La encuesta semanal Signos/El Mostrador reveló hoy que las policías, el Ministerio Público y los tribunales y jueces de Chile son percibidos entre la población como entidades con elevadas muestras de corrupción. Esta es la segunda medición consecutiva con ese resultado tras la renuncia del ex director de la Policía de Investigaciones (PDI) Sergio Muñoz, quien actualmente cumple prisión preventiva por filtrar información sensible a un abogado. Ante una escala donde uno es nada Corrupto y siete muy Corrupto, Carabineros recibió la nota de 4,4; la PDI 5,0; el Ministerio Público o Fiscalía fue calificado con 5,3 y los Tribunales y jueces 5,6. Los resultados son muy semejantes a los obtenidos el fin de semana anterior. Ante la pregunta de si el cambio en la dirección general de la PDI será suficiente para resolver los problemas en esa institución, el 81,2 por ciento respondió que no, y apenas 15,3 de cada 100 opinaron lo contrario. Respecto a la situación económica de Chile, 16,8 por ciento la consideran buena; 36,5 dicen que es regular; 25,3 la señalan de mala; para el 18,6 resulta muy mala y apenas 0,6 respondieron muy buena. Por otra parte, casi 60 de cada 100 aseguraron que el país está retrocediendo, 26 apuntaron a un eventual progreso y 14 lo notan estancado. En cuanto a las tendencias presidenciales la encuesta Signos/El Mostrador refleja una inclinación hacia la derecha, encabezada por la alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei, del conservador partido Unión Demócrata Independiente, con 26,3 puntos. Le sigue de lejos el ultraderechista José Antonio Kast, del Partido Republicano (16,8), sobre quien pesan los resultados negativos del segundo plebiscito Constitucional celebrado en diciembre pasado. Carolina Tohá, ministra del Interior y quien no ha expresado ninguna intención de participar en la lucha por el Palacio de La Moneda, aparece tercera en las simpatías de los encuestados, con 13,5 unidades porcentuales. El sondeo se realizó por vía internet del 27 al 29 de marzo a un universo de mil 208 personas, escogidas aleatoriamente por edad, sexo y nivel de formación. Santiago de Chile, 31 de marzo 2204 Crónica Digital/PL
Policias
El incremento de la delincuencia y el narcotráfico es la principal preocupación de los chilenos, según una encuesta de la empresa de investigación de datos Criteria publicada aquí. Consultados sobre el tema, 49 por ciento de los entrevistados consideraron prioritario el enfrentamiento a estos delitos, cifra que representa un alza de cuatro puntos porcentuales respecto a una medición anterior. El sondeo se realizó a mil personas de 18 años o más entre el 30 de marzo y el 4 de abril, cuando se debatían en el Congreso Nacional una serie de leyes para reforzar la seguridad. El 58 por ciento de los interrogados piensa que la situación de violencia en el país es extrema y 32 la considera elevada. Otros problemas que preocupan a la ciudadanía son la inmigración irregular, la inflación, la salud y los bajos salarios. Respecto a la situación económica del país, 49 por ciento opina que es mala, 47 la ve regular y solo cuatro por ciento dice que es buena. La encuesta arrojó también el poco interés de la ciudadanía sobre el proceso para la redacción de una nueva Constitución y la elección de los consejeros encargados de elaborar el proyecto de carta magna. Sobre la gestión del presidente chileno, Gabriel Boric, esta se mantiene estable, con 38 por ciento de aprobación y 49 de desaprobación. Santiago de Chile, 10 de abril 2023 Crónica Digital/PL
Existe una negativa a informar la cantidad de policías por comuna. Luego de anunciarse el plan de seguridad por parte del Gobierno, que contempla un aumento de la presencia policial en 17 comunas del país, el Consejo para la Transparencia (CPLT), encabezado por Francisco Leturia, ofició a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones de Chile para conocer dotaciones actualizadas de ambas entidades y las variables consideradas para establecer destinaciones de funcionarios y funcionarias, información que deberá ser entregada en un plazo de 10 días. El titular del CPLT calificó de “grave” el que las personas no tengan acceso a dichos antecedentes y apuntó a lo relevante que se vuelve el control social sobre estos temas. “Me parece que como ciudadanos tenemos el derecho a saber cuántos Carabineros hay en nuestra comuna, si se dedican a una actividad o a otra, si funciona o no funciona, qué tiene buenos resultados y qué tiene malos resultados, y tenemos que poder opinar”, dijo. “La tranquilidad en nuestro barrio no puede ser un acto de fe y si creemos que es necesario más vigilancia o más medidas podemos discutirlo o planteárselo a la autoridad. No somos realmente ciudadano ni estamos en una comunidad democrática sino tenemos acceso a la información de mayor interés público”, agregó. Además, comentó que “cuando no hay información cierta se puede generar esa duda y eso no le hace bien a nadie”. “No sabemos cuántos Carabineros hay en Chile, cuántos Carabineros hay en Santiago, en tal comuna u otra”, “no tenemos certeza del criterio que se utiliza para destinarlos a cada comuna”, acotó. Respecto de las dudas que se han comenzado a levantar sobre los criterios para definir las comunas en las que se aumentaron las dotaciones, dijo que la decisión siempre puede tener criterios políticos en el sentido de que se establece que son necesarias las dotaciones donde haya más habitantes, “más delitos, más inseguridad ciudadana, son distintos los criterios que tú tienes que balancear”. Modificar norma de reserva Aludiendo a una norma antigua del Código de Justicia Militar, el código 436, las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad han mantenido bajo reserva diversa información como las dotaciones. Al respecto, el máximo representante del CPLT afirmó: “desde hace muchísimo tiempo hemos dado la pelea porque esta norma se derogue”. Crónica Digital 10 de mayo de 2022
En América Latina, los procesos de reformas policiales son relativamente recientes, desarrollándose principalmente en la década de los ochenta y noventa. Cada una de estas reformas ha contado, eso sí, con particularidades propias: algunas han tenido alcance nacional, otras se han circunscrito a determinados territorios -especialmente donde existen policías descentralizadas- en algunas se ha involucrado la participación de la ciudadanía en el diseño de propuestas, y lo más complejo a mi juicio, es que muchas de ellas se hagan iniciado sin contar con una diagnóstico acabado de la realidad delictual, ni menos han contado con acopios de evidencias de los cambios que han resultado efectivos y eficientes en la labor de las policías. En nuestro país, la necesidad de una reforma a Carabineros se hizo más visible con ocasión del estallido social. Desde entonces hemos escuchado acerca de la instalación de una unidad coordinadora de la reforma -por parte del gobierno de Piñera- y de algunas propuestas legales tales como la ley de modernización de las policías, la extensión de carrera policial, la creación del Ministerio de Seguridad Pública. Sin embargo, poco es lo que se conoce de dicho proceso, y del contenido de dichos proyectos por parte de la ciudadanía, quien ha sido la primera en clamar por estos cambios. Lo anterior, más allá de la existencia de un sitio web en el que se han anexado una serie de documentos cuyo lanzamiento data de mediados del año 2021. De acuerdo a lo anterior, ya podríamos categorizar este proceso de reforma policial como uno de aquellos que cuenta con escasa participación ciudadana, con el riesgo asociado de ser considerado poco legítimo por la ciudadanía. Hoy la experiencia internacional ha permitido identificar aquellos elementos que son mínimos necesarios para impulsar de manera exitosa una reforma policial. Entre ellos se encuentra la necesaria conducción civil de los cambios que se impulsen en esta materia. La necesidad de contar con canales permanentes de comunicación hacia la ciudadanía que le permita entender y conocer los avances que se hagan en el marco de la reforma policial, también es un elemento mínimo necesario en procesos de reforma. Asimismo, crear espacios de participación efectiva ciudadana para otorgar legitimidad al proceso de reforma. Debe considerarse el implementar adecuados sistemas de control internos y externos, de manera que todos los esfuerzos no corran el riesgo de ser deslegitimados producto de actos alejados o reñidos con la legalidad vigente o que impliquen algún grado de abuso de autoridad. También los canales de comunicación deben considerar espacios intrainstitucionales de participación que permitan a los mismos miembros de la policía ser parte de su proceso de cambio y no recibir por imposición nuevas normas en la materia, lo que seguramente resultaría altamente resistido. Por cierto, todo este proceso debe circunscribirse en un férreo marco de respeto a los Derechos Humanos, especialmente cuando consideramos que hoy el principal desafío operativo de las policías en gran parte del mundo lo es el orden público. En este punto vale la pena considerar lo señalado […]
