El presidente de Bolivia, Luis Arce, instó hoy a Chile a retomar el diálogo sobre la salida al mar con base en el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. Durante el acto protocolar por el Día del Mar, Arce recordó que si bien dicha Corte no determinó obligación jurídica de Chile a negociar con este país, también puntualizó que no puede cerrar la puerta a conversaciones entre ambas partes, reportó Unitel Bolivia. El mandatario aseguró que la aspiración de su país de regresar al océano Pacífico de forma soberana es una cuestión «abierta y pendiente». Dijo además que en el fallo de La Haya (2018) quedó establecido que Bolivia nació a la vida independiente con una salida al mar y Chile ocupó el territorio costero boliviano. Según Arce se trata una «verdad histórica que siempre fue rechazada» y cuya aclaración era necesaria para que la comunidad internacional comprenda la demanda no como un revanchismo de la guerra, sino consecuencia de la invasión chilena. «Somos de la cultura de paz, por ello apostamos al diálogo como el mecanismo más idóneo para resolver nuestros problemas con Chile, enfatizó el jefe de Estado en su discurso. El reclamo de lograr una salida al mar fue agenda permanente del gobierno de Evo Morales (2006-2019) y ahora lo mantiene Arce en la continuidad en el poder de la fuerza política Movimiento al Socialismo. Morales llevó en 2013 la reclamación marítima ante la CIJ, y en octubre de 2018 el tribunal de Naciones Unidas determinó que Chile no tiene obligación legal de negociar sobre una salida soberana de Bolivia al océano Pacífico. Según palabras de Arce, retomará el acercamiento bilateral y las conversaciones para identificar fórmulas de entendimiento e integración que permitan encontrar una solución factible y mutuamente beneficiosa. Cada 23 de marzo la nación recuerda la Batalla de Calama de 1879, el primer enfrentamiento entre las tropas bolivianas y chilenas en medio de la Guerra del Pacífico, tras la cual esta nación perdió su salida al mar. Hoy se realizaron actos oficiales en todo el país andino-amazónico en el marco de las ceremonias para recordar el Día del Mar y la conmemoración de los 142 años de la defensa de Calama. La actividad principal se efectuó en la plaza Eduardo Abaroa de la ciudad de La Paz, con presencia del presidente Arce y autoridades del ûrgano Ejecutivo, Legislativo, militar y policial. La Paz, 23 de marzo 2021 Crónica Digital/PL
Orbe
Al menos 65 senadores de diferentes tendencias políticas firmaron una carta en la cual piden ayuda a la comunidad internacional para luchar contra la Covid-19, que en Brasil cobró hasta hoy 295 mil 425 muertes. El portal de noticias O Antagonista asegura que tal documento se enviará a varios países y entidades internacionales, como el G20, las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Congreso de Estados Unidos y el Parlamento Europeo. La misiva alude a la ‘ominosa sombra de muerte’ que se cierne sobre millones de brasileños y como amenaza la lucha contra el coronavirus SARS-CoV-2, causante de la Covid-19 en el planeta. Según un extracto del escrito, en esta crisis sanitaria sin precedentes en el mundo, ‘las barreras fronterizas no pueden protegernos de la propagación del virus y de la aparición de posibles variantes’. ‘La única defensa es la cooperación internacional, con la vacunación urgente de nuestra población’, insiste. Para los parlamentarios, Brasil se convirtió en el epicentro mundial de la pandemia y datos confirmados por la OMS muestran que se superó la alarmante media móvil de 72 mil nuevos casos y más de dos mil decesos diarios por el patógeno. ‘El país reclama la atención de emergencia del mundo. Nuestra tasa de vacunación es insuficiente para contener la propagación de la enfermedad. Hasta ahora, menos del cinco de los 210 millones de brasileños han sido vacunados’, recuerdan. Recalcan la dependencia de las vacunas y de principios activos farmacéuticos importados, los cuales llegan a un ritmo lento en comparación con el reto que supone la segunda y devastadora ola de la pandemia en esta nación. En el contenido, los signatarios alertan que ‘tal situación impone al Senado federal la tarea de dar a otros países una dolorosa advertencia: el avance de la pandemia en Brasil representa un riesgo real para el mundo’. Argumentan que dejar que el pueblo brasileño siga muriendo sin vacunas significa una agresión a todas las tradiciones humanas. ‘Es lo contrario a la civilización. Destruye los principios de la convivencia humana. Impone el miedo y compromete la tranquilidad y la seguridad de todos los países’, añaden. En su pedido de socorro, los congresistas aluden a que, en todos los momentos dramáticos de la historia del mundo, Brasil dio su contribución. Ahora, subrayan, ‘tenemos que contar con la comunidad internacional, especialmente con los países productores de vacunas y con reservas estratégicas’. Brasilia, 23 de marzo 2021 Crónica Digital/PL
La Fiscalía de Bolivia admitió el inicio de investigaciones en tres de cuatro acusaciones para juicios de responsabilidades contra la exmandataria de facto Jeanine Áñez, informan hoy medios periodísticos locales. Fueron aceptados los casos de préstamo inconstitucional del Fondo Monetario Internacional (FMI), violación de la libertad de expresión en la cuarentena por la Covid-19 y violación de los derechos humanos de bolivianos impedidos de ingresar al país desde Chile en 2020, reporta el diario La razón. El Ministerio Público descartó la denuncia relacionada con la aprobación del Decreto Supremo 4356, del 29 de septiembre de 2020, que amplió la concesión del Registro de Comercio por 15 años adicionales a Fundempresa. El primer caso se refiere a un préstamo de más de 300 millones de dólares, solicitado al FMI sin el aval legislativo correspondiente, y que representó el pago de más 24 millones de dólares sin haber utilizado el monto. La segunda denuncia vincula la presunta vulneración de la libertad de expresión, pues con el Decreto Supremo 4200 se usó la Covid-19 de pretexto para penalizar la disidencia y otras libertades y derechos de miles de personas. La otra solicitud de juicio de responsabilidades admitida provino de quejas de nacionales, quienes durante semanas fueron impedidos de retornar a su patria y permanecieron en condiciones inhumanas en la frontera con Chile en medio de la primera ola de la pandemia. Mientras el Tribunal Supremo de Justicia remita el pedido a la Asamblea Plurinacional, la Cámara de Diputados funge luego como Ministerio Público y el Senado de Tribunal, en una sentencia que requiere de dos tercios de los votos, según describe el procedimiento el periódico El Deber. La expresidenta golpista se encuentra detenida desde el 17 de marzo de modo preventivo por seis meses acusada de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, mientras también deberá enfrentar estos procesos por hechos cometidos cuando ejercía la administración nacional. La prisión de Áñez y otras exautoridades de su Gobierno genera una serie de reacciones contrarias a la búsqueda de justicia de parte de las fuerzas opositoras. La Paz, 23 marzo 2021 Crónica Digital/PL
Autoridades de Estados Unidos investigan hoy el reciente tiroteo masivo en un supermercado en Boulder, Colorado, que dejó al menos seis víctimas mortales, entre ellas, un policía. De acuerdo con el fiscal de distrito del condado de Boulder, Michael Dougherty, un hombre armado irrumpió la víspera en el centro comercial King Soopers y abrió fuego. En estos momentos, añadió, el sospechoso se encuentra detenido, pero aún no se determina el motivo por el cual comenzó a disparar. Asimismo, prometió un ‘esfuerzo coordinado para garantizar que se haga justicia’. Un video grabado por un testigo muestra a la policía trasladando a un hombre esposado de la escena del crimen, ensangrentado y parcialmente desnudo. El personal del FBI en Denver está ayudando al Departamento de Policía de Boulder, según un tuit de ese buró de investigaciones. Si bien el comandante de Policía de Boulder, Kerry Yamaguchi, informó sobre víctimas mortales, no especificó cifras; en tanto medios locales como The Denver Post reportan al menos seis muertos. También se confirmó que un uniformado murió en el enfrentamiento con el tirador y al menos dos agentes resultaron heridos. La policía respondió, además, a otro incidente con ‘un individuo armado y peligroso’ en un lugar muy cercano, situado solo a cinco kilómetros del supermercado y todavía no se conoce si los dos sucesos guardan relación. Con unos 100 mil habitantes, la ciudad de Boulder es la sede de la universidad de Colorado y está a 40 kilómetros al noroeste de Denver, la capital de ese estado. Tras conocer el hecho, el gobernador de Colorado, Jared Polis, publicó un comunicado en el que se declaró con ‘el corazón roto’. Este tiroteo se produce menos de una semana después de que un individuo de 21 años asesinara a ocho personas, varias de origen asiático, al abrir fuego en tres salones de masajes de Atlanta, Georgia. Washington, 23 marzo 2021 Crónica Digital/PL
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, impulsa hoy un nuevo plan económico de tres billones de dólares, que deberá sortear fuertes divisiones partidistas para su aprobación en el Congreso. El proyecto Build Back Better (Reconstruir mejor) comprende elementos de transporte, infraestructura y energía verde, y forma parte de los esfuerzos del mandatario demócrata de abordar el cambio climático, según reportes locales de prensa. Pero las divisiones partidistas, el costo masivo y los posibles aumentos de impuestos dificultan el camino de la legislación en el Congreso. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se propone ahora avanzar en los planes para aprobar ese paquete, aunque en el Senado el plan no parece tener suficiente apoyo, incluso entre los demócratas. De acuerdo con el diario The Hill, ese proyecto de legislación incluirá lo que sus partidarios llaman infraestructura verde y los detractores denominan una lista liberal de tareas pendientes elaborada con vistas a las elecciones de mitad de período. Pero es poco probable que los republicanos, que dicen estar a favor de las inversiones federales en infraestructura, respalden los aumentos de impuestos propuestos, señala ese medio especializado en temas del Congreso. Los conservadores y algunos centristas de la Cámara Alta se resistirán a un gasto que aumente los déficits y las disposiciones climáticas que frenarían producciones de petróleo, carbón y gas natural, añade. También entre los demócratas del Congreso puede haber renuencia a aprovechar nuevamente la herramienta presupuestaria conocida como reconciliación, utilizada este mes para aprobar la Ley del Plan de Rescate Estadounidense frente a la Covid-19, con solo el apoyo del partido azul, indica The Hill. Según Bloomberg News, Biden hizo campaña para aumentar la tasa de impuestos corporativos del 21 por ciento al 28 por ciento, así como para incrementar los impuestos a los inversionistas ricos y a las familias que ganan más de 400 mil dólares al año. Por eso se espera que proponga al Parlamento los primeros aumentos de impuestos importantes desde 1993, expone ese medio. El diario The New York Times también apunta que esas nuevas inversiones en infraestructura y empleos se financiarán, en parte, a través de aumentos de impuestos a las corporaciones y a los ricos. Washington, 23 marzo 2021 Crónica Digital/PL
El Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD), perteneciente al Grupo de Puebla, pidió poner fin a los casos de lawfare (guerra político–judicial) contra el progresismo en Latinoamérica. El CLAJUD demanda, luego que fueran anuladas en Brasil las condenas a Luis Inácio Lula Da Silva, que esa misma línea se expanda y se terminen las persecuciones judiciales. En un comunicado público, los integrantes del Consejo exigieron que se restablezcan los derechos políticos para elegir y ser elegido de las personalidades del mundo progresistas que han sido víctimas de persecución. Entre los firmantes, personalidades del mundo del Derecho como el jurista Baltasar Garzón (España), Adoración Guamán (Ecuador–España), Aloizio Mercadante (Brasil), Ernesto Samper (Colombia), Elizabeth Gómez (Argentina) y Carol Proner (Brasil). CLAJUD ejemplifica cómo uno de los fundadores del Grupo de Puebla, el chileno Marco Enríquez–Ominami, “ha sido una de las muchas víctimas de la acción política y tiránica de persecución que se ha registrado en América Latina contra líderes que han debido enfrentar procesos penales, en los cuales es evidente la utilización de la justicia como arma de guerra política”. El Consejo explica que desde hace algunos años se ha desarrollado una técnica para la persecución de líderes progresistas e impedirles intervenir en la política, como forma de controlar la participación democrática. “Esto no puede suceder más. Ni en Chile, ni en Ecuador, ni en Brasil”, subraya CLAJUD, tras rechazar cualquier acto contrario a la presunción de inocencia y al debido proceso e instar a respetar el derecho a una protección mínima jurídica y política de Estado. El Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) fue acordado por el Grupo de Puebla en su reunión inicial de Julio de 2019, y se formó con el objetivo de estudiar y combatir la utilización de la justicia como arma de guerra política y sus efectos devastadores en la gobernanza y la institucionalidad democrática de la región. Buenos Aires, 22 de marzo 2021. Crónica Digital / Prensa Latina.
A solo tres semanas de las elecciones generales, los candidatos a la Presidencia de Perú intensifican sus campañas en una especie de guerra contra el tiempo para conseguir el voto esquivo de los indecisos. Los reflectores de la competencia están puestos en la definición del acceso a la segunda vuelta, la cual resulta inevitable debido a los magros porcentajes de preferencias, pues solo tres superan el 10 por ciento. Del periodo pendiente hay que restar los cuatro días feriados de la Semana Santa y las dos jornadas previas a las elecciones del 11 de abril, en las que los reglamentos electorales prohíben hacer proselitismo. Entre los aspirantes a la ronda definitiva figuran, en los primeros lugares, el populista Yonhy Lescano, con 15,6 por ciento; el exfutbolista neoliberal George Forsyth (3,1) y la progresista Verónika Mendoza (11,2), según una encuesta del Cetro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. El sondeo ubicó más abajo a los neoliberales Hernando de Soto (8,6 por ciento) y Keiko Fujimori (siete), al exgeneral populista Daniel Urresti y al extremista de derecha Rafael López Aliaga, igualados con 5,1 por ciento, y al centroderechista Julio Guzmán (cinco). Como dato importante, la misma encuesta verificó que algo más del 47 por ciento de los ciudadanos consultados tienen decidido a quién elegirán como presidente, en tanto el resto todavía no definen su voto. En la última semana, Lescano atacó a sus rivales frente a los múltiples cuestionamientos recibidos por la inconsistencia de sus promesas electorales, algunas negadas por él; mientras, Forsyth lo hizo en medio de su afán por mejorar la caída en las intenciones de votos que reflejan los sondeos. Mendoza, por su parte, desarrolló una intensa actividad en Lima y otras regiones, en las que aterrizó su programa político con planteamientos concretos como dar acceso a internet a toda la población y asumir el control del gas para garantizar su uso masivo y menos costoso en las casas, el transporte y la industria. De Soto se ofreció como mediador en una protesta de transportistas de carga contra el alza en el precio de los combustibles, lo cual no prosperó por su evidente interés electoral, pero que encontró solución mediante un trato directo entre el Gobierno y los huelguistas. Fujimori, a su vez, arremetió en contra de la cuarentena que fue decretada por el Ejecutivo y recomendada por epidemiólogos, desde el jueves pasado hasta el domingo próximo, para evitar las aglomeraciones durante los ritos y tradicionales viajes de descanso en semana santa. La candidata compartió, una vez más, las posiciones de la Confederación de Empresarios y aprovechó la impopularidad del confinamiento para aliviar su posición de candidata con mayor rechazo, pues según las encuestas más del 70 por ciento jamás votaría por ella. Urresti buscó notoriedad alegando que los demás partidos plagiaron su programa, lo que ameritó una llamada de atención del Jurado Nacional de Elecciones por ser arbitrario e incierto. En un esfuerzo por salir de su rezagada posición, Muñoz enfrentó a López Aliaga, quien anunció que lo denunciará judicialmente […]
La crisis en Brasil tiene nombre y apellido y es Jair Bolsonaro, indica hoy un editorial del periódico “O Estadão de Sao Paulo” que responsabiliza al Presidente del colapso del sistema sanitario ante la COVID–19. También culpa al ultraderechista de las pésimas perspectivas económicas y asegura que “el pueblo solo quiere que Bolsonaro deje de perjudicar al país. A estas alturas, sería un gran favor”. “O Estadão de Sao Paulo”, también conocido como Estadão, es uno de los periódicos más importantes de Brasil. Fundado en 1875, es el cuarto diario con más circulación en todo el país y segundo en el Estado de Sao Paulo. El medio critica la postura del Mandatario de invitar al presidente del Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, a integrar una comisión de Tres Poderes para discutir sobre la pandemia. Según el diario, la medida “solo sirve para dar un barniz de estadista a un presidente que ha hecho todo lo posible por obstaculizar la lucha contra el coronavirus”. Aun así, según el cotidiano, la única competencia del gobernante “es crear confusión”. “En los últimos días, Bolsonaro volvió a impugnar la eficacia de las vacunas, hizo campaña contra el uso de mascarillas, despreció a los pacientes y puso en duda el número de muertes y la ocupación de las UCI (Unidades de Cuidados Intensivos)”, recuerda la publicación. Apunta que el Jefe de Estado “anunció el cambio de ministro de Salud para señalar un cambio de rumbo, pero no solo sigue despachando como ministro el incompetente Eduardo Pazuello, sino que el futuro ministro, Marcelo Queiroga, amigo de la familia Bolsonaro, promete mantener todo como está”. Para el periódico, el Presidente se dedicó a crear un clima de confrontación, al equipar los toques de queda con un estado de sitio, “que solo una persona puede decretar: yo”, dijo. Bolsonaro hizo frecuente referencia en los últimos días a las medidas de excepción y a su poder para determinarlas. Volvió a referirse al Ejército “como si fuera su milicia privada”, alertó el diario. El viernes, la Fiscalía pidió al Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) apartar temporalmente al ocupante del Palacio de Planalto (sede del Poder Ejecutivo) de funciones relacionadas con los Ministerios de Salud, Economía y la Casa Civil ante explícita incompetencia. La solicitud presentada al Fiscal General adjunto Lucas Furtado también requiere que el TCU reconozca la legitimidad, la competencia administrativa y la autoridad del Vicepresidente Hamilton Mourão para nombrar a las autoridades de las carteras. No hay plazo para que el tribunal analice el pedido del Ministerio Público Federal para destituir a Bolsonaro. “En casos como éste, se designa un ponente, que puede tomar una decisión en solitario o someter la petición al pleno”, indica el informe. Hasta la fecha Brasil acumula 292 mil 752 muertes y 11 millones 950 mil 459 contagios por el coronavirus SARS–CoV–2, causante de la COVID–19. Brasilia, 21 de marzo 2021. Crónica Digital / Prensa Latina.
Por Mario Muñoz Lozano Las relaciones entre Rusia y Estados Unidos están hoy en su peor momento en décadas y recuerdan los tiempos de la llamada Guerra Fría, cuando ambos países eran los enemigos públicos número en el planeta. Estadounidenses se disculpan con Rusia por declaraciones de Biden Por estos días, políticos, diplomáticos y expertos coinciden en que la gota que desbordó la copa fueron las recientes declaraciones del presidente estadounidense Joseph Biden, quien calificó de asesino a su homólogo ruso Vladimir Putin. Para la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, sus palabras ponen en un callejón sin salida los maltrechos vínculos entre ambas naciones y advirtió que ‘la demonización’ de Rusia por parte de Washington ya alcanzó su límite. Por su parte, el vicepresidente del Consejo de la Federación de Rusia (Senado), Konstantin Kosachev, manifestó que ‘tales declaraciones son inaceptables bajo cualquier circunstancia e inevitablemente exacerban nuestras relaciones bilaterales’. Una de las razones del ataque de Biden está en que Washington ‘necesita enemigos temibles’ para justificar su política agresiva, opinó por su parte el politólogo cubano Santiago Pérez. ‘Desde principios de la década pasada dejó de ser el terrorismo. Pasaron a ser Rusia y China. Con Rusia hay menor nivel de interdependencia que con China. Les afecta menos el enfrentamiento con Moscú que con Beijing’, escribió en su página de Facebook. Pérez advirtió que no se puede pasar por alto que Biden es un hombre de los tiempos de la Guerra Fría, que ‘viene de una cultura antisoviética y antirrusa’, con 47 años de trabajo para diferentes administraciones estadounidenses. El subdirector del Centro de Investigaciones de Política Internacional opinó que tampoco es posible obviar que en Estados Unidos la oposición a Rusia es consensual. Citó que oponerse así al mandatario ruso es una forma de distanciarse del exmandatario Donald Trump, quien llegó a decir que Putin era un líder más fuerte que Barack Obama. A las declaraciones de Biden se suman las últimas sanciones aprobadas contra Moscú, cuando todavía no se cumplen los primeros 100 días de la nueva administración estadounidense. Washington justificó un grupo de medidas con el supuesto envenenamiento del opositor Alexei Navalny y castigó a altos funcionarios de la Seguridad y Defensa rusa. Otras tuvieron como diana centros de investigaciones y de producción de la industria rusa, bajo el pretexto de frenar el presunto desarrollo y uso de armas químicas. Al respecto, el secretario de prensa de la Presidencia, Dmitri Peskov, manifestó que su país cumple plenamente con las disposiciones de la Convención sobre Armas Químicas y acusó a Estados Unidos de contar con armas químicas en su territorio. En medio de la controversia bilateral, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, exigió a todas las entidades implicadas en el gasoducto Nord Stream 2 entre Rusia y Alemania que se retiren ‘inmediatamente’ o enfrentarán sanciones de Washington. Y por si fuera poco, un informe reciente de los servicios de inteligencia estadounidenses denunció la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2020 en ese […]
La Fiscalía de Brasil pidió al Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) apartar hoy temporalmente al presidente Jair Bolsonaro de funciones relacionadas con los ministerios de Salud, Economía y Casa Civil, ante explícita incompetencia. La solicitud presentada al fiscal general adjunto de la Fiscalía, Lucas Furtado, también requiere que el TCU reconozca la legitimidad, competencia administrativa y autoridad del vicepresidente, Hamilton Mourão, para nombrar a las autoridades responsables de las carteras. No hay plazo para que el tribunal analice la solicitud del Ministerio Público Federal para destituir a Bolsonaro. ‘En casos como éste, se designa un ponente, que puede tomar una decisión en solitario o someter la petición al pleno’, indica el informe. El documento remitido al TCU pide que se determine de forma cautelar la remoción del mandatario ultraderechista de estos ministerios. De igual forma de otros ministros ‘eventualmente identificados como responsables por la inercia y omisión en la ejecución de las políticas de salud pública en el combate contra la pandemia de Covid-19’, que cobró hasta la fecha 290 mil 314 muertes y 11 millones 871 mil 390 infectados. Según Furtado, ‘no se discute que toda la estructura federal de atención a la salud, con recursos financieros, patrimoniales y humanos, habrá representado un daño incuestionable al erario si no cumplen su función de atender a la población en el momento de mayor y más flagrante necesidad’. También, precisó, resulta ‘inaceptable que toda esta estructura permanezca, por disputas y caprichos políticos, inerte ante el sufrimiento de la población como consecuencia de factores previsibles y evitables’. Al portal de noticias G1, el fiscal adjunto explicó que basó su petición en el artículo 44 de la Ley Orgánica del TCU. La legislación establece que ‘al inicio o en el transcurso de cualquier investigación, el tribunal, de oficio o a petición del Ministerio Público, determinará, como medida cautelar, el cese temporal del responsable’. Puede proceder así, agrega el texto, ‘si existen indicios suficientes de que, al seguir ejerciendo sus funciones, puede retrasar o entorpecer la fiscalización o la inspección, causar nuevos perjuicios al erario o imposibilitar su recuperación’. Para Furtado, la medida es jurídicamente adecuada y ‘corresponde a los deseos de la población’. Citó que la encuesta de Datafolha divulgada esta semana muestra que un 48 por ciento de los brasileños desaprueba el trabajo de Bolsonaro en la pandemia y el 54 considera la actuación del gobierno como mala o pésima. El exmilitar tiene una evidente falta de preparación en el tema de la salud e ‘interfiere abiertamente en el sector para dictar lo que puede y debe o no debe hacerse’, recalcó. Brasilia, 20 de marzo 2021 Crónica Digital/PL
