Para el candidato al parlamento de Unión Patriótica, la expropiación propuesta por el Serviu va en desmedro de la comunidad la cual no fue consultada para impulsar esta medida.
Hace unas semanas el Serviu publicó la orden de expropiación de los terrenos ubicados en la Subida Alessandri, de Viña del Mar, los cuales se enmarcan dentro del «Proyecto Prolongación 6 Oriente entre 11 y 13 Norte y Avenida Alessandri» por un monto de $3.099.796.039, que serán pagados al contado, sin embargo, el Servicio de Vivienda y Urbanismo con esto dejaría sin efecto un convenio suscrito con el municipio viñamarino, el cual entregaba el terreno a título gratuito y sin condiciones.
Para Jorge Estay, candidato a diputado por el distrito 7 de la región de Valparaíso, “es lamentablemente que se impulsen este tipo de medidas que van en directo beneficio del cuestionado proyecto inmobiliario de Las Salinas y del centro comercial que se ubica en el sector, pues claramente esta expropiación sólo se justifica para impulsar el desarrollo de la autopista de 6 oriente, medida que además va en desmedro de comunidades históricas como es la Población Gratry de Viña del Mar”.
Según Jorge Estay “es impresentable que servicios públicos como el Serviu sigan impulsando medidas que van a perjudicar la calidad de vida de cientos de habitantes de la ciudad jardín sin consultar el parecer de los vecinos y vecinas, solo por el hecho de desarrollar una carretera”.
El candidato por el distrito 7 de la región de Valparaíso y que busca representar al candidato a la presidencia Eduardo Artés en el parlamento señaló que “de concretarse esta expropiación el fisco vería una merma de más de 3 mil millones de pesos por esta acción inconsulta y que pasa por el alto el acuerdo suscrito con el municipio para entregar estos terrenos sin costo para el Estado”.
Por último, Jorge Estay indicó que “estás acciones siempre la hemos denunciado y acompañado a la comunidad en las distintas manifestaciones. Lo que demuestra una de las grandes necesidades transversales en Chile: La existencia de leyes que defiendan a la comunidad ante la avaricia de las inmobiliarias y las empresas, porque hoy las inmobiliarias tienen más derechos en cambiar la cara a los barrios que las comunidades que llevan años viviendo en un sector. Por eso, como futuro legislador vamos a impulsar distintos proyectos de Ley de conservación de patrimonio históricos definidos por la comunidad. Actualizar la ley 21.078, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, dando especial énfasis que los planes reguladores sean participativos y vinculantes, que la opinión, la visión de ciudad y barrios, la atención de las necesidades y los servicios de la comunidad sean los ejes que normen los planes reguladores”.
