Para el candidato al parlamento de Unión Patriótica, la expropiación propuesta por el Serviu va en desmedro de la comunidad la cual no fue consultada para impulsar esta medida. Hace unas semanas el Serviu publicó la orden de expropiación de los terrenos ubicados en la Subida Alessandri, de Viña del Mar, los cuales se enmarcan dentro del «Proyecto Prolongación 6 Oriente entre 11 y 13 Norte y Avenida Alessandri» por un monto de $3.099.796.039, que serán pagados al contado, sin embargo, el Servicio de Vivienda y Urbanismo con esto dejaría sin efecto un convenio suscrito con el municipio viñamarino, el cual entregaba el terreno a título gratuito y sin condiciones. Para Jorge Estay, candidato a diputado por el distrito 7 de la región de Valparaíso, “es lamentablemente que se impulsen este tipo de medidas que van en directo beneficio del cuestionado proyecto inmobiliario de Las Salinas y del centro comercial que se ubica en el sector, pues claramente esta expropiación sólo se justifica para impulsar el desarrollo de la autopista de 6 oriente, medida que además va en desmedro de comunidades históricas como es la Población Gratry de Viña del Mar”. Según Jorge Estay “es impresentable que servicios públicos como el Serviu sigan impulsando medidas que van a perjudicar la calidad de vida de cientos de habitantes de la ciudad jardín sin consultar el parecer de los vecinos y vecinas, solo por el hecho de desarrollar una carretera”. El candidato por el distrito 7 de la región de Valparaíso y que busca representar al candidato a la presidencia Eduardo Artés en el parlamento señaló que “de concretarse esta expropiación el fisco vería una merma de más de 3 mil millones de pesos por esta acción inconsulta y que pasa por el alto el acuerdo suscrito con el municipio para entregar estos terrenos sin costo para el Estado”. Por último, Jorge Estay indicó que “estás acciones siempre la hemos denunciado y acompañado a la comunidad en las distintas manifestaciones. Lo que demuestra una de las grandes necesidades transversales en Chile: La existencia de leyes que defiendan a la comunidad ante la avaricia de las inmobiliarias y las empresas, porque hoy las inmobiliarias tienen más derechos en cambiar la cara a los barrios que las comunidades que llevan años viviendo en un sector. Por eso, como futuro legislador vamos a impulsar distintos proyectos de Ley de conservación de patrimonio históricos definidos por la comunidad. Actualizar la ley 21.078, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, dando especial énfasis que los planes reguladores sean participativos y vinculantes, que la opinión, la visión de ciudad y barrios, la atención de las necesidades y los servicios de la comunidad sean los ejes que normen los planes reguladores”.
UPA
Según Jorge Estay, candidato de Unión Patriótica, se necesitan de mayores mecanismos de fiscalización para que el dinero no mueva a la política y podamos legislar para la ciudadanía y no para los empresarios. El reglamento de la Cámara de Diputados establece en su artículo 147 que “los diputados no tendrán derecho a voto en los asuntos que interesen directa y personalmente a ellos, a sus ascendientes y descendientes, a sus cónyuges o a sus parientes colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, ambos inclusive, o a las personas ligadas a ellos por adopción. Pero podrán votar en asuntos de índole general que puedan beneficiar a una actividad, gremio o profesión en que tengan interés. El anuncio de encontrarse inhabilitados o de tener impedimento para votar deberán hacerlo antes del cierre del debate”, esto obviamente se establece según la propia declaración de intereses y patrimonio que presentar los mismos legisladores, la cual en muchas ocasiones carece de “omisiones involuntarias” que tras ciertas votaciones salen a luz pública. Por ello, Jorge Estay, candidato a diputado por el distrito 7 de la región de Valparaíso propone que “los parlamentarios electos que hayan recibido aportes para sus campañas de grandes empresarios con altos patrimonios en el país, como Sebastián Sichel cuando se presentó a candidato y recibió dineros de empresas pesqueras y ahora como candidato a la presidencia por empresarios del rubro del gas, no puedan legislar en materias relacionadas a estos intereses económicos. Consideramos que el aporte máximo por persona individual de manera pública debe ser de 1 millón de pesos, junto a transparentar públicamente, en la misma página del congreso, todas las inhabilidades que tiene cada parlamentario. Si bien no queremos limitar el interés de la ciudadanía en apoyar a los candidatos, no podemos permitir que los grupos económicos, a través de sus directores y dueños, quieran comprar votos para legislar a su favor, como ocurre en estos momentos y que perjudica enormemente a la gente”. En este mismo sentido, Jorge Estay candidato de Unión Patriótica y quién espera representar a Eduardo Artés en el parlamento plantea que “al establecer este límite de aportes de grandes empresarios y hacer público los conflictos de intereses, nos permitirá transparentar en definitiva si los parlamentarios están legislando para favorecer los intereses de la ciudadanía o de un sector económico del país”. Por último, Jorge Estay señala que “debemos entregar al Servel mayores herramientas de fiscalización, para fortalecer un nuevo sistema político electoral, más transparente y podamos garantizar a todos los chilenos y chilenas que quienes buscamos llegar al parlamento lo hacemos por el anhelo de cambiar Chile, con las manos limpias y no por mantener los privilegios a los mismos de siempre”.
