La diputada socialista y presidenta de la Comisión de DD.HH. de la Cámara, Emilia Nuyado, dijo que los trabajadores reclaman falta de apoyo a los equipos de trabajo e instalar programas especializados para perseguir la tortura. La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Emilia Nuyado, calificó como «insólito que el director del INDH, Sergio Micco, haya decidido abrir una millonaria licitación para contratar una agencia de comunicaciones en consecuencia que la situación interna y la falta de recursos es enorme». En este mismo sentido la parlamentaria dijo que «nos hemos reunidos con los trabajadores y sabemos que existe una falta de apoyo a los equipos de trabajo y que no existe un programa exclusivo para perseguir los casos de tortura». «El debe solucionar primero los problemas internos y escuchar a los trabajadores antes de pensar en millonarias licitaciones en materia de comunicación. Si el Director del INDH quiere mejorar la imagen que tiene hoy el Instituto frente a las organizaciones de derechos humanos, debe comenzar primero por mejorar las relaciones internas de este organismo y segundo debe condenar y defender sin titubeos a las víctimas de las violaciones de derechos humanos que se han dado de manera generalizada en este gobierno», señaló Emilia Nuyado. La diputada socialista, también hizo un llamado a los consejeros de esta institución «ellos tienen que tener una opinión respecto a esta lamentable situación que vive esta el INDH, no pueden tener actitud pasiva de lo que está ocurriendo con los trabajadores y trabajadoras del instituto. Y tampoco se pueden hacer oídos sordos con las víctimas y familiares que han sido violentados sus derechos desde el estallido social. Aquí el INDH debe ponerse irrestrictamente del lado de las víctimas», concluyó la legisladora.
DD.HH.
Por su importancia, reproducimos texto íntegro de Carta Abierta que requiere la restitución de los derechos políticos a Marco Enríquez–Ominami, ex candidato presidencial y fundador del Grupo de Puebla. POR EL RESPETO A LOS DERECHOS DE MARCO ENRÍQUEZ-OMINAMI. Carta abierta Los aquí firmantes hacemos un firme llamado a que se respeten los derechos humanos de Marco Enríquez–Ominami, quién ha sido privado de sus derechos políticos fundamentales. La justicia ha sido demasiado lenta con Marco. Lo acusan desde hace años de delitos que los fiscales no han podido probar y de los que no ha podido defenderse en un juicio justo y frente a jueces imparciales. Como todos los candidatos presidenciales de nuestra historia democrática, Marco no tiene responsabilidad administrativa. La Convención Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara: ningún imputado en un proceso penal puede ser privado, restringido o perturbado en el ejercicio de un derecho que la Constitución Política de la República le asegura, sin una aprobación judicial previa. Pero la experiencia latinoamericana también es clara. El mecanismo del “lawfare” se ha encargado de perseguir a lo largo y ancho de nuestro continente, a cualquier político que haya desafiado a la derecha y que haya intentado hacer de este mundo, uno más justo. Marco es uno de ellos. Esta carta es una forma de expresar, a través de la figura de Marco, nuestro respaldo a todos y todas aquellos a quienes los Estados han perseguido por el sólo hecho de pensar distinto y de atreverse a mover los límites. Frente a todo lo expuesto, no podemos menos que movilizarnos, alzar la voz, pedir que cese la persecución y el ensañamiento y buscar qué situaciones como ésta no se repitan a futuro. Alejandro Guillier, Senador PRO José Miguel Insulza, Senador PS Alejandro Navarro, Senador PRO Jaime Quintana, Senador PPD Adriana Muñoz, Senadora PPD Loreto Carvajal, Senadora PPD Guido Girardi, Senador PPD Juan Pablo Letelier, Senador PS Francisco Huenchumilla, Senador PDC Rabindranath Quinteros, Senador PS Ricardo Díaz, Gobernador Región de Antofagasta Jorge Díaz, Gobernador Región de Arica y Parinacota Claudio Orrego, Gobernador Región Metropolitana Patricio Vallespín, Gobernador Región de Los Lagos Luis Cuvertino, Gobernador Región de Los Ríos Pablo Silva, Gobernador Región Libertador General Bernardo O´Higgins Jorge Flies, Gobernador Región Magallanes y de la Antártica Chilena Baltasar Garzón, Jurista Karim Bianchi, Diputado Independiente Gabriel Silber, Diputado PDC Maya Fernández, Diputada PS Raúl Leiva, Diputado PS Fidel Espinoza, Diputado PS Pedro Velásquez, Diputado Independiente Rodrigo González, Diputado PPD Juan Luis Castro, Diputado PS René Alinco, Diputado Independiente Karol Cariola, Diputada PC Iván Flores, Diputado PDC Marcela Hernando, Diputada PR Claudia Pizarro, Alcaldesa de La Pintana Nibaldo Meza, Alcalde de Peñaflor Paulina Bobadilla, Alcaldesa de Quilicura Valentín Vidal, Alcalde de Ercilla Juan Pablo Flores, Alcalde de Las Cabras Maximiliano Ríos, Alcalde de Lo Prado Jorge del Pozo, Alcalde de Chillán Viejo Javier Muñoz, Alcalde Curicó Guillermo Yeber, Alcalde de Bulnes Camilo Lagos, Presidente Partido Progresista de Chile Ignacia Gómez, Presidenta Partido Ciudadanos Bessy Gallardo, Constituyente Jorge Baradit, Constituyente Ramona Reyes, Constituyente […]
El Presidente de la Comisión de DDHH del Senado, ingresó este martes una presentación al Fiscal Nacional a fin de que este designe un Fiscal Especial para investigar el disparo al trabajador forestal y el asesinato del weichafe Pablo Marchant, el pasado viernes en la Región de la Araucanía. “Mientras un candidato presidencial de la derecha muestra fotos del funeral de Pablo Marchant y los otros se disputan quien condena más duramente el conflicto Mapuche, he decidido solicitar a Jorge Abbott, un Fiscal Nacional para investigar y descubrir la verdad en este nuevo grave hecho”, manifestó el senador Alejandro Navarro tras la presentación que realizó al Ministerio Público. De acuerdo al Senador por la Región del Biobío, “es indispensable saber quien disparó al trabajador forestal y por qué no portaban cámaras Go-Pro los Carabineros que mataron por la espalda con un tiro en la nuca, al miembro de la CAM, Pablo Marchant Gutiérrez de 29 años”. “La falla gruesa y grave sobre la errónea identificación que tenía primero al hijo de Héctor Llaitul como la víctima fatal”, continuó, “revela que había información de inteligencia previa”. “Por ello ni los fiscales de la Araucanía ni Carabineros, están en condiciones de investigar nada; ellos son quienes deben ser investigados tras los hechos que han ocurrido, pues Chile no soporta un nuevo montaje como ocurrió en el Caso Catrillanca”, recordó el parlamentario progresista. Alejandro Navarro explicó que, “El artículo 19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, N°19.640, que establece: El Fiscal Nacional podrá disponer, de oficio y de manera excepcional, que un Fiscal Regional determinado asuma la dirección de la investigación, el ejercicio de la acción penal pública y la protección de las víctimas o testigos en relación con hechos delictivos que lo hicieren necesario por su gravedad o por la complejidad de su investigación”. “De esta forma, le hemos pedido a Jorge Abbott que tal como en el denominado “Caso Bombas”, para los ataques de camiones en la Araucanía, o para la investigación de las graves vulneraciones de niños, niñas y adolescentes dentro del SENAME, entre otros, se designe un Fiscal especial. Debe ser la Policía de Investigaciones quien investigue con un equipo especial centralizado desde Santiago, pues aquí se debe saber la verdad. Es lo que todo Chile exige”, manifestó el senador Navarro.
“Pediremos al Fiscal Nacional la creación de un equipo especial de investigación de la Policía de Investigaciones de dependencia directa de su Director Nacional, Sergio Muñoz. Ya el caso Catrillanca determinó que no puede ser Carabineros de Chile quien se auto–investigue”, manifestó el senador Alejandro Navarro tras la muerte del comunero Pablo Marchant, quien fue primeramente identificado como Ernesto Llaitul. De acuerdo al senador del Partido Progresista (PRO), “la pregunta que debe responder el Alto Mando de Carabineros y el Ministerio Público es si esta identificación se produjo ex ante o ex post al asesinato del comunero. Es decir, deben explicar si hubo inteligencia policial que determinó la presencia de Llaitul y si el disparo se efectuó teniendo la certeza de su identidad”. “Pues dicho reconocimiento no puede sino tener inteligencia ex ante. Lo determinante es conocer si este disparo se hizo o no sobre un objetivo preferencial, predeterminado e identificado”, puntualizó. Por ello, “hemos pedido una reunión con el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, a fin de que se separe de la investigación al Fiscal responsable de que los medios de comunicación tuvieran una información errónea e inaceptable sobre el fallecido y sea un Fiscal de Alta Complejidad quien lo reemplace. Los fiscales que persiguen a la CAM están inhabilitados para perseguir a quien cometió este asesinato. No puede ser que quien esclarezca esta muerte, sea el mismo que persigue”. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado manifestó que “el error es demasiado grueso. Le pediremos también a Abbott que sea la PDI quien investigue y que confisque todo el material comunicacional entre los participantes de este evento para evitar sea alterado. No puede ser Carabineros, cuando todo indica que esta operación tenía un objetivo. Además, pediremos una investigación criminal para investigar estos hechos”. Añadió: “Las comunicaciones previas y los videos serán determinantes en el proceso de investigación, así como la versión oficial del proceso de identificación tiene que incluir la información entregada antes, durante y después al Gobierno, al Ministro del Interior y al propio Fiscal”. El parlamentario progresista finalizó preguntándose si los disparos realizados “fueron con conocimiento previo de la identidad de la persona, pues parece ser una operación de reacción previamente planificada. Tengo convicción de que el objetivo, Ernesto Llaitul, fue detectado de manera previa, por cuanto la cadena de errores comunicacionales tiene una base de realidad que está siendo ocultada”. “Un día después aun no escuchamos al Gobierno referirse a lo ocurrido. ¿Por qué tanto silencio? La sombra de Catrillanca todavía persigue al gobierno y los ha inmovilizado. Es un fierro caliente. El Ministro del Interior, Rodrigo Delgado, tiene que exigir al Alto Mando de Carabineros una respuesta clara a la brevedad. Hay muchas dudas sobre el procedimiento y el Gobierno debe hacerse cargo de ellas. Quiero advertir a los ministros que todo lo que digan será parte de la investigación por la verdad, por cuanto nadie podrá escabullir su responsabilidad”, sentenció. Santiago, 11 de julio de 2021. Crónica Digital.
Ante la arremetida de violencia reaccionaria en el Wallmapu por parte de la oligarquía chilena y de las posiciones racistas del empresariado terrateniente de la zona que, con la complicidad de las fuerzas especiales de Carabineros de Chile, agentes de la Policía de Investigaciones y del malgobierno violador de los derechos humanos de Piñera, han abatido anoche al weichafe Pablo Marchant. Ninguna acción en la que hayan participado los weichafe mapuche puede ser esgrimida como pretexto por las fuerzas especiales de Carabineros de Chile y agentes de la Policía de Investigaciones para asesinar, reprimir y operar como un verdadero ejército de ocupación colonialista en el territorio del Wallmapu. Su asesinato se produce un día después que la Convención Constitucional, presidida por Elisa Loncon, en nombre del poder constituyente del pueblo soberano, reconociera por abrumadora mayoría la existencia de prisioneros políticos de la revuelta y la grave militarización y violencia en contra del pueblo mapuche en el Wallmapu. Piñera y su gobierno criminal es el responsable político de este grave asesinato que sólo traerá más violencia e inestabilidad. Frente a lo sucedido, reiteramos que Carabineros de Chile debe ser refundado y sus unidades y fuerzas especiales deben ser inmediatamente disueltas. En el actual contexto que vive el país, el grave asesinato del joven weichafe Pablo Marchant no sólo debe ser repudiado por todos los pueblos de Chile y sus autores materiales deben detenidos y procesados por la justicia. Frente a este nuevo asesinato que enluta a la comunidad mapuche y al pueblo chileno, hacemos nuestra la exigencia de la Convención Constitucional; las fuerzas políticas y sociales de “Chile Digno, Verde y Soberano” declaramos: – En el Proyecto de ley Boletín 13715-17, apoyar una indicación que disponga la aplicación directa y obligatoria del Convenio número 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, especialmente en lo relativo al conocimiento de situaciones calificadas de delitos y que constituyan ejercicio de derechos territoriales, culturales, y políticos y a la aplicación preferente y obligatoria de penas distintas a la privación de libertad. – Retirar todas las fuerzas especiales de Carabineros de Chile y agentes de la Policía de Investigaciones como parte de la inmediata desmilitarización del territorio mapuche; – Exigir la inmediata disolución y persecución penal de las fuerzas paramilitares de las forestales del territorio mapuche; – Cancelar el gasto presupuestario imputado a la represión político-estatal del pueblo mapuche; – Convocar la conformación urgente de una comisión plurinacional que trabaje inmediatamente por el indulto de todas y todos los comuneros mapuche en situación de presidio político, como primer paso para avanzar hacia un diálogo plurinacional de paz, que sea garante de derechos sin prisioneros de guerra. Esta será la única vía de diálogo y acuerdo entre las naciones, como puntapié del proceso de restitución de territorios en su amplio concepto y construcción de autonomía política mapuche. Sabemos que este gobierno está comprometido con los intereses de la oligarquía chilena […]
Mientras vacaciona en España y refuerza las críticas contra el Presidente Alberto Fernández, el exmandatario argentino Mauricio Macri está hoy en la mira por una grave denuncia del gobierno de Bolivia. Un escándalo internacional que salió a la luz en las últimas horas y se regó como pólvora: la complicidad, con material bélico de su gobierno, en el golpe de Estado contra Evo Morales, en 2019. El Macri que hace pocos días señalaba en una carta ser un perseguido político y acusaba al actual Ejecutivo de buscar venganza por una causa en la cual su empresa familiar Correo Argentino debe una deuda millonaria al Estado hace 20 años, vuelve a la palestra por otro lamentable episodio. Si para muchos fue demasiado endeudar al país hasta los tuétanos con el Fondo Monetario Internacional, con el añadido de múltiples capítulos como las denuncias por espionajes a un gran arco de personalidades desde los servicios de inteligencia, su contribución con material bélico enviado a Bolivia es la gota que rebosó la copa. Una carta dejó al descubierto la sociedad de su gobierno con los golpistas. La denuncia brotó tras una carta del comandante general de la Fuerza Aérea de Bolivia, Jorge Gonzalo Terceros Lara, enviada al exembajador argentino Normando Álvarez García. La carta, difundida por el Ejecutivo boliviano, pone en evidencia cómo el gobierno macrista aportó equipamiento y material para reprimir las protestas sociales que se sucedieron por parte del gobierno de facto de Jeanine Añez. El documento detalla varios materiales de agentes químicos como gases lacrimógenos en spray y granadas de gas, además de 40 mil cartuchos AT 12/70. Tras la denuncia en una rueda de prensa, el canciller boliviano, Rogelio Mayta, manifestó al canal argentino C5N que quedan muchas preguntas y por respeto a las muertes que dejaron esas manifestaciones es necesario esclarecer lo sucedido. “En estas situaciones de graves violaciones de derechos humanos la verdad se va decantando”, dijo. Mayta recordó que Evo Morales dejó el gobierno el 10 de noviembre de 2019. Este material bélico, agregó, llegó para consolidar el gobierno de facto de Añez por la fuerza. La respuesta del Presidente Alberto Fernández no se hizo esperar. El Mandatario, quien fue protagonista en la tarea de lograr sacar con vida de Bolivia a Morales, refugiado político en Argentina hasta el triunfo de Luis Arce, pidió disculpas a ese pueblo y expresó su dolor y su vergüenza. El Jefe de Estado argentino subrayó que estos hechos están siendo analizados por un grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Guardo para tranquilidad de mi conciencia haber hecho cuanto estuvo a mi alcance para preservar la vida de Evo Morales, Álvaro García Linera y muchos otros hermanos bolivianos asesinados por los golpistas. Nuestras democracias están fuertes. Tenemos que seguir trabajando juntos para consolidarlas”, manifestó. Por su parte, el Presidente Luis Arce repudió el apoyo de Macri al golpe y ratificó los lazos de hermandad con el pueblo argentino. “Reconocemos la solidaridad del hermano Presidente Fernández, así […]
Los pueblos siempre nos hemos rebelado contra este orden injusto y la respuesta del Estado chileno ha sido una y otra vez la misma. Nos hemos rebelado incluso antes de ser Chile contra el despojo de los territorios para la acumulación de una elite colonial. Nos levantamos por la vida digna desde hace siglos, fuimos marea sufragista en cada rincón del país, nos levantamos contra una dictadura sangrienta que hoy recién llega a su fin. Quienes tenemos en el cuerpo esta historia de lucha también portamos la memoria colectiva de esa respuesta de un Estado que nos ha invisibilizado, perseguido, secuestrado, torturado, mutilado, violentado sexualmente, que nos ha hecho desaparecer. Esa larga memoria colectiva nos habla también de las complicidades que han hecho posible esa respuesta estatal y que en nombre de la defensa del orden y de la institucionalidad han desplegado un manto de impunidad. Hoy, abrimos este proceso constituyente con un debate de una profundidad ineludible. Hemos decidido iniciar esta discusión sobre las bases históricas de nuestra vida en común, reconociendo los sufrimientos con los que llegamos hasta aquí. Hablamos en primera persona porque es nuestra historia. Somos nosotras, nosotres y nosotros, encarceladas en la dictadura de ayer y perseguidas por el terrorismo de Estado de hoy. Ponemos nuestros dolores sobre la mesa como primer punto en tabla pues son nuestras compañeras y compañeros, hermanas y hermanos, junto a quienes salimos a las calles a escribir este momento, quienes hoy no están aquí para verlo nacer. No estamos todes: faltan las y los presos. Faltan quienes les cuidan desde afuera de los muros de las cárceles, porque la prisión política nunca es una experiencia individual sino que es un castigo a nuestras familias y a nuestras comunidades enteras. Con fecha 8 de julio de 2021, esta Convención Constituyente Plurinacional de Chile, con el fin de sentar las garantías democráticas para el adecuado funcionamiento del proceso constituyente, el respeto al debido proceso, al principio de presunción de inocencia; por la verdad, justicia y reparación para todas las personas presas políticas, privadas de libertad y víctimas de la represión estatal de ayer y de hoy, declaramos lo siguiente: Las circunstancias de origen y concurrentes a la legitimidad del proceso constituyente, así como el compromiso con el respeto irrestricto a los derechos humanos y a la dignidad, son parte de nuestra competencia y constituyen presupuestos fundamentales para el desarrollo de esta Convención Constitucional. Resulta fundamental para un proceso democrático y una verdadera paz social para los pueblos, que los órganos del poder constituido allanen los caminos ofreciendo garantías democráticas y de equidad para que el proceso histórico que atravesamos funcione adecuadamente y sea reconocido como legítimo por los pueblos y naciones de Chile. Para ello, el fin inmediato a la prisión política en Chile es esencial. Condenamos la criminalización de la protesta social y la aplicación abusiva del monopolio de la fuerza estatal, mediante apremios ilegítimos, detenciones masivas y actos de vulneración a derechos humanos, agresiones sexuales, mutilaciones oculares y el […]
Hoy abrimos este proceso constituyente con un debate de una profundidad ineludible. Hemos decidido iniciar esta discusión sobre las bases históricas de nuestra vida en común, reconociendo los sufrimientos y anhelos con los que llegamos hasta aquí, sobre la sociedad que queremos y cómo queremos construirla. Creemos en la responsabilidad ética y política de sentar las garantías democráticas para el adecuado funcionamiento del proceso constituyente, el respeto al debido proceso, al principio de presunción de inocencia; la verdad, justicia y reparación para todas y todos quienes han sido parte de este proceso histórico. La revuelta social costó decenas de vidas, violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado incluyendo mutilaciones, traumas oculares, apremios ilegítimos y distintos tipos de vulneraciones, que no podemos invisibilizar. Miles de personas fueron detenidas y sometidas a condiciones ilegales, acusadas de manera injusta, arbitraria e inhumana, mientras que otro gran número nunca tuvo un debido proceso ni la aplicación de la presunción de inocencia. En efecto, aun hoy, a casi un año y medio de ocurridos los hechos, vemos cómo hijas e hijos de nuestros pueblos han sido sometidos a la imposición abusiva de la prisión preventiva y el nulo avance de las investigaciones, muchas veces con pruebas de dudosa calidad entregadas por sus captores, sin control jurisdiccional, lo que ha afectado profundamente el respeto por las garantías fundamentales mínimas. Hoy resulta fundamental para un proceso democrático y una verdadera paz social para los pueblos, que los órganos del poder constituido allanen los caminos ofreciendo garantías democráticas y de equidad para que el proceso histórico que atravesamos funcione adecuadamente y sea reconocido como legítimo por los pueblos y naciones de Chile. La Convención Constitucional, sin pretender interferir ni arrogarse las competencias o atribuciones de otros poderes del Estado, tiene la responsabilidad política de pronunciarse frente al país en relación con estas situaciones contingentes que, claramente, contravienen el espíritu que guía su trabajo: asentar un camino de paz y justicia social para todas y todos los habitantes de nuestra comunidad política. La violencia que acompañó los hechos de Octubre fue consecuencia de que los poderes constituidos fueron incapaces de abrirnos una oportunidad para crear una Nueva Constitución y hoy que estamos comenzando el trabajo de la convención deben hacerse cargo de aquello, por eso demandamos: a) Respecto del Proyecto de Ley de Indulto General (Boletín N°13.941-17) en la Comisión de Constitución del Senado, su tramitación con la máxima celeridad. b) Al Poder Ejecutivo dar suma urgencia legislativa al Proyecto de Ley de Indulto General (Boletín N°13.941-17) y al Proyecto de Ley de Reparación a Víctimas de Derechos Humanos (Boletín N°13.854-17). Así como el retiro de todas las querellas interpuestas que invocan la Ley de Seguridad del Estado. c) La inmediata desmilitarización del Wallmapu, así como la anulación de la medida que aumenta el presupuesto para la represión del territorio mapuche. Que el indulto, en el caso de las Regiones del Bio Bio, Araucanía, Los Lagos y Los Ríos sea aplicable desde el año 2001 para […]
El debate de una declaración sobre la liberación de los presos tras el estallido social de octubre de 2019 en Chile, puede tensar hoy la segunda sesión de trabajo de la Convención Constituyente. El tema, que aparece en la agenda, cobra mayor notoriedad cuando en comisiones del Senado avanza un proyecto de indulto para una cantidad no precisada, pero al parecer numerosa de personas, la mayoría jóvenes que desde esa fecha continúan tras las rejas en prisión preventiva. Esto ha generado fuertes controversias entre la oposición y los legisladores de derecha y se da por seguro que también la Convención será escenario de encontronazos entre sus 155 integrantes. Una parte significativa de estos, incluyendo la presidenta y el vicepresidente de la Convención, respaldan medidas conducentes a la liberación de esos reos, pero los representantes del oficialismo, aunque son minoría, se oponen de plano. La víspera, este órgano encargado de la redacción de la nueva Constitución de Chile logró celebrar su primera sesión de trabajo, en una intensa jornada en la sede del antiguo Congreso Nacional, dedicada esencialmente a temas organizativos. Ello incluyó la ampliación de la mesa directiva, integrada hasta ahora solo por la presidenta y el vicepresidente del cónclave, y la creación de comisiones de Reglamento, Ética y Presupuesto y Administración Interior. El asunto de la ampliación de la directiva, que finalmente quedó con nueve cupos, incluidos dos para representantes de pueblos indígenas, estuvo caracterizada -una vez más- por roces entre los constituyentes de derecha, que rechazaban ese aumento, y el resto del grupo. Los partidarios de ampliar la directiva señalaron que resulta necesario porque son muchos los asuntos que debe tratar la Convención durante su funcionamiento, para que estos recaigan solo sobre la presidencia y la vicepresidencia. El debate llegó al punto de que algunos constituyentes oficialistas se pronunciaron por evaluar la presentación de una acción legal contra la dirección del cónclave. Sobre esto, el vicepresidente, Jaime Bassa, admitió que ese tipo de reclamación está contemplada, pero solo cuando se trate de una vulneración del Reglamento, y todavía la Convención Constitucional carece de ese instrumento. Santiago de Chile, 8 de julio 2021 Crónica Digital/PL
Estudiantes ocuparon hoy la sede del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en esta capital, exigiendo la libertad de los presos de la revuelta popular que estalló en octubre de 2019. Los jóvenes, integrantes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), también reclamaron la liberación de detenidos del pueblo mapuche. Voceros de esa organización declararon a medios de prensa que ocuparon las dependencias del INDH porque esa entidad no se han pronunciado con suficiente fuerza sobre las violaciones de los derechos humanos en el país. Los estudiantes colocaron carteles y telas en la reja exterior del edificio, en los cuales reclamaron justicia para las personas que se mantienen en prisión preventiva y sin un debido proceso, muchas de las cuales llevan más de un año en esa condición. La AES planteó en un comunicado que esa situación «es una realidad que el Gobierno y las instituciones ocultan, pero que ellos mismos ocasionaron y perpetuaron creando leyes que tenían por objetivo criminalizar la protesta social». Añadió que esas leyes «hoy mantienen a cientos de luchadores sociales encarcelados incluso por más un año y medio sin juicio ni pruebas concluyentes más que los testimonios de carabineros y la PDI (Policía de Investigaciones)». Asimismo los estudiantes secundarios llamaron a «mantenernos en alerta y disposición de movilizarnos», hasta conquistar en las calles los derechos y la libertad de los presos políticos que se manifestaron contra el sistema durante el estallido social. Precisamente, este jueves los integrantes de la Convención que redactará la nueva Constitución de Chile, debaten en su sede en el exCongreso Nacional, una declaración sobre el tema. Igualmente, en comisiones del Senado avanza en medio de fuerte controversia una propuesta de indulto a esos presos. El Gobierno mantiene una negativa total a abordar este asunto alegando que se trata de personas que cometieron actos delictivos y que han sido sancionadas por los tribunales. Santiago de Chile, 8 de julio 2021 Crónica Digital/PL
