La falta de ayudas del gobierno de Chile a víctimas de la represión durante la revuelta popular de octubre de 2019 fue criticada por Sergio Micco, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Micco valoró un reciente anuncio del presidente Sebastián Piñera de crear una fiscalía especializada en derechos humanos, pero advirtió que esa medida es a mediano y largo plazo mientras que las víctimas necesitan ayuda inmediata. En entrevista al diario digital El Mostrador, puntualizó que esa entidad pidió financiamiento para abogados, psicólogos y trabajadores sociales que trabajen con las víctimas. Al respecto subrayó que la propuesta de la fiscalía de derechos humanos «son anuncios, y nosotros no hemos recibido lo que son las propuestas concretas». En relación con el reiterado tema sobre el número de víctimas de la represión, señaló que el INDH no cuenta con una cifra clara de las personas privadas de libertad por acusaciones o delitos cometidos durante la crisis social». Pero denunció que «un tercio de la población penal está bajo la custodia del Estado en condiciones deplorables y no se ha emitido sentencia sobre sus casos». Recordó que el INDH presentó dos mil 917 querellas por violaciones a los derechos humanos, pero hasta el momento solo una tuvo sentencia, y aseguró que el problema es más grave porque «más del 60 por ciento de esas personas jamás han prestado declaración». Para Micco resultan necesarias medidas de corto plazo para dar respuesta a todas esas denuncias pendientes, incluyendo el reforzamiento de la labor de los fiscales de dedicación exclusiva, para que lleguen a las víctimas que todavía no han podido declarar. Añadió que lo mismo ocurre con la labor del Servicio Médico Legal, pues a esa entidad corresponde dar los resultados de 645 querellas presentadas por el INDH, que siguen sin respuesta debido a que han priorizado las muertes ocasionadas por la pandemia de Covid-19. Santiago de Chile, 5 de junio 2021 Crónica Digital/PL
DD.HH.
Por Mario Aguilera S. Había un solo teléfono público en Pisagua, era un local pequeño donde vendían un poco de todo, hacíamos turno para despachar, habíamos llegado unas horas antes, en mi caso hubo un esfuerzo enorme de la Radio para enviarme hasta allí, era la Radio Nuevo Mundo éramos muy pobres, pero debíamos estar, habían aparecido los primeros cuerpos de los desaparecidos en el campo de prisioneros de Pisagua. Una hora antes habíamos estado en el lugar, solo unos minutos, los peritos todavía trabajaban en el cuidado para sacar los cuerpos desde la arena, todo estaba tal cual se produjo su muerte, la sal, el calor, la arena y lo seco del lugar habían permitido mantener incluso las últimas muecas del dolor al momento de su muerte, era un paisaje conmovedor, ellos al fondo de la fosa, un poco más allá un cementerio añoso casi abandonado, era cosa de levantar la vista y se veía el mar allí tranquilo rozando la arena del desierto. Allí estaba el juez de Pozo Almonte, Nelson Muñoz, que tuvo la osadía de creer lo que llegó a sus oídos, había una fosa clandestina, era verdad allí estaba momificado el testimonio de una terrible masacre, comenzaron a llegar los familiares, se abrazaban entre sí, abrazaban a los abogados presentes, al juez y también a nosotros los periodistas , era la enorme emoción de encontrarlos, están muertos pero estaban allí, ahora podrán dejarles esas flores del norte hechas en papel, que duran mucho tiempo, lloraban de emoción, la angustia de la búsqueda para muchos había terminado. Era mucho el movimiento en Pisagua, ya en el pasado había sido con González Videla un campo de prisioneros, volvió a tomar su lugar en 1973, nuevamente una cárcel para prisioneros políticos, no había donde quedarse, no lejos de la playa había un retén de carabineros , unos pescadores nos sirvieron de guías y nos llevaron al lugar en que estaban los detenidos, también nos mostraron el teatro de Pisagua, estaba bien conservado y de pronto apareció en el escenario María Maluenda, la actriz, también había llegado a Pisagua junto a un grupo de abogados de Derechos Humanos y comenzó un monologo, con su potente voz llamó a los fantasmas del lugar, agradeció lo que allí había ocurrido y recitó a Neruda “Preguntaréis por qué su poesía no nos habla del sueño, de las hojas, de los grandes volcanes de su país natal? Venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles! Era hermoso, era un martirio, era palabra, era poesía y quedamos todos mudos, no hubo aplausos, una que otra lagrima ayudó a contenerse en el bello momento, nada estaba previsto, así surgió. Tampoco estaba previsto que en ese mes de junio de 1990 nos encontráramos en ese lugar, dando la bienvenida a los que habían tratado de esconder bajo la arena. Un sándwich al mediodía, mucha agua y solo comíamos en la […]
La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Emilia Nuyado, calificó como «histórica» la condena a un ex técnico paramédico del psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak, por torturar sexualmente a una paciente que ingresó de urgencia por un cuadro psicótico severo. Ello según dijo la parlamentaria, » es la primera condena por violencia sexual por la ley que entró en vigencia el 2016, que tipifica el delito de tortura y de tratos crueles, inhumanos o degradantes y se especifica además que estos abusos fueron ejercidos por un agente del Estado, en su calidad de funcionario público». Sobre este último punto la diputada Emilia Nuyado recordó que «existen varias querellas contra el Estado por tortura con connotación sexual desde el Estallido social y este fallo puede abrir una oportunidad para terminar con la impunidad en estos casos». «Es importante porque se consideran las relaciones de abuso de personas bajo la dependencia del Estado y se establece además que la desnudez forzada es violencia sexual pudiendo ser considerada como un trato degradante o un tipo sexual de tortura. Estos puntos son importantes porque hemos sabido que según el INDH al menos hay 353 casos de desnudamientos forzados, más de 100 casos donde se denuncian tocaciones y 9 casos de abusos sexuales graves. Como podemos ver estos casos no son hechos aislados y el fallo podría dar una oportunidad para terminar con la impunidad», dijo la diputada. Para Emilia Nuyado, «si bien existe un retraso en el desarrollo técnico de la fiscalía e incluso del SML, para determinar la violencia sexual, creemos que este es un punto no menor, sobre todo cuando tenemos una policías cuestionada por sus abusos y un gobierno que hace oídos sordos las violaciones a lo derechos humanos». «Nosotros como Comisión de Derechos Humanos hemos recibido muchas denuncias desde el Estallido del 18 de Octubre hasta ahora y podemos ver que los avances han sido mínimos. En este sentido también existe una deuda en materia de violencia sexual y esperamos que con fallos de esta naturaleza se abrá un camino para la justicia de muchos mujeres que fueron violentadas», concluyó Emilia Nuyado. Santiago de Chile, 31 de mayo 2021 Crónica Digital
Decenas de personas se congregaron en la céntrica plaza Baquedano, de la capital chilena, para exigir la libertad de los presos de la revuelta popular que estalló en octubre de 2019. Entonando la consigna «libertad, libertad, a los presos por luchar» y portando banderas de Chile y pancartas reclamando un trato adecuado a esas personas que permanecen tras las rejas sin un debido proceso, la manifestación pacífica fue reprimida por las fuerzas policiales. Un numeroso contingente policial empleando carros lanzaagua contra los participantes en la protesta para tratar de impedir que ocuparan la emblemática explanada, bautizada Plaza de la Dignidad tras el estallido sociales del 18 de octubre de 2019. Durante esta semana cobraron fuerza los reclamos por la liberación de esas personas, muchos de ellos jóvenes, y el miércoles la comisión de Seguridad del Senado aprobó legislar sobre un proyecto que propone un indulto general por razones humanitarias de esas personas. Sobre ese texto, que ya fue respaldado en la comisión de Derechos Humanos, el senador Francisco Huenchumilla, de la Democracia Cristiana, aseguró que se trata efectivamente de presos políticos, porque su detención ocurrió en un contexto de enfrentamiento político. Sin embargo, el gobierno se niega rotundamente alegando que cualquier medida en favor de esas personas es un estímulo a la impunidad, porque -alega- cometieron delitos y fueron juzgados por los tribunales. A los reclamos se sumaron los candidatos presidenciales Daniel Jadue, del Partido Comunista; Gabriel Boric, del Frente Amplio, y Paula Narváez, del Partido Socialista, entre otras personalidades. Por su parte, 22 integrantes de la recién electa convención que redactará la nueva Constitución, demandaron en un comunicado la «libertad inmediata» de todos los presos del estallido social, especialmente de los menores de edad. El comunicado denunció que desde la revuelta de octubre de 2019, ha habido cientos de privados de libertad, condenas desmesuradas, procesos injustos y dilatados, montajes orquestados por carabineros y medidas cautelares sin objetividad e imparcialidad. Asimismo cifraron en dos mil 500 los detenidos hasta marzo último en prisión preventiva por hechos acaecidos en manifestaciones, muchos de ellos menores de 15 años, y advirtieron que en Chile «se encarceló y encarcela la justa lucha por demandas sociales». Santiago de Chile, 28 de mayo 2021 Crónica Digital/PL
Ciudadanos del mundo publican un importante comunicado en solidaridad con el pueblo colombiano que se moviliza en todo el país neogranadino en contra de las medidas económicas, sociales y políticas del gobierno de Iván Duque. En el “Comunicado a la Opinión Pública” pensadores, mujeres, líderes sociales, alcaldes, concejales, diputados, dirigentes políticos y cultores condenan de la manera más enérgica la brutal represión contra los manifestantes y la violación de derechos humanos que hoy vive ese pueblo hermano. Igualmente, el pronunciamiento destaca el respaldo que la Casa Blanca brinda al gobierno colombiano y exige el cese del apoyo militar de Estados Unidos al país suramericano. Los más de cien firmantes de distintos países de Norteamérica, Suramérica, Centroamérica y Europa, expresaron que la política exterior de Estados Unidos hacia Colombia redunda en en un clima de mayor violencia. Los ciudadanos firmantes del Comunicado señalaron que “Somos amantes de la paz y la justicia social, razón por la cual consideramos que la militarización de Colombia solamente contribuye a agravar la situación de violencia que ya vive el país”. Las personalidades que suscriben el documento han manifestado que se unen al clamor mundial contra la represión. Además, consideran que en Colombia hay una insurrección de la esperanza que se vincula a una insurgencia global orientada a conformar nuevos modelos de convivencia humana guiado por valores y principios como el respeto a la vida, el amor, la equidad, internacionalismo y la solidaridad. Hoy 28 de mayo está anunciada una movilización masiva del pueblo colombiano. Se estima que dicha actividad será multitudinaria, razón por la cual este Comunicado se publica en un momento importante para las luchas que se desarrollan en ese país. COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA CONSIDERANDO PRIMERO. Que desde hace un mes el hermano pueblo de la República de Colombia se encuentra en los campos y ciudades movilizado legítimamente por sus sueños, en defensa de sus derechos y a la espera de que sus demandas sean escuchadas por Gobierno de Iván Duque. SEGUNDO. Que la libertad de expresión y el derecho a la vida son bienes jurídicos tutelados por el Derecho Internacional Público y son parte integral de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin dudas, la inconformidad ante el presente y el anhelo de un futuro mejor no es delito ni tampoco terrorismo. TERCERO. Que los diferentes medios de comunicación y redes sociales han registrado una cantidad considerable de muertes y heridos durante las protestas, así como la utilización de armas de fuego por parte de la fuerza pública en las manifestaciones y la aparición de grupos de civiles armados que disparan contra la ciudadanía que ejerce su derecho a la protesta. Adicionalmente, en múltiples imágenes y vídeos se aprecia el trato cruel, inhumano o degradante del que son víctimas numerosos manifestantes a manos del Escuadrón Móvil Anti-Disturbios (ESMAD). ACORDAMOS PRIMERO. Como ciudadanos del mundo expresar nuestra más sentidas palabras de solidaridad con las familias que han perdido a sus seres queridos durante las manifestaciones, condenar la represión de los cuerpos […]
El Máximo Tribunal ratificó sentencia de la Corte de Apelaciones, y con ello la orden del Consejo para la Transparencia (CPLT), pese a no pronunciarse sobre el fondo de la misma, por lo que la policía debiera hacer entrega de las grabaciones realizadas en tres comunas de Santiago por personal uniformado. La Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de queja interpuesto en representación de Carabineros de Chile por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra de la primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, dejando a firme la decisión del Consejo para la Transparencia que ordenó la entrega de registros de las cámaras corporales usadas por funcionarios de la institución en las labores de control del orden público realizadas en comunas de Santiago entre el 18 de octubre de 2019 y 31 del mismo mes de 2019. Este fallo, pese a que el máximo tribunal no se pronunció respecto de la calidad de públicas de las grabaciones en cuestión, que fueron objeto del amparo presentado ante el CPLT (rol C8066-20), deja a firma hacer efectiva la orden de entrega a la persona que lo solicitó de las grabaciones realizadas con las cámaras portátiles usadas por el grupo de operaciones policiales especiales en el período mencionado, y que fueron requeridas mediante Ley de Transparencia. Con anterioridad, la Corte de Apelaciones también había declarado la inadmisibilidad del reclamo de ilegalidad deducido en contra de la decisión del Consejo para la Transparencia. Para dar cumplimiento a esta orden, la institución policial, acorde al denominado principio de divisibilidad, debe proteger los datos personales que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena, y especialmente, las imágenes de personas que aparezcan en las videograbaciones, en particular, de niños, niñas y adolescentes; así como cualquier otro antecedente que haga identificable a cualquier persona. Por esta razón, en sus descargos ante el CPLT, entre otras razones, Carabineros aludió a que la negativa de acceso a los antecedentes se sustentaba en que debía destinar horas de personal dedicado a otras funciones para difuminar rostros y datos personales u otros detalles que permitieran identificar a las personas que aparecieran en un total de 666 registros audiovisuales, 170 horas aproximadas de grabaciones. La entrega de dicho material “requiere previamente efectuar todo un trabajo de revisión de cada registro audiovisual con la finalidad de realizar un difuminado de rostros u otros elementos que contengan las grabaciones que hagan identificable a una persona, a objeto de proteger los datos personales de las mismas, todo lo cual importaría distraer indebidamente al personal de Carabineros de Chile, del cumplimiento regular de sus funciones habituales, lo que hace imposible dar cumplimiento al requerimiento (…)”. En el mismo amparo, la persona que solicitó el material audiovisual había requerido un documento con información básica sobre el registro visual, que debía responder a “los mismos parámetros de tiempo y lugar, incluyendo el tipo de videocámara corporal; fecha del registro; hora(s) del registro; nombre, cargo y rango del funcionario que portaba la cámara”. En este caso, la policía entregó un registro de […]
Como “un paso urgente y necesario de instruir en la cultura institucional de Carabineros” definió esta mañana el senador Alejandro Navarro (PRO) la iniciativa ingresada al Senado que busca prohibir los desnudamientos forzosos, las tocaciones indebidas y otras agresiones sexuales similares en los procesos de detención policial y, además, penaliza a los funcionarios que las ordenen o ejecuten. El proyecto que comenzará su tramitación esta tarde en la comisión de derechos humanos, nacionalidad y ciudadanía de la Cámara Alta, modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal, incorporando referencias específicas a las agresiones dispuestas en el cuerpo de la iniciativa. Para el senador Alejandro Navarro (PRO), “a finales de 2019 Human Rights Watch elaboró un contundente informe sobre la situación de derechos humanos, donde constató entre el 17 de octubre y el 3 de diciembre, 190 hechos relacionados a violencia sexual dentro de las comisarías del país. Abofem también denunció que más del 90% de las denuncias recabadas a las detenidas se les hizo desnudarse y realizar sentadillas. Nada dice que esto haya cambiado”. El parlamentario presidente de la comisión de derechos humanos del Senado, que comenzará la tramitación del proyecto a partir de las 15:30hrs, agregó que “esta conducta no viene junto al estallido, pues antes del 18 de octubre ya habíamos recibido denuncias en la Comisión de mujeres obligadas a desnudarse en procesos de detención, como lo fue el caso de las profesoras en Copiapó en el marco de las movilizaciones por el paro docente”. Por otro lado, el senador progresista lamentó que ningún parlamentario o parlamentaria del oficialismo haya firmado el proyecto de ley, ya que “hubiese entregado una señal clara de voluntad para avanzar en esta materia. Chile Vamos reclamó por la presidencia de la comisión de derechos humanos y no ha hecho nada por avanzar en temas fundamentales”. Por último, Navarro manifestó que “espero que el ministerio de Justicia y Derechos Humanos reciba y patrocine este proyecto de ley. El ministro Hernán Larraín debe marcar posición al respecto, pues ninguna orden de la Dirección General de Carabineros será igual que una acción desde el mundo civil para parar esta práctica que está en el ADN de la cultura institucional de nuestras policías”, concluyó. Santiago de Chile, 24 de mayo 2021 Crónica Digital
Este lunes la comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado sesionó para analizar los alcances de la implementación del Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO), creado a fines de 2019 como acto de reparación a las víctimas de traumas oculares proporcionados por agentes del Estado en el contexto de las movilizaciones sociales. En la apertura de la convocatoria, la instancia presidida por el senador Alejandro Navarro (PRO) leyó parte de las inquietudes y críticas al Programa emitidas por representantes de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, que principalmente se enfocan en la falta de atención siquiátrica y sicológica de ellos y de su entorno familiar, así como la centralización del Programa, que agrupa todos los casos en el Hospital del Salvador, y que otro tipo de gastos asociados como prótesis, abogados, traslados a Santiago y estadías no están contemplados en la ayuda integral del PIRO. Otra de las críticas a la implementación del Programa por parte de las víctimas es el trato del personal de salud que los atiende, ya que acusaron que estos los culpan de los hechos ocurridos, re victimizandolos. Ante ello, el ministro Enrique Paris, señaló que dichas situaciones se deben corregir y que debe existir una capacitación en derechos humanos de parte de las entidades formadoras como la Asociación de Facultades de Medicina de Chile (ASOFAMECH). Sobre la ley de reparación a las víctimas del Estallido, Paris indicó que “debiese ser una iniciativa del Ejecutivo y que ojalá pueda surgir del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para que haya un financiamiento a largo plazo de este tema y no estar todos los años aprobando un presupuesto de ayuda. Estamos en momentos de dialogar y conversar para llevar adelante este proyecto”. Por su parte, la directora del Hospital del Salvador, Victoria Pinto, expuso que actualmente el programa PIRO trabaja con 374 pacientes, que cuentan con 219 atenciones en Trabajo Social y que de las 2.262 horas disponibles para la atención de beneficiarios, 1.276 horas no fueron utilizadas. Descentralización Uno de los principales puntos tratados fue la descentralización del Programa. Opinión que expuso el senador Alejandro Navarro (PRO) al señalar que “no se le puede cargar un programa de cobertura nacional a un hospital en particular y en la ciudad de Santiago. El programa PIRO no alcanzará la amplitud que se necesita si continúa encerrado en el Hospital del Salvador. Se requiere al menos una Unidad de Trauma Ocular en cada macrozona del país”. “Esperamos que el gobierno tome nota de los puntos expuestos en esta comisión, para que durante la discusión del presupuesto 2022 podamos generar las condiciones para que el Programa Integral de Reparación Ocular pueda ser una política de Estado sustentable, duradera en el tiempo y con cobertura 100% descentralizada”, concluyó. Santiago de Chile, 19 de mayo 2021 Crónica Digital
La administración del presidente estadounidense, Joe Biden, mantiene hoy detenidos a más de 20 mil niños solicitantes de asilo en unas 200 instalaciones, como parte de la crisis migratoria en la frontera con México. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de la nación norteña informó en un comunicado que el personal y los contratistas de esa agencia federal trabajan arduamente para mantener a los niños bajo su custodia seguros y saludables, pero activistas y defensores de los derechos de los indocumentados se quejan de las condiciones inhumanas en esos centros de acogida. Datos confidenciales obtenidos por la agencia Associated Press (AP) y publicados este martes, señalan que al menos cinco de esos refugios en poco más de 20 estados norteamericanos albergan en condiciones de hacinamiento a más de mil menores en su interior cada uno, y los abogados dicen que los padres no pueden averiguar dónde están sus hijos, una situación que se produce en medio de la pandemia de la Covid-19. Las autoridades involucraron en sus planes para enfrentar la situación a alrededor de una docena de instalaciones de emergencia sin licencia Estos llamados Sitios de Admisión de Emergencia están ubicados dentro de unidades militares, estadios y centros de convenciones, eluden las regulaciones estatales, no requieren la supervisión legal tradicional, ni garantizan a los niños el acceso a la educación, oportunidades recreativas o asesoramiento legal, señala AP. Los datos muestran que la cantidad de menores migrantes bajo custodia gubernamental se duplicó en los últimos dos meses, y esta semana superaba los 21 mil infantes, desde pequeños hasta adolescentes. Abogados y expertos en salud mental dicen que si bien algunos de estos lugares son seguros y brindan la atención adecuada, otros ponen en peligro la salud y la seguridad de los niños. Por otra parte, según el portal digital Politico, el secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS), Xavier Becerra, presionó para mantener los límites de admisión de refugiados históricamente bajos de la administración de Donald Trump (2017-2021) por temor a abrumar a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, que supervisa dicha agencia federal. Becerra también enfrenta a críticas internas del personal de la Casa Blanca que, en privado, acusan al secretario de tardar demasiado en tomar el control de la situación y responder como debiera a la afluencia de migrantes, en particular niños, que llegan a la frontera sur desde el comienzo de este año, según Politico. Washington, 11 mayo 2021 Crónica Digital/PL
Ante la comisión de derechos humanos y pueblos originarios de la cámara, expondrán los dirigentes del Comando Unitario de Ex Prisioneros Políticos y Familiares, Haydee Oberreuter y Ramón Nuñez, quienes señalan que cerca de 40 mil personas que hoy reciben pensión reparatoria por ser víctimas de violación de derechos humanos acontecidos en Dictadura, hoy son sujetos de una discriminación arbitraria al no calificar para las ayudas estatales en medio de la crisis sanitaria y económica que vive el país debido a la pandemia. La dirigenta Haydee Oberreuter señala que “La lucha contra la dictadura militar implicó durísima represión, cárcel y exoneraciones. El trabajo formal ha sido un privilegio desconocido para la mayoría de nosotros. De ahí que para nosotros, que en su mayoría estamos en la tercera edad, la situación de pensiones es gravísima. Y en el contexto actual, discriminados por el gobierno para recibir ayudas COVID, estamos en una posición crítica que puede tener fatales consecuencias”. La sesión será transmitida online a través de: www.democraciaenvivo.cl Santiago de Chile, 5 de mayo 2021 Crónica Digital
