el respeto el derecho de los pueblos originarios, de los migrantes, de las minorías sexuales, de hombre, mujeres, jóvenes y niños, donde se eliminen las diferencias nacidas del prejuicio, el género, la altanería, o el desprecio y odio por el otro, de las elites o las oligarquías.
Lo cierto es que hay razones para confiar se han abierto caminos en torno a temas claves para avanzar hacia un Chile justo y respetuoso de los Derechos Humanos, la justicia con las víctimas de los crímenes de la dictadura y la defensa de la institucionalidad democrática, y también, porque no decirlo, del rechazo a la violencia que estableció de manera brutal, masiva la dictadura cívico militar y la impunidad de los culpables.
El gobierno hay sido enfático que Chile, en la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado militar derechista del 11 de septiembre de 1973 lo que necesita el país, la sociedad y su destino es “Democracia Siempre” en un llamado nacional a reflexionar en torno a valores como la Democracia, la Memoria y el futuro.
Al mismo tiempo se ha comprometido, en el día Internacional del Detenido Desaparecido, el 30 de agosto recién pasado, a un “Plan Nacional de Verdad y Justicia”, una iniciativa estatal que compromete al conjunto de la institucionalidad, en el trazamiento de la ruta de las desapariciones forzadas de chilenos, a partir de septiembre de 1973, colaborar con las investigaciones judiciales y ayudar a configurar la memoria y la garantía de la no repetición, sin perjuicio del establecimiento de responsabilidades penales y la indispensable reparación.
Este plan– que contó con el aporte de agrupaciones de familiares de las víctimas, sitios de memoria, representantes de la academia, Centros de Estudio, organizaciones de la sociedad civil y mas actores relevantes, según establece el anuncio oficial “tendrá una gobernanza permanente y un presupuesto asignado por lo que existirá como un instrumento de política pública que deberá ser implementado, ejecutado y respetado por todo gobierno”.
De acuerdo a las investigaciones judiciales- e instancias generadas por el Estado- hasta ahora se ha establecido que al menos 3.200 personas fueron asesinadas o hechas desparecer durante el periodo de la dictadura (1973-1990), por agentes del Estado, fueron víctimas de desaparición forzada y se ha llegado a estimar “sin certeza” que 1.469 personas fueron ejecutadas (1.092 corresponde a personas detenidas desaparecidas), y otras 377 se registran como personas ejecutadas políticas sin entrega de cuerpos a sus deudos.
Es necesario señalar que hubo respuestas positivas a este llamado del Gobierno.
El Arzobispo de la Iglesia Católica, Celestino Aós, en el tradicional Te Deum Ecuménico por las Fiestas Patrias, el 18 de septiembre y desde la Catedral Metropolitana llamó a entregar información sobre los detenidos desparecidos bajo la dictadura de Pinochet.
“Hacen daño quienes ver sufrir a hermanas y hermanos porque no conocen la verdad acerca de sus familiares detenidos o desaparecidos. Rezamos por los que hacen daño con sus omisiones, suplicamos a Dios y les suplicamos a ellos, convierte Señor, sus corazones para que entreguen la información que puedan tener. Hermanos que tienen información para el bien de los familiares que sufren y por el bien de ustedes mismos, que compartan esos datos”, enfatizó.
Y puso a disposición a la Iglesia Católica para servir de puente en ese proceso.”Estamos disponibles para prestar este servicio de información y entregarla anónimamente a las autoridades”, indicó la autoridad máxima de la Iglesia Católica chilena.
También es pertinente destacar la disposición explicitada por el Comandante en Jefe del Ejército, General de Ejército, Javier Iturriaga, quien indicó a la prensa, que ”El Ejército está compuesto por una generación que no vivió el 11 de septiembre. A nuestra generación lo que le corresponde es hacerse cargo del pasado, como lo ha hecho y cooperar con la justicia en todo cuanto se nos exija”.
Los conceptos del General Iturriaga fue resaltado por el presidente Gabriel Boric, quien señaló que “la disposición a colaborar es muy valiosa”, agregando que “mientras nos sigan faltando más de 1.100 chilenos no podemos dejar de buscar y ese es un deber moral e histórico que tenemos”.
De manera que tenemos 50 años de memoria y búsqueda de un futuro irrenunciable: Democracia, Verdad, Justicia y Reparación.
Pero es necesario advertir, y tener en cuenta que el pinochetismo recalcitrante, parapetado en la Derecha política y económica, y poderes facticos subordinados a su estrategia, se han restado a estos llamados a la verdad, la justicia, la democracia y siguen conspirando.
Santiago de Chile, 23 de diciembre 2023
Crónica Digital/PL
