El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, decretó duelo comunal por el fallecimiento de nuestra vecina María Luisa Toledo, como símbolo de tristeza, reconocimiento y memoria a quien fuera una luchadora incansable por los derechos humanos y la justicia contra los crímenes realizados por la dictadura militar. En este sentido, el alcalde Muñoz señaló que “nuestras banderas flamearán a media asta como una señal de homenaje y de condolencias a sus familiares, pero también de tristeza. Estación Central y sus vecinos y vecinas, reconocen el legado imborrable de quien hasta sus últimos días luchó por la reparación, la memoria y la justicia en nuestro país.” Santiago de Chile, 6 de julio 2021 Crónica Digital
DD.HH.
La muerte hoy de Luisa Toledo Sepúlveda, activa participante en la resistencia contra la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), generó muestras de pesar en medios políticos y sociales. El deceso de Toledo, pobladora de la combativa comunicada de Villa Francia, en esta capital, ocurre después de semanas en que empeoró su estado de salud por complicaciones. La fallecida fue madre de los hermanos Rafael, Eduardo y Pablo Vergara Toledo, asesinados durante la dictadura cívico-militar, los dos primeros masacrados por fuerzas de Carabineros el 29 de marzo de 1985, fecha que se transformó en el Día del Joven Combatiente. Cada año, ese día se realizan múltiples manifestaciones para repudiar los crímenes cometidos durante la dictadura, y exigir verdad y justicia en torno a las violaciones de los derechos humanos perpetradas por los organismos del Estado de Chile. Luisa Toledo no cesó de luchar durante todo este tiempo para que se hiciera justicia por la muerte de sus hijos y se mantuvo activa hasta los últimos días de su vida en apoyo a los movimientos sociales y a la revuelta popular iniciada el 18 de octubre de 2019. Un comunicado emitido por su familia señaló que la veterana luchadora falleció en la intimidad de su hogar, rodeada por su círculo más íntimo. Asimismo recuerda que con un enorme coraje, Luisa ‘hizo carne la lucha por la justicia que le fue indiferente ante el asesinato de sus hijos Eduardo, Rafael y Pablo, dolor que ella hizo decisión de lucha inquebrantable’. Santiago de Chile, 6 de julio 2021 Crónica Digital/PL
El senador Alejandro Navarro (PRO) realizó un llamado a sus pares de la comisión de Constitución de la Cámara Alta a aprobar y despachar a la sala el proyecto que concede un indulto general por razones humanitarias a las y los presos del estallido social. “La gran mayoría de la Constituyente fue clara en marcar el indulto como una urgencia del nuevo Chile. Pedimos al gobierno que deje de negar la realidad y de una vez por todas, se haga parte de la conversación otorgándole urgencia legislativa”, señaló Navarro. Tras la instalación este domingo de la Convención Constitucional, donde uno de los temas que marcó la jornada fueron los llamados a liberar a las y los presos del estallido social, el senador Alejandro Navarro (PRO), presidente de la comisión de derechos humanos del Senado, solicitó acelerar la discusión del proyecto de indulto general. El parlamentario autor del proyecto ingresado en diciembre de 2020, que concede un indulto general por razones humanitarias a las personas que se encuentran imputados por delitos cometidos en el contexto de las protestas de finales de 2019, señaló que “debe ser una prioridad del Senado responder a la ciudadanía acelerando su aprobación, mientras ello ocurra el funcionamiento de la Constituyente va a verse alterado”. El senador del PRO recordó que “el proyecto de indulto general que ingresamos el 9 de diciembre de 2019 luego de un trabajo sobre el anteproyecto de amnistía que le presentamos a familiares, ya fue aprobado por la comisión de derechos humanos y por la comisión de seguridad del Senado. Existen elementos de sobra para apoyar esta iniciativa y así poder dar una salida política a los procesos judiciales injustos y arbitrario que han vivido cientos de compatriotas”. Asimismo, el progresista indicó que “no es un capricho el de las familias que exigen la liberación de sus seres queridos. Es un llamado de justicia frente a montajes, pruebas falsas, detenciones arbitrarias y prisiones preventivas que llevan más de un año. Hago un llamado a los senadores de la comisión de Seguridad a poner en el centro el indulto y aprobarlo de una buena vez”. Del mismo modo, Navarro hizo un llamado al gobierno a darle urgencia legislativa al proyecto de indulto. “Basta de negar la sal y el agua a las familias de los presos de la revuelta. Basta de mirar para el lado y caer en tecnicismos, porque son razones humanitarias las que motivan el indulto general. Presidente Piñera, hágase parte de la discusión y otorgue la suma urgencia”, insistió el senador. Prohibición de escopetas de Carabineros y desnudamientos forzosos Por otra parte, el representante de la región del Biobío, indicó que este lunes a partir de las 15:30hrs la comisión de derechos humanos del Senado continuará con el análisis de dos proyectos de ley que tienen directa relación con el trabajo de Carabineros en situaciones de manifestaciones sociales. Se trata de los proyectos que, por un lado, prohíbe los desnudamientos forzosos, las tocaciones indebidas y otras agresiones sexuales similares en […]
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 74 votos a favor, un proyecto de resolución presentado por la Bancada del PPD-Independientes, donde se solicita al Presidente de la República, que en el futuro proyecto anunciado en su Cuenta Pública, con el que se pretende crear un nuevo Ministerio de Seguridad Pública, no se incorpore a Gendarmería de Chile entre las instituciones que formarán parte de la cartera. Lo anterior, debido a que «dicho servicio público nunca ha formado parte de los organismos de orden y seguridad público, y sí del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la labor de vigilar, atender y asistir a la población penal y contribuir a su reinserción social», señala el texto. «El Presidente Piñera anunció en su Cuenta Pública que próximamente enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley destinado a crear un nuevo ministerio de Seguridad Pública, separado del Ministerio del Interior, el cual se especializará en el resguardo del orden público, la prevención del delito, el combate a la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo y la protección de nuestras fronteras. Asimismo, señaló que en este nuevo ministerio estarían reunidos las instituciones de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, y que había interés de sumar a Gendarmería de Chile”, explicó el Jefe de Bancada, Raúl Soto. El parlamentario indicó que «esta propuesta encendió las alarmas de funcionarios de Gendarmería quienes se reunieron con nosotros para expresar su total rechazo a la posibilidad de ser incluidos en este proyecto que busca crear un nuevo Ministerio, principalmente porque Gendarmería de Chile no forma parte de las fuerzas de orden y seguridad pública, sino que es un Servicio Público que tiene por finalidad atender, vigilar y contribuir a la reinserción social de las personas». Por su parte, la diputada Patricia Rubio sostuvo que «si bien hacemos hincapié en la necesidad de una reforma policial y reestructuración profunda, especialmente en Carabineros de Chile, coincidimos con lo manifestado por las distintas organizaciones gremiales representativas del personal de Gendarmería, en el sentido de que con el proyecto anunciado se desvirtúa el rol social de reinserción social que ellos tienen. Nosotros como Bancada hemos escuchado a los funcionarios en sus demandas, y la Sala de la Cámara también al aprobar esta iniciativa en el día de hoy». En tanto, el Presidente de la Comisión de Trabajo, Tucapel Jiménez, señaló que «en primer lugar quiero destacar la organización y unión de los funcionarios de Gendarmería. Me parece muy bien que de manera anticipada nos argumenten que no corresponde incluirlos en un Ministerio junto a Carabineros e Investigaciones, ya que su labor está más ligada a los derechos humanos y reinserción. Ellos son los que viven la realidad día a día en las cárceles, por lo tanto, es nuestro deber escuchar y respaldar sus planteamientos». Finalmente, el diputado Rodrigo González, afirmó que «la función de los gendarmes es muy compleja, y con la pandemia aún más, con los focos de Covid en las cárceles del país. Ellos cumplen una función muy importante […]
“Sebastián Piñera debe responder por sus gastos en honorarios de abogados. Queremos saber cuánto le está costando su defensa en todas las causas en las que se está defendiendo, y quién paga por ello, si es de su fortuna personal o del Fisco, de todos los chilenos y chilenas”, manifestó el senador Alejandro Navarro tras el rechazo a la solicitud de los juristas del parlamentario. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado añadió que, “queremos los contratos, los nombres, y toda la información relativa a la defensa jurídica de Piñera, pues aquí hay muchas dudas respecto a quién le está pagando a los abogados y cuánto”. Respecto al rechazo a la solicitud de sobreseimiento, Alejandro Navarro explicó que, “sus abogados querían que se dejaran afuera todas las causes posteriores a la primera quince de marzo de 2020, pese a que como todo el país sabe, los atropellos y abusos a los derechos humanos se han seguido cometiendo hasta el día de hoy”. “Esto a fin de restringirla pues los crímenes de lesa humanidad requieren de un contexto, esto es, que exista un ataque a la población civil por parte de las fuerzas del Estado, lo que no se podría haber ejecutado en pandemia con las cuarentenas”, manifestó el Senador por la Región del Biobío. De acuerdo a Navarro, “Piñera rebotó en el Tribunal de Garantía y va a seguir rebotando, pues se rechazó la petición de sus abogados Zaliasnik y Donoso, que a fin de cuentas es la búsqueda de impunidad para el multimillonario, la que seguirán intentando de manera infructuosa, por vamos a estar atentos y lo vamos a impedir”. “Sebastián Piñera intenta eludir la justicia en Chile”, continuó, “pero las querellas que hemos presentado son imprescriptibles, por lo que tendrá que responder ya sea como Presidente de la República o como ciudadano”. “Y debe tener en claro también que no habrá impunidad, agotaremos todas las instancias en Chile y a nivel internacional, como en la Corte Penal Internacional de La Haya; vamos a perseguir los crímenes de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos, torturas, y trato abusivo, esté donde esté ”, sentenció el senador progresista. Concepción, 2 de julio 2021 Crónica Digital
Colombia, en términos de frecuencia, sería el segundo país, después de Myanmar, con la mayor tasa de muertes violentas por día de protesta (un muerto cada 36 horas) reveló la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Asimismo, en un comunicado añadió que el paro nacional de 2021 tiene las cifras más altas de muertes violentas de personas que han participado en escenarios de movilización social en los últimos 44 años. La JEP confirmó que, entre el 28 de abril y el 30 de mayo últimos, las afectaciones a civiles aumentaron 400 por ciento, en comparación con años anteriores. Precisó que estos perjuicios en el contexto del paro nacional, se evidencia además en el incremento de las amenazas de muerte y asesinatos a excombatientes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia–Ejército del Pueblo, y en los eventos masivos de desplazamiento forzado. Advirtió sobre el surgimiento de prácticas de autodefensa y paramilitarismo para atemorizar a las personas que participan en la protesta social. Señaló que, en las jornadas de paro, hay evidencias en por lo menos 27 ciudades, sobre el surgimiento de “grupos de civiles armados” que reivindican estas prácticas. Recalcó que la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, identificó 12 casos de violencia sexual que afectan a manifestantes y uno que afectó a una mujer policía en el transcurso del paro nacional. Alertó que el desarrollo prolongado de la protesta social en el marco del paro nacional y la forma cómo se ha respondido a las situaciones generadas por la movilización en las calles ha afectado el trabajo del Sistema Integral para la Paz (JEP, Comisión de la Verdad y Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas). En tal sentido, denunció amenazas con potencial para obstruir la participación efectiva en los procesos que desarrollen las entidades del Sistema en el futuro. Bogotá, 2 de julio 2021. Crónica Digital / Prensa Latina.
En diciembre del 2020 un reducido grupo de senadores, haciendo uso de prerrogativas previstas en la Constitución, enviaron una proposición de ley de indulto general de los presxs de la revuelta. Numerosas contribuciones tanto de apoyo como de crítica han aparecido hasta la fecha. Recientemente, un conjunto importante de miembros de la Convención Constituyente han declarado enfáticamente que no se pueden iniciar las tareas de elaboración de una nueva Constitución existiendo presxs por razones políticas. La Red Internacional de Apoyo a los Presxs Politicxs en Chile (Riappech) ha exigido desde su creación, la libertad incondicional e inmediata de todxs los presxs politicxs en Chile. Una lectura atenta de la proposición de la ley de indulto general nos permite hacer las siguientes consideraciones: a. El período considerado es extremadamente limitado en el tiempo. Podrán beneficiar de esta Ley unicamente quienes han sido arrestados o condenados entre el 7 de octubre del 2019 hasta el 9 de diciembre del 2020 (fecha de presentación del proyecto de Ley en el Congreso), induciendo de facto que es solo durante ese período que el Estado ha detenido y encarcelado a quienes han manifestado públicamente por desacuerdos con la política de los Gobiernos neoliberales estos últimos 30 años, excluyendo los presxs mapuche y los presxs post-dictadura. Quienes han sido detenidos o condenados después del 9 de diciembre del 2020 no están incluidos. b. En las consideraciones previas que acompañan y argumentan el proyecto de ley, sólo se indica que el origen de este proyecto es por razones humanitarias y lo excepcional del estallido social, omitiendo totalmente referencias a la defensa de los derechos democráticos de los ciudadanos, tales como el elemental derecho a manifestar. Estos argumentos humanitarios permiten reducir la responsabilidad del Estado y no reconocer implícitamente la existencia de presxs politicxs. c. Este proyecto libera al Estado de toda reparación moral, económica o social. Las mutilaciones y los estragos, de toda índole, producidos por la brutalidad represiva y los largos períodos de detención serán a la carga de los imputados. Más aún, argumentando únicamente razones humanitarias se intenta mostrar al Estado como el protector y benefactor de la comunidad. d. En el espíritu del proyecto de ley, plasmado en parte en las consideraciones previas, no incluye ninguna responsabilidad de los agentes del Estado, sean estos los abusos, apremios físicos o sicológicos de las Fuerzas Policiales, sean las interpretaciones abusivas del Poder Judicial. e. Lamentamos asimismo que la esencia del estallido social (lucha por la dignidad humana, por disminuir y eliminar las desigualdades económicas y sociales) haya sido desvirtuada y solo se haga con base en que “ayudará a reconciliar a la sociedad y será una contribución a recuperar la normalidad institucional y el correcto funcionamiento del régimen democrático …”. A pesar que consideramos este proyecto muy incompleto y con muchas deficiencias, Riappech apoya esta iniciativa, así como en el futuro, apoyaremos toda acción tendiente a liberar todxs los jóvenes y aliviar el peso social, económico y moral de sus familias. Saludamos y apoyamos a los […]
Una carta abierta a la Convención Constitucional, solicitando que junto con crear el Defensor del Pueblo se otorgue rango constitucional al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), modifique su actual estatuto legal que regula la composición y forma de integración de su Consejo, puesto que en su condición de órgano máximo de la Institución “ha facilitado el incumplimiento de su mandato legal instituido en la Ley 20.405, particularmente en el marco de la revuelta social, período en el que se han violado en forma grave, masiva y sistemática los derechos humanos en nuestro país”. En la misiva, a la que también suscribe una treintena de organizaciones de derechos humanos y sociales, se explica que el actual proceso que vive Chile, gracias a las multitudinarias movilizaciones sociales ocurridas a partir de Octubre de 2019, “constituyen una oportunidad propicia para que la Nueva Constitución tenga como marco referencial obligatorio a los derechos humanos que se encuentran consagrados en los distintos tratados internacionales sobre la materia que el Estado de Chile ha suscrito y ratificado por lo que tienen un carácter vinculante”. “Al mismo tiempo, corresponderá reformular la actual institucionalidad de derechos humanos que contemple organismos dotados de la suficiente autonomía y legitimidad, que le permitan proteger debidamente a los habitantes de nuestro país frente a eventuales vulneraciones de sus derechos humanos por parte de los diversos órganos y Poderes del Estado”. La carta agrega que el incumplimiento del mandato legal del INDH por parte de su Consejo, se ha expresado a través de la relativización de la gravedad de las violaciones a los derechos humanos producidas por agentes del Estado que realizó a través de su Director, Sergio Micco, al afirmar en entrevista en programa Mesa Central de Canal 13, el día 3 de noviembre de 2019 que «No hay violación sistemática de los DDHH» en Chile” (…) “quien diga acá que se coordinaron Carabineros, el ejército, el ministro del interior, la presidencia de la república, el ministerio de justicia, para violar sistemáticamente los derechos humanos, esa es una afirmación gravísima que se tiene que probar”. “Esas afirmaciones las hacía a pesar que a esa fecha, el INDH ya había presentado 166 querellas, de las cuales 142, eran por torturas”, indica la misiva”, precisa el texto. El incumplimiento de su mandato se expresa además en que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ha hecho abandono de sus funciones, toda vez que no ha accionado judicialmente en todas las causas relacionadas con violaciones a los derechos humanos y lo que es más grave aún, no considerando su propia legislación, atribuciones y mandato. De acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio Público de Chile, en el informe de fecha 28 de enero de 2021, en el período comprendido entre el 18 de octubre de 2019 al 31de marzo de 2020, el INDH sólo se querelló por un total de 2.864 de dichos casos, o lo que es lo mismo, se corrobora que el INDH, no accionó judicialmente en 3.704 causas por violaciones a los […]
Este jueves, el presidente de la comisión de derechos humanos, nacionalidad y ciudadanía del Senado, Alejandro Navarro (PRO), se mostró satisfecho con la decisión unánime tomada en la jornada de ayer por el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, que dejó sin efecto la sanción en contra del juez Daniel Urrutia quien en marzo de 2020 modificara la medida cautelar para 13 jóvenes de la primera línea. Navarro recordó que “a principios de abril del año pasado, interpusimos una queja disciplinaria en contra de los ministros de la Corte de Apelaciones que suspendieron de sus funciones al juez Daniel Urrutia, por lo que creemos fue una maniobra ilegal y de amedrentamiento para todos los jueces del país”. Para el senador por la región del Biobío, “es importante conocer el fallo de la Corte, porque debe explicar cómo es que suspende a un juez y luego de un año lo reintegra. Queremos conocer los fundamentos jurídicos y por qué se esperó un año para la restitución”. “Espero que el fallo sustente sus fundamentos, porque al parecer la sanción contra el juez Daniel Urrutia fue un mero capricho de la Corte. Exigimos saber qué motivó la sanción, si sesionaron en Pleno con el presidente para dirimir y, si es la misma Corte la que concluyó que fue ilegal la sanción aplicada, que nos explique por qué demoraron tanto”, reiteró. Cabe mencionar que Urrutia ha sido sancionado en oportunidades anteriores. Una de ellas terminó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con un fallo que condena al Estado de Chile, acusado de tener una estructura institucional vertical dentro del Poder Judicial, ya que la sanción contra Urrutia se produjo luego que este publicara la tesis de un diplomado en donde cuestionaba el actuar de jueces durante la dictadura. Ante ello, el presidente de la comisión de derechos humanos del Senado señaló que “la nulidad de la sanción al juez Urrutia marcará un precedente y reforzará la autonomía que tienen los jueces y el desarrollo de su trabajo. No pueden los jueces del país recibir ninguna presión por el ejercicio de sus funciones por parte de sus superiores jerárquicos”. Finalmente, el también fundador del Foro Latinoamericano de Derechos Humanos (FOLADH), manifestó “el juez Urrutia estuvo un año sancionado, y hoy existen antecedentes suficientes para cuestionar el rol del Poder Judicial en la búsqueda de verdad, justicia y reparación a las víctimas del 18 de octubre”. “Los jóvenes de la primera línea y los jóvenes que se encuentran injustificadamente en prisión preventiva, también son parte de las víctimas de las desigualdades de un sistema que no les permitió un debido proceso y los encarceló a base de prejuicios. Espero que la nulidad de la sanción contra el juez Urrutia sea otro antecedente más para apoyar el indulto general para las y los presos de la revuelta”, concluyó. Santiago de Chile, 26 de junio 2021 Crónica Digital/PL
En octubre del año pasado, Amnistía Internacional presentó su informe “Ojos sobre Chile” en el que concluye que existe responsabilidad de mandos de carabineros en las violaciones a los derechos humanos ocurridas tras el estallido social, pues estos tuvieron conocimiento de lo que estaba pasando y no actuaron para detenerlas. La profusa investigación que llevó a cabo Amnistía Internacional, hoy se presenta a través de un cómic educativo ilustrado por el artista nacional, Luis Henríquez “Mico”, dibujante y muralista. El cómic está especialmente destinado a jóvenes y cuenta con una gráfica atractiva que invita a interiorizarse en la relevancia de temas como: violencia policial, criminalización de la protesta social, responsabilidad del mando en las violaciones a los derechos humanos y medidas de verdad, justicia, reparación y no repetición. “Una forma de prevenir hechos tan atroces como los ocurridos tras el estallido social a manos de las fuerzas policiales, es visibilizando lo sucedido y educando en derechos humanos principalmente a las nuevas generaciones. Nos alegra mucho que Mico haya extraído lo esencial de nuestro informe “Ojos sobre Chile” y lo convirtiera en un interesante y amigable cómic por la memoria y los derechos humanos”, declara Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile. “Agradezco la oportunidad que me brindó Amnistía Internacional para colaborar desde mi arte a la difusión de su informe. Utilizar el formato del cómic y la ilustración gráfica es un valioso aporte a la visibilización de las problemáticas de derechos humanos, y llegar así a un extenso público por medio de redes sociales e Internet”, menciona Luis Henriquez (MICO). El cómic se presentará hoy miércoles 23 de junio a las 20.30 horas a través de un Instagram Live desde la cuenta @amnistiachile. En el conversatorio participará Mico, Natalia Aravena, sobreviviente de trauma ocular e integrante de Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular y Cristóbal Flen, víctima de golpiza y otros apremios ilegítimos por parte de Carabineros. El cómic se encontrará disponible para descarga en el siguiente botón de la web de Amnistía Internacional. Crónica Digital/ Amnistía Internacional Santiago de Chile, 24 de junio 2021
