A poco más de un día que se cumpla el plazo para recolectar respaldos de la ciudadanía, la Iniciativa Popular de Norma presentada por el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH) está sólo a un paso de la meta mínima de las 10 mil adhesiones. La propuesta busca que se reconozca al Estado “como proveedor de educación pública, laica, pluralista y de calidad”.
Para lograr que el Consejo Constitucional discuta una Iniciativa Popular de Norma, deben lograr los apoyos necesarios antes de la medianoche del viernes 7 de julio. A unas 32 horas de que se cumpla ese plazo, la Iniciativa de las Universidades del Estado supera las 9 mil 500 adhesiones en la plataforma de la Secretaría de Participación Ciudadana.
Consagrar el derecho a una educación pública, gratuita, laica y de calidad es el objetivo de la enmienda presentada por el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH) al anteproyecto de texto constitucional. La propuesta plantea, específicamente, reemplazar la letra F del inciso 22 del Artículo 16, sobre el derecho a la educación. Las universidades del Estado buscan incluir en el texto propuesto por la Comisión Experta una norma extendida sobre la educación pública y su incidencia en la vida de las personas y la sociedad.
La propuesta ha tenido una positiva respuesta de la ciudadanía en el escaso tiempo que fue otorgado a la recolección de firmas para las iniciativas populares: dos semanas que terminan en la medianoche de este viernes 7 de julio. Por ello, las 18 Universidades Estatales del país trabajaron arduamente para lograr su respaldo antes del plazo final.
El presidente del CUECH y Rector de la Universidad de Valparaíso, Osvaldo Corrales, manifestó que “la propuesta que hemos planteado es coherente con una demanda que la ciudadanía ha venido sosteniendo hace bastantes años, incluso antes del estallido social, y que tiene que ver precisamente con un derecho humano fundamental y un derecho social que es el derecho a la educación”. Corrales agregó que este es un derecho “que no puede ser sólo provisto a través de mecanismos de mercado o de educación privada, sino que hay un deber fundamental que el Estado tiene que ser capaz de cumplir”.
Por su parte, la Rectora de la UTEM e integrante del Directorio del CUECH, Marisol Durán Santis, explicó que “Chile vive hoy una nueva oportunidad de lograr una Constitución de origen y contenido democráticos. En este contexto, estimamos imprescindible que la Carta Fundamental considere en forma apropiada el reconocimiento del Estado como proveedor de educación pública y de calidad en todos los niveles de enseñanza y territorios en Chile”.
En este sentido, “la Iniciativa Popular de Norma que ha sido presentada por el Consorcio de Universidades del Estado de Chile, plantea la debida consideración de la educación pública en la Nueva Constitución. Chile necesita garantizar la educación pública como derecho para un mañana mejor”.
La enmienda amplía los alcances de lo que se entiende por “establecimientos educacionales pluralistas en todos los niveles de enseñanza”, a partir la historia constitucional del país, que desde sus albores estableció que la educación pública es una atención preferente del Estado y, como tal, “es fundamental que en la Nueva Constitución se garantice la existencia de una robusta red de establecimientos estatales que provean educación pública, laica, pluralista y de calidad, articulada en todo el territorio nacional y niveles de enseñanza”, lo que en ningún caso es contradictorio con “el derecho de los particulares a crear, organizar y mantener establecimientos desde sus propios proyectos educativos”, argumenta la propuesta.
La participación ciudadana ha sido canalizada a través de una plataforma organizada por las universidades acreditadas del país, según establecieron las normas regulatorias del proceso constitucional actualmente en curso.
Santiago, 6 de julio 2023.
Crónica Digital.
