El Tribunal Constitucional (TC) de Chile declaró inconstitucionales seis artículos de una nueva Ley de Migraciones que tienen hoy enfrentados al Gobierno y a parte de la oposición sobre ese complicado asunto.
Esa legislación, que durmió años en el parlamento, fue aprobada finalmente en diciembre último, pero seguidamente legisladores del partido Revolución Democrática con el respaldo de otras fuerzas presentaron un requerimiento al TC señalando la inconstitucionalidad de 13 artículos del texto.
Ante esa situación, el Gobierno aseguró que demostraría la legalidad de todo el articulado del proyecto legislativo y acusó a sus detractores de querer mantener el «descontrol» sobre el tema migratorio en el país.
Sin embargo, el fallo del Tribunal evidencia que al menos en parte los críticos tenían rezón, y según especialistas, de los artículos impugnados por esa autoridad al menos dos eran considerados fundamentales por el ejecutivo.
Uno es el relacionado con procedimientos de retorno asistido por eventuales vulneraciones a los derechos de los menores de edad, cuyo contenido ha sido calificado reiteradamente desde la oposición como racista y xenófobo.
El otro punto se refiere al tiempo de expulsión de quienes ingresen de forma irregular a Chile, se mantengan sin los papeles requeridos o cometan delitos.
Pese a las impugnaciones del TC, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, consideró positivo que el resto de los artículos cuestionados fueran aprobados, y aseguró que con ello se pone fin a lo que calificó de «turismo laboral».
Sin embargo, la diputada y presidenta del partido Revolución Democrática, Catalina Pérez, consideró que el fallo reafirma que la legislación impulsada por el Gobierno vulnera los Derechos Humanos.
El requerimiento de la oposición cuestionaba también otros aspectos como lo referido a las facultades del Estado y la atribución del Gobierno para fiscalizar las solicitudes de visa de turismo.
Los legisladores que señalan su ilegalidad advierten que tales facultades podrían propiciar arbitrariedades al determinar quiénes pueden ingresar o no a Chile.
Asimismo insistían en que con esta legislación el Gobierno no asume una política moderna sobre el tema de la migración y a la larga promoverá una mayor irregularidad y la violación de los derechos humanos de los migrantes.
En similar sentido se expresaron en su momento varias organizaciones de migrantes, y de defensa de los derechos humanos.
Datos del Instituto Nacional de Estadísticas indican que al cierre de 2019 residían en Chile un millón 492 mil 522 extranjeros, de los cuales los grupos más numerosos son los procedentes de Venezuela, Perú, Haití, Colombia, Bolivia y Argentina.
Santiago de Chile, 21 de enero 2021
Crónica Digital/PL
