El martes se votó hasta total despacho el proyecto de ley de Migración y Extranjería. En la sesión, los parlamentarios aprobaron la creación de una institucionalidad en la materia. Esto incluye el Servicio Nacional de Migraciones, figura que estaba en el anteproyecto elaborado por el Departamento de Extranjería y Migración (DEM) del Ministerio del Interior. La diputada Andrea Parra, miembro de la Comisión de Gobierno de Interior y Regionalización, señaló “este proyecto fue difícil de tramitar, porque tuvimos muchas discrepancias y dificultades, particularmente públicas con el gobierno, pero hoy día el proyecto que sale es mucho mejor que el que ingreso. Con nuestras indicaciones logramos dotar al proyecto de un enfoque de derechos humanos que no tenía la idea original”. “Adicionalmente, pudimos atenuar el intento del gobierno por criminalizar la migración. Y en eso fue fundamental el aporte de decenas de expertos que expusieron durante la tramitación del proyecto. En un principio esta era una iniciativa tremendamente restrictiva, donde prácticamente no le daba ningún derecho a los migrantes en el caso que fueran expulsados, hoy día tienen derecho a ser presentaciones judiciales y a ser escuchados”, comentó la legisladora. La parlamentaria del PPD explicó que “hemos hecho un proyecto además que no obliga a todos los funcionarios públicos a denunciar a los migrantes solo por estar en una situación irregular, lo que nos ponía en dilema ético, por ejemplo a los funcionarios de salud porque tenían que denunciar por el solo de hecho de consultar, esas cosas las logramos eliminar”. La Diputada Parra señaló que “no se logró modificar todo lo que queríamos, creemos que podríamos haber avanzado un poco más. Sin embargo, al contrario de lo que siempre impuso el oficialismo de que nosotros éramos obstruccionistas, conseguimos en un plazo bastante corto fue sacar un proyecto de migraciones que hoy día es mucho más moderno y democrático, que puede colaborar a una migración más ordenada y regulada. Además es más humano, menos discriminatorio y respeta los tratados internacionales vigentes”. Santiago de Chile, 25 de octubre 2018 Crónica Digital
Nacional
El llamado hoy de la justicia de Chile a una audiencia de conciliación entre la Iglesia católica y tres víctimas de abusos sexuales se fijó para el 20 de noviembre, pero ya fue rechazado. James Hamilton, José Andrés Murillo y Juan Carlos Cruz, quienes sufrieron trasgresiones sexuales del ahora defenestrado exsacerdote Fernando Karadima, fueron tajantes en torno al pronunciamiento de la Corte de Apelaciones de Santiago. El médico Hamilton, el filósofo Murillo y el periodista Cruz, a través de sus abogados exigen una indemnización equivalente a unos 660 mil dólares por daño moral al Arzobispado de Santiago, y descartan un arreglo con la curia. Hamilton expresó que llamarlos por cuarta vez a un proceso de conciliación sería forzarles a aceptar que no hubo encubrimiento. «No vamos a defraudar a nuestras familias y nuestras conciencias. Magistrados sepan que nos traumatizan nuevamente», puntualizó en su cuenta de Twitter. En la misma red social, Murillo remarcó que «la verdad no se transa ni por dinero». «Ezzati (arzobispo de Santiago), váyase a buena parte con sus ministros y abogados rastreros y cobardes. Esperamos fallo, no dilación, conciliación ni dinero. Queremos justicia’, agregó Murillo. Se refería así al cardenal Ricardo Ezzati, señalado como encubridor de Karadima durante sus desmanes. «Sepan todos que NO HAY CONCILIACION. Vamos a pelear hasta que no nos quede ningún recurso», apuntó por su lado Juan Carlos Cruz en su cuenta de Twitter. La Corte de Apelaciones señaló en su resolución para la audiencia del 20 de noviembre: «En torno a la posibilidad de un entendimiento entre las partes y sin perjuicio del estado de la causa, vengan las partes que han comparecido a esta instancia (…) a comparendo de conciliación’, señaló una resolución de la corte. Karadima, quien fue separado de su actividad a raíz de las denuncias, fue expulsado del sacerdocio en septiembre pasado por orden del papa Francisco, quien a raíz de su visita a Chile en enero terminó por dar un vuelco a este caso y abrió nuevas investigaciones. Como consecuencia del repudio al entonces obispo de Osorno, Juan Barros, Su Santidad dio un giro de 180 grados y envió al país austral al obispo de Malta, monseñor Charles Scicluna, en dos misiones que arrojaron escandalosas revelaciones. El desprestigio de sacerdotes y obispos llegó a puntos sin precedentes en la historia, y con el visto bueno del Vaticano la Fiscalía Nacional adelanta investigaciones de por lo menos 119 denuncias de trasgresiones sexuales y pederastia. Santiago de 25 de octubre 2018 Crónica Digital /PL
Me entrevistaré con el Presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, por las maniobras obstruccionistas del Consejo de Defensa del Estado, que impiden que la Nulidad de Derecho Público que he interpuesto para recuperar miles de millones en impuestos evadidos por las AFP, vaya a la Corte de Apelaciones”, manifestó el senador Alejandro Navarro. El parlamentario explicó que, “el 2014, Tamara Agnic, ex Superintendenta de Pensiones, autorizó la existencia de una AFP fantasma llamada Argentum, permitiendo también su fusión con Cuprum”. “Dicha unificación de una AFP establecida como Cuprum, con una bien llamada fantasma, como Argentum, pues nunca tuvo afiliados y solo existió en el papel por algunos días, permitió al grupo controlador de las mismas, Principal Financial Group, evadir la friolera de 80 mil millones de pesos en impuestos a través del goodwill tributario”, aseguró. Agregando que, “una operación idéntica realizó el grupo MetLife el mismo año, cuando tras la autorización de la fusión de la AFP Provida con la ficticia Acquisition, dejó de pagar 240 mil millones de pesos al Estado”. “Y hoy el 20° Juzgado Civil de Santiago está a cargo del juicio de Nulidad de Derecho Público por Fusión Simulada que interpusimos para primero, demostrar las irregularidades que hubo en estas pseudo fusiones entre AFP fantasmas y otras reales y en segundo término, para que el Fisco pueda recuperar los US$423 millones que han sido robados a todos los chilenos”, aseguró. “Lo irrisorio”, agregó, “es que el juicio no ha llegado a la Corte de Apelaciones, gracias al obstruccionismo de Cuprum y del CDE, entidad que se supone debe defender los intereses del Estado y por ende, de los 17 millones de chilenos y chilenas. Por ello me entrevistaré con el Presidente de la Corte Suprema, pues dichas maniobras procesales solo dilatan la demanda de Nulidad de Derecho Público”. Para Navarro, “la gente está hastiada de empresas inescrupulosas que forman carteles para mantener altos precios, o que crean AFPs fantasmas para eludir impuestos, mientras ocupan sus recursos en hacer lobby y que nuestro país aparezca en ránkings internacionales, como líder en el sistema de pensiones”. “Parecen olvidar que la gran mayoría de los chilenos y las chilenas quieren terminar con las AFP, quieren terminar con las pensiones de hambre que tienen a 3,2 millones de jubilados sobreviviendo para llegar a fin de mes”, sentenció el senador por la Región del Biobío Santiago de Chile, 25 de octubre 2018 Crónica Digital ”.
Cacerolazos en la noche luego de una larga jornada con asambleas y manifestaciones en distintas ciudades de Chile, caracterizaron hoy la Protesta Nacional contra el sistema de pensiones privado del país austral. El movimiento NO+AFP (en referencia a las Administradoras de Fondos de Pensiones), convocó a la ciudadanía a expresarse de distintas formas en su rechazo al sistema previsional que rige en la nación sudamericana. Pero a diferencia de ocasiones anteriores, tal vez por tratarse de un día laboral, las manifestaciones de rechazo a las jubilaciones tuvieron menor convocatoria y en esta capital el enfrentamiento con la policía dejó a 12 detenidos. El vocero del Movimiento No+AFP, Luis Mesina, criticó al Gobierno por ir en contra de la voluntad popular, lo mismo que la anterior administración. «La gente dice NO+AFP y la respuesta del Gobierno es más AFP», señaló. En relación con una reciente encuesta internacional, Mesina comentó que la ventajosa posición del sistema previsional chileno en el mundo no se debe a que sea bueno o justo para los pensionados, sino a que cuenta con miles y miles de millones de pesos para mantenerse. Recordó que los ahorros con que cuentan las AFP asciende a 220 mil millones de dólares, esto quiere decir que solo con el uno por ciento de esta cifra se podría construir, incluso, una nueva línea de metro. Sobre la propuesta del Gobierno de Sebastián Piñera, dijo que no espera mucho, en la que ya se ha adelantado un aumento del Pilar Solidario y elevar la cotización obligatoria de un 10 por ciento a un 14 por ciento. Más del 90 por ciento de los jubilados en Chile recibe pensiones por debajo de los 154.304 pesos mensuales (alrededor de 233 dólares), inferior en casi la mitad del sueldo mínimo establecido. La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, se sumó a la manifestación junto con numerosos integrantes de la organización. Santiago de Chile, 24 octubre 2018 Crónica Digital /PL
Con 50 años de vida junto al pueblo chileno, hablamos por las y los brigadistas que han trabajado sin descanso, en cada momento de la historia y en cada lugar del país, promoviendo la defensa de la democracia y los derechos humanos, recuperando el espacio público para los vecinos, aportando a la Salud Mental por medio de talleres de arteterapia en COSAM, desarrollando cursos gratuitos de arte y muralismo por la defensa de la educación pública, hermoseando poblaciones, sembrando identidad barrial y recuperando la memoria histórica y popular del país. Nos declaramos una brigada que encarna los valores de la paz, la solidaridad, el respeto entre los pueblos y la fraternidad entre las personas. A diferencia de otros, podremos tener nuestras manos manchadas con pintura pero nunca con sangre. Mucho menos de nuestro propio pueblo. En función de lo anterior, por nuestra historia y ante el fallo de la corte de apelaciones declaramos: 1- Lamentamos que la corte de apelaciones no califique como descrédito a la honra el hecho de que, frente a todo Chile, se apunte a las BRP como una organización delictiva y violadora de los DD.HH., comparando nuestro actuar con acciones de exterminio y genocidio cometidos por la dictadura. Esta es una mala señal por lo cual no descartamos iniciar otras acciones de tipo judicial, o apelación a este caso, para poder resguardar el derecho a la honra de las BRP. 2- Queremos agradecer las múltiples expresiones de solidaridad que desde el mundo de la cultura y las artes, la política y movimientos sociales nos han hecho llegar, lo cual ratifica que las BRP somos un referente cultural para el conjunto del pueblo chileno. 3- La mejor respuesta ante las mentiras de una derecha que busca reescribir la historia para justificar las violaciones de los DD.HH., será demostrar que somos más los que defendemos la verdad y actuamos con justicia. Es por esto que anunciamos desde ya la realización de un gran concierto popular en el que esperamos congregar a importantes artistas y referentes culturales del país, para junto con ellos y ellas poner en el centro la historia democrática de las BRP en el marco de la celebración de nuestros 50 años de vida. Ante la mentira, ¡Pintaremos hasta el cielo! Santiago de Chile, 24 de Octubre 2018 Crónica Digital
Este miércoles está convocada una movilización a nivel nacional en rechazo al sistema de pensiones que actualmente rige en Chile. La movilización se desarrolla solo días antes de que el Ejecutivo presente su tan esperada reforma al modelo implantado en dictadura. Se espera que el Gobierno dé a conocer, el próximo 29 de octubre, la reforma al sistema de pensiones. De ser así, la iniciativa –en la cual se ha trabajado por meses- ingresaría al legislativo la semana del 5 de noviembre. Esto, en medio de un fuerte rechazo de la población a las administradoras de fondos de pensiones (AFP) que, este miércoles 24, sumará un nuevo capítulo de movilización nacional con concentraciones en distintos puntos del país. En la otra cara de la moneda, este lunes el Índice Global de Pensiones Melbourne Mercer 2018 calificó al sistema previsional chileno dentro de los diez mejores del mundo, específicamente, en el puesto número ocho, por sobre países como Alemania, Francia y Reino Unido. Entrevistado por el programa Radioanálisis de nuestra emisora, el vocero del Movimiento No + AFP, Luis Mesina, aclaró que la ventajosa posición del sistema previsional chileno en el mundo no se debe a que sea bueno o justo para los pensionados, sino que es debido a la sostenibilidad que este tiene, y cómo no, si cuenta con miles y miles de millones de pesos para mantenerse. En ese sentido, Mesina recordó que los ahorros con que cuentan las AFP asciende a 220 mil millones de dólares, esto quiere decir que solo con el uno por ciento de esta cifra se podría construir, incluso, una nueva línea de metro, y sobraría dinero, tomando en cuenta que la construcción de la venidera Línea 3 del Metro costó 1600 millones de dólares, o sea, menos del uno por ciento del capital de las AFP. En cuanto a la propuesta del Gobierno, en la que ya se ha adelantado un aumento del Pilar Solidario y elevar la cotización obligatoria de un 10 por ciento a un 14 por ciento, el vocero del Movimiento No + AFP sostuvo que no se espera mucho, tomando en cuenta la naturaleza de las actuales autoridades y las presiones que sectores afines del actual sistema de pensiones han ejercido al Ejecutivo. “¿Cuál ha sido el problema fundamental? que el Gobierno, al parecer, tiene muchos inconvenientes producto de que hay ciertas tensiones en los sectores que defienden este sistema de manera extrema. Hay propuestas de Clapes –un sector que está refugiado en la Universidad Católica y que tiene abiertamente intereses con este sistema-, hay propuestas de las propias AFP, hay algunas propuestas de la Confederación de la Producción y el Comercio, liderada por Rodrigo Valdés, el ex ministro de hacienda de la presidente Bachelet. -Ahora se puede entender por qué jamás durante el Gobierno de la presidenta Bachelet no hubo ni siquiera un mínimo intento por tratar de reformar esto”. El dirigente sostuvo que dentro de las presiones que se le han ejercido al Gobierno se […]
El parlamentario informó que se trata de un proyecto de Reforma Constitucional para que “quien aspire a alcanzar un cargo de elección popular repartiendo noticias falsas en redes sociales de Internet o de mensajería online durante la elección, no continúe en carrera”. Como “una reforma necesaria para resguardar la democracia”, calificó el senador Alejandro Navarro a la norma constitucional que propondrá al Congreso y que pretende sancionar “con la cesación del cargo a la candidatura política presidencial, parlamentaria, municipal o al Gobierno Regional, cuando se es responsable de la difusión de noticias falsas de algún contendor electoral, durante la campaña respectiva”. Para Navarro, “esta reforma sancionará la nueva manera de hacer política que ha adoptado la extrema derecha latinoamericana, que avanza utilizando Big Data, es decir: investigando las preferencias de los usuarios de redes sociales de Internet, para luego esparcir mentiras y destruir la reputación de candidaturas de sus contendores”. Además, reconoció que “las fake news, o noticias falsas, son difíciles de combatir, pues los electores se quedan con la primera impresión. Asimismo, la mentira electoral tiene efectos devastadores en el debate político, pues quien las profiere, difícilmente se desdice, y es probable que nunca lo haga”. “Un Presidente de la República debe ser un líder que triunfe sin trampas en el debate político y en las urnas. De lo contrario, ganará el que miente más, el que tiene más acceso a desinformar mediante las redes sociales, el que contrata más empresas de marketing político para manipular la información y entregar contenido falso de manera deliberada. Eso no es vivir una sana democracia”, aseveró el parlamentario. ¿POR QUÉ “LEY BOLSONARO”? Navarro explicó que se refiere como “Ley Bolsonaro” a su propuesta legislativa“debido a la cuestionada forma de hacer política del candidato presidencial en Brasil, Jair Bolsonaro, quien fue sorprendido por haber pagado mediante empresarios amigos la difusión de noticias falsas la candidatura de su contendor en las presidenciales de Brasil, tales como: que iba a distribuir un kit gay para niños de 6 años en las escuelas; la foto de una mujer pro Bolsonaro agredida, pero que en realidad era una actriz que sufrió un accidente; que Haddad defendió el incesto en uno de sus libros o que presentaría un proyecto de ley para legalizar la pedofilia”. Y recordó otros ejemplos: “En México, el candidato y ex futbolista, Cuauhtémoc Blanco, fue difamado por una empresa pagada por su competidor electoral, que lo culpó del corte masivo de agua en el Municipio de Cuernavaca. Inventaron hasta que el obispo del lugar protestó contra Blanco, pero luego hasta el mismo obispo ofreció demandar junto a Blanco a los mentirosos, quienes confesaron la estrategia electoral utilizada. Casos como éste son impresentables”. “Algo parecido pasó con Donald Trump, cuando se le acusó de utilizar el sistema de Cambridge Analytica, que estudiaba perfiles de usuarios de Facebook, para enviarles noticias falsas personalizadas en favor de su candidatura”, dijo el parlamentario. Asimismo, advirtió que “las fake news son una maniobra electoral efectiva. Los candidatos que las usan, lamentablemente, ganan elecciones. No podemos dejar que estas malas […]
La justicia chilena acogió un nuevo caso de denuncia contra un sacerdote por abuso sexual de un menor, en el contexto de una escalada de expedientes que salpican a la Iglesia católica. Por instrucciones directas del propio papa Francisco, la Iglesia católica de Chile está obligada a colaborar con la Fiscalía Nacional en numerosas investigaciones, a partir de los escándalos ocurridos en el país austral durante años. En esta ocasión se trata de un expediente abierto en la norteña ciudad de Calama, donde la Diócesis San Juan Bautista entregó los antecedentes necesarios a la justicia civil, tras recibir una denuncia. La acusación se hizo el 5 de julio del año en curso contra el presbítero Jordi Jorba Navarro, quien ejercía funciones en la parroquia Asunción de la Virgen, por una violación a un menor ocurrida en 2003. El caso se añade a 119 expedientes bajo pesquisa de los persecutores en todo Chile. Ahora fue el propio obispo de Calama, Oscar Blanco Martínez, quien determinó dar curso al asunto y enviar los antecedentes a la Congregación para la Doctrina de la Fe en Roma. La Fiscalía Nacional de Chile investiga a 167 personas relacionadas con la Iglesia imputadas y 178 víctimas cuantificadas, con 79 menores de edad. Mientras tanto, víctimas de abusos sexuales y expertos aguardan por la ratificación de la condena de la Corte de Apelaciones de Santiago que obliga a la Iglesia católica de Chile a pagar indemnizaciones. El abogado que estableció la demanda contra la Iglesia a nombre de las víctimas, Juan Pablo Hermosilla, explicó a medios locales que no hará un pronunciamiento definitivo hasta tanto no conozca el fallo. Según fuentes concordantes, la justicia fijó la compensación en 450 millones de pesos (alrededor de 671.000 dólares) a favor de Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo, quienes habían demandado a la Iglesia. Sin embargo, la propia Corte desmintió el hecho y afirmó que no hay un pronunciamiento definitivo en torno a la cuestión, en la cual se involucra al defenestrado cura Fernando Karadima. Hermosilla presentó ante la Corte de Apelaciones la carta que escribió en 2009, el cardenal Francisco Javier Errázuriz (arzobispo emérito de Santiago), al entonces nuncio apostólico, Giuseppe Pinto. En la misiva, Errázuriz señaló que «por respeto al P. Karadima, no le pedí al promotor que lo interrogara, solo le pedí a Mons. Andrés Arteaga su parecer. Él consideró que todo era absolutamente inverosímil. Como se trataba de hechos prescritos, cerré la investigación». El clero podría haber evitado todo esto, y en lugar de hacerlo lo escondieron y hoy día tienen que empezar a responder por estos casos, recalcó el abogado Hermosilla. Santiago de Chile, 24 de octubre 2018 Crónica Digital /PL
El ex Contralor de la República, Ramiro Mendoza, y hoy presidente del Consejo Asesor para la Modernización del Estado convocado por Sebastián Piñera, ordenó en el 2010 el término de un sumario en el marco del fraude en Carabineros, según informaron medios de comunicación. Desde la bancada PC-PRO pidieron la inmediata salida de Mendoza pues “este acto de negligencia lo inhabilita”. Este martes 23 de octubre se dio a conocer parte de la declaración realizada por el ex Contralor de la República, Ramiro Mendoza, al fiscal Eugenio Campos, en el marco de las pesquisas por el millonario fraude en Carabineros que involucra a ex funcionarios de Contraloría. En el año 2010, Mendoza ordenó la anulación de un sumario que investigaba la actuación en Carabineros, sin mayores explicaciones. De hecho, en la declaración realizada a fines de agosto de este año, el ex Contralor sostiene que “viendo mis anotaciones, ahora, observo que efectivamente yo leo aquí ‘suspendido sumario’, justo bajo el título Carabineros (…) con esto yo interpreto que fui yo, con las facultades legales y administrativas del caso que ordené suspender un sumario administrativo, que creo que es este, al que alude la resolución exenta N°01782. Es decir, yo pude disponer la suspensión de ese sumario (…)”. Para el jefe de la bancada PC-PRO, diputado Daniel Núñez, las declaraciones de Mendoza son impresentables considerando las evidencias de los fraudes en los que se han visto involucrados funcionarios de Carabineros, razón por la que pidió su inmediata salida desde la presidencia del Consejo Asesor para la Modernización del Estado, puesto en el que lo nombró el propio Presidente de la República, Sebastián Piñera. “Es impresentable lo que declaró el ex Contralor Ramiro Mendoza, cuando en el año 2010 el ordenó suspender el sumario que instruía la Contraloría y que tenía relación con las millonarias malversaciones del recursos públicos que había en Carabineros. Es un acto negligente y consideramos que una persona que actuó de esa manera, sin preservar su responsabilidad con los principios de probidad en el manejo de las decisiones de Contraloría, hoy encabece un organismo como el famosos Consejo Asesor para la Modernización del Estado”, sostuvo. “Dado que este acto negligente lo inhabilita, creemos que el ex Contralor Mendoza debe renunciar a la presidencia de este organismo. De otra manera, no hay ninguna garantía de que lo que está discutiendo y orientando, cuando él mismo actuó negligentemente para encubrir en la práctica un hecho brutal de corrupción como lo son los fraudes que han ocurrido en Carabineros”, concluyó el diputado Núñez. Gastos reservados En ese marco, el diputado y jefe de la bancada PC-PRO insistió que dada la serie de investigaciones y evidencias de los fraudes en las Fuerzas Armadas y del Ejército, es fundamental terminar con los gastos reservados a estas instituciones y evitar un caso de irresponsabilidad institucional para seguir entregando recursos sin un efectivo control público. Es por eso que el diputado anunció que se ingresará una indicación en el Presupuesto 2019, para que los montos […]
La Presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, Loreto Carvajal, calificó como “un avance, aunque tardío”, que el Ministerio de Salud haya publicado el nuevo reglamento que regula la objeción de conciencia, que establece que “los establecimientos privados de salud, que hayan suscrito convenios regidos por las disposiciones del decreto con fuerza de ley Nº 36, de 1980, del Ministerio de Salud, no podrán ser objetores de conciencia cuando contemplen prestaciones de obstetricia y ginecología que por su naturaleza comprendan atenciones en pabellón”. “Se ha hecho justicia con las mujeres respecto de este protocolo que fue observado por la Contraloría. Nos alegramos que al fin exista un reglamento en esta materia, y que se establezca que las clínicas privadas que reciban recursos públicos no podrán ser objetoras de conciencia”, indicó la diputada Carvajal. La parlamentaria sostuvo que “con esto se avanza, se pone al día con los derechos de las mujeres de ser atendidas en estas tres causales excepcionales. Esto era lo que debía hacerse desde un principio, lamentamos el retardo porque ha significado una falta de atención en estas prestaciones a las mujeres, pero con la presentación que hicimos a la Contraloría, con las gestiones que hicimos las mujeres de oposición, estamos satisfechas que se restituya ese derecho natural y esa consecuencia del Estado de abordar este tema con la responsabilidad y con los recursos que corresponde”. Por su parte, la diputada Cristina Girardi, afirmó que “me parece bien que se haya publicado y se haya obligado al gobierno a cumplir con la legislación. El recibir recursos del Estado obliga a actuar como instituciones del Estado, es decir, tienen que tener las mismas exigencias y las mismas obligaciones. En el primer reglamento lo que quería el gobierno era que estas quedaran eximidas respecto del tema de la objeción de conciencia. Con recursos de todos los chlenos la ley opera para todos por igual”. Asimismo, la representante del PPD sostuvo que después de la publicación de este reglamento es necesario fiscalizar “cómo estas instituciones privadas podrían tratar de baypasear la ley, cómo pueden tratar de mantener los recursos del Estado sin cumplir con la norma, y eso hay que vigilarlo muy cercanamente”. Santiago de Chile, 24 de octubre 2018 Crónica Digital
