Estados Unidos deportó a Alemania a Friedrich Karl Berger, un guardia armado del campo germano de concentración Neuengamme en 1945, según comunicó el Departamento de Justicia. De acuerdo con la entidad federal, Berger, de 95 años de edad y quien vivía en Estados Unidos desde 1959, participó en “actos de persecución promovidos por los nazis”. A juicio del fiscal general estadounidense en funciones, Monty Wilkinson, esta deportación demuestra el compromiso del Departamento de Justicia de “asegurarse de que su país no es sitio seguro para quienes participaron de crímenes contra la Humanidad y otros abusos a los derechos humanos”. Sin embargo, diversas voces afirman que los Estados Unidos es una nación que contiene dos ideas radicalmente opuestas: la supremacía blanca y la igualdad ante la ley. Este país, recalcan, acoge a más inmigrantes que cualquier otro, pero sufre crisis traumáticas con solo mencionarlos, y su expansión geográfica fue posible gracias a la limpieza violenta de los habitantes originales. Reportes de prensa recordaron que la orden de deportación contra Berger, emitida por la jueza de inmigración Rebecca Holt, ocurrió en marzo de 2020. Según Holt, el deportado estuvo estacionado durante la Segunda Guerra Mundial cerca de Meppen, Alemania, donde los prisioneros eran mantenidos en “atroces condiciones y trabajaban hasta la muerte”. Berger admitió en un juicio en su contra que evitó que los reos escaparan de dicho campo de concentración, pero aseguró desconocer los maltratos cometidos allí y seguir órdenes de sus superiores. Por otra parte, las informaciones subrayaron que la Justicia alemana abandonó el proceso contra Berger en diciembre pasado por carecer de evidencias suficientes sobre el caso. Washington, 21 de febrero 2021. Crónica Digital / Prensa Latina.
DD.HH.
Representantes de partidos de oposición, diputados y otras personalidades pidieron hoy al presidente de Chile, Sebastián Piñera, la disolución del cuerpo de carabineros y la creación de una nueva institución policial. Así lo expresan en una carta dirigida al mandatario, entregada en el palacio de La Moneda, a donde acudieron familiares de los presos de la revuelta popular de octubre de 2019, parlamentarios, dirigentes sociales, sindicalistas y otros. El texto enumera violaciones protagonizadas por efectivos de Carabineros, lo cual, indica, «exige una profunda revisión de las doctrinas que guían el origen y actuar de las instituciones policiales y Fuerzas Armadas, siendo urgente adecuar el ejercicio de sus obligaciones de acuerdo con los estándares internacionales» en democracia. La carta también se refiere a las personas detenidas tras el 18 de octubre de 2019 que permanecen en prisión preventiva por su participación en las manifestaciones. Añade que la situación de esos presos «contrasta violentamente» con la forma en que los tribunales han procesado a carabineros por eventos en los cuales hubo decenas de manifestantes muertos y heridos. Los firmantes presentaron demandas que incluyen además justicia y reparación para las víctimas de la violencia ejercida por agentes del Estado, y garantías de no repetición, así como aplicar urgencia a un proyecto de Ley de Indulto General presentado al Congreso por senadores de oposición, y no vetarlo. También, reformar la Ley Orgánica de Carabineros, asegurando su subordinación al poder civil, e iniciar la refundación de esa institución, con la participación de órganos especializados en seguridad y derechos humanos, representantes civiles y de organizaciones sociales. Igualmente reclaman medidas administrativas ejemplares y juicios penales a miembros de las Fuerzas Armadas que violen los protocolos sobre disuasión, contención y detención, y castigar y aclarar las irregularidades en el manejo de fondos institucionales, e informarlo a la ciudadanía con transparencia. Entre los firmantes aparecen la Agrupación de Familiares y Amigos Asesinados del Estallido, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, organizaciones sindicales y el Colegio de Profesores. También, numerosos legisladores, incluida la presidenta del Senado, Ariana Muñoz, así como los partidos Humanista, Progresista, Comunista, Convergencia Social e Igualdad. En las últimas semanas las exigencias en medios políticos y sociales cobraron fuerza luego que un joven artista callejero muriera baleado en la sureña localidad de Panguipulli por un carabinero, que finalmente quedó en libertad al alegar un tribunal que el uniformado había actuado en defensa propia. Santiago de Chile, 18 de febrero 2021 Crónica Digital
De acuerdo a los parlamentarios, no existen antecedentes que justifiquen la existencia de este tipo de controles de identidad, además, su aplicación ha traído como consecuencias pérdidas de vida y daño a la integridad física de numerosas personas, causando un daño irreparable que es efecto del empleo indiscriminado y desproporcionado del uso excesivo de la fuerza por parte de las policías. Los diputados y diputadas plantearon además la necesidad de que el Congreso legisle con urgencia este tema para derogar esta ley. La bancada de diputadas y diputados del PC hizo esta solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se otorgue una medida cautelar en beneficio de los y las menores entre los 14 y 18 años que ordene al Estado abstenerse de utilizar este control preventivo de identidad. Los y las parlamentarias indicaron que no se están cumpliendo los estándares internacionales en la materia, así como tampoco las recomendaciones de organismos internacionales de Derechos Humanos, por lo que existe un riesgo que tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones en el contexto de la realización de estos controles de identidad, actúen con discrecionalidad y cometan excesos que puedan vulnerar las garantías fundamentales, entre ellas, la vida de menores de edad. En el documento presentado por la Bancada al organismo internacional se concluye que existe una flagrante, evidente y completa violación a los Derechos Humanos en lo concerniente a la aplicación de los controles preventivos de identidad. Camila Vallejo, jefa de la bancada PC insistió en la necesidad de proteger a la población con esta medida cautelar mientras se avanza en paralelo en lograr la derogación de esta ley en el parlamento. “Creemos que estos dos caminos se pueden trabajar de manera paralela porque es urgente resolver cómo proteger a la población ante este medida, esta herramienta que le permitió a carabineros de Chile actuar a discrecionalidad, basados en el prejuicio y que finalmente, les permite más que garantizar seguridad a las personas, traer inseguridad , es persecución, es prácticamente detención por sospecha sin ningún tipo de garantía en materia de seguridad personal y libertad de las personas, por eso consideramos que esto debe ser recogido por la Comisión Interamericana esperamos cuanto antes y también esperamos que en el Congreso el proyecto que busca derogar esta ley sea tramitado y votado cuanto antes”, afirmó la diputada Vallejo. Por otro lado, la abogada de derechos Humanos y diputada Carmen Hertz sostuvo que esta medida se fundamenta en “la forma en que el control de identidad se implementa en los menores entre 14 y 18 años de facto, la forma en que carabineros lo hace y discrimina este instrumento está transgrediendo todas las normas del derecho internacional de los derechos humanos sobre libertad personal y seguridad de las personas”. La diputada Hertz insistió en la responsabilidad de Carabineros en las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos principalmente, durante el estallido social, donde el control de identidad se realiza de forma arbitraria a menores de edad por su condición socio […]
La reciente muerte de un artista callejero baleado por un carabinero en la sureña ciudad de Panguipulli, devuelve hoy al centro del debate la necesidad de reformar o incluso refundar las instituciones policiales. Los reclamos para una profunda reestructuración del aparato policial comenzaron con mayor fuerza tras la revuelta social iniciada en octubre de 2019, ante la cual la fuerte represión de los uniformados contra los manifestantes generó innumerables denuncias, incluso de entidades internacionales, sobre repetidas violaciones de derechos humanos. Ahora el caso del malabarista Francisco Martínez, muerto por varios disparos, provocó, además de fuertes protestas en ciudades del país, una ola de críticas, sobre todo desde la oposición, mientras que en la derecha prevalece la defensa a la actuación del carabinero implicado en el hecho. Desde el Partido Comunista, el alcalde Daniel Jadue, valorado como la figura mejor evaluada para la próxima campaña presidencial, consideró que no existen excusas para disparar tantas veces a una persona en un procedimiento de control de identidad, y aseguró es necesaria «una intervención civil inmediata» de la institución. Asimismo opinó que incluso pensar solo en reformas tomará mucho tiempo, cuando es urgente detener la «autonomía operativa de Carabineros» que no entiende nada de derechos humanos y que «ha perdido todo el respeto de la ciudadanía». La precandidata presidencial Paula Narváez, del Partido Socialista, aseguró que lo ocurrido el fin de semana demuestra que una reforma a Carabineros «no admite dilaciones». Asimismo expresó que «el Gobierno debe intervenir, cumplir con su deber y dejar la pasividad para tomar un acción decidida en el plan de reestructuración definitiva de Carabineros» y dar paso a una policía cuya finalidad sea el servicio a las personas. Para el presidente del Partido Por la Democracia, Heraldo Muñoz, más que una reforma, se requiere de «una nueva policía que cumpla con los estándares internacionales mínimos». Desde el derechista partido Evópoli, el también precandidato presidencial Ignacio Briones dijo que el procedimiento de Carabineros debe ser investigado y explicado con claridad y consideró que lo ocurrido en la ciudad de Panguipulli demuestra que «en demasiados ámbitos las confianzas están rotas; entre las personas y con las instituciones». Briones fue más contemporizador, al lamentar la muerte del joven artista callejero, pero, al mismo tiempo, criticar la violencia desatada como consecuencia de la indignación popular por la actuación de los uniformados. Hasta ahora el Gobierno no ha hecho referencia a los reclamos de la oposición y algunos analistas recuerdan que La Moneda ha presentado no sin desgano algunos proyectos para reformar Carabineros de Chile, pero hasta ahora solo han quedado en promesas. Santiago de Chile, 8 de febrero 2021 Crónica Digital/PL
Comunistas de Chile rechazan nuevos hechos de violencia policial El Partido Comunista de Chile (PC) condenó duramente la muerte de un artista callejero baleado por un carabinero, y exigió una total refundación de la institución policial en el país. El asesinato del joven Francisco Martínez el viernes último en la ciudad de Panguipulli, en la región de Los Ríos, generó una ola de protestas y violencia en esa localidad y otros puntos del territorio nacional . Se sumó también el rechazo en bloque de la oposición a las reiteradas violaciones de los derechos humanos por los cuerpos policiales. En una declaración de cinco puntos, el PC expresa su solidaridad con la familia y allegados de la víctima y denuncia «la flagrante violación a los derechos humanos que, una vez más, comete la institución de Carabineros de Chile frente a ciudadanas y ciudadanos indefensos que ven afectadas sus más mínimas garantías, como es el derecho a la vida». Asimismo rechaza el uso «criminal y abusivo de procedimientos» que superan las normas básicas de un cuerpo policial, cuyo accionar atentan contra la vida cotidiana de las personas, que ven amenazados derechos como el uso de la vía pública o el trabajo, por temor a ser reprimidos, golpeados, detenidos, abusados o asesinados. La declaración exige «la total refundación de la institución de Carabineros que resulta cada vez más deslegitimada a propósito de los casos de corrupción que la involucran y de su accionar policial autonomizado, sin ningún control civil». Al respecto señala que «la única posibilidad de avanzar en una democracia sana para nuestro país, requiere de esta refundación y no de reformas menores, incapaces de modificar la fuerza policial represiva». Finalmente reclama que asuman la responsabilidad de esos hechos, en primer lugar, el Ministerio del Interior y el General Director de Carabineros y, en segundo término, el presidente Sebastián Piñera y su gobierno, «cuyo legado imborrable serán las reiteradas violaciones a los derechos humanos que hemos conocido ampliamente». Los restos de Francisco Martínez son velados hoy en la comuna de Puente Alto, en esta capital, donde la víspera ocurrieron también protestas y disturbios en varios puntos en repudio al accionar violento de Carabineros y para que se haga justicia con los responsables. Santiago de Chile, 8 de febrero 2021 Crónica Digital/PL
Chile permanece atento a la decisión de un Juzgado de Garantía que hoy realizará a audiencia de formalización de un carabinero que baleó el viernes último a un artista callejero en la localidad de Panguipulli. El tribunal decidirá esta tarde si el uniformado, quien fue detenido el mismo viernes, permanece o no en prisión preventiva mientas dure la investigación del crimen. El hecho causó un enorme malestar en esa localidad, y generó protestas que se prolongaron hasta la madrugada del sábado y resultaron en la destrucción de la municipalidad y daños de consideración en otros diez edificios, dejando prácticamente paralizados todos los servicios públicos de esa comuna. En las últimas horas aparecieron nuevos testimonios sobre el suceso que deberán ser tomados en cuenta por el tribunal para pronunciarse. En tanto, este lunes está previsto el entierro de la víctima, Francisco Martínez, cuyos restos fueron velados la víspera en la comuna de Puente Alto, en esta capital, donde a lo largo del día cientos de personas acudieron hasta la vivienda de su familia a rendirle homenaje. El crimen de Martínez generó también numerosas protestas en varias ciudades el fin de semana y renovó las exigencias desde la oposición para que el Gobierno realice de una vez una anunciada reforma de la institución de Carabineros, cada vez más cuestionada por sus reiteradas violaciones de los derechos humanos. Entre otras agrupaciones, el Partido Socialista calificó de inaceptable que un procedimiento policial termine con la muerte de una persona por el uso injustificado de la fuerza, lo que no es un hecho aislado y da cuenta de la profunda crisis en Carabineros. El Partido Progresista señaló que resulta urgente e imprescindible que se asuman las responsabilidades institucionales y políticas por el director de Carabineros, el mando institucional y el Gobierno, por ser obligación del Estado garantizar los derechos fundamentales de las personas. El Partido Comunista, por su parte, en una declaración de cinco puntos exigió «la total refundación de la institución de Carabineros que resulta cada vez más deslegitimada a propósito de los casos de corrupción que la involucran y de su accionar policial sin ningún control civil». Santiago de Chile, 8 de enero 2021 Crónica Digital/PL
La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a cuatro exmilitares y un exfuncionario de Gendarmería por homicidios de presos de la antigua cárcel Pública de esta capital en época de la dictadura militar. El tribunal sentenció a 15 años de cárcel a los exmilitares Eduardo Arriagada, Sergio Rosende, Joaquín Larraín y Jaime Fuenzalida por los homicidios consumados de Víctor Corvalán y Héctor Walter Pacheco. También, por los homicidios frustrados de Guillermo Rodríguez, Ricardo Antonio Aguilera, Elizardo Enrique Aguilera, Adalberto Muñoz y Rafael Enrique Garrido. El entonces alcaide de esa prisión, Ronald Bennett, fue condenado a 10 años tras las rejas por su complicidad en los hechos, consistentes en el envenenamiento de los reos con la toxina botulímica, en diciembre de 1981, en lo que se calificó de «una operación especial de inteligencia». El fallo establece que se trata de delitos de lesa humanidad, y por lo tanto, imprescriptibles y sin amnistía, de acuerdo con el Derecho Penal Internacional sobre Derechos Humanos. Asimismo puntualiza que tal actuación formaba parte de una política de Estado sistemática y generalizada, practicada por sus agentes contra parte de la población civil, y que ocasionó graves daños a las víctimas, dos de las cuales fallecieron y las otras cinco se salvaron gracias a la adopción de medidas terapéuticas oportunas. Durante la investigación del caso se estableció que el veneno fue obtenido en un laboratorio de Brasil, enviado por valija diplomática a Chile, recibido en la Cancillería y luego entregado a un laboratorio secreto dependiente de la Dirección de Inteligencia del Ejército. La sustancia fue administrada en los alimentos a los presos, cinco de los cuales pertenecían al Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y aunque estos fueron llevados a la enfermería de la prisión para ser atendidos por el envenenamiento, fueron retornados a sus celdas al diagnosticarle solo una gastritis aguda. El fallo ratificó la sentencia que condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de 950 millones de pesos (cerca de un millón 300 mil dólares) a las familias de la víctimas. Santiago de Chile, 3 de febrero 2021 Crónica Digital/PL
A mi gente de Tarapacá; de Iquique, Alto Hospicio, Pozo Almonte, Pica, Huara, Camiña y Colchane. A las funcionarias y funcionarios de la Cámara de Diputados. A las diputadas y diputados de la República. Hoy realizo antes ustedes mi último discurso desde este lugar y me despido con la plena confianza de que esta institución, así tal cual es hoy, dejará de existir prontamente. Tengo la más absoluta certeza que el Chile que viene sustituirá esta instancia parlamentaria por una Asamblea Legislativa, verdaderamente democrática, unicameral, rica en diversidad, profundamente pluralista, multicultural, plurinacional y con plena paridad de hombres y mujeres. Dejo atrás estos rincones palaciegos en los que se fraguó por mucho tiempo la componenda, el maquillaje y los portonazos a los pueblos de Chile. Pasillos en los que por años transitó CORPESCA, CAMANCHACA, SQM, la CPC, la Sociedad Nacional de Agricultura, las grandes corporaciones transnacionales extractivistas y los grandes grupos económicos nacionales soplando en la oreja y en otros casos, más graves, escribían de su puño y letra, la ley y los tratados de libre comercio. Por suerte o devenir histórico, aquello cambió o al menos se minimizó. Fueron tantos los escándalos, las colusiones y los contubernios, que estos terminaron por desmoronarse y en algunos casos lograron salir a la luz. Junto a mi equipo parlamentario fuimos los primeros en denunciar estos casos de corrupción y de arreglines entre en el poder económico y algunos representantes del poder legislativo. Al mismo tiempo, en materia de derechos humanos avanzamos en legislar sobre temas que llevaban pendientes más de 25 años; como lo fue la tipificación del delito de tortura y otros tantos más en materia de derechos humanos. Iniciamos la lucha contra la ley de pesca por su anulación y que aún está pendiente su votación en esta sala. Antes del acuerdo del 15 de noviembre propuse junto a otros diputados y diputadas la realización de un plebiscito el día 12 de diciembre de 2019 para que el pueblo declarara su voluntad a favor o en contra de una nueva constitución política y de una Asamblea Constituyente para Chile. No proliferó, fue el grito mismo de la calle la que impuso un camino para dar a Chile una nueva constitución. Dejo presentado un proyecto patrocinado por mi bancada y otras bancadas, que establece la reforma del capítulo V de la Constitución con la finalidad de desatar los nudos y romper las cadenas que están en el proceso Convencional, el que en muchos aspectos sigue atado a la añeja lógica de la democracia restringida y la tutela de la Constitución del dictador. Se debe insistir en la institucionalización de la participación democrática de la ciudadanía en el proceso constitucional para hacerlo más constituyente. No basta con solo marcar un voto, el pueblo debe ser quien escriba la Nueva Constitución política. El paradigma de la representación está agotado y parece que tiene graves limitaciones. Así las cosas, la derecha y los maquilladores del neoliberalismo corren con ventaja para la redacción de la […]
Un tribunal de la región de la Araucanía condenó hoy a 16 años de cárcel al principal imputado en el homicidio del joven mapuche Camilo Catrillanca, suceso que conmovió al país. El tribunal de la localidad de Angol, en el sur del país, sentenció al excarabinero Carlos Alarcón a 11 años de presidio por el homicidio de Catrillanca, más otros cinco por el homicidio simple frustrado contra un menor de edad que acompañaba al joven cuando ocurrió el hecho. Alarcón también fue inhabilitado para ejercer cargos públicos y profesiones titulares mientras dure la condena. Esa fue la mayor pena aplicada por el tribunal en el juicio en el que también fueron procesados otros siete exmiembros de Carabineros, entre ellos un abogado de los acusados, imputado por obstrucción a la justicia. Las sentencias para estos acusados fluctúan entre seis años y 61 días, a tenor de la gravedad de los delitos que se les señalaron. El fallo fue calificado de ejemplar en algunos medios de oposición y demostrativo de que en Chile las violaciones de los derechos humanos no deben quedar impunes. El juicio por la muerte de Catrillanca se prolongó durante meses a causa de maniobras dilatorias de la defensa y también por los inconvenientes causados por la pandemia de Covid-19 para el normal desenvolvimiento de las investigaciones y las vistas. Según quedó acreditado durante el proceso, el joven mapuche fue asesinado el 14 de noviembre de 2018 con de un disparo hecho por la espalda por el entonces sargento del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros Carlos Alarcón durante una operación en la comunidad de Temucuicui, en la Araucanía. Posteriormente, todos los integrantes de ese comando realizaron diversas acciones para ocultar lo ocurrido, como la entrega de información falsa, eliminación u ocultamiento de pruebas y mentir en sus declaraciones, todo lo cual fue descubierto a medida que avanzó la investigación. El hecho generó un vasto movimiento en el país para que se hiciera justicia a la víctima y, al mismo tiempo, la actitud censurable de los implicados y los mandos superiores generó una profunda crisis al interior del cuerpo de Carabineros, que desembocó en la destitución del entonces director de esa institución armada, general Hermes Soto, y otros altos oficiales. También amplios sectores sociales y de oposición reclamaron infructuosamente la renuncia del entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick, por su responsabilidad política por la actuación de los acusados, a lo cual se negaron el presidente Sebastián Piñera y los partidos de derecha. Santiago de Chile, 28 de enero 2021 Crónica Digital/PL
Durante el desarrollo de la sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, en que se evaluaba la aprobación de la idea de legislar respecto del proyecto de Ley de Indulto General, usted senador Iván Moreira (UDI), integrante de dicha comisión, califico de lumpen a las personas a quienes podría beneficiar este indulto general. Recordemos que todas ellas han sido detenidas en el contexto del estallido social. Como integrantes del Grupo Iniciativas por la Libertad de las Presas y Presos Políticos de la Revuelta rechazamos la manera irrespetuosa en que se refirió a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres que, en su calidad de estudiantes, trabajadores, pobladores se manifestaron para demandar condiciones de vida digna, recibiendo como respuesta por parte de Sebastián Piñera una declaración de guerra y el despliegue de las fuerzas represivas. Le recordamos a usted Iván Moreira que su gobierno es responsable del asesinato aun sin esclarecer de al menos 30 personas, de 445 víctimas de trauma ocular, de múltiples casos de tortura sexual contra mujeres, de lesiones y violencia innecesaria, del uso de armas químicas para quemar la piel de quienes se manifiestan. A estas sistemáticas violaciones a los derechos humanos que se encuentran en la impunidad, se agrega la implementación de la prisión política como estrategia para amedrentar y atemorizar a la población, especialmente enfocada en los jóvenes pertenecientes a los sectores más vulnerados de la población, situaciones avaladas por la complicidad del poder judicial apoyado en burdos montajes, así como leyes express hechas a la medida para criminalizar la protesta social, mientras se muestran negligentes frente al crimen organizado en las FFAA, el narcotráfico, liberando a criminales de lesa humanidad o permitiendo que personas con antecedentes penales accedan a cargos públicos recibiendo sueldos millonarios aumentando su patrimonio personal gracias a información privilegiada. Es relevante señalar para su conocimiento, que este proyecto ingresado por cinco senadores y senadoras de la Republica, cuenta con el respaldo de numerosas organizaciones sociales, profesionales, sindicales, culturales, territoriales, así como connotados abogados de DD.HH, escritores, músicos, actores, académicos y los millones de ciudadanos que se han movilizado. Cada una de las organizaciones y personas que participamos y promovemos esta iniciativa legislativa, tenemos la absoluta convicción respecto de su urgencia y de su aporte al restablecimiento de los derechos humanos vulnerados a quienes padecen la prisión como herramienta de castigo ejemplificador para todas y todos quienes luchan por profundos cambios estructurales en nuestra sociedad. Le recordamos que muchos de esos niños, niñas y jóvenes que hoy se encuentran presos, son nietos o pertenecen a las familias que ustedes destrozaron en dictadura y que hasta el día de hoy piden verdad y justicia. Usted vuelve a violentar a esas familias, nos violenta a cada uno de quienes luchamos para que termine su impunidad y la de todos quienes han instalado a sangre y fuego este modelo depredador y extractivista que mantiene en la pobreza a millones de chilenos. Nos parece una aberración moral que usted Iván Moreira, participe en una […]
