Orbe

El Gobierno de Bolivia anunció la detención de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, para procesarla por el derrocamiento de Evo Morales en noviembre de 2019, en una acción calificada por la exgobernante como «abuso y persecución política». «Informo al pueblo boliviano que la señora Jeanine Añez ya fue aprehendida y en este momento se encuentra en manos de la Policía», escribió el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en su cuenta de Twitter. La aprehensión, en momento y lugar no revelados de inmediato, fue anunciada horas después de que se divulgara una orden de captura emitida por dos fiscales que procesan una denuncia de golpe contra los responsables de la interrupción democrática de 2019, de la que surgió la administración transitoria de Áñez. Jeanine Áñez fue acusada de sedición y terrorismo por los sucesos que precipitaron el derrocamiento de Evo Morales. Todavía no se sabe si el juez de medidas cautelares le concederá a Áñez el arresto domiciliario o si pasará a detención preventiva mientras avanza la investigación. Los opositores rechazan la acusación y señalan al presidente del país, Luis Arce, y al expresidente Evo Morales por desatar una «persecución judicial» por venganza. La misma Áñez presentó varias demandas judiciales en contra de Arce que al final fueron desechadas. En esa misma línea, la expresidenta de facto declaró en su twitter «Denuncio ante Bolivia y el mundo, que en un acto de abuso y persecución política el gobierno del MAS me ha mandado arrestar. Me acusa de haber participado en un golpe de estado que nunca ocurrió. Mis oraciones por Bolivia y por todos los bolivianos». La orden de aprehensión ejecutada contra Áñez, abarca en total a diez personas, incluidos cinco exministros del Gobierno transitorio y cuatro exjefes del alto mando de las Fuerzas Armadas. Otros cuatro excomandantes militares y policiales, habían sido objeto de mandamientos previos de aprehensión, con los que sumaban 14 las personas cuya captura procura la fiscalía en el proceso por el golpe. También el 12 de marzo, fueron detenidos por los mismos hechos Álvaro Coimbra y Rodríguez Guzmán, exministros de Justicia y Energía, respectivamente. Las acciones judiciales se realizaban a partir de una demanda presentada por la exdiputada Lidia Patty, del gobernante Movimiento Al Socialismo, quien pretende también el enjuiciamiento del ultraderechista exlíder cívico Luis Fernando Camacho, recién electo gobernador del rico departamento oriental de Santa Cruz. Crónica Digital/Sputnik Santiago de Chile, sábado 13 de marzo 2021

Por lo menos siete exministros de Justicia de Brasil firmaron un manifiesto para pedir que el Supremo Tribunal Federal (STF) juzgue la sospecha de parcialidad del exmagistrado Sérgio Moro en procesos, se confirmó hoy.   Según la periodista Mónica Bergamo en su columna del diario Folha de Sao Paulo, rubricaron el documento José Carlos Dias, José Gregori, Eugenio Aragon, Renan Calheiros, José Eduardo Cardoso, Torquato Jardim y Tarso Genro. También el expresidente José Sarney (1985-1990) envió una carta de apoyo a la iniciativa. El escrito fue presentado en lunes con las signaturas de políticos como Ciro Gomes, Rodrigo Maia, Eduardo Paes, Marta Suplicy y Aécio Neves. También apoyaron el youtuber Felipe Neto y artistas como Chico Buarque, Gilberto Gil y Zeca Pagodinho. El pliego fue organizado por los abogados Pedro Serrano, Marco Aurélio de Carvalho, Carol Proner y el juez retirado Keranik Boujikian. Pese al empate a dos de los votos en una audiencia realizada esta semana, el STF podría decidirse por confirmar en próximos días la arbitrariedad de Moro en sus procesos contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Votaron a favor de la sospecha los ministros Gilmar Mendes y Ricardo Lewandowski. Cármen Lúcia, que puso su papeleta a favor del exmagistrado en 2018, cuando el tema entró por primera vez en el orden del día, señaló que puede cambiar su ejercicio. Si esto efectivamente ocurre, se formará la mayoría para declarar al exministro de Justicia sospechoso de parcialidad cuando fungía como magistrado y condenó sin pruebas al fundador del Partido de los Trabajadores. La discusión fue interrumpida el martes por solicitud del ministro Nunes Marques, quien argumentó que no tuvo tiempo de estudiar el proceso. No hay previsión de cuándo volverá el asunto a la agenda. Mendes sometió a votación la sospecha de Moro como respuesta al único gesto de Edson Fachin, quien anuló el lunes todas las condenas de Lula en la desactivada operación Lava Jato. Tal gesto fue percibido como un intento de preservar a Moro y el legado de los investigadores del cuestionado grupo judicial. ‘Es relevante la lucha contra la corrupción, pero hay que hacerla dentro de los moldes y dictados legales. No se combaten los delitos cometiendo delitos’, afirmó Gilmar en su voto, en referencia a los comprometedores intercambios de mensajes entre el Poder Judicial y los fiscales revelados en Vaza Jato (serie de reportajes). Brasilia, 11 de marzo 2021 Crónica Digital/PL

La población paraguaya permanece hoy expectante ante la crisis política tras seis días de protestas que demandan la renuncia del gobierno del presidente Mario Abdo Benítez.   Los manifestantes, que acusan al ejecutivo del desvío de recursos de la Covid-19, realizaron este miércoles la quema simbólica de un muñeco de trapo representativo de la figura de Judas Iscariote, en alusión a ese presunto acto de corrupción. Las manifestaciones pacíficas contra el ejecutivo confluyeron en esa ceremonia, conocida aquí como ‘Judas Kái’, y la acompañaron con demandas de destitución del presidente, Mario Abdo Benítez, y del vicepresidente, Hugo Velázquez. Grupos de inconformes incineraron el muñeco mientras repudiaban las diversas carencias para enfrentar la Covid-19 y los supuestos actos deshonestos de la actual administración relacionados con recursos previstos para la pandemia. La figura de trapo, alusiva a la traición a Cristo por parte de Judas, fue trasladada y quemada en las inmediaciones de la sede del Partido Colorado, representado por Abdo Benítez. Las manifestaciones de este miércoles, que se efectuaron sin choques entre demandantes y policías, cargaron el muñeco junto a carteles con palabras como ‘corrupción’ y frases como ‘que se vayan todos los corruptos y mafiosos’. El gobierno confirmó la compra de dos millones de dosis de la vacuna anglo-sueca Astra/Zeneca contra la Covid-19, en medio de esas reacciones contra la gestión oficial. Las autoridades negocian para traer en unos 15 días los inmunizadores, afirmó el ministro de Salud, Julio Borba, tras incumplir esa cartera anuncios anteriores sobre adquisiciones mediante otras farmacéuticas. El ejecutivo obtuvo antes, luego de trabajosas gestiones, 24 mil dosis de la vacuna Sputnik V contra la Covid-19, la mayoría de ellas mediante el Gobierno de Chile, pero sectores populares estimaron que esa cantidad es insuficiente. Las movilizaciones contra el ejecutivo, que se concentran frente al Congreso, causaron hasta ahora un muerto y decenas de heridos y detenidos. La respuesta del jefe de Estado fue cambiar a su asesor, al jefe de Gabinete y a los titulares de Educación y Ciencias y de la Mujer, decisión precedida por la renuncia del ministro de Salud, Julio Mazzoleni. Otro hecho significativo este miércoles fue la solicitud de mimisión del presidente del Instituto de Previsión Social, Andrés Gubetich, también presionado por acusaciones de corrupción. El funcionario, a quien una auditoría emplazó por robo de medicamentos, en medio de una crisis por falta de insumos para pacientes de Covid-19, fue substituido por el también ejecutivo de IPS Vicente Bataglia. Una de las denuncias contra Gubetich se fundamenta en su vínculo con la adquisición ilícita de un software destinado a modernizar su institución, mediante una cifra millonaria. Asunción, 11 marzo 2021 Crónica Digital/PL

China confirmó hoy una reunión en Alaska entre sus jefes diplomáticos y los de Estados Unidos, que constituirá el primer contacto presencial de ambos gobiernos tras el comienzo de la gestión del presidente Joe Biden.   El Ministerio de Relaciones Exteriores detalló que será un ‘diálogo estratégico’ de alto nivel, sesionará el 18 y 19 de marzo y a Beijing lo representarán Yang Jiechi, director de Asuntos Exteriores del Partido Comunista de China, y el canciller Wang Yi. Por la parte norteamericana estarán el secretario de Estado, Antony Blinken, y el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan. Al anunciar el encuentro, la Cancillería llamó a Washington a examinar las relaciones bilaterales de manera objetiva y racional, abandonar la mentalidad de Guerra Fría y contribuir al mantenimiento de la paz. Le exigió respeto a la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo de China, no interferir en sus asuntos internos y priorizar la cooperación por encima de las diferencias. Asimismo, el Ministerio abogó porque los vínculos Beijing-Washington vuelvan al camino correcto de un desarrollo sano y estable. Previo a este encuentro, solo hubo intercambios telefónicos entre los presidentes Xi Jinping y Biden, así como de Yang y Blinken. La llegada del mandatario demócrata a la Casa Blanca supone para Estados Unidos y China otro panorama que permitiría voltear la página sobre cuatro años que hicieron mella en los lazos bilaterales, al punto de casi destapar una Guerra Fría. Al menos así lo interpreta Beijing y sus autoridades incluso ven la oportunidad de acercamiento en frentes como la lucha contra el cambio climático, la pandemia de Covid-19 y la recuperación de la economía mundial. La necesaria reconciliación entre la primera y segunda potencia del mundo es tema de análisis de dirigentes, politólogos, medios de prensa y debates organizados en China. En todos los casos prevalece el llamado a Biden a manejar las diferencias, garantizar nexos estables y alejarse de la postura beligerante que caracterizó al gobierno de su antecesor, Donald Trump, y todavía defienden algunos políticos norteamericanos. También, proponen un modelo centrado en la coexistencia pacífica y la cooperación mutuamente beneficiosa, al considerar que las dos naciones están ante nuevas oportunidades y desafíos. Beijing, 11 marzo 2021 Crónica Digital/PL

 China rechazó hoy la imposición de una multa a su canal CGTN en Reino Unido por la supuesta violación de normas, y advirtió que se reserva el derecho de proceder con una respuesta ‘necesaria y justificada’.   Zhao Lijian, vocero del ministerio de Relaciones Exteriores, denunció que la acción de la oficina reguladora de las telecomunicaciones (Ofcom) constituye otra barrera a las operaciones de ese medio en suelo británico, tras la revocación de la licencia de trabajo. ‘Esta decisión es reflejo del sesgo ideológico, acoso político y ridículo del buró (Ofcom)’, acotó, tras calificarla de arbitraria. El portavoz de la cancillería aseguró que CGTN siempre se adhirió al principio de objetividad y veracidad en sus reportes, y exigió a Londres dejar de manipular a la opinión pública contra China. Instó a Ofcom a investigar y castigar a los medios británicos por el enfoque y los materiales falsos sobre la realidad de la nación asiática y, especialmente, la situación de Hong Kong. Asimismo, Zhao llamó a esa entidad a dar marcha atrás en su decisión o de lo contrario Beijing reaccionará con contundencia. La Ofcom multó a la CGTN con 225 mil libras esterlinas (casi 310 mil 933 dólares) bajo el argumento de que infringió las regulaciones de justicia, privacidad e imparcialidad. En febrero, le retiró la licencia de operación a la televisora por supuesta falta de control sobre su línea editorial y también rechazó una solicitud para transferir el permiso a la estatal China Global Television Network Corporation (Cgtnc), por considerar que la controla el Partido Comunista del país asiático. Pero el canal argumentó que el accionista principal de Cgtnc es la cadena de televisión estatal CCTV, con un estatus similar a la BBC británica, el Grupo de la Televisión de Francia o la NHK de Japón. En ese contexto, China suspendió las transmisiones televisivas de la BBC World News, indicó que violó los principios de imparcialidad y veracidad en el ejercicio del periodismo, y sus reportes van en contra de las normas, socavaron los intereses nacionales y dañaron la unidad entre las distintas etnias. Además, presentó una queja a la corresponsalía de la cadena británica en Beijing, por un material sobre la situación de la Covid-19 transmitido el 29 de enero pasado. Beijing, 9 marzo 2021 Crónica Digital/PL

 El gobernador del estado de Miranda, Héctor Rodríguez, resaltó hoy la voluntad de varios dirigentes de la oposición venezolana a participar en las elecciones regionales previstas para este año.   ‘Celebramos que haya candidatos de la oposición, todos asomando su interés a la candidatura de la gobernación o alcaldías. Saludo el hecho de que estén apostando a la vía democrática’, declaró en una entrevista radial el también dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Rodríguez señaló que la vía del diálogo y la participación democrática es la adecuada para resolver los problemas del país, ‘les digo que sigan por ese camino de hacer política, de organizar, expresar sus ideas, que organicen a sus electores’. El pasado mes, la Asamblea Nacional (Parlamento) aprobó la derogación de la Ley de períodos constitucionales y legales de los poderes públicos, lo cual allanó el camino para la celebración este año de unas megaelecciones en Venezuela. Todo ello fue resultado del proceso de diálogo entre las principales fuerzas políticas del país y sentó las bases para la convocatoria a nuevos comicios en el transcurso de 2021, para elegir a 23 gobernadores y 335 alcaldes. Desde entonces, la comisión especial para la reconciliación del Parlamento ha convocado a varios encuentros con partidos y organizaciones de diversas tendencias para avanzar en el proceso de concertación. Recientemente el presidente Nicolás Maduro, destacó el creciente interés de diversos sectores de la oposición en los estados y municipios en postularse para reivindicar el derecho a ser alcaldes y gobernadores. Caracas, 9 de marzo 2021 Crónica Digital/PL

El ritmo de recuperación de la economía mundial depende de la rapidez con que se ejecute el proceso de vacunación contra la Covid-19, aseguró hoy la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).   En su informe Perspectiva Económica Provisional, publicado este martes, la OCDE prevé un crecimiento del producto interno bruto (PIB) mundial del 5,6 por ciento este año y de cuatro puntos porcentuales en 2022. Espera, además, que la producción global alcance niveles prepandémicos a mediados de 2021, pero el ritmo y la duración de la recuperación dependerán de la carrera entre las vacunas y las variantes emergentes del virus. Las perspectivas de crecimiento mundial serían mejores que las proyectadas actualmente y se acercarían a las proyecciones de actividad prepandémica si la producción y distribución de vacunas se acelera, se coordina mejor en todo el mundo y se adelanta a las mutaciones del virus, dice el texto. En un escenario negativo, donde los programas de vacunación no sean lo suficientemente rápidos como para reducir las tasas de infección o si las nuevas variantes se generalizan y requieren cambios en las vacunas actuales, el gasto de los consumidores y la confianza empresarial se afectarían, subrayó la OCDE. En este contexto, espera que este año el crecimiento del PIB en Estados Unidos sea del 6,5 por ciento y en la eurozona del 3,9. Las perspectivas son más prometedoras en la región de Asia y el Pacífico, donde varios países han contenido efectivamente el virus y donde la actividad industrial ha recuperado dinamismo. En China, proyectan que el crecimiento del PIB sea del 7,8 por ciento, en Japón 2,7; en Corea, 3,3 y en Australia 4,5. De acuerdo con el estudio es probable que la recuperación sea más moderada en las economías de mercado emergentes de América Latina y África en medio de un resurgimiento del virus, un lento despliegue de vacunas y un margen limitado para el apoyo político adicional. Según la OCDE se vislumbra una recuperación económica mundial, pero un despliegue de vacunación más rápido y eficaz en todo el mundo es fundamental, respetando las necesarias medidas sanitarias y de distanciamiento social, significó. París, 9 de marzo 2021 Crónica Digital/PL

La quinta movilización consecutiva frente al Congreso de Paraguay está prevista para hoy en exigencia del fin de la corrupción y la renuncia del presidente, Mario Abdo Benítez, y del vicemandatario, Hugo Velázquez.   Convocada a través de las redes sociales, el llamado a la nueva jornada de protestas ciudadanas insiste en que se conozca el destino de los mil 600 millones de dólares dispuestos para mitigar la Covid-19 y cuestiona la existencia de escuelas destruidas, malversación de recursos, entre otras. Miles de personas marcharon la víspera ante la sede del Legislativo Nacional y también frente a la casa del expresidente Horacio Cartes (2013-2018), criticado por respaldar a la actual administración y a funcionarios corruptos. La acción de anoche fue pacífica, pero luego se perpetraron otra vez daños a patrimonios, por lo cual aprehendimos a 16 personas, describió a la prensa el jefe de la Comisaría Tercera de Asunción, Inocencio Arrúa. Pese a los hechos ocurridos, el vicemandatario del país aseguró que la ‘gran mayoría del pueblo’ está con el Gobierno, según declaraciones reflejadas este martes por el diario ABC Color. Sin embargo, la autoridad admitió que la ciudadanía está harta de la mala gestión en Salud y que Julio Mazzoleni fracasó en su tarea como ministro de ese ramo. Mientras, consideró que en el Congreso no hay votos necesarios para impulsar el juicio político contra él y el presidente, por lo cual aún no se ha presentado la acusación ni solicitud alguna. Sobre más cambios dentro del Ejecutivo, expresó que Abdo se está tomando su tiempo para no fracasar al realizar nombramientos equivocados dentro de su equipo. Está buscando a las personas adecuadas, precisó. El fin de semana el presidente paraguayo se vio obligado a cambiar a su asesor, al jefe de Gabinete, así como a los titulares de las carteras de Educación y Ciencias y de la Mujer, todos luego de la renuncia del ministro de Salud. El viernes pasado se registró la primera y más multitudinaria protesta por las calles del centro de esta capital en reclamo de transformaciones en todo el ejecutivo, el fin de la corrupción y la renuncia de la dupla presidencial. El descontento ciudadano empezó a generarse debido a la falta de medicamentos para pacientes internados a causa de la Covid-19 y se acrecentó con la mala gestión del sector de salud y otros altos cargos, como por ejemplo los jefes de los Ministerios de Educación y de la Mujer. Asunción, 9 marzo 2021 Crónica Digital/PL

El testimonio de un militar refuerza hoy las denuncias de Venezuela sobre los nexos de las autoridades de Colombia con la frustrada agresión mercenaria de mayo de 2020, denominada Operación Gedeón. De acuerdo con declaraciones del teniente de la Fuerza Armada Colombiana Juan Daniel Giraldo Trujillo, el Gobierno de ese país sabía de los preparativos en su territorio de un plan de ataque militar contra objetivos venezolanos. El relato testimonial salió a la luz en un reportaje realizado por Noticias Uno Colombia, en el cual el efectivo castrense reveló su participación en la captura de uno de los desertores que intervendrían el 3 de mayo en la incursión paramilitar dirigida a perpetrar magnicidio y golpe de Estado en Venezuela. Un día antes de la fecha prevista para la operación mercenaria, componentes militares colombianos detuvieron a Jimmy Montesinos con más de 30 celulares y otros elementos de guerra y logísticos, que confesó serían empleados en el plan. A pesar de las evidencias, las autoridades colombianas declararon entonces como ilegales tanto la captura como las confesiones de Montesinos, quien fue dejado en libertad, reseñó Venezolana de Televisión. En enero último, el testimonio de una de las implicadas en la fase organizativa de la Operación Gedeón, la venezolana Yacsy Alejandra Álvarez, reveló las implicaciones de los servicios de inteligencia de Colombia en la fallida conspiración. Álvarez resultó detenida en septiembre de 2020 en la ciudad de Barranquilla, y desde su lugar de reclusión reveló a Noticias Caracol detalles de sus contactos sistemáticos con la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la cual ‘tenía claro la Operación Gedeón’. La detenida identificó a un funcionario nombrado Franklin Sánchez como el agente de la DNI responsabilizado de darle indicaciones para cuidar su seguridad durante el período de entrenamiento de los mercenarios en varios campamentos ubicados en la localidad de Riohacha. Aseguró que la conexión con la inteligencia colombiana fue ‘constante y cercana’ con ella y el general desertor venezolano Cliver Alcalá, quien confesara públicamente su participación en los planes conspirativos, antes de entregarse a la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos. De acuerdo con evidencias aportadas por el Gobierno de Venezuela, incluidos testimonios de mercenarios estadounidenses capturados durante los hechos, la incursión paramilitar gestada en Colombia contó con la organización y ejecución de la compañía de seguridad estadounidense Silvercorp. Propiedad del veterano de fuerzas especiales Jordan Goudreau, vinculado a la administración de Donald Trump, Silvercorp asumió los preparativos de la agresión, y jugaría además un rol fundamental en el escenario posterior a la operación. Los términos de la incursión terrorista y las responsabilidades de las partes involucradas en el proyecto belicista quedaron plasmados en un contrato firmado por Goudreau y personeros del extremismo opositor venezolano, encabezado por el otrora diputado Juan Guaidó. El acuerdo contemplaba en primer lugar la eliminación física del mandatario Nicolás Maduro y otros miembros del alto mando político-militar de la nación, como parte de un plan mayor dirigido a la ocupación militar prolongada del país a manos de un ejército […]