Este jueves, el presidente de la comisión de derechos humanos, nacionalidad y ciudadanía del Senado, Alejandro Navarro (PRO), se mostró satisfecho con la decisión unánime tomada en la jornada de ayer por el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, que dejó sin efecto la sanción en contra del juez Daniel Urrutia quien en marzo de 2020 modificara la medida cautelar para 13 jóvenes de la primera línea.
Navarro recordó que “a principios de abril del año pasado, interpusimos una queja disciplinaria en contra de los ministros de la Corte de Apelaciones que suspendieron de sus funciones al juez Daniel Urrutia, por lo que creemos fue una maniobra ilegal y de amedrentamiento para todos los jueces del país”.
Para el senador por la región del Biobío, “es importante conocer el fallo de la Corte, porque debe explicar cómo es que suspende a un juez y luego de un año lo reintegra. Queremos conocer los fundamentos jurídicos y por qué se esperó un año para la restitución”.
“Espero que el fallo sustente sus fundamentos, porque al parecer la sanción contra el juez Daniel Urrutia fue un mero capricho de la Corte. Exigimos saber qué motivó la sanción, si sesionaron en Pleno con el presidente para dirimir y, si es la misma Corte la que concluyó que fue ilegal la sanción aplicada, que nos explique por qué demoraron tanto”, reiteró.
Cabe mencionar que Urrutia ha sido sancionado en oportunidades anteriores. Una de ellas terminó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con un fallo que condena al Estado de Chile, acusado de tener una estructura institucional vertical dentro del Poder Judicial, ya que la sanción contra Urrutia se produjo luego que este publicara la tesis de un diplomado en donde cuestionaba el actuar de jueces durante la dictadura.
Ante ello, el presidente de la comisión de derechos humanos del Senado señaló que “la nulidad de la sanción al juez Urrutia marcará un precedente y reforzará la autonomía que tienen los jueces y el desarrollo de su trabajo. No pueden los jueces del país recibir ninguna presión por el ejercicio de sus funciones por parte de sus superiores jerárquicos”.
Finalmente, el también fundador del Foro Latinoamericano de Derechos Humanos (FOLADH), manifestó “el juez Urrutia estuvo un año sancionado, y hoy existen antecedentes suficientes para cuestionar el rol del Poder Judicial en la búsqueda de verdad, justicia y reparación a las víctimas del 18 de octubre”.
“Los jóvenes de la primera línea y los jóvenes que se encuentran injustificadamente en prisión preventiva, también son parte de las víctimas de las desigualdades de un sistema que no les permitió un debido proceso y los encarceló a base de prejuicios. Espero que la nulidad de la sanción contra el juez Urrutia sea otro antecedente más para apoyar el indulto general para las y los presos de la revuelta”, concluyó.
Crónica Digital/PL
