El Foro Latinoamericano de Derechos Humanos (FOLADH), que preside el senador Alejandro Navarro, expresó su preocupación, a través de un documento oficial, su preocupación por la situación que enfrentan los cientos de víctimas de trauma ocular provocado por disparos de balines, perdigones y demás proyectiles de parte de agentes policiales, en lo que “es una de las aristas más graves en la crisis de violaciones a los derechos humanos que se desató con la revuelta social el 18 de octubre de 2019”.
El Foro consigna que, a marzo de 2020, de acuerdo con el último reporte disponible del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), existía registro de 460 personas víctimas de trauma ocular. De ellas “un número importante tenía pérdida total o lesiones de carácter grave”.
Detalla que respecto a los pacientes atendidos en la Unidad de Trauma Ocular del Hospital Salvador (UTO) en octubre y noviembre del 2019 (259 personas), más del 60% tenía visión muy reducida (20/200), ceguera unilateral, o había sido sometido a un procedimiento de evisceración o extracción del globo ocular. Asimismo, la Unidad del Hospital de El Salvador reportaba la atención de 337 personas a noviembre de 2020, “de las cuales 114 (un 33,7%) tiene pronóstico de recuperación irreversible y negativo”: ceguera del ojo traumatizado. “El Instituto Nacional de Derechos Humanos, a la misma fecha, tenía 172 acciones judiciales en estos casos”, añade.
En este sentido, indica que frente a la extraordinariamente grave situación y los sucesivos reportes de organismos y organizaciones nacionales e internacionales (Informe del INDH, de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), “el Estado de Chile debió comprometerse a emprender acciones relativas a reparaciones y garantías de no repetición acerca de estas violaciones”, dentro de las cuales estaba la implementación del “Programa de Rehabilitación Ocular” (PIRO) del Ministerio de Salud.
El Informe de Seguimiento de Recomendaciones del Informe Anual 2019 del INDH, que fue publicado en febrero de 2021, concluía sobre este programa: “No constituye un programa de reparación integral desde los criterios establecidos por organismos especializados de derechos humanos, puesto que las prestaciones se centran en la rehabilitación física. Las atenciones de salud psicológica son limitadas y no considera apoyo social, económico o jurídico a las y los usuarios. La iniciativa no contó en su fase de diseño con la participación de las víctimas y sus organizaciones. Además, el hecho que se ubique en Santiago dificulta el acceso para quienes residen en otras regiones del país. El número de víctimas que ha accedido al programa es reducido, pues hasta el 30 de junio de 2020 se habían contactado a 105 personas para su ingreso al programa, correspondiente al 40% de las 263 personas que cumplen los requisitos de ingreso. Del mismo modo, el equipo médico constituido por ocho profesionales, resulta insuficiente”.
El pasado jueves 1 de abril, la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular (CVTO) emitió un comunicado denunciando una serie de situaciones acerca del “Programa Integral de Rehabilitación Ocular”, entre ellas, el despido injustificado de dos profesionales y una línea de acciones que apuntan al debilitamiento y hasta desmantelamiento de los equipos a cargo del programa, y la falta de destinación de los recursos acordados para el programa. En tal sentido, interpelaban a un cambio de actitud de parte de la Directora del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, María Elena Sepúlveda, al Jefe de Oftalmología de la Unidad de Trauma Ocular, José Luis Sanhueza, y a las autoridades encargadas de mantener el diálogo con las víctimas de trauma ocular, “para trabajar en un óptimo desarrollo del programa con el presupuesto entregado para el 2021, para garantizar la reparación integral de las víctimas de las violaciones a los DDHH por parte de las fuerzas militarizadas del país”.
En ese cuadro, el Foro Latinoamericano de Derechos Humanos señala que “la impunidad y las señales institucionales de respaldo a la represión nos arriesga a la continuidad de estas violaciones a los derechos más elementales de las personas por parte de agentes del Estado, y evidencia la responsabilidad de las autoridades encargadas y del propio Gobierno y del Estado de Chile”. Al respecto, menciona el reciente caso del 19 de febrero pasado, en que carabineros le dispararon con “armas menos letales” a Francisca Mendoza, profesora que se manifestaba en la Plaza Dignidad sola y con un cartel relativo a la situación educacional (“¿Floja yo?”, respondiendo a dichos del Ministro Lucas Palacios). Se le provocó un trauma ocular severo y una triple fractura en su pómulo, interponiéndose una querella criminal en contra del Ministro del Interior, Rodrigo Delgado, el General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y de todos aquellos quienes resulten criminalmente responsables, ya como autores, cómplices y encubridores.
“Desde el Foro Latinoamericano de Derechos Humanos, FOLADH, nos sumamos a las voces de apoyo a la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, a la visibilización de la situación de precarización e insuficiencias del Programa Integral de Reparación Ocular, y a la denuncia de la impunidad, las negligencias, las medidas y las políticas que el Estado de Chile sigue cometiendo frente a la grave crisis de violaciones a los derechos humanos existente en el país desde octubre de 2019 hasta el presente”, concluye la entidad.
Imagen: Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular.
Santiago, 5 de abril 2021.
Crónica Digital.
