El Partido Progresista de Chile, que preside Camilo Lagos, demandó poner fin al control preventivo de identidad, a través de un documento técnico dado a conocer por el fundador de la colectividad, Marco Enríquez–Ominami, y por el director ejecutivo de la Fundación Progresa, Víctor Osorio. El texto indica que el homicidio de Francisco Martínez Romero en Panguipulli devela que la facultad policial “constituye una amenaza para los derechos de las personas” y agrega, además, que “no es una herramienta útil para enfrentar el delito”.
En este sentido, deploraron las declaraciones de Sebastián Piñera, quien manifestó, frente al doloroso hecho, que “el control preventivo de identidad es un instrumento legal, es útil y es necesario para proteger el orden público, para proteger la seguridad ciudadana”. A ese respecto, señalan que “nos encontramos en presencia de un caso de ‘populismo penal’ de los conservadores”, pues “se impone una institución impotente para producir el resultado que promete”, es decir, el enfrentamiento efectivo de la criminalidad.
La propuesta progresista señala que se debe derogar el Artículo 12 de la Ley N° 20.931, promulgada en 2016 que estableció el control preventivo de identidad, reconociendo que el Código Procesal Penal proporciona herramientas suficientes a las policías en esta materia: el “control investigativo de identidad” contemplado en el Artículo 85 del Código Procesal Penal, en virtud del cual entre 2011 y 2015 se ejecutó un promedio anual de 2 millones de controles.
Asimismo, señala la necesidad de retirar de tramitación legislativa el proyecto presentado por Piñera el 28 de marzo de 2019 “que fortalece el control (preventivo) de identidad por parte de las policías”, hoy en segundo trámite constitucional en el Senado, y que entre otras cosas amplia la facultad policial a menores de edad entre 14 y 17 años, y les otorga mayores atribuciones invasivas.
El Progresismo indica que es “una facultad policial que puede vulnerar los derechos de las personas, cuya protección es un imperativo del poder público”, y que está en oposición con lo establecido por la propia actual Constitución, así como por los pactos y los tratados internacionales que ha suscrito el país, que establecen que es un “deber de los órganos del Estado respetar y promover” los derechos fundamentales de las personas.
Puntualizan que el “control preventivo de identidad”, modalidad policial inexistente a nivel internacional, no requiere para ejecutar el procedimiento de la existencia de indicios de carácter objetivo de que la persona controlada hubiere cometido o se disponga a cometer un ilícito. Es decir, depende del solo arbitrio y voluntad del funcionario policial (a diferencia del control investigativo de identidad).
“El hecho que el ejercicio de la facultad de control preventivo de identidad no esté sujeta a ningún estándar de carácter objetivo, hace inviable la existencia de alguna clase de control sobre el modo de ejecución de un procedimiento que para ser realizado basta con la mera decisión del funcionario policial, sin justificación”, explican. Ello hace inviable la posibilidad de denunciar “un ejercicio abusivo o denigratorio de la facultad”, en circunstancias de que es completamente verosímil que exista un sesgo discriminatorio o de represión orientado a determinados territorios o grupos sociales.
“La información publicada en el sitio web del Ministerio del Interior y Seguridad muestra que, en el período desde enero de 2018 a diciembre de 2020 hubo apenas 58 reclamos, sin entregarse reporte alguno sobre su contenido y resultados, y –aunque parezca increíble– en el lapso entre octubre de 2019 y diciembre de 2020 figuran cero denuncias”, detallan.
El Partido Progresista señala que “no existe ni una sola evidencia empírica que muestre que sea un instrumento útil y necesario para la protección del orden público y la seguridad ciudadana. Al contrario, toda la información disponible apunta en una dirección opuesta”. Como lo señaló en la tramitación legislativa de 2016, la entonces diputada Karla Rubilar, actual Ministra del Gobierno, “este tipo de políticas son voladores de luces, puesto que no combaten la delincuencia. Con este proyecto estamos engañando a la ciudadanía”.
Al respecto, detallaron que “la información del sitio web del Ministerio del Interior contiene datos muy generales, pero suficientes para cuestionar la norma”. Respecto del trimestre octubre–diciembre de 2000 se consigna que Carabineros ejecutó 1.409.319 controles preventivos de identidad, de los que menos del dos por ciento terminaron en detenciones; mientras que la PDI ejecutó 848 procedimientos de este tipo, los que culminaron en apenas cuatro arrestos.
Asimismo, en la Cuenta Pública de Carabineros de Chile de 2019, se indica que se ejecutaron 5.390.241 controles de identidad, de los cuales 5.077.504 (94%) fueron controles preventivos, y solo el 6% controles investigativos, en circunstancias que estos tienen una mayor importancia en términos de enfrentamiento a la criminalidad. El porcentaje de personas detenidas por los controles preventivos de identidad fue de un 1,8%. Las cifras del año 2018 muestran una tendencia similar.
Por tanto, sentencian, “el nivel de masividad de los controles preventivos de identidad está en evidente contradicción con la muy baja efectividad de sus resultados. No hay evidencia que la facultad contribuya a una disminución de la ejecución de delitos”.
Santiago, 25 de febrero 2021.
Crónica Digital.
