El senador Alejandro Navarro (PRO) ingresó un Recurso de Amparo en la Corte de Apelaciones de Santiago, en el que solicita una serie de diligencias a raíz de las denuncias generadas por los actos de violencia ocurridos contra menores en un centro del Sename en Providencia. En el escrito, el parlamentario progresista argumenta que las denuncias constatadas en la Residencia Familiar Carlos Antúnez, violaron el artículo Nº 19 de la Constitución Política de la República, en particular el numeral 7 sobre el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. Según Navarro, “el centro del Sename en Providencia debe ser intervenido de manera inmediata hasta que se aclaren los hechos. La experiencia del Cread Galvarino con la muerte de Lissette Villa nos revela que los centros donde ocurren hechos gravísimos deben ser intervenidos a la brevedad, porque no pueden abrir sumarios administrativos ni investigar si son parte involucrada”. El parlamentario –que es miembro de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado– señaló que “le hemos presentado a la Corte de Apelaciones de Santiago un conjunto de elementos para que disponga de diligencias inmediatas que ayuden a aclarar los hechos, entre ellos, la apertura de un sumario a cargo de un ente independiente y la suspensión de todas sus funciones a todos quienes resulten responsables”. “La Corte Suprema ha declarado admisibles acciones constitucionales de Amparo cuando se denuncia la vulneración de la seguridad individual, basada en actos que atentan contra la integridad física y la vida. Y, además, en la residencia Sename se vulneraron tratados internacionales ratificados por Chile, como la Convención de los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por lo que la justicia debe interceder”, argumentó Navarro. El legislador indicó que “la situación del Sename ya es compleja y los hechos ocurridos en el centro de Providencia agravan más su desprestigio institucional. Necesitamos fortalecer la ley de adopción y un modelo que no institucionalice a los menores, porque ese es un modelo fracasado. Aquí hay una amenaza a la libertad personal y la seguridad individual de los menores y se necesita una intervención parcial urgente”. Santiago, 26 de marzo 2021. Crónica Digital.
DD.HH.
El Fiscal General Federal de Alemania, Peter Frank, manifestó que el extremismo de derecha es “la mayor amenaza para nuestro orden básico democrático libre”. Frank declaró al Frankfurter Allgemeine Zeitung que la ultraderecha ha logrado desarrollar una “base ideológica mucho más amplia, que incluye desde la ideología nazi clásica hasta las teorías de la conspiración y los llamados ciudadanos del Reich”. El Movimiento Ciudadanos del Reich (Reichsbürgerbewegung) es la denominación de una diversidad de agrupaciones e individuos vinculados a la extrema derecha de Alemania, que rechazan, mediante el negacionismo, la legitimidad del Estado moderno alemán. A un año del ataque a una sinagoga en la ciudad de Halle (sur), el Ministro de Relaciones Exteriores, Heiko Maas, había informado que cada 24 minutos ocurre un delito perpetrado por la extrema derecha en Alemania. “Este es el mayor peligro que enfrenta nuestro país”, añadió Maas, quien convocó a los alemanes a luchar por una nación donde “todo el mundo se sienta seguro, sin importar en qué crean, cuál sea su aspecto o cómo se llamen, vivan o amen”. El auge de la extrema derecha en Alemania se vincula con la actividad del Partido Alternativa para Alemania (AfD), la principal fuerza política de oposición y responsable de la difusión de contenidos por Internet que incitan a la violencia y manifestaciones racistas. Entre esos actos está el perpetrado en octubre de 2019 en Halle, donde Stephan Balliet, de 28 años, intentó un asesinato masivo en una sinagoga. El ataque provocó la muerte de dos personas cercanas al lugar, pero en su huida hirió a otras, algunas de gravedad, antes de ser capturado por las fuerzas del orden. Luego de ser arrestado, se conocieron las motivaciones de Balliet. En un video elaborado previo al ataque, negaba el Holocausto. Luego, señalaba que “el feminismo es la causa de la disminución de las tasas de natalidad en Occidente, que actúa como chivo expiatorio de la inmigración masiva, y la raíz de todos estos problemas es el judío”. Creía además en una “conspiración mundial judía”. Berlín, 26 de marzo 2021. Crónica Digital.
Hasta el momento, tanto la Superintendencia del Medio Ambiente como Sernageomin y el Servicio de Evaluación Ambiental mantienen sus pronunciamientos del año 2019: proyecto no puede avanzar sin someterse a evaluación ambiental. Inquietud ha generado entre parte de la comunidad de Chile Chico y la región de Aysén la posibilidad de reactivación del proyecto de exploración minera “Los Domos”, de la sociedad Southern Gold perteneciente a la australiana Equus Mining. Esto, producto del movimiento de maquinaria pesada hacia El Ceballos, área aledaña al sector Jeinimeni de Parque Nacional Patagonia. Esta posibilidad contradeciría lo establecido por diversos servicios públicos, que ya a principios de 2019 determinaron que Equus Mining había ejecutado 20 plataformas de prospección en la zona de Quebrada Honda, por lo cual debió someter sus operaciones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). La Ley de Bases del Medio Ambiente estipula que en Aysén se puede desarrollar hasta un máximo de 19 plataformas de exploración sin evaluación ambiental, lo que según los organismos fue vulnerado por la compañía. Lo anterior fue consignado por la propia Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) que en un Informe Técnico de Fiscalización Ambiental de febrero de 2019 señala que luego de realizar una visita a terreno “se puede constatar que el proyecto de prospección minera Los Domos, de la empresa Southern Gold SpA, en consideración a haber ejecutado 20 plataformas de prospección minera en Región de Aysén, debe ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”. A esto se sumaron las declaraciones del director (s) de Sernageomin, Alfredo Domeyko, ante la Comisión de Medio Ambiente del Senado, explicando que en febrero de ese año el organismo rechazó la solicitud de Southern Gold de desarrollar más prospecciones el sector Jeinimeni sin someterse a evaluación ambiental. Varios meses antes, en noviembre de 2018, la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, la Corporación Costa Carrera y la Agrupación Aisén Reserva de Vida habían ya interpuesto ante la SMA una denuncia apuntando a que las faenas de exploración de “Los Domos” habían sido ejecutadas “con seria e intolerable vulneración de la normativa ambiental”, tanto por no ingresar a evaluación siendo que se ubicaban dentro del Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad Estepa Jeinimeni-Lagunas de Bahía Jara como por impactar cursos hídricos de la zona, entre otros aspectos. Fueron estos antecedentes los que llevaron al organismo fiscalizador a iniciar en diciembre de 2018 el proceso de inspectivo. El 27 de noviembre de 2019, mediante ordinario 191307, el SEA no solo determinó que el proyecto “Los Domos” debió ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental por ser un proyecto minero y superar las 19 plataformas en la región de Aysén, sino por estar en un área bajo protección oficial como es el Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad Estepa Jeinimeni-Lagunas de Bahía Jara, lo cual desde noviembre de 2018 han sostenido CODESA, COSTA CARRERA y Aisén Reserva de Vida. El servicio concluyó que la solicitud de realizar más exploraciones mineras en el área por parte de Southern Gold […]
El Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD), perteneciente al Grupo de Puebla, pidió poner fin a los casos de lawfare (guerra político–judicial) contra el progresismo en Latinoamérica. El CLAJUD demanda, luego que fueran anuladas en Brasil las condenas a Luis Inácio Lula Da Silva, que esa misma línea se expanda y se terminen las persecuciones judiciales. En un comunicado público, los integrantes del Consejo exigieron que se restablezcan los derechos políticos para elegir y ser elegido de las personalidades del mundo progresistas que han sido víctimas de persecución. Entre los firmantes, personalidades del mundo del Derecho como el jurista Baltasar Garzón (España), Adoración Guamán (Ecuador–España), Aloizio Mercadante (Brasil), Ernesto Samper (Colombia), Elizabeth Gómez (Argentina) y Carol Proner (Brasil). CLAJUD ejemplifica cómo uno de los fundadores del Grupo de Puebla, el chileno Marco Enríquez–Ominami, “ha sido una de las muchas víctimas de la acción política y tiránica de persecución que se ha registrado en América Latina contra líderes que han debido enfrentar procesos penales, en los cuales es evidente la utilización de la justicia como arma de guerra política”. El Consejo explica que desde hace algunos años se ha desarrollado una técnica para la persecución de líderes progresistas e impedirles intervenir en la política, como forma de controlar la participación democrática. “Esto no puede suceder más. Ni en Chile, ni en Ecuador, ni en Brasil”, subraya CLAJUD, tras rechazar cualquier acto contrario a la presunción de inocencia y al debido proceso e instar a respetar el derecho a una protección mínima jurídica y política de Estado. El Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) fue acordado por el Grupo de Puebla en su reunión inicial de Julio de 2019, y se formó con el objetivo de estudiar y combatir la utilización de la justicia como arma de guerra política y sus efectos devastadores en la gobernanza y la institucionalidad democrática de la región. Buenos Aires, 22 de marzo 2021. Crónica Digital / Prensa Latina.
La justicia boliviana también debiera juzgar al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, por propiciar el golpe de Estado de 2019, afirmó el expresidente Evo Morales. El exmandatario, quien rechazó la defensa del líder del organismo regional por la detención de la expresidenta del gobierno de facto Jeanine Áñez, culpó a Almagro por “crímenes de lesa humanidad”. “Almagro nunca se pronunció por los 36 asesinatos, los más de 800 heridos, los mil 500 detenidos ilegalmente y el centenar de perseguidos”, añadió Evo en su cuenta en Twitter. Morales, quien fue víctima de un golpe de Estado en noviembre de 2019, admitió no asombrarse por la complicidad del secretario general de la OEA con la exgobernante y varios de sus ministros, ahora bajo detención preventiva. El organismo pidió en un comunicado la liberación de Añez y sus exministros, por considerar que el sistema judicial boliviano “no está en condiciones de brindar las mínimas garantías de juicio justo”. Por su parte, el Ministerio Público de Bolivia precisó que se garantizará el debido proceso y el respeto a los derechos de los investigados en el caso denominado golpe de Estado, según aseguró el fiscal Pablo Gutiérrez. En el marco de sus atribuciones y sus competencias, el organismo emitió las citaciones y órdenes de aprehensión contra la exmandataria Jeanine Áñez y miembros de su gabinete como presuntos implicados en la ruptura constitucional de fines de 2019, explicó. La Fiscalía de La Paz siguió el caso “a partir de lo establecido en el Artículo 115 de la Constitución Política de Bolivia y se respetaron en todo momento los derechos conforme al Código de Procedimiento Penal y los estándares internacionales”, detalló Gutiérrez en un comunicado. Agregó que luego de haber dictado las citaciones de ley, algunos de los sujetos señalados se fugaron del país, por lo cual para evitar el abandono de otros y garantizar su presencia durante la investigación, así como impedir que los mismos obstaculicen el proceso, se emitieron las órdenes de aprehensión. “Este procedimiento no responde ni se ajusta a una persecución política sino a los actos propios de una investigación promovida ante una denuncia”, aclaró la Fiscalía. El Ministerio Público “es una institución que realiza su trabajo con base en los principios de objetividad, legalidad, transparencia e imparcialidad”, concluyó el comunicado. Entre el viernes y la madrugada del sábado fueron aprehendidos Áñez y los extitulares Álvaro Coímbra (Justicia) y Rodrigo Guzmán (Energía) por su presunta participación en las acciones contra el Ejecutivo de Evo Morales. Una juez dictó la víspera contra ellos detención preventiva por cuatro meses ante supuestos delitos de terrorismo, sedición y conspiración. A pesar de la investigación por las denuncias sobre los 36 muertos, más de 800 heridos, perseguidos y torturados entre octubre y noviembre de 2019, fuerzas opositoras a la actual administración encabezada por Luis Arce han anunciado quejas o denuncias a instituciones internacionales y movilizaciones de protesta en las calles. La Paz, 16 de marzo 2021. Crónica Digital / Prensa Latina.
Si en 2019 el 60 por ciento de la población de Chile se expresaba por restringir el ingreso de migrantes, en el presente llegan al 69, indica una encuesta publicada. Un estudio de la consultora Criteria Research, que compara los resultados de febrero de 2021 con los de un sondeo de 2019, añade que en la actualidad solo la cuarta parte de la población se manifiesta de acuerdo con la llegada de migrantes al país. El estudio muestra un incremento del rechazo a la entrada de los extranjeros, pues si en febrero de 2019 estaban de acuerdo o muy de acuerdo el 37 por ciento de los encuestados, ahora solo representan el 25 por ciento. Incluso, la comparación de los sondeos señala que quienes opinaban que los inmigrantes podrían constituir un aporte el país se redujo del 43 al 30 por ciento. También aumentaron en 10 puntos porcentuales los que consideran el aumento de la delincuencia en el país como resultado de la llegada de migrantes, y en tres por ciento quienes temen que estos le puedan robar. Pero para los realizadores del estudio resulta significativo que no aumentó la percepción de que los inmigrantes sean una amenaza en el sentido de desplazar a los nacionales de los puestos de trabajo, e incluso se redujo en cinco por ciento la cifra de quienes creen que será más difícil encontrar empleo. Tampoco sufrió cambios el criterio de que la llegada de extranjeros pudiera colapsar servicios como la salud, aunque quienes opinan así representan alrededor de la mitad de los entrevistados. Analistas consideran que ese incremento de la percepción negativa hacia los migrantes obedece a la reciente crisis ocurrida en el norte del país tras la llegada de cientos de indocumentados. Asimismo señalan que influyó también el despliegue mediático del gobierno con imágenes de la expulsión de los extranjeros vestidos con overoles blancos y custodiados por policías como si fueran delincuentes, lo cual incrementa el rechazo de los ciudadanos y disminuye su aceptación del fenómeno migratorio. Santiago de Chile, 5 de marzo 2021 Crónica Digital/PL
De grave error político del gobierno de Chile calificó hoy la académica mapuche Elisa Loncón la posibilidad de imponer estado de sitio en la región de la Araucanía. El tema ha generado una amplia controversia en el país luego de que partidos de derecha exigieran al presidente Sebastián Piñera aplicar esa medida ante reiterados hechos de violencia en territorios del sur, propuesta que rechazan las fuerzas de oposición. Entrevistada por Radio Universidad de Chile, Loncón, también candidata a integrar la convención que redactará la nueva Constitución, advirtió que con decisiones de ese tipo se pasa por alto el problema central que es la devolución de las tierras arrebatadas a las comunidades mapuches. Opinó que en esos territorios la violencia no fue instalada por los pueblos indígenas, sino por el Gobierno, la policía, la Asociación para la Paz y la Reconciliación de la Araucanía (APRA), entre otros factores. Mencionó también a los paramilitares, pues «hay muchos actores políticos y económicos que se benefician de la violencia y les conviene que ésta se mantenga en la Región». Igualmente consideró que la falta de un diálogo efectivo entre el Estado y las comunidades también es una forma de violencia. Para Loncón, se está buscando acorralar al pueblo mapuche, y si Piñera militariza la zona «será un error histórico». Puntualizó que «las comunidades saben donde están los problemas de fondo. Él, como jefe del Gobierno, debe resolverlos: tienen que ver con la restitución del territorio y el respeto a las formas de vida, cultural y lingüística que nos merecemos como pueblo». Según la especialista en mapudungún (lengua mapuche), las autoridades de ese pueblo originario están dispuestas a un diálogo respetuoso que aborde los derechos que les corresponde, como la restitución de las tierras. Asimismo aseguró que para avanzar en las pláticas resulta esencial cambiar la Constitución, pues en la actual «todos los pueblos originarios hemos sido marginados», y crear una que reconozca el carácter plurinacional de Chile, y con ello se respeten los derechos de los pueblos originarios. Santiago de Chile, 28 de febrero 2021 Crónica Digital/PL
Hoy, se declaró admisible la querella interpuesta por la Comisión Chilena de Derechos Humanos ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, que persigue establecer la responsabilidad en diversos DELITOS DE CORRUPCIÓN, que le caben al Presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique, al Ministro de Salud, Enrique Paris Mancilla, a Jaime José Mañalich Muxi, ex Ministro de Salud y al ex Subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Arturo Zuñiga Jori, cometidos en el marco de las estrategias sanitarias para el manejo de la pandemia Covid-19 en nuestro país. De acuerdo a los hechos denunciados, conforme los antecedentes públicos y notorios y según se ha establecido en el Informe Oficio Nº 630/2020, sobre Auditoría realizada por la Contraloría General de la República a la habilitación de la infraestructura de salud de emergencia (Residencias sanitarias), existen graves antecedentes que hacen necesario investigar, establecer la responsabilidad y sancionar a los querellados, con las penas de presidio e inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos, conforme su participación como autores, cómplices o encubridores, de acuerdo a la penalidad asignada a los delitos de corrupción denunciados. La querella sostiene que los delitos por los cuales debe perseguirse la responsabilidad penal de las mencionadas autoridades públicas, corresponden a Fraude al Fisco, en razón de haber intervenido en contrataciones irregulares y pagos injustificados por servicios no otorgados, como es el caso de Hotel Alto del Sol de la comuna de Mejillones por $513 millones ó el caso del Hotel Clínico de Santiago por $205 millones, por atenciones a “pacientes fantasmas” que se encontraban fuera del país en fecha anterior al período de pandemia en Chile, hechos que defraudando al Estado, han originado millonarias pérdidas al erario fiscal, resultando engañados todos los chilenos mediante el desvío de recursos públicos, bajo el pretexto de desarrollar una “exitosa estrategia sanitaria”. Además, se ha denunciado que existe responsabilidad penal por los delitos de Negociaciones Incompatibles y Tráfico de Influencias, en tanto las autoridades se han interesado en las negociaciones, contratos y operaciones desde una posición de ventaja, influyendo en las decisiones que produce derivación de beneficios económicos, como es el caso de la “doble contratación” del denominado Hospital de Emergencia Huechuraba (Espacio Riesco), por $2.900 millones ó el pago de $53 millones por costos operativos fijos y preparación de alimentos para pacientes inexistentes en el HOTEL O’HIGGINS de Viña del Mar, hechos que vulneran la capacidad del Estado para generar las prestaciones de Salud debidas. La querella establece que el diseño e implementación de las estrategias sanitarias para el manejo de la pandemia Covid-19 en nuestro país, autorizadas por el Presidente de la República, Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique, y que se ejecutaron, entre otras medidas, mediante las contrataciones públicas relativas a las residencias sanitarias, privilegiaron un interés distinto y contrapuesto al interés público, prevaleciendo el beneficio privado y la obtención de ganancias particulares por sobre la salud de la población. En relación a las diligencias solicitadas, destacan la solicitud de oficio al Director del Servicio de Impuestos Internos, con […]
El Partido Progresista de Chile, que preside Camilo Lagos, demandó poner fin al control preventivo de identidad, a través de un documento técnico dado a conocer por el fundador de la colectividad, Marco Enríquez–Ominami, y por el director ejecutivo de la Fundación Progresa, Víctor Osorio. El texto indica que el homicidio de Francisco Martínez Romero en Panguipulli devela que la facultad policial “constituye una amenaza para los derechos de las personas” y agrega, además, que “no es una herramienta útil para enfrentar el delito”. En este sentido, deploraron las declaraciones de Sebastián Piñera, quien manifestó, frente al doloroso hecho, que “el control preventivo de identidad es un instrumento legal, es útil y es necesario para proteger el orden público, para proteger la seguridad ciudadana”. A ese respecto, señalan que “nos encontramos en presencia de un caso de ‘populismo penal’ de los conservadores”, pues “se impone una institución impotente para producir el resultado que promete”, es decir, el enfrentamiento efectivo de la criminalidad. La propuesta progresista señala que se debe derogar el Artículo 12 de la Ley N° 20.931, promulgada en 2016 que estableció el control preventivo de identidad, reconociendo que el Código Procesal Penal proporciona herramientas suficientes a las policías en esta materia: el “control investigativo de identidad” contemplado en el Artículo 85 del Código Procesal Penal, en virtud del cual entre 2011 y 2015 se ejecutó un promedio anual de 2 millones de controles. Asimismo, señala la necesidad de retirar de tramitación legislativa el proyecto presentado por Piñera el 28 de marzo de 2019 “que fortalece el control (preventivo) de identidad por parte de las policías”, hoy en segundo trámite constitucional en el Senado, y que entre otras cosas amplia la facultad policial a menores de edad entre 14 y 17 años, y les otorga mayores atribuciones invasivas. El Progresismo indica que es “una facultad policial que puede vulnerar los derechos de las personas, cuya protección es un imperativo del poder público”, y que está en oposición con lo establecido por la propia actual Constitución, así como por los pactos y los tratados internacionales que ha suscrito el país, que establecen que es un “deber de los órganos del Estado respetar y promover” los derechos fundamentales de las personas. Puntualizan que el “control preventivo de identidad”, modalidad policial inexistente a nivel internacional, no requiere para ejecutar el procedimiento de la existencia de indicios de carácter objetivo de que la persona controlada hubiere cometido o se disponga a cometer un ilícito. Es decir, depende del solo arbitrio y voluntad del funcionario policial (a diferencia del control investigativo de identidad). “El hecho que el ejercicio de la facultad de control preventivo de identidad no esté sujeta a ningún estándar de carácter objetivo, hace inviable la existencia de alguna clase de control sobre el modo de ejecución de un procedimiento que para ser realizado basta con la mera decisión del funcionario policial, sin justificación”, explican. Ello hace inviable la posibilidad de denunciar “un ejercicio abusivo o denigratorio de la facultad”, en circunstancias […]
Estados Unidos deportó a Alemania a Friedrich Karl Berger, un guardia armado del campo germano de concentración Neuengamme en 1945, según comunicó el Departamento de Justicia. De acuerdo con la entidad federal, Berger, de 95 años de edad y quien vivía en Estados Unidos desde 1959, participó en “actos de persecución promovidos por los nazis”. A juicio del fiscal general estadounidense en funciones, Monty Wilkinson, esta deportación demuestra el compromiso del Departamento de Justicia de “asegurarse de que su país no es sitio seguro para quienes participaron de crímenes contra la Humanidad y otros abusos a los derechos humanos”. Sin embargo, diversas voces afirman que los Estados Unidos es una nación que contiene dos ideas radicalmente opuestas: la supremacía blanca y la igualdad ante la ley. Este país, recalcan, acoge a más inmigrantes que cualquier otro, pero sufre crisis traumáticas con solo mencionarlos, y su expansión geográfica fue posible gracias a la limpieza violenta de los habitantes originales. Reportes de prensa recordaron que la orden de deportación contra Berger, emitida por la jueza de inmigración Rebecca Holt, ocurrió en marzo de 2020. Según Holt, el deportado estuvo estacionado durante la Segunda Guerra Mundial cerca de Meppen, Alemania, donde los prisioneros eran mantenidos en “atroces condiciones y trabajaban hasta la muerte”. Berger admitió en un juicio en su contra que evitó que los reos escaparan de dicho campo de concentración, pero aseguró desconocer los maltratos cometidos allí y seguir órdenes de sus superiores. Por otra parte, las informaciones subrayaron que la Justicia alemana abandonó el proceso contra Berger en diciembre pasado por carecer de evidencias suficientes sobre el caso. Washington, 21 de febrero 2021. Crónica Digital / Prensa Latina.
