La presión a la justicia fue muy intensa, tanto así que se preparó la sala del 25° Juzgado Civil de Santiago de la Corte Suprema, con Magistrados que daban confianza que confirmarían el fallo de la Corte de Apelaciones, que había fijado el irrisorio monto de tres millones para las 659 personas víctimas de secuestro, tortura y prisión política, que participaban en la quinta demanda en contra del Estado de Chile, presentada el año 2009. Y así sucedió, las presiones del CDE y del Gobierno lograban evitar que se repitiera un fallo como el que anteriormente había ocurrido en el caso de los Expp de la Isla Dawson en esta misma sala. Razón por la cual sacaron de la sala del 25° Juzgado Civil de Santiago a todos los Magistrados que habían sido parte de ese magistral fallo. Una vez logrado su cometido, el gobierno, usa posteriormente este forzado y manipulado, fallo para hacer ofertas irrisorias y miserables, con el objetivo de dar respuesta, a las exigencias presentadas en una mesa de negociación, donde participan algunas organizaciones de Expp que se atribuyen la representatividad de todos los ex prisioneros políticos. Pero esto no para aquí, el Ministerio de Justicia, ordena a la Tesorería Regional Metropolitana ejecutar el pago de dicha sentencia a los 659 personas “favorecidas” con este fallo. Todo hasta aquí, le puede parecer normal a quien lee esta nota, pero creo necesario exponer públicamente lo que posteriormente ocurrió. La Tesorería, institución del Estado en este caso aunque UDS no lo crean, FUNCIONÓ. Revisaron los expedientes económicos de las 659 personas a quienes el Estado debía cancelarles la INDEMNIZACIÓN, por todo el daño causado. Daño físico a causa de las atroces torturas y vejaciones físicas, daño psicológico a consecuencia de la incertidumbre de sentirse en manos de bestias feroces insanas, que le hacían temer por su vida y la de los suyos. Tanto durante se encontraban secuestrados en los diversos e ilegales centros de tortura, a los que fueron trasladados, como también fuera de estos cuando tuvieron la suerte de salir con vida. Pero hay que agregar también el daño patrimonial, económico y social a consecuencia de la destrucción de los proyectos de vida, la pérdida de sus fuentes laborales y hasta el destierro a quienes fueron relegados o exiliado. Es así como la Tesorería Regional Metropolitana, descubrió que 32 de los 659 demandantes, TENÍAN DEUDAS CON EL FISCO Y LES RETUVIERON EL PAGO. De esta forma obligan a los “deudores” a ir a tesorería a saldar la deuda CON INTERESES POR SUPUESTO, cancelándoseles la diferencia. Cuanta diferencia de criterio de la Tesorería y de Impuestos Internos con las grandes empresas que han cometido actos fraudulentos donde se causó un daño económico de grandes proporciones al erario nacional, de miles de millones de dólares; sin embargo para ellos hubo condonación, borrón y cuenta nueva. Cuanta diferencia en lo que hace hoy el SII, no presentando querellas para investigar el financiamiento ilegal de la política, obedeciendo a presiones del ejecutivo, […]
