La diputada y Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Emilia Nuyado, realizó un llamado al gobierno a incluir dentro de la beneficiarios del Bono Covid, «a los miles de exonerados y ex Presos Políticos que fueron víctimas de la dictadura y que en su mayoría reciben pensiones mínimas». Según dijo la parlamentaria «en Chile hay más de 38 mil adultos mayores que están en esta condición y que han sido olvidados que reciben pensión de reparación que con suerte les alcanza para sobrevivir». «Estamos hablando de pensiones que llegan a la mitad de un sueldo mínimo, lo que los obliga a seguir trabajando para poder sobrevivir, exponiéndose a ser contagiados por el Covid» dijo Emilia Nuyado. «Aquí hablamos de gente que promedia 70 años hacia arriba por tanto son un grupo de riesgo y por eso nos parece de toda justicia que puedan calificar al Bono Covid que anunció el gobierno, el gobierno debe terminar de poner trabas para acceder a los distintos beneficios», concluyó Emilia Nuyado. Consignar que la Comisión de Derechos Humanos despachó la semana pasada en esta misma línea. Santiago de Chile, 5 de abril 2021 Crónica Digital
DD.HH.
El Foro Latinoamericano de Derechos Humanos (FOLADH), que preside el senador Alejandro Navarro, expresó su preocupación, a través de un documento oficial, su preocupación por la situación que enfrentan los cientos de víctimas de trauma ocular provocado por disparos de balines, perdigones y demás proyectiles de parte de agentes policiales, en lo que “es una de las aristas más graves en la crisis de violaciones a los derechos humanos que se desató con la revuelta social el 18 de octubre de 2019”. El Foro consigna que, a marzo de 2020, de acuerdo con el último reporte disponible del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), existía registro de 460 personas víctimas de trauma ocular. De ellas “un número importante tenía pérdida total o lesiones de carácter grave”. Detalla que respecto a los pacientes atendidos en la Unidad de Trauma Ocular del Hospital Salvador (UTO) en octubre y noviembre del 2019 (259 personas), más del 60% tenía visión muy reducida (20/200), ceguera unilateral, o había sido sometido a un procedimiento de evisceración o extracción del globo ocular. Asimismo, la Unidad del Hospital de El Salvador reportaba la atención de 337 personas a noviembre de 2020, “de las cuales 114 (un 33,7%) tiene pronóstico de recuperación irreversible y negativo”: ceguera del ojo traumatizado. “El Instituto Nacional de Derechos Humanos, a la misma fecha, tenía 172 acciones judiciales en estos casos”, añade. En este sentido, indica que frente a la extraordinariamente grave situación y los sucesivos reportes de organismos y organizaciones nacionales e internacionales (Informe del INDH, de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), “el Estado de Chile debió comprometerse a emprender acciones relativas a reparaciones y garantías de no repetición acerca de estas violaciones”, dentro de las cuales estaba la implementación del “Programa de Rehabilitación Ocular” (PIRO) del Ministerio de Salud. El Informe de Seguimiento de Recomendaciones del Informe Anual 2019 del INDH, que fue publicado en febrero de 2021, concluía sobre este programa: “No constituye un programa de reparación integral desde los criterios establecidos por organismos especializados de derechos humanos, puesto que las prestaciones se centran en la rehabilitación física. Las atenciones de salud psicológica son limitadas y no considera apoyo social, económico o jurídico a las y los usuarios. La iniciativa no contó en su fase de diseño con la participación de las víctimas y sus organizaciones. Además, el hecho que se ubique en Santiago dificulta el acceso para quienes residen en otras regiones del país. El número de víctimas que ha accedido al programa es reducido, pues hasta el 30 de junio de 2020 se habían contactado a 105 personas para su ingreso al programa, correspondiente al 40% de las 263 personas que cumplen los requisitos de ingreso. Del mismo modo, el equipo médico constituido por ocho profesionales, resulta insuficiente”. El pasado jueves 1 de abril, la Coordinadora de Víctimas de […]
El 24 de abril de 1976, se instaló una dictadura militar, producto de un sanguinario golpe militar en Argentina. Miles de chilenos buscaron refugio en el país transandino. Además, los partidos de la resistencia chilena, mantenían pequeñas orgánicas para respaldar a sus compañeros en Chile, que enfrentaban al terrorismo de Estado. Dieron esperanza al pueblo y gestaron resistencia. En esa década de los años setenta, una jauría de criminales, controlaba gran parte del Cono Sur de nuestra América Latina. Se le conoce como Operación o Plan Cóndor, de las dictaduras cívico militares de Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Se coordinaron para perseguir a los militantes de la izquierda activa. Compartían información para vigilar, perseguir y hacer desaparecer a los resistentes a las tiranías, en sitios clandestinos, centros de torturas y exterminio. En Argentina y en Chile se han realizado, juicio por delitos de lesa humanidad y de asociación ilícita trasnacional, por el secuestro y asesinato de nuestros compañeros. Varios genocidas han sido condenados en ambos países. El 3 de abril, se cumplen 45 años, de los secuestros en Mendoza de: -Juan Hernández Zazpe, Presidente de la Federación de Estudiantes Industriales y Técnicos de Chile (FEITECH) y dirigente socialista. -Luis Muñoz Velásquez, en 1968 fue ex presidente del Centro de Alumnos del Liceo Consolidada de Puente Alto. En 1971, candidato a Regidor por San Bernardo y dirigente socialista de misma comuna. -Manuel Tamayo Martínez, ex dirigente estudiantil, alumno de Sociología e Ingeniería de la Universidad de Concepción y militante socialista. Ellos, fueron parte de un proyecto social transformador. Participaban de la reorganización clandestina del socialismo y no desertaron ni renegaron de sus convicciones ideológicas. Son un legado de consecuencia, grandeza y heroísmo. En Argentina, los secuestraron en Avenida Belgrano, Mendoza, fueron testigos presenciales, los compañeros José Cerda, Alex Muñoz y Cecilia Muñoz. Los represores, los llevaron al regimiento Maipo de Mendoza y fue el comienzo de innombrables tormentos. Esa noche, los trasladaron a Chile, por el paso fronterizo Los Libertadores y los entregaron al campo de torturas Cuatro Álamos. En la mañana siguiente, fueron trasladados a Villa Grimaldi, hasta fines de abril de 1976. Varios criminales fueron condenados, los asesinos apelaron al Tribunal Constitucional, que paralizó el juicio por dos años. Actualmente una Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, ahora en abril, verá la causa. Nuestro compromiso, es no olvidar a los caídos en las manos del terrorismo de Estado y la barbarie. Que cayeron luchando contra la dictadura. En la memoria histórica, está el recuerdo del esfuerzo y el sacrificio de estos jóvenes, que resistieron desde sus inicios a la tiranía, en condiciones totalmente desiguales. Sus restos no han sido hallados. Han pasado nueve lustros y sus familiares, compañeros y amigos continuamos exigiendo justicia. Integrantes del Centro Cultural de Derechos Humanos Salvador Allende, rendirán homenaje en el Memorial por la Justicia y la Dignidad, ubicado en Puente Alto Juan, Luis y Manuel, son herederos del Presidente Allende. Merecen nuestro homenaje y respeto. Mientras sigan en nuestra […]
Operación Cóndor fue un pacto criminal, una la coordinación de exterminio de las dictaduras cívico militares de: Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. En la década de los 70, se constituyó una banda clandestina internacional, para la práctica del terrorismo de Estado. Son más de setenta los chilenos secuestrados o asesinados que estaban en Argentina. Varios fueron traídos por la DINA a Chile. El 28 de noviembre 1975, en Chile, en un encuentro coordinado por Manuel Contreras de la DINA, para secuestrar, torturar perseguir y asesinar a luchadores sociales, militantes de izquierda, dirigentes sociales, sindicales y estudiantiles de seis países mencionados, extendiéndose a Italia y Estados Unidos. Detalles del Plan fueron apareciendo desde 1992 con los archivos que los militares de Paraguay, así como documentos de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. En Argentina, en el juicio oral por delitos de lesa humanidad y asociación ilícita trasnacional para el secuestro y asesinato de militantes de Izquierda, fueron juzgados y condenados quince ex generales y coroneles argentinos y un uruguayo (vivos) culpables de genocidio. Otros, incluyendo al ex dictador Rafael Videla, fallecieron en prisiones comunes. Distinto de Chile, Pinochet no fue condenado, en abril de 2000, en menos de 24 horas, el Gobierno y Parlamento aprobaron la Ley 19.662 para amnistiarlo mediante fuero, a pesar que no detentaba cargo público. Además criminales condenados en Punta Peuco, están en una cárcel 4 estrellas. Los tribunales argentinos comprobaron que operaban dos redes de la Dina; una en Buenos Aires, la otra en Mendoza. En Chile El Ministro en Visita extraordinaria, Mario Carroza, procesó junto a 53 sicarios, al general en retiro y jefe de la DINA, Raúl Iturriaga Neumann por crímenes en siete secuestros y cinco de homicidios en el marco de la Operación Cóndor. Como autores de los secuestros calificados de Luis Muñoz Velásquez, Juan Hernández Zaspe, Manuel Tamayo Martínez, Julio Valladares Caroca (los cuatro socialistas), Héctor Velásquez Mardones, Alexei Jaccard Siegler (ambos comunistas) y Jorge Fuentes Alarcón, (del MIR). Asimismo, también fueron procesado por los homicidios calificados de Ricardo Ramírez Herrera, Ruiter Correa Arce y Hernán Soto Gálvez (los tres comunistas) y de Matilde Pessa Mois y Jacobo Stoulman Bortnik (matrimonio e independientes de izquierda). A 10 días del golpe de Estado en Argentina, el 3 de abril se cumplen 45 años del secuestro en Mendoza, de tres jóvenes: Luis Muñoz Velásquez, ex presidente del Centro de Alumnos del Liceo Consolidada de Puente Alto en 1968; candidato a Regidor y dirigente del PS de San Bernardo, dirigente clandestino del PS sector Comisión de Consenso desde el golpe de 1973. Juan Hernández Zaspe, presidente de la Federación de Estudiantes Industriales y Técnicos de Chile (FEITECh), militaba en el PS clandestino sector Comisión de Consenso. Manuel Tamayo Martínez, ex dirigente de los estudiantes industriales, alumno de sociología e ingeniería de la Universidad de Concepción, militaba en el PS clandestino como enlace del dirigente nacional Ricardo Lagos Salinas. Ellos trabajaron por un proyecto político social transformador, en la reorganización clandestina del socialismo chileno y jamás renegaron de sus convicciones ideológicas. La DINA a cargo del teniente Fernando Laureani Maturana, y […]
Ángela González Aros tenía 24 años, era madre soltera de un hijo de ocho años y vivía con sus padres en la popular Villa El Estero de la comuna de Colina. Para sobrevivir, trabajaba incansable en la venta de cosméticos, artículos de maquillaje y otros productos en la feria, en eventos de pequeños emprendedores y por las redes sociales. Era muy conocida en la comunidad. Y era parte de los centenares de miles de jóvenes que desde el viernes 18 de octubre de 2019 salieron a las calles, hastiados de los abusos y de la desigualdad. Al calor de las movilizaciones, fue comprometiéndose con el sueño de construir una nueva forma de producir la convivencia social en Chile. Le arrebataron la vida la noche del lunes 29 de marzo, cuando se conmemora el “Día del Joven Combatiente”. Fue atropellada mientras participaba en una manifestación en Avenida General San Martín con calle Lo Seco. El chofer de una camioneta negra Mercedes Benz se abalanzó en contra de los jóvenes. De acuerdo a los testigos y los videos de las cámaras de televigilancia, el conductor detuvo la camioneta, luego aceleró, hizo sonar el vehículo, y se lanzó a los manifestantes. Habría arrastrado a Ángela por unos 10 metros. Después se dio a la fuga, sin prestar auxilio a la víctima. Fue trasladada hasta el Servicio de Alta Resolución (SAR) de Colina. Pasadas la 01:40 horas de la madrugada del martes partió de este mundo por un shock hipovolémico. La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo al presunto responsable. Fue identificado por la prensa como Juan Zamorano Álvarez. La causa penal está caratulada por el delito de homicidio simple. El Fiscal (s) Claudio Aguirre, de la Fiscalía Centro Norte, puntualizó que los hechos muestran que no fue que el conductor “se trasladaba por la carretera y se enfrentó a esta barricada de una manera sorpresiva y eventualmente la dinámica es de un accidente de tránsito. Eso se descartó en primera instancia”. Explicó que, en verdad, “el conductor del vehículo se enfrenta a esta barricada, se detiene y posteriormente avanza y atropella a la víctima, quien resulta politraumatizada y finalmente fallece”. “Esa dinámica nos da cuenta de que hubo un dolo homicida y no un accidente de tránsito”, afirmó. El Juzgado de Garantía de Colina decretó el 31 de marzo la prisión preventiva del hombre y dispuso un plazo de investigación de cien días. Fue recluido en la cárcel de Colina II. Claudio Lillo, que ahora es candidato a concejal, me contó –notoriamente afectado– que Ángela era conocida entre los muchísimos jóvenes que, desde el “estallido social”, en Colina comenzaron a organizarse política y/o socialmente. Ellos se encontraron al calor de las protestas, en las calles de Colina. Me dijo que la joven era parte de un colectivo feminista que se formó, autoconvocado, en el marco de la movilización. “Era alegre y muy entusiasta”, comenta. Desde entonces fue una resuelta participante de las actividades sociales en la comuna, incluyendo las ollas comunes que emergieron en […]
En tiempos de pandemia el pueblo cristiano hace memoria del martirio de Cristo en la cruz y de miles de hermanos y hermanas en el centro de tortura Villa Grimaldi renovando su compromiso con la construcción del Reino. Aunque todos los años, la popular marcha hacia Villa Grimaldi, no se podrá realizar por los efectos de la pandemia del Covid-19, las organizaciones convocantes, entre ellas Crónica Digital- hacen una invitación a toda la comunidad para este viernes 2 de abril, desde las 11 horas en forma virtual, para asistir al Vía Crucis. Como lo dijo nuestro hermano y compañero, Mariano Puga: «No es sólo el Vía Crucis de Jesús, es el vía Crucis de todos los pueblos de la tierra que buscan una tierra nueva, es el Vía Crucis de todos aquellos que arriesgan su vida por jugárselas como Jesús de Nazaret para que sea posible crear una tierra sin injusticia, sin explotadores y explotados, sin racismo, esto es el Vía Crucis de hoy día, para creyentes y no creyentes en Jesús, pero para todos quienes creen que es posible construir una tierra nueva ya aquí y desde ahora”. Puedes participar desde: Facebook: @Corpvillagrimaldi Youtube: @villagrimaldi Twitter: @villa_grimaldi https://www.instagram.com/p/CNFU8WrjBsb/?igshid=1pqgn6ogfm62u Crónica Digital estará retransmitiendo en directo este encuentro del mundo cristiano y progresista. Invitan: Comunidad Ecuménica Martin Luther King, Red Laical Santiago, Red Laical Iquique, Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas, Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, Comunidad El Buen Samaritano Iglesia Evangélica Luterana en Chile, Mujeres Iglesia, Coalición Ecuménica por el Cuidado de la Creación, Justicia, Paz, Ecología e Integridad de la Creación Araucanía, Periódico Electrónico Crónica Digital. Santiago de Chile, 31 de marzo 2021 Crónica Digital
La Federación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud de la Región Metropolitana (Fedeprus) denunció que los hospitales de la red pública están llenos mientras los contagios por covid 19 siguen en alza. Urgencias repletas, pacientes hospitalizados en sillas, enfermos con covid atendidos en una carpa (hospital de campaña) y trabajadores y trabajadoras de la salud totalmente sobrepasados, es el escenario que se puede encontrar en cualquier hospital de la red pública de salud. Es por ello que este lunes la Federación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud de la Región Metropolitana (Fedeprus) llegó hasta el Hospital Sótero del Río, donde ya no queda ni una sola cama para las decenas de pacientes que están en lista de espera para un respirador producto del covid19. Las dirigentas del sector apuntan directamente hacia el Ministerio de Salud y especialmente al gobierno por no aplicar las medidas sanitarias para frenar esta segunda ola de contagios que está siendo mucho mayor a la primera vivida en el invierno pasado. Una renta básica universal sería parte de la solución, según apuntaron desde el gremio, ya que los trabajadores y trabajadores se ven obligados a seguir con sus funciones, no logrando con ello disminuir la circulación en las calles. La presidenta de Fedeprus Metropolitana, Sandra Olivares, indicó que “llevamos un año de pandemia y vemos mucho aprendizaje de los funcionarios y de la ciudadanía, pero no así del gobierno, porque todos los errores que cometió el año pasado, otra vez los repite en esta segunda ola y eso nos tiene en un escenario de crisis, de colapso en la salud pública. Las urgencias de la región metropolitana no dan más y eso se agudiza en las periferias”. “Lo claro es que hoy no hay más camas, se habla de 132 camas, pero están en el sector privado y trasladar a un paciente lleva un día de trabajo. En el Sótero del Río hoy día para dar cabida a tres personas que necesitan respirador hay que hacer el traslado al sector privado, porque no hay más espacios. Por eso emplazamos al Ministerio de Salud y al gobierno que tomen medidas, porque las cuarentenas no son suficientes sin medidas económicas de protección para que los trabajadores no se vean obligados a salir”, agregó. Además, la presidenta de la organización criticó al ministro Enrique Paris quien en los reportes diarios asegura que hay aún camas disponibles. “El ministro de Salud habla desde su escritorio donde no tiene el dilema de la última cama, pero la realidad es que el sistema está colapsado, con pacientes hospitalizados en las UCIS pediátricas. En el Sótero del Río hay 14 pacientes en lista de espera para ser intubados, hospitalizados en sillas. Invitamos al ministro que venga a ver lo que pasa en este hospital”. Respecto a la situación del hospital de Puente Alto, la presidenta de Fedeprus en el Hospital Sótero del Río, Roxana Guajardo, manifestó que “la situación es crítica. El fin de semana tuvimos doce pacientes ventilados en la […]
La Cámara de Diputados aprobó por 67 votos a favor, 25 en contra y 27 abstenciones el proyecto de acuerdo presentado por la Bancada del Partido Socialista, donde se establece el rechazo de la Corporación a “las violaciones a los derechos humanos que se produjeron durante el Estallido Social en Chile y pide al Presidente, Sebastián Piñera, terminar con abusos de parte de agente del Estado”. Según señalaron los parlamentarios, “la represión policial que existió tuvo resultados sumamente terribles para la población que participó de las protestas, sumando más de 3 mil personas heridas y más de 10 mil detenidos en manifestaciones sociales, hasta febrero del 2020”. “Solo el INDH contabiliza 445 heridas oculares, de las cuales, 411 se calificaron como lesión o trauma. Mientras que 34 se califican como estallido o pérdida ocular. A esto se suman las condenas internacionales de órganos como Amnistía Internacional que dijo que el mando de Carabineros sabía sobre los abusos y tampoco limitó el uso de armamento para reprimir a los chilenos y chilenas” argumentaron los diputados PS. Misma condena se repitió por otros organismos como Human Rights Watch y el Instituto Nacional de Derechos Humanos. En este marco, los diputados PS agregaron que, «ante estos abusos se necesita la reparación efectiva de las víctimas, ya que, pese a los compromisos de las autoridades sanitarias, las víctimas y sus familiares reclaman que esta ayuda nunca llegó”. “Por eso reiteramos nuestro categórico rechazo a las violaciones de los derechos humanos de cientos de compatriotas ocurridas en Chile, desde octubre de 2019 y desde la instauración del estado de catástrofe. Asimismo, demandamos al Gobierno del presidente Piñera poner fin a las acciones de los agentes del Estado que atenten en contra del ejercicio legítimo de derechos garantizados en la Constitución”, concluyeron los parlamentarios socialistas. Santiago de Chile, 31 de marzo 2021 Crónica Digital
Santiago de Chile, 29 de marzo 2021 Crónica Digital/PL
“El derecho internacional es explícito: los desnudamientos por parte de las policías hacia los ciudadanos constituyen tortura y violencia sexual, pero en nuestro país apenas está en un protocolo, por lo que vamos a cambiar la ley de forma urgente”, anunció el senador Alejandro Navarro Brain. De acuerdo al histórico defensor de los DDHH, “es inconcebible que en pleno año 2021, en un país que se enorgullece de ser parte de la OCDE, de ser moderno y adecuarse a la legislación internacional, aun se cometan este tipo de vejámenes hacia la gente”. “Pues el Artículo 5° de La Declaración Universal de los Derechos Humanos”, agregó, “y el Artículo 7° del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, establecen que Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Este último señala también es su Artículo 10° que Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. “Asimismo la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, establece en su Artículo 1° que se entenderá por el término «tortura» todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”, dijo. “Es decir, cuando una persona está detenida bajo custodia policial, ya sea en una comisaría o una cárcel, el Estado está obligado a asegurar su integridad fìsica y síquica, y no pueden estar usando eufemismos como Registro Exhaustivo, para desnudar a hombres y mujeres”, afirmó el senador por la Región del Biobío. Alejandro Navarro finalizó señalando que, “es entonces ante el estándar internacional frente a los 233 desnudamientos que han ocurrido dentro de comisarías en Chile, que presentaremos este Proyecto de Ley que sanciona con la baja del funcionario que cometa este vejamen a hombres y mujeres de nuestro país”. “Asimismo, vamos a pedir un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, citaremos a la Comisión de DDHH del Senado a Carabineros para que den cuenta de esta situación, y exigiremos que el INDH se querelle en todos estos casos, en los que evaluaremos también hacernos parte”, sentenció el parlamentario. Santiago de Chile, 29 de marzo 2021 Crónica Digital
