Jue Sep 25 , 2014
La Ley de Presupuesto 2015 puede recorrer de un tranco la mitad del camino hacia la gratuidad en educación superior, con pocos recursos adicionales. Parece sencillo saldar el resto mediante cinco o seis rebajas anuales sucesivas de aranceles, todas ellas ciertamente compensadas con creces mediante recursos presupuestarios estables. Es decir, la gratuidad es perfectamente posible, empezando ahora nada menos que con la mitad, beneficiando de inmediato a los estudiantes de menores recursos. Para saldar el resto, basta con el crecimiento vegetativo del presupuesto educacional o poco más. Quienes con gran alharaca proclaman que no se puede y no resulta equitativo, o no han estudiado bien las cifras, o buscan disfrazar con estos falsos argumentos su intención de dejar las cosas como están. Esto último no tiene ningún destino. Para alcanzar la mitad de la gratuidad el 2015, basta con redireccionar las partidas del Presupuesto 2015 correspondientes a becas, crédito solidario y Crédito con Aval del Estado (CAE), destinando esos recursos a aportes directos a las instituciones de calidad, que manifiesten su voluntad de ingresar al nuevo sistema público, rebajando sucesivamente sus aranceles, a partir del 2015 y hasta alcanzar la gratuidad. Hay que hacer algo así de todos modos, puesto que el gobierno está obligado a terminar el CAE, ahora. Sería del todo impresentable que la Ley de Presupuesto 2015 lo dejase igual, luego de rechazar la Nueva Mayoría el proyecto de Piñera que lo convertía en una suerte de crédito solidario. El razonable argumento que la reforma brindaría una mejor solución, sólo se puede hacer efectivo por ahora mediante la Ley de Presupuesto. Este pie forzado parece una buena oportunidad para avanzar decididamente en la reconstrucción del nuevo sistema nacional de educación superior pública, puesto que el CAE constituye la principal partida de gasto fiscal en educación superior. Bien podría convertirse el grueso de la misma en aportes presupuestarios directos a las instituciones que, satisfaciendo un nivel adecuado de calidad, que podría medirse por los años de acreditación por ejemplo, manifiesten su voluntad de incorporarse al nuevo sistema público rebajando sucesivamente sus aranceles a partir del 2015. Cabe mencionar que el Estado ya aporta el 60 por ciento del CAE, por lo cual reemplazarlo por aportes directos de un mismo valor sólo implica agregar el 40 por ciento restante que hasta ahora ponen los bancos, cifra que ya estaba considerada en el proyecto de ley que lo convertía en algo parecido al crédito solidario. A ello pueden sumarse las partidas de crédito solidario y becas, las que también pueden convertirse en aportes directos a las instituciones, como ha venido proponiendo el Senador Carlos Montes en el caso de las becas. Todo ello puede hacerse sin que el fisco gaste un peso adicional, sólo contabilizando los actuales desembolsos destinados a créditos como gasto en lugar de “inversión”, como hace en la actualidad. Paralelamente, parece ineludible que la Ley de Presupuesto pueda contemplar una partida que permita reubicar en instituciones estatales, a los estudiantes, profesores y funcionarios de las instituciones privadas […]