Ante la comisión de derechos humanos y pueblos originarios de la cámara, expondrán los dirigentes del Comando Unitario de Ex Prisioneros Políticos y Familiares, Haydee Oberreuter y Ramón Nuñez, quienes señalan que cerca de 40 mil personas que hoy reciben pensión reparatoria por ser víctimas de violación de derechos humanos acontecidos en Dictadura, hoy son sujetos de una discriminación arbitraria al no calificar para las ayudas estatales en medio de la crisis sanitaria y económica que vive el país debido a la pandemia. La dirigenta Haydee Oberreuter señala que “La lucha contra la dictadura militar implicó durísima represión, cárcel y exoneraciones. El trabajo formal ha sido un privilegio desconocido para la mayoría de nosotros. De ahí que para nosotros, que en su mayoría estamos en la tercera edad, la situación de pensiones es gravísima. Y en el contexto actual, discriminados por el gobierno para recibir ayudas COVID, estamos en una posición crítica que puede tener fatales consecuencias”. La sesión será transmitida online a través de: www.democraciaenvivo.cl Santiago de Chile, 5 de mayo 2021 Crónica Digital
DD.HH.
Por medio de la presente, las personas y organizaciones de sociedad civil abajo firmantes, queremos manifestar nuestra oposición a la elección del Sr. Rolando Melo -actual gerente de la división de estudios de la Fiscalía Nacional- como Defensor Nacional. Como es de público conocimiento, el integrante de la Fiscalía Nacional forma parte, junto a la defensora regional Loreto Flores y al defensor regional Luis Graig, la terna desde la que el Presidente debe seleccionar a quien dirija la Defensoría Penal Pública. Resaltando, en el contexto de un proceso constituyente, la importancia de un proceso de escrutinio y debate público en la selección de las máximas autoridades, hacemos hincapié en que una de las persistentes falencias institucionales de la Defensoría Penal Pública es su falta de autonomía, lo que continuamente obstaculiza el ejercicio de la defensa, afectando no sólo a las personas imputadas que requieren del servicio prestado por la Defensoría Penal Pública, sino al sistema penal en su conjunto. Esto es especialmente notorio cuando el ejecutivo ejerce la acción penal, en conjunto con el Ministerio Público, en contra de un grupo o categoría de personas, demostrando una política criminal específica. Situación que ha quedado en evidencia, por ejemplo, en caso del conflicto del Estado con el Pueblo Mapuche y la persecución penal que se ha llevado adelante en ese contexto; en la persecución de delitos migratorios; o en los casos iniciados durante el “estallido social”. Por ello, y mientras no exista dicha autonomía institucional, resulta fundamental que las personas que ocupen el cargo de la dirección nacional de la Defensoría, garanticen la suficiente independencia para sobreponerse a las eventuales presiones ejercidas por otros poderes del Estado. Rolando Melo representa todo lo contrario a esta exigencia. En efecto, él ha contado con la confianza de este gobierno, por ejemplo, en 2010, año en que fue designado como director del SENAME para hacerse cargo de su modernización, como dijo el Ministro de Justicia de la época, ejerciendo el cargo durante tres años. Adicionalmente, el candidato a Defensor Nacional se ha desempeñado hasta la actualidad en el Ministerio Púbico, quien constituye la contraparte de la defensa en el sistema penal, y tiene -por cierto- objetivos institucionales contradictorios. Una defensa pública débil favorece la labor de la fiscalía y de quienes quisieran una condena efectiva y ejemplarizadora en determinados contextos. Sostenemos que resultaría un despropósito el nombramiento de Rolando Melo como Defensor Nacional, pues esto pondría en duda la certeza que las y los ciudadanos tendrán de disponer de una defensa sin censura cuando sean objeto de imputaciones criminales, especialmente si el gobierno tiene un interés en ello. No existe otro órgano público que ejerza esta labor, y en complejos momentos para la sociedad, los acontecidos durante octubre de 2019 en adelante, se requiere de una Defensa Pública con la voluntad de ejercer su labor y que cuente con la confianza de la población. Organizaciones que apoyan la presente declaración Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) Agrupación De Mujeres Democráticas Históricas Agrupación Guacoldas […]
En el anuncio, realizado en vivo a través de las redes sociales del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, los periodistas abordaron la injerencia del Estado en los contenidos periodísticos de medios de comunicación así como la participación de miembros del Ejército y el Poder Judicial en las acciones de espionaje en contra de periodistas. Bajo la consigna «Cuidar la democracia es asegurar la libertad de expresión», este lunes 3 de mayo, en el marco de un nuevo Día Mundial de la Libertad de Prensa, los Premios Nacionales de Periodismo Juan Pablo Cárdenas, Faride Zerán, María Olivia Mönckeberg, Sergio Campos, Alipio Vera, Abraham Santibáñez y Mónica González, junto al director de la Escuela de Periodismo del ICEI de la Universidad de Chile, Dino Pancani, emitieron una Declaración Pública en rechazo a las recientes amenazas que han afectado al ejercicio periodístico y la libertad de expresión. En dicho anuncio, realizado a través de las redes sociales del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, los periodistas abordaron la injerencia del Estado en los contenidos periodísticos de medios de comunicación, así como la participación de miembros del Ejército y el Poder Judicial en las acciones de espionaje en contra de periodistas, entre los cuales se vieron afectados académicos de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. En el comunicado, los y las periodistas hicieron un llamado al Ministerio de Defensa a que esclarezca los hechos, y manifestaron la necesidad urgente de que se garanticen las debidas condiciones de seguridad para que los periodistas puedan informar sobre movilizaciones sociales. Revisa y descarga el comunicado completo a continuación: Santiago de Chile, 3 de mayo 2021 Crónica Digital
Con estupor reaccionó la opinión pública a las declaraciones de Yuyuniz Navas de Caso, una candidata a constituyente por la derecha en el Distrito 9, en el programa “Aquí se Debate” de CNN Chile. Ella había sentenciado en su cuenta en Twitter: “Salirnos de la ONU es lo que se debe y dejar de vender el país. Impresentable e inadmisible”. Frente a ello, la periodista Mónica Rincón le preguntó: “¿Qué país se ha salido de la ONU?”. Respondió: “Eeeh, mira, no me acuerdo dónde leí, o sea, cuál país se salió de la ONU, que a raíz de eso también me sentí inspirada… No tengo el dato ahora”… Agregó: “Tenemos que mirar el mundo como es, cíclico, que cambia, tiene que renovarse. La ONU en su minuto fue muy importante, pero hoy día no lo es, hoy día está ideologizada”… También se refirió a la COVID–19: “Yo intuyo y lo que siente mi cuerpo (sic) es que este virus fue lanzado con un interés político y económico. ¿De quién? (…) De China y del gobierno comunista”. En verdad, no es la primera vez que desde la derecha emergen afirmaciones de ese tipo. El 2018, en el marco de la controversia por la decisión del Gobierno de Piñera de no suscribir el Pacto Mundial sobre la Migración, la diputada de RN Camila Flores defendió la postura de La Moneda, manifestando en el programa Directo al Grano de Radio Agricultura que “los países serios se están saliendo de la ONU”. Junto con ello, argumentó que “sabemos que la ONU es un brazo armado de la izquierda en el mundo”… Luego, en las redes sociales de la emisora se corrigió la primera frase de la congresista: “Los países serios no van a ingresar al pacto migratorio de la ONU”. Esas declaraciones son expresión de algo más que un par de anécdotas pintorescas. Son la muestra visible de la influencia de un componente clave del extremismo de derecha en los conservadores que adhieren a los partidos tradicionales de la derecha. UNA FABRICA DE CONSPIRACIONES Ya en los tiempos de la Revolución Francesa se instaló, en la reacción contrarrevolucionaria, una interpretación conspirativa de su origen, fundamentos y propósitos. Con el transcurso del tiempo esa noción fue mantenida entre los conservadores y extremistas de derecha: la existencia de una conspiración para imponer un gobierno o una dictadura mundial, digitada desde las sombras por una sucesión de enemigos imaginarios: la masonería, los jesuitas, el judaísmo, el liberalismo, el comunismo, la sinarquía (e incluso una combinación de todos). Desde sus orígenes, fue un relato útil para la oposición conservadora a la democracia (y, por lo tanto, al pluripartidismo y los partidos políticos), y a la existencia de principios universales de igualdad de derechos, como los delineados por primera vez en 1789 con la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia. Fue, asimismo, fundamento clave de los nacionalismos autoritarios o totalitarios que desde entonces han proliferado bajo diversas formas, incluso […]
Plantemos 30.000 árboles para sembrar memoria en homenaje a todos los desaparecidos en la última dictadura argentina, incluyendo a las personas de nacionalidad chilena. Esa fue la idea fuerza con la que, el pasado miércoles 24 de marzo de 2021 se realizaron una gran cantidad de recordatorios del golpe cívico–militar que encabezó el general Rafael Videla. Con diferentes características, se desarrollaron a lo largo de la Argentina, impulsados por Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo e HIJOS, entre otras expresiones del movimiento de derechos humanos. Esta propuesta se elaboró a partir del análisis de que, dada la situación de pandemia que padece la Argentina y el mundo, no era conveniente convocar a la ciudadanía a la tradicional “Marcha del 24”, la que sin exagerar resulta todos los años en una movilización de las más concurridas, en donde confluye una amplia diversidad de sectores políticos e ideológicos, sindicatos, centros barriales, sectores del arte y la cultura y todo tipo de organizaciones no gubernamentales. En verdad, una parte significativa de la población se pone en movimiento para mantener viva la memoria de lo ocurrido en la última dictadura argentina: por ello su masividad y emotividad. En este año se realizaron entonces plantaciones de árboles autóctonos en todo el país, para no olvidar a los 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos, junto con una multiplicidad de iniciativas conmemorativas. Entre las múltiples actividades, destacó el acto en el Museo del Bicentenario, en donde el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, entrego a todas las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo un reconocimiento oficial del Estado argentino. El Mandatario, cuando presentó el premio, dijo que son un “modelo de conducta, de lucha y de compromiso” y expresó que “su tarea es reconocida en el mundo entero”. Por otra parte, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), plantó un árbol en su predio de Ezeiza, en consistencia con el llamado de las organizaciones de derechos humanos. Era la primera vez que la directiva de la institución realizaba una ceremonia recordatoria de las víctimas del golpe de Estado. Encabezó el acto el presidente de la AFA, Claudio Tapia, quien dijo: “Nunca se había logrado que la dirigencia del fútbol argentino abriera este predio para homenajear la memoria de los desaparecidos por la dictadura, y hoy lo estamos llevando a cabo”. Estuvieron presentes familiares de jugadores desaparecidos y jugadores de futbol que tienen familiares desaparecidos, y demás integrantes de la directiva de la AFA. También se plantaron árboles por la memoria en Boca Juniors, River Plate, Huracán y una gran cantidad de clubes de futbol: más allá de las pasiones por la competencia futbolística, que tanto apasiona al pueblo argentino, en esta ocasión todos actuaron unidos en defensa de la memoria histórica. También fue significativo el acto recordatorio que se realizó en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ex ESMA), el mayor centro clandestino de detención y tortura en la última dictadura. Este recinto […]
Este sábado el senador Alejandro Navarro (PRO) adelantó lo que será una nueva sesión de la comisión de derechos humanos del Senado, donde este lunes se abordará cómo tema principal la situación del derecho a la información y la libertad de prensa en nuestro país. Para ello, la instancia que sesionará a partir de las 15:30hrs (Transmisión por TV Senado), contará con las exposiciones del Ministro de Defensa, Baldo Prokurica, del Director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, Dino Pancani, y del Rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña. Así como también del Presidente del Colegio de Periodistas, Danilo Ahumada, de la periodista de La Red, Mónica González, de los periodistas Javier Rebolledo y Mauricio Weibel, y de representantes del medio independiente PiensaPrensa. Para Navarro “la comisión de derechos humanos del Senado acordó la realización de una sesión frente a un hecho que tiende a volverse natural que es la intervención de autoridades a medios de prensa que vulneran claramente la libertad de expresión del medio y la libertad de información de los usuarios del medio”. “Creo que la presencia del ministro Baldo Prokurica respecto de la actuación del Ejército a un canal como La Red, la presencia de Carlos Peña y también de Javier Rebolledo, de Mauricio Weibel y de Mónica González, entre un listado amplio y diverso de invitadas e invitados, nos van a ayudar a comprender algo que está siendo debilitado por la actuación del propio presidente de la República, Sebastián Piñera”, continuó el senador del PRO. Navarro aseguró que “Piñera a telefonazo limpio lo que está haciendo es intervenir medios de comunicación afectando la libertad de expresión. La sesión esperamos terminar con propuestas concretas de cómo fortalecer este derecho que se ha visto afectado, lamentablemente, en democracia”. Santiago de Chile, 1 de mayo 2021 Crónica Digital
Por Pierre Lebret (*) Las tensiones crecen en Chile. Desde octubre de 2019, la fuerza del pueblo hizo posible lo que muchos esperaran durante más de 30 años: la posibilidad de cambiar una constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Gustavo Gatica, un joven estudiante que perdió la vista cuando la policía le disparó durante una manifestación en noviembre de 2019 (como a casi 500 jóvenes chilenos), dijo a la agencia de noticias EFE: «Estoy decepcionado por la falta de condena internacional dado el nivel de represión que se viene gestando desde hace varios meses en nuestro país». Este grito del corazón y de consternación debe hacernos reaccionar. No esperemos a que la situación se agrave aún más para condenar lo imperdonable. Hay que tener en cuenta que la carta magna heredada de la dictadura de Pinochet defiende un modelo neoliberal que ha hecho de Chile uno de los países más desiguales del mundo. La elección de una Asamblea Constituyente y paritaria el 15 de mayo es un punto de inflexión histórico para el país. Sin embargo, la represión nunca cesó. Desde la «primavera chilena», las acusaciones por delitos comunes se volvieron sistemáticas para quienes se manifiestan contra el gobierno, estrategia digna de regímenes autoritarios. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y numerosas organizaciones de derechos humanos informaron y documentaron en repetidas ocasiones cientos de detenciones arbitrarias, decenas de casos de tortura y de violencia sexual cometidos por agentes de policía. En un contexto de agudización de la crisis sanitaria, la oposición chilena pide ayuda estatal directa y urgente para apoyar a las personas más vulnerables frente a la pandemia. El gobierno respondió negativamente, rechazando además para la población empobrecida la posibilidad de un tercer retiro anticipado de sus ahorros para la jubilación. Con esta negativa que impide (sobre)vivir a miles de personas, el gobierno incluso va en contra de la intervención del Estado y sus subsidios, como se practica en otros países de la región. Prohibir que los chilenos utilicen estos últimos recursos es servir a los intereses de los fondos de pensiones privados que los poseen, intereses a los cuales el presidente Sebastián Piñera y el gobierno están subordinados. Los más vulnerables, por tanto, se encuentran aún más desfavorecidos. La falta de ayuda es vista como una injusticia más, contra la cual se moviliza el movimiento social. La indolencia del gobierno ante un pueblo que sufre y el recrudecimiento de la represión no hacen más que profundizar la polarización política en el período previo a las elecciones, cuyo buen desarrollo es crucial para el futuro de la sociedad chilena. Frente a esta situación denunciamos enérgicamente la represión del gobierno chileno contra su propio pueblo. Asimismo rechazamos la incautación del dinero de los trabajadores por parte de los líderes del sistema de fondos de pensiones privatizado, lo cual está provocando una crisis humanitaria masiva que afecta al pueblo chileno. Exigimos que Francia, a través de su canciller Jean Yves Le Drian, condene enérgicamente […]
De gran noticia para Chile valoró hoy la abogada en derechos humanos Carmen Hertz, una acusación presentada por organizaciones contra el presidente Sebastián Piñera ante la Corte Penal Internacional (CPI). La víspera la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH), el exjuez español Baltazar Garzón y otras entidades pidieron a la fiscal de la CPI investigar los atropellos cometidos en Chile por agentes del Estado de manera generalizada y sistemática que constituyen crímenes de lesa humanidad. Hertz subrayó que esa solicitud denuncia, además, que más de la mitad de las acusaciones por violaciones de derechos humanos tras la revuelta social de octubre de 2019 fueron cerradas. Ello demuestra –dijo también la diputada comunista- que el Estado de Chile no investiga y, por tanto, no sanciona esos delitos y no repara de manera integral a las víctimas, y afirmó esperar que esa impunidad termine si la CPI asume la investigación pues ‘las máximas autoridades civiles y políticas de este país sí tienen responsabilidad penal internacional’. La acusación presentada ante la CPI pide que ese tribunal investigue, acuse e inicie un juicio al presidente Sebastián Piñera y a sus colaboradores civiles, militares y policiales, por crímenes de lesa humanidad, cometidos de manera generalizada y sistemática. Una declaración del presidente de la CChDH, Carlos Margotta, señala que recurrir a esa instancia internacional es un deber y un derecho ‘cuando los órganos y poderes del Estado chileno, han incumplido su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables’ de tales hechos. Por su parte, el senador Juan Ignacio Latorre, del partido Revolución Democrática, expresó que en el Gobierno de Piñera ‘se han cometido las más graves violaciones a los derechos humanos en Chile, desde el retorno a la democracia’. Asimismo puntualizó que la responsabilidad penal del mandatario y otros altos funcionarios ‘se puede perseguir incluso más allá del término de su mandato’. Desde el ejecutivo el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, preguntado sobre este asunto, dijo que el presidente y el Gobierno ‘están comprometidos con el respeto ante temas relacionados con el cumplimiento de los Derechos Humanos’. Según Delgado, las causas sobre violaciones de derechos humanos se han investigado y las que están pendientes en otro poder del Estado como la Justicia ‘se van a investigar’. Añadió que ‘una vez que el texto de la denuncia se pueda revisar, ‘será seguramente contestado en su mérito’ por el Gobierno. Santiago de Chile, 30 de abril 2021 Crónica Digital/PL
Fue el primer y más significativo contacto que establecimos con el mundo cristiano evangélico y protestante. Para los que llegamos a tomar posición en la lucha contra la dictadura cívico–militar, desde una inspiración cristiana de izquierda, la pastora Juana Albornoz Guevara era referente fundamental. Mientras un sector de ese mundo eclesiástico se postraba frente al tirano, ella era incasable defensora de los derechos humanos y protectora de los perseguidos. Ahora ha partido de este mundo y es indispensable recordarlo para rendirle un homenaje merecido, sobre todo frente a tantas renuncias del que prefirió olvidar y también frente a la ignorancia del malvado. La pastora Juanita, como la conocíamos, era una de las impulsoras clave de la Confraternidad Cristiana de Iglesias (CCI), que tomó una categórica postura profética de denuncia de todas las violaciones a los derechos humanos en tiempos del autoritarismo. Se le recuerda por haber promovido la “Carta Abierta” dirigida a Augusto Pinochet el 29 de agosto de 1986, firmada por un grupo de obispos y pastores, y el Consejo Directivo de la CCI. Sus palabras parecieran tener plena dramática vigencia hasta la actualidad. Señalaban: “No necesitamos ser economistas ni manejar estadísticas para darnos cuenta del abismo que existe entre el triste país real, y lo que proyectan generalmente las cifras oficiales o la publicidad televisiva (…) A la luz de nuestra fe cristiana, esta situación es un escándalo, y se contrapone radicalmente a la voluntad de Dios (…) En nombre de este Dios, proclamamos que ningún Estado, y menos aún si pretende inspirarse en los principios cristianos de justicia, puede supeditar la satisfacción de derechos tan vitales, tales como la salud, la educación o la vivienda, al puro ‘libre juego’ de las leyes del mercado”. “La situación antes descrita ha ido generando un creciente descontento popular. Es propio del ser humano reaccionar cuando sus necesidades básicas están insatisfechas. Sin embargo, constatamos en la actual situación del país, una inexistencia total de canales normales, permitidos y respetados, para expresar ese descontento y demandar soluciones. La gente no tiene a quién recurrir, dónde reclamar, dónde participar constructivamente para resolver sus problemas”, añadían. Frente a ello, manifestaban, emergieron las protestas y paralizaciones populares: “Aunque las leyes vigentes proscriban estas manifestaciones, como cristianos las reconocemos como éticamente legítimas y justas”, precisaban. “Con tristeza hemos constatado en repetidas oportunidades que vuestro gobierno en vez de procurar escuchar y reconocer las razones del descontento popular, ha concentrado todo su esfuerzo en la incomprensible tarea de inhibir, reprimir, desvirtuar y desconocer toda forma de manifestación popular. Para ello se ha recurrido a los mecanismos jurídicos que el propio gobierno ha creado y sobre todo al recurso de la fuerza, destinando un numeroso contingente armado para la represión directa e indiscriminada de las manifestaciones”, señalaban. Y sentenciaban: “Cuando un gobierno recurre al miedo y a la represión como fundamentos de su estabilidad, está contraviniendo la condición básica de todo buen gobierno”. En este contexto, formulaban un llamado a abrir paso a un proceso de restablecimiento de […]
La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Emilia Nuyado, exigió sanciones e investigación tras conocerse informaciones de un medio de comunicación que denuncia la existencia de un equipo «intra marchas» que se ha dedicado a perseguir y detener a manifestantes, sin órdenes judiciales. En este marco, la parlamentaria dijo que » el conformar un equipo de cazadores, para detener a personas que se manifestaron tras el estallido social es un acto nos recuerdan las épocas más oscuras de la historia de Chile. No puede ser carabineros actúe con equipo informal casi como la CNI o la DINA». «No solo están actuando al margen de la ley, porque el artículo 80 del Código Procesal Penal, dice que deben estar avalados y dirigidos por el Ministerio Público y los jueces, sino que además vemos la conformación de un comando que al parecer cuenta con el beneplácito de altas autoridades para inculpar a manifestantes y que además actúa de manera brutal. Por lo mismo, esperamos también que exista un pronunciamiento del Fiscal Nacional sobre esta situación «, dijo Nuyado. Sobre este mismo sentido, la Presidenta de la Comisión de DD.HH. dijo que «debe existir una investigación profunda y sanciones a quienes actúan al margen de la legislación, pero también una explicación de las autoridades políticas y policiales que han permitido que esto pase». «A mi juicio claramente hay una idea de perseguir e infundir temor en la población para que no proteste. Eso está muy lejos de una democracia, donde hay supuestamente protocolos que cumplir por parte de la policías», concluyó Emilia Nuyado. Santiago de Chile, 29 de abril 2021 Crónica Digital
