“La educación no es un privilegio de los ricos y acomodados; es un derecho inalienable de cada niño y niña”, afirmó hoy el Relator Especial sobre el derecho a la educación, Kishore Singh, durante la presentación de su informe ante la Asamblea General de las Naciones Unidas*. “El crecimiento exponencial de la educación privada debe ser regulado por los gobiernos para garantizar la educación como un bien público”, señaló el experto en el foro global, advirtiendo que la rápida expansión de la educación privada está sustituyendo cada vez más a la educación pública, en lugar de complementarla. “Los costos asociados a las escuelas privadas están exacerbando la desigualdad en las sociedad, ya que sectores pobres y marginados no pueden acudir a ellas” dijo Singh. “El Estado es a la vez garante y regulador de la educación, que es un derecho humano fundamental y una causa noble. Ofrecer educación básica gratuita no es sólo una obligación fundamental de los Estados, sino también es un imperativo moral”. El informe de Singh abordó varias preocupaciones surgidas en términos de las obligaciones del Estado en la prestación del derecho a educación, así como del respeto a los principios de justicia social y equidad, que son básicos para el Sistema de las Naciones Unidas. “Los gobiernos deben hacer todo lo posible para fortalecer sus sistemas de educación pública, en lugar de permitir o apoyar a los proveedores privados; la educación con fines lucrativos no se debería permitir, a fin de salvaguardar la causa noble de la educación”, comentó Singh. El Relator Especial destacó que los gobiernos deben cumplir con sus obligaciones internacionales a través de una regulación cuidadosa de las escuelas privadas, con una supervisión y aplicación diligente, en países en desarrollo donde el sistema público se ve sobrepasado y es incapaz de hacer frente a una demanda que crece rápidamente. “No hacerlo ha resultado en que escuelas de bajo costo, pero con fines de lucro, tomen el dinero de los padres, pero a la vez sean incapaces de ofrecer una educación de calidad para sus hijos. Perversamente, esto lleva a los estudiantes pobres a una vida de aún más pobreza, a pesar de los mayores esfuerzos de sus padres”, expresó, llamando a los Estados a poner fin a las reformas educacionales impulsadas por el mercado, que proporcionan subsidios a la educación privada. Singh advirtió que la privatización por definición es perjudicial para la educación como un bien público, y deteriora la misión humanista de la educación. “Debemos reconocer la importancia de preservar el interés social en la educación, y sostener la educación como un bien público”, afirmó. “Esto es de gran importancia para fomentar el valor humanístico de la educación para el bien común. Debe ser una preocupación central en la regulación de los proveedores privados de educación, para que el interés social de la educación no sea sacrificado en aras del beneficio privado”, enfatizó el experto en derechos humanos. “En conjunto con regulaciones gubernamentales y mecanismos de derechos humanos, los reguladores, la sociedad […]
DD.HH.
A 40 años del asesinato de Lumi Videla Moya, te invitamos a rendir un homenaje a la profesora de filosofía, revolucionaria, dirigente del MIR, mujer valiente, consecuente, organizadora de la resistencia popular contra la dictadura, quien fue detenida, torturada, ejecutada y su cuerpo lanzado a los jardines de la embajada de Italia el 3 de noviembre de 1974. Lunes, 3 de noviembre de 10:30 a 12:30 Próxima semana Román Díaz con Elena Blanco, comuna de Providencia, (costado embajada de Italia) ¡Justicia y memoria! Lumi Videla PRESENTE!! Santiago de Chile, 29 de octubre 2014 Crónica Digital
En la antesala de la finalización del período de investigación que está llevando adelante el Mineduc a propósito de las denuncias que recaen en contra de anteriores administraciones de la Universidad Arcis, el día lunes 27 de octubre la “Coordinadora por la Defensa de Arcis”, que agrupa a estudiantes, académicos y trabajadores de dicha institución, entregó una misiva dirigida al Ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, en que solicitaron que se aplique la mayor imparcialidad, rigurosidad y objetividad en la las conclusiones que su cartera debe emitir como resultado de dicho proceso investigativo. En la carta en cuestión, la “Coordinadora de Defensa de Arcis” descarta que los antecedentes que se han ocupado por los medios de comunicación para enlodar a la Universidad, permitan concluir de manera inmediata que dicha casa de estudios merezca una sanción que no permita su continuidad, y en ese sentido, señalan que «sin perjuicio de que, efectivamente, existen falencias administrativas, procesos de difícil gobernabilidad y otras debilidades institucionales que vivimos quienes allí estudiamos, nos asiste la convicción de que todo aquello no es causal suficiente para concluir en una eventual caducidad de su personalidad jurídica» La agrupación que defiende la historia, legado y continuidad de Arcis también recalcó la importancia que tiene para nuestro país esta Universidad, señalando que “Arcis posee un valor institucional irremplazable”, y recalcando sobre este respecto que “su alto patrimonio simbólico comienza a construirse en los difíciles momentos de persecución política dictatorial, transformándose en un refugio para muchos de quienes luchaban por la anhelada libertad«, no descartando que aquellas razones constituyan el motivo principal para que la casa de estudios se encuentre en esta situación. Sandra Beltrami, egresada de la carrera de Derecho de Arcis y dirigente de la Coordinadora, señaló que «resulta fundamental no olvidar que están comprometidos los derechos de estudiantes, académicos y trabajadores, y que por esa razón el Estado, a través del MINEDUC debe intervenir y garantizar la continuidad de Arcis”. Desde esa perspectiva, la dirigente fue categórica en señalar que “cerrar ARCIS, sería pretender borrar una parte de la historia de Chile«. Beltrami también se refirió a la marcha que se realizó el martes de esta semana y precisó que no les pareció marchar sin conocer aún los resultados del informe que emitirá el Mineduc, agregando al respecto que “una vez que conozcamos su contenido, sabremos si tenemos razones para protestar o no, por lo que mañana con el informe en mano decidiremos qué camino tomar. De esta forma, marchar hoy nos pareció apresurado«. También lamenta que cada manifestación termine con hechos de violencia y destrucción del mobiliario de la Universidad, considerando aquello como contraproducente, porque –según sus palabras- “va en contra de todo por lo que hemos luchado”. Santiago de Chile, 29 de octubre 2014 Crónica Digital
Plantean, además, que la educación pública sea el eje de los próximos proyectos de ley y que el Gobierno convoque a un “amplio acuerdo social” en lugar de llegar a un “estrecho acuerdo con la derecha” para hacer realidad la reforma educacional. Parlamentarios independientes y de diversos partidos ingresaron a la Cámara de Diputados un proyecto de acuerdo que busca, según el diputado Gabriel Boric, “hacerle ver al Gobierno que hay un conjunto diverso de parlamentarios que queremos que la educación pública sea el eje de la reforma, que creemos que debe haber un acuerdo social para hacerla posible y que esto debe estar reflejado en el presupuesto y en los próximos proyectos del ley”. El proyecto es impulsado, además de Boric, por los diputados Cristina Girardi (PPD), Yasna Provoste (DC), Maya Fernández (PS), Giorgio Jackson (Ind), Rodrigo González (PPD), Camila Vallejo (PC), Vlado Mirosevic (Ind), Loreto Carvajal (PPD) y Alejandra Sepúlveda (Ind). La iniciativa surge en paralelo al anuncio de senadores de la Nueva Mayoría en torno a la necesidad de acordar la reforma con la oposición, así como al proyecto ingresado por la senadora Allende tendiente a diluir la distinción en cuanto a financiamiento entre universidades públicas y privadas. En cuanto al presupuesto, los diputados impulsan transformar los recursos destinados al financiamiento de la demanda en recursos destinados directamente a instituciones públicas. En concreto, el proyecto plantea al Ejecutivo que “se elaboren indicaciones en el marco de la tramitación de la Ley de Presupuesto 2015 que den señales de reconstrucción de la educación pública. El objeto de éstas últimas debe ser redireccionar los recursos correspondientes a becas, créditos y subvenciones -en todos los niveles- a aportes directos a las instituciones del Estado y las no estatales que se sumen a la labor pública. En el caso de la educación escolar, ello ayudaría a una adecuada preparación institucional para el proceso de desmunicipalización. En el caso de la educación superior, permitiría en lo inmediato la rebaja de aranceles para avanzar progresivamente a la gratuidad”. Este proyecto nace a partir del diálogo sostenido entre los diputados firmantes y los representantes de la plataforma “Compromiso por una nueva educación”, que reúne a rectores, académicos y dirigentes sociales al alero de la Fundación Nodo XXI. El pasado 8 de octubre, Carlos Ruiz Encina (Nodo XXI), Aldo Valle (CUECH) y Juan Eduardo García-Huidobro (UAH), en tanto representantes de la plataforma, presentaron un manifiesto con propuestas y preocupaciones ante el contenido del presupuesto y los proyectos que buscan poner fin al lucro, el copago y la selección. Gobierno interpelado La diputada DC Yasna Provoste insistió en la necesidad de “una real reconstrucción y fortalecimiento de nuestra educación pública; por eso, estamos pidiendo que el Gobierno entregue señales claras y fundamentalmente a través de la ley de Presupuesto, incorporando las indicaciones que permitan convocar a toda la sociedad en este camino”. La ex ministra de Educación agregó que “además de recursos, se requiere de voluntad política para preparar, entre otras cosas, a las instituciones para el […]
La hija del ex revolucionario argentino Ernesto Che Guevara visitó el Parque por la Paz. Dijo haber tenido un sentimiento muy especial al escuchar de una sobreviviente que “tu papá siempre estuvo presente con nosotros en todos los momentos y él nos dio la fuerza, nos dio la luz, la resistencia”. Aleida Guevara March fue acompañada de dos sobrevivientes: Nubia Becker y María Margot Fuentes, oportunidad en que sostuvo un intenso diálogo con ellas y posteriormente con el Vicepresidente de Villa Grimaldi, Cristián Castillo y los trabajadores del sitio memoria. Guevara se encuentra en Chile para presentar el libro “Evocación de mi vida al lado del Che, escrito por su madre Aleida March, a quien conoció durante la guerrilla contra Fulgencio Batista y la obra de su padre que distribuye la editorial Ocean Sur. Durante el recorrido Becker le explicó el funcionamiento del ex Cuartel Terranova de la ex Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), el paso por las celdas llamadas “Casas Corvi”, el hacinamiento en su interior, en las cuales no todas podían estar ni siquiera sentadas. También le relató la situación vivida en las celdas llamadas “Casas Chile”, cuyo sector para las mujeres estaba al lado de la sala de torturas, lo que les permitía ver en ausencia de los guardias quienes pasaban por allí. “En ese sentido las mujeres fuimos un reservorio de memoria”, le dijo Becker a Guevara en el lugar. “¿Qué información buscaban? –Preguntó Aleida-, información para destruir a los partidos políticos, replicó Nubia. Aquí nadie estaba a salvo, ni el dirigente máximo ni sus ayudistas. Asimismo, le expresó que las desapariciones forzadas de personas desde este lugar no tienen una respuesta lógica y, la represión en general se explica por el ánimo de la dictadura de desmovilizar al país. El recorrido incluyó, el Muro de los Nombres, el Memorial de las Rosas, La Torre, lugar en que se produjo un intenso intercambio de vivencias y experiencias, y el cubo que guarda los rieles con los cuales se lanzaban los detenidos desaparecidos al Océano Pacífico. Fortaleza y dignidad de las sobrevivientes “La impresión del lugar cuando tu entras es de tranquilidad, de un lugar quizás para pensar, para meditar. Tuve el privilegio de estar acompañada por dos sobrevivientes de este lugar, entonces el corazón se te oprime. Son mujeres, dos mujeres, sencillas, simples, de pueblo que vivieron este horror y ellas contaron lo que vivieron con una fortaleza, una dignidad extraordinaria y eso te hace que sientas primero dolor, dolor por ellas, por todas las mujeres que no conocemos y que vivieron esto y también los hombres”, expresó en una conversación con la prensa. “Pero después también te da una fuerza extraordinaria, pues tú dices ellas han resistido esto para poder ser las garantes de que no vuelva a suceder. La fuerza viva de un pueblo para que no permita nunca algo como esto de nuevo”, puntualizó. “Algunas de estas compañeras, una de ellas -agregó-, sobre […]
La iniciativa, ingresada por diputados de la Nueva Mayoría, determina que «tendrán carácter público los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por decreto supremo N° 1.040, de 2003, del Ministerio del Interior, en el desarrollo de su cometido, mismo carácter que tendrá el informe elaborado por la Comisión en base a dichos antecedentes». Con la idea de avanzar en justicia respecto de violaciones a los derechos humanos entre 1973 y 1990, un grupo de diputados, encabezados por Hugo Gutiérrez, presentó una moción que modifica la Ley 19.992, para establecer el carácter público de los antecedentes recogidos por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, informó hoy el portal de la Cámara de Diputados de Chile.El proyecto, enviado a análisis a la Comisión de Derechos Humanos, fue ingresado a trámite legislativo el pasado 11 de septiembre por el diputado Gutiérrez junto a sus compañeros de partido Lautaro Carmona, Karol Cariola, Daniel Núñez, Camila Vallejo yGuillermo Teillier y a los diputados IC Sergio Aguiló; PPD Tucapel Jiménez y Felipe Letelier; y DC Patricio Vallespín.Los legisladores recordaron que las Comisiones Nacional sobre Prisión Política y Tortura y Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura (Valech I y Valech II) fueron creadas con el objeto de completar el trabajo de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Además, acotaron, a través de la Ley 19.992 se estableció una pensión de reparación y otros beneficios a favor de aquellas personas calificadas como víctimas según estas instancias.Sin embargo, agregaron, pese a la loable iniciativa de instaurar un mecanismo institucional de búsqueda y establecimiento de la verdad, la citada normativa estableció el carácter secreto de todos “los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas» por el plazo de 50 años. Los autores consideraron que este esfuerzo por conocer la verdad de los hechos dejó en segundo plano el establecimiento de la justicia, «toda vez que pese a que el trabajo de estas comisiones pudo haber obtenido importantes y esclarecedores antecedentes en juicios de derechos humanos, el establecimiento de este secreto finalmente consagra a nivel institucional la impunidad, en cuanto impide que estos antecedentes puedan ser conocidos y calificados por los Tribunales de Justicia».Consideraron que la evidencia ha permitido comprobar que entre los militares sigue existiendo “pactos de silencio”, que impide entregar aportes a la justicia sobre los casos de violaciones de los derechos humanos. Estimaron que la mantención del secreto de estos antecedentes produce una dificultad adicional para la obtención de justicia, ya que toda la documentación oficial obtenida bajo el funcionamiento de la Comisión Rettig, pasó a custodia de la Comisión Valech II y, de ahí, a las bodegas del Instituto Nacional de Derechos Humanos, donde quedaron indirectamente protegidas por el secreto.En este plano, la moción propone determinar que «tendrán carácter público los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por decreto supremo N° 1.040, de 2003, del Ministerio del Interior, en el desarrollo de su […]
La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la condena dictada por el ministro en visita Leopoldo Llanos en la investigación por el secuestro calificado de Juan Ibarra Toledo, ocurrido a partir del 25 de julio de 1974. En fallo dividido (rol 1190-2014) la Séptima Sala del tribunal de alzada integrada por los ministros María Rosa Kittsteiner, Juan Antonio Poblete y Tomás Gray ratificaron la sentencia de condenó a Manuel Contreras Sepúlveda, Marcelo Moren Brito, Miguel Krassnoff Martchentko y Basclay Zapata Reyes a la pena de 10 años y un día de presidio por el delito cometido contra el estudiante universitario y militante del MIR, quien fue recluido en el centro de detención clandestina de Londres 38 De acuerdo a los antecedentes de la causa, el ministro Llanos logró acreditar los siguientes hechos: El inmueble de calle Londres N°38 era un recinto secreto de detención y tortura ubicado en el centro de Santiago y funcionó desde fines de 1973 hasta aproximadamente septiembre de 1974. Llegó a mantener un promedio de sesenta detenidos, los que permanecían con la vista vendada, con sus manos amarradas, todos reunidos en una amplia sala, desde donde eran llevados continuamente a otras dependencias para ser interrogados y torturados con diferentes tipos de flagelación, incluso con aplicación de corriente eléctrica en la denominada «parrilla». También eran sacados del lugar para cooperar en otras detenciones. El 25 de Julio de 1974, Juan Ernesto Ibarra Toledo, estudiante universitario, de 21 años de edad, militante del MIR, fue detenido, alrededor de las 15:30 horas, sin orden judicial ni administrativa alguna, por agentes de la DINA y fue visto, posteriormente, por diversos testigos en el citado centro clandestino de detención de calle Londres N°38, ignorándose, hasta esta fecha, su paradero, sin que haya tomado contacto con sus familiares, ni realizado gestiones ante organismos del Estado, sin registrar entradas o salidas del país, sin que conste, tampoco, su defunción», sostiene de primera instancia. La decisión se adoptó con el voto en contra del ministro Poblete quien fue partidario de acoger el principio de la media prescripción y rebajar la sentencia de los condenados. Ver Fallo (PDF) Santiago de Chile, 28 de octubre 2014 Crónica Digital / Agencias
El recorrido de la marcha de Santiago comienza en Plaza Italia y finaliza con un acto central en Plaza Los Héroes. El Colegio de Profesores de Chile tiene preparados todos los detalles organizativos, técnicos, humanos y de gestión para desarrollar el Paro Nacional de mañana 29 de octubre, exigiendo una respuesta clara del gobierno con respecto a los cinco puntos de la Agenda Corta de los Docentes. En Santiago todos los profesores se reunirán mañana a las 10:30 horas en Plaza Italia con el objetivo de iniciar su recorrido por la Alameda hasta llegar a los Héroes. Mientras que en cada una las regiones del país los maestros también están organizados para manifestarse de forma pacífica por sus legítimas y urgentes demandas. La Intendencia de la Región Metropolitana autorizó ayer el recorrido de los profesores por la principal artería de la capital, de esta forma los maestros y maestras de Chile, marcharán por la Alameda exigiendo las demandas más perentorias del gremio docente. «Concentraremos a los profesores y profesoras a las 11 de la mañana en Plaza Italia y marcharemos hasta Plaza Los Héroes donde realizaremos un acto central. Esto se replicará en todas las ciudades del país», manifestó a la salida de la Intendencia, Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores de Chile. Cabe recordar que los cinco puntos de la llamada Agenda Corta de los docentes, corresponden a la titularidad de los profesores que trabajan a contrata, un bono de incentivo voluntario al retiro, el descongelamiento del ingreso mínimo docente, poner fin al agobio laboral y buscar una reparación a la deuda histórica. El timonel del gremio docente hizo un llamado al gobierno para que “entienda que hay que resolver estos temas urgentes a la brevedad”, agregando “nosotros estamos con los objetivos de la reforma, pero creemos que esto hay que resolverlos ahora.» Santiago de Chile, 28 de octubre 2014 Crónica Digital
Invitación a la Conmemoración del día del Ejecutado Político el día jueves 30 de octubre a las 18:30 horas en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, ubicado frente al Metro Quinta Normal. En esta actividad organizada por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, realizará un homenaje a los 2.000 ejecutados políticos de la dictadura militar. Santiago de Chile, 28 de octubre 2014 Crónica Digital
Tras conocer el Informe de Derechos Humanos 2014 de la Universidad Diego Portales, la diputada Socialista Denise Pascal –miembro de la comisión de Trabajo de la Cámara Baja- dijo que es necesario acelerar al máximo la reforma laboral. Esto en vista de que la investigación, que se dará a conocer formalmente este martes 28 de octubre en un acto al que asistirá la ministra del Trabajo Javiera Blanco, sostiene que el Estado de Chile ha incumplido el derecho a huelga de los trabajadores y recomienda una reforma global a los Libros III y IV del Código del Trabajo. La diputada Pascal valoró en particular que la investigación de derechos humanos de la UDP dedicara un capítulo inédito que revisa la situación de las trabajadoras de casa particular, un tema en el que ha trabajado especialmente durante sus tres periodos en el Congreso. De hecho, la parlamentaria es autora del proyecto de ley que consagra el derecho a descanso semanal de las trabajadoras domiciliarias. “Este nuevo informe del Centro de Derechos Humanos de la UDP da cuenta de que pese a los avances, todavía estamos en deuda con las trabajadoras de casa particular”, dijo la diputada. Pascal recordó que hace solo dos semanas el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet consiguió la aprobación del proyecto de ley que restringe la jornada laboral de la trabajadoras de 72 a 45 horas semanales y regula el uso del uniforme en lugares públicos, de manera de evitarlo como forma de discriminación. “Se trata de grandes avances, pero coincido en con el informe en el sentido de que aún hay temas pendientes, como mejorar la fiscalización por parte de la Inspección del Trabajo y revisar la existencia del desahucio que establece una diferencia odiosa entre las trabajadoras de casa particular y el resto de los empleados”, dijo la parlamentaria. “El actual Código del Trabajo establecen un régimen legal que facilita los abusos no solo a las trabajadoras de casa particular, sino que a todos los chilenos que viven de un sueldo. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de las temporeras que trabajan sin protección adecuada del Estado. Es por eso que la bancada del PS ha sido majadera al insistir en la necesidad de una revisión completa del sistema. Sabemos que esto pone nerviosa a la derecha y parte del empresariado, pero documentos como el de la UDP son una prueba de que esto no es un tema ideológico, sino que se trata de un acto de justicia”, puntualizó la diputada por Melipilla. Santiago de Chile, 28 de octubre 2014 Crónica Digital
