La exigencia por la liberación de los prisioneros de la revuelta social ha logrado un amplio respaldo político y social, que se ha reflejado en el avance en el Senado del proyecto de ley que propone un indulto general por razones humanitarias de las personas que fueron detenidas en el contexto del estallido social. El rechazo político abierto ha procedido solo desde las filas de la derecha y del propio Sebastián Piñera, que no ha descarta recurrir al veto. El apoyo a la iniciativa incluye a la actual presidenta del Senado, Yasna Provoste, la que ha sido mencionada como la posible carta presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC); la precandidata presidencial del Partido Socialista (PS), Paula Narváez, ex Ministra Secretaria General de Gobierno de Michelle Bachelet; el precandidato del Partido Comunista (PC), el alcalde de Recoleta Daniel Jadue; y el precandidato del Frente Amplio, diputado Gabriel Boric. Desde la sociedad civil se han sumado voces de figuras como Benito Baranda, ex director social del Hogar de Cristo, recién electo miembro de la Convención Constitucional; el respetado sacerdote jesuita Felipe Berríos; y el catedrático Claudio Nash, coordinador de la Catedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. De hecho, el padre Berríos puede considerarse uno de los primeros impulsores de la idea, pues en octubre del año pasado señaló en una entrevista con “El Mercurio de Antofagasta”: “¿Por qué la justicia es tan blanda con algunos empresarios y tan dura con estos chiquillos? ¿Será porque son pobres?”. Y agregó: “Con la misma fuerza que dije que la violencia no era la solución (…) con esa misma fuerza digo que es injusto que estos jóvenes estén presos hoy en la cárcel”. “Creo que cuando uno comete un delito, debe sancionarse; pero la sanción no puede ser venganza. La sanción no puede destruirte. Así como a algunos les dan clases de ética como castigo, a estos chiquillos no hay que reventarles la vida. No estoy pidiendo que se haga vista gorda, sino que se haga justicia. Y hacer justicia implica darles otra oportunidad”, dijo. Agregó: “Ya han pagado (por los actos cometidos). Algunos llevan cerca de un año de cárcel. O sea, de qué me están hablando. Me violenta que aquellos que han destruido la política en Chile con la corrupción no tengan ni un día de cárcel. Entonces, la justicia no es justicia”. Y sentenció: “Gracias a ellos que estamos conversando lo que estamos conversando en el país: una nueva Constitución”. La iniciativa fue presentada por el siguiente grupo de senadores: la antes mencionada Yasna Provoste; Isabel Allende (PS) y Adriana Muñoz del PPD (Partido por la Democracia), las que también fueron timoneles de la Cámara Alta; Juan Ignacio Latorre (Revolución Democrática, RD) y Alejandro Navarro (Partido Progresista, PRO) y presidente de la Comisión de Derechos Humanos, aparte de timonel del Foro Latinoamericano de Derechos Humanos. Sostiene la iniciativa que se fundamenta “en un estricto enfoque de promoción y defensa de los derechos humanos, adecuado a las normas y doctrina del […]
DD.HH.
Por su importancia, Crónica Digital reproduce el informe presentado por catedrático de la Universidad de Chile y Doctor en Derecho, Claudio Nash Rojas, en la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado de la República, en el contexto de la tramitación del proyecto que otorga indulto a los presos de la revuelta social. La pregunta que quiero abordar en esta comisión es ¿se justifica una medida política (ley) para resolver la situación de las personas perseguidas penalmente por actos de violencia en el marco de la revuelta de octubre de 2019? Mi respuesta es que sí se justifica, ya que frente a un problema político como lo es la deslegitimación de la actuación del Estado por haber infringido estándares mínimos en materia de derechos humanos, es recomendable utilizar herramientas propias de la solución de conflictos (justicia transicional) para restablecer el imperio del derecho y la paz social. ANTECEDENTES GENERALES Desde la creación del Estado moderno (siglo XVII) una de sus características ha sido concentrar el uso de la fuerza, y se ha aceptado, bajo la lógica del pacto social, que es el Estado quien detenta el uso de la fuerza legítima que tiene, como una de sus principales manifestaciones, la titularidad del ius puniendi, esto es, el uso legítimo del sistema punitivo para mantener el orden social. Empero, esta no es una concesión absoluta, sino que está sujeta a que la autoridad utilice la fuerza y, particularmente, el Derecho Penal dentro de ciertos rangos de legitimidad. Estos se expresan como límites al poder del Estado y una de sus manifestaciones más importantes es la del respeto de los derechos humanos. Cuando el Estado actúa al margen de estos parámetros mínimos, su actividad pierde legitimidad y el uso de la persecución penal se transforma en un acto ilegítimo que debe ser corregido a través de los instrumentos propios de un Estado de Derecho, incluida la actuación política. Esto es lo que el profesor (Luigi) Ferrajoli ha llamado la “disolución del derecho penal”. NATURALEZA DEL PROBLEMA La situación que ha motivado este proyecto de ley (de indulto) es política y humanitaria y se caracteriza por una respuesta estatal al margen de los parámetros mínimos de legitimidad que configuran los derechos humanos. En consecuencia, son tres las cuestiones que nos interesa resolver en este sentido: a) el contexto en el que se utiliza la persecución penal; b) la legislación aplicable y, c) la violación de derechos humanos. Sobre el CONTEXTO, lo relevante para el caso chileno es determinar la naturaleza política de la revuelta de octubre de 2019. Este fue, en general, un movimiento social de protesta contra el modelo imperante y, en particular, un acto de protesta en contra del gobierno de turno. La respuesta del poder público, el Estado, fue la violencia represiva que generó un grave cuadro de violaciones graves, masivas y sistemáticas de derechos humanos; esta represión se dirigió contra un grupo particular, jóvenes que se manifiestan políticamente en contra del sistema y contra el gobierno. […]
El diputado Boris Barrera expresó su preocupación por el conflicto que enfrentan 50 funcionarios/as del INDH que desde el 7 de junio se mantienen en paro indefinido en demanda del término de la discrecionalidad administrativa, el maltrato laboral y el reforzamiento de los equipos para cumplir con las labores que les exige la ley. La situación ha escalado a otro nivel luego que el organismo cerrara las puertas a las negociaciones con las y los dirigentes de la Asociación Nacional ,(ANDEDH) desde que se conoció la decisión del director del INDH, Sergio Micco, de cambiar los criterios sobre las cifras de las víctimas de trauma ocular. El legislador se reunió este viernes con los representantes de los trabajadores/as, Luis Guerrero, presidente de la Asociación, Mauricio Carrasco, secretario y Selene Aguilera, tesorera, con quienes analizó el complejo escenario que viven los/as trabajadores/as y el organismo desde que asumió Micco. Barrera indicó que la gestión del personero ha llevado al fin de la independencia y autonomía del INDH, tomando en cuenta que el mandato del organismo es cautelar los actos de violaciones a los DDHH que cometen los agentes del Estado, situación que no está cumpliendo. El legislador instó a retomar el diálogo con las y los funcionarios y abordar las demandas y las preocupaciones de estos, como el alto grado de desconfianza con los equipos institucionales, la llegada de personas externas sin ser sometidas a un proceso de selección y la superación de los límites presupuestarios contemplados por ley, concretamente relacionado con los gastos en el gabinete. Durante la semana, el diputado Barrera pidió a la Comisión de DDHH de la cámara que cite a Micco para que exponga sobre los criterios que ha impuesto en el organismo y espera que también los trabajadores/as, puedan entregar su visión sobre el conflicto. Santiago de Chile, 19 de junio 2021 Crónica Digital
“A él, probablemente por ser pobre, lo han condenado de esta manera”, argumentó la diputada Camila Rojas. Las y los parlamentarios llamaron a acelerar el trámite del proyecto de indulto en el Senado. Diputadas y diputados del Frente Amplio y el PC-Camila Rojas, Claudia Mix, Maite Orsini, Marisela Santibañez, Karol Cariola, Gonzalo Winter, Boris Barrera, Jorge Brito y Marcelo Díaz-solicitaron este jueves la libertad para Jordano Santander, preso de la revuelta en la cárcel de San Antonio hace un año y tres meses. Este viernes la Corte de Apelaciones de Valparaíso se pronunciará sobre la nulidad del juicio solicitada por la defensa de Santander, luego que se le condenara a 5 años y un día por supuesto homicidio frustrado por “ánimo homicida”. “Hay una querella por torturas en curso, porque una vez que fueron detenidos junto a otros tres chicos que ya están libres, fueron torturados. La condena de Jordano es por homicidio frustrado, se le está condenando por ‘ánimo homicida’ contra un funcionario de la PDI. No hay constatación de lesiones, no hay heridos, sin embargo solo con los testimonios de los policías bastó para condenarlo por varios años”, explicó la diputada Rojas. En contraste, planteó la parlamentaria, “ayer condenaron a un ex capitán de Carabineros, Hugo Navarro Corvalán, por fracturar el pubis con un disparo a un joven en Ovalle. ¿Saben cómo va a cumplir la condena ese policía? En libertad vigilada “intensiva». En un caso donde hay un herido, donde dejaron a una persona baleada en un calabozo. En cambio Jordano lleva un año y tres meses preso en condiciones terribles, no lo dejaron ver a su familia por meses, se contagió de Covid dentro de la cárcel. A él, probablemente por ser pobre, lo han condenado de esta manera”, agregó. “El caso de Jordano es sin duda un caso de prisión política. Fue detenido y torturado en la comisaría, se le aplicó la ley de seguridad del Estado, estuvo en prisión preventiva por más de un año y fue condenado por el testimonio de los mismos policías que a su vez lo torturaron”, sumó la diputada Maite Orsini. “Llamamos al Senado a tramitar con celeridad el proyecto de indulto para los presos políticos de Chile, a la Fiscalía para que se tomen en serio el problema y, en tercer lugar, al ministro de Justicia para que revise las condiciones carcelarias en que están hoy los presos de la revuelta”, añadió Orsini. En tanto, el diputado Boris Barrera (PC) , comentó que “en la mayoría de los casos en los que se ha llegado al final del juicio se ha demostrado que han existido montajes”. “El Senado ha dilatado, lo ha hecho pasar por tres comisiones y aún no ve este proyecto de indulto, así que en sus manos está que el proceso constituyente que viene pueda partir de la manera más correcta posible y lo más válidamente posible, e insistimos en la libertad para Jordano y para todos los presos políticos de la revuelta”, puntualizó el […]
A 34 años de la Operación Albania o matanza de Corpus Christi – como lo llamó la gente-, rindo nuevamente mi homenaje y agradecimiento a nuestros compañeros caídos en esa operación de la CNI en el frío invierno de 1987. Rindo un homenaje especial a Wilson Daniel Henríquez Gallegos y Juan Waldemar Henríquez Araya, quienes no tenían relación de parentesco, pero que estaban hermanados por el coraje y el compromiso político. Ambos fueron los que resistieron el ingreso violento de los agentes de la CNI a la casa de Varas Mena, impidiendo con su valiente y generosa actitud que la lista de muertos creciera. ¿Qué hacíamos algunos Frentistas en esa casa? Estábamos trabajando en una necesaria reestructuración interna; Necesaria a raíz de varias bajas sufridas a manos de agentes de la dictadura y por los cambios políticos que tenía el país, que hacía necesario una evaluación propia. Ese análisis coyuntural tuvo como consecuencia la decisión de una parte de los Frentistas a separarse definitivamente del PC. En Varas Mena, entonces, se estudiaba y se trabajaba en esa nueva reestructuración de la cual saldrían los nuevos cargos y destinaciones de la Organización. A la casa habíamos llegado unos días antes, los que transcurrieron normales, hasta el martes 15 cuando nos enteramos que había ocurrido un hecho muy grave: En la comuna de Las Condes había sido asesinado a balas Ignacio Valenzuela Pohorecky, miembro de la Dirección Nacional. Era la primera vez que la CNI llegaba a un cargo tan importante del FPMR. Preocupados por la tarde pusimos la radio para poder escuchar más detalles e interiorizarnos de la situación. Cerca de las 19 horas escuchamos que acababan de matar a otro compañero nuestro, a Patricio Acosta. No lo sabíamos en ese momentos, pero a Patricio Acosta lo habían asesinado a solo unas cuadras de donde nosotros estábamos. No podíamos saberlo, porque Varas Mena era una casa de seguridad, es decir, los que llegamos ahí lo hacíamos con fuertes medidas de seguridad; En otras palabras… para protegernos debíamos ignorar donde nos encontrábamos. Como a las 10 de la noche, nos dimos cuenta que por las calles aledañas se paseaban vehículos en forma sospechosa. Juan Waldemar, jefe del lugar, nos comunicó que el asesinato del compañero Patricio Acosta, había ocurrido a dos cuadras de ahí. Yo conocía a Juan Waldemar, de hecho habíamos compartido solo un par de semanas atrás, celebrando el nacimiento de la hija de unos compañeros. Por la cercanía que teníamos -yo había trabajado bajo su mando hasta unos meses atrás- conversó conmigo acerca de la posibilidad de quedarnos o de abandonar la casa. Le di mi opinión y concordamos en que debíamos quedarnos. Cuando comunicó la decisión todos estuvieron de acuerdo en que esa era la mejor alternativa. La otra era salir en esos momentos. Pero no podíamos arriesgarnos: por fuera de la casa seguían pasando los vehículos de los que sospechábamos. Teníamos dudas acerca de esos vehículos: Podían ser de la CNI, quienes habrían detectado la casa o […]
El abogado Luis Cuello, junto a la concejala electa de Valparaíso, Alicia Zúñiga, los concejales electos de Viña del Mar, Pablo González y Nicolás López, y el concejal Maximiliano Miranda de San Antonio, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se pronuncie sobre el nombramiento como Comandante en Jefe de la Armada del Vicealmirante Juan Andrés de la Maza, quien estuvo a cargo de las fuerzas de orden y seguridad durante el estallido social, período en el cual se registraron una serie de violaciones a los derechos humanos en manifestaciones que se dieron en diversos puntos de la región de Valparaíso. Al respecto, el abogado Luis Cuello indicó que “creemos necesario advertir que el Vicealmirante fue Jefe de la Defensa Nacional durante el estallido social en la región de Valparaíso, período en que se produjeron numerosas violaciones a los derechos humanos. A esto debemos sumar la dura represión que sufrió la ciudadanía durante una marcha pacífica entre Viña y Valparaíso y al mismo tiempo, las declaraciones amenazantes que el entonces Jefe de la Defensa hizo al indicar que “las Fuerzas Armadas no tienen armamento de juguete, a buen entendedor pocas palabras.” El abogado Luis Cuello señaló que “nos parece inaceptable que se premie la represión ejercida durante el estallido social, por ello, hemos hecho llegar los antecedentes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y le solicitamos que exprese su preocupación al Estado de Chile por esta designación, pues el ex Jefe de la Defensa no garantizó el respeto de los derechos humanos por parte de las fuerzas que estaban bajo su mando en la región de Valparaíso”. Por su parte, Alicia Zúñiga, concejala electa de Valparaíso y presidenta de la Comisión Chilena de Derechos Humanos de Valparaíso comentó que “nosotros como organizaciones defensoras de derechos humanos fuimos testigos de la violenta represión sufrida por quienes se movilizaban durante los días de la revuelta y que fueron reprimidos brutalmente por parte de personal de la armada de infantería de marina durante los primeros meses de este estado de excepción. Alicia Zúñiga agregó que “como organización constatamos la gravedad de las lesiones de alrededor de unas 250 personas producto del accionar perpetrado por los infantes de marina y todas las fuerzas policiales que dependía de quien ejercía las funciones de jefe de zona. Por ello, es que creemos que quienes tienen responsabilidades por lo hecho por sus líneas de mando no pueden ser designados comandantes en jefe de la Armada. Esto nos parece un despropósito y una afrenta para quienes creemos que se debe garantizar la protección plena de los derechos de los y las personas”. La presentación hecha a la CIDH refiere los diversos informes de organismos internacionales que acreditaron graves violaciones a los derechos humanos en Chile durante el estallido social. Al respecto, cita entre otros aspectos, que el Ministerio Público informó que durante el estado de emergencia la región de Valparaíso fue la tercera región con mayor cantidad de investigaciones abiertas por violaciones a los derechos […]
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó preocupación por el acoso contra autoridades electorales y mensajes racistas en la tensa situación en Perú, tras el balotaje. Un comunicado distribuido por la delegación de la ONU, indicó que Bachelet cuestionó el acoso a los titulares del Jurado Nacional Electoral (JNE) Jorge Salas, y al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, (ONPE), Piero Corvetto. Ambos funcionarios sufren en sus casas el hostigamiento de seguidores de la candidata presidencial Keiko Fujimori, como parte de las presiones para que el JNE apruebe cientos de pedidos de nulidad de actas de sufragio de regiones pobres que votaron mayoritariamente por Pedro Castillo. “También manifestó preocupación por una campaña de hostigamiento contra varias figuras públicas, con el objetivo explícito de forzarles a abandonar el país”, agrega el informe. Señala que se registran crecientes ataques verbales contra los partidarios de un candidato (Pedro Castillo), incluyendo mensajes racistas y comentarios despectivos, en razón de su pertenencia étnica, condición social u origen regional. “Repudio los discursos de odio y la discriminación en todas sus facetas, inaceptables en cualquier sociedad democrática”, manifestó la principal funcionaria de las Naciones Unidas sobre derechos humanos. Hizo además “un llamamiento a la reflexión, a la calma y al respeto por los valores democráticos y de no discriminación, así́ como a la defensa de los derechos humanos, todos esenciales para la convivencia en una sociedad tan rica y plural como la peruana”, subrayó. Dijo que le preocupa que “lo que debería ser una celebración de la democracia se está convirtiendo en un foco de división, creando una fractura cada vez mayor en la sociedad peruana, con implicaciones negativas en los derechos humanos”. Advierte que los ataques contra las autoridades electorales pueden afectar negativamente la credibilidad del proceso electoral. “Las instituciones electorales y las decisiones que estas tomen deben respetarse y asumirse. Si no se aceptan las reglas de la democracia antes, durante y después de las elecciones, la cohesión social puede resquebrajarse peligrosamente”, alertó. De otro lado, la Asociación Civil Transparencia, veedora del proceso electoral, deploró el acoso a esas autoridades “por el ejercicio de su labor, así como otros ciudadanos, debido a sus posiciones políticas”. Condenó cualquier intento de alejarse del cauce democrático e institucional y añadió que la ONPE debe culminar el conteo de votos, en el que Castillo lleva una ventaja de 48 mil 436 votos, cuando se contabilizaron el 99,945 por ciento de las actas de sufragio; y que el JNE proclamará el resultado final conforme a la Constitución. Por otro lado, la Fiscalía de Perú comenzó una investigación sobre el acoso de seguidores de Keiko Fujimori contra autoridades y personalidades, en el empeño de anulación masiva de votos para revertir su derrota en el balotaje electoral. El Ministerio Público confirmó que encargó a la Fiscalía de Prevención de Delitos investigar los crecientes actos que van desde el mencionado acoso a las casas de las autoridades electorales hasta una campaña de amedrentamiento por […]
La Bancada de Diputados exigió al gobierno y la PDI aclarar información sobre la fuga de Walter Klug Rivera, condenado por la desaparición y ejecución de 23 trabajadores de Endesa, Central el Toro entre el 11 de septiembre y el 17 de noviembre de 1973 en el sector cordillerano de Los Ángeles, Región del Bío Bío. Los parlamentarios socialista afirmaron que es «inaceptable que una persona que ya una vez se fugó y logró ser extraditado desde Italia en el 2020, haya sido dejado sin vigilancia por parte de la Policía de Investigaciones». «Hoy nos enteramos que esta persona se fugó a Argentina y se encuentra esperando un vuelo hacia Alemania lugar donde no podrá ser extraditado. Exigimos que el Ministerio del Interior nos explique porque una persona condenada por crímenes de lesa humanidad puede salir del país sin ser detectado y porque se ha descuidado la vigilancia efectiva sobre estas personas». «A través de la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Emilia Nuyado, pediremos citar a las autoridades responsables para que respondan por esta negligencia inaceptable». «Como socialistas exigimos que el gobierno responda y adopte medidas urgentes para devolver a este criminal al País. El Estado chileno no puede aceptar que personas condenadas por desaparición y ejecuciones anden libres por el mundo», concluyeron los diputados PS. Santiago de Chile, 11 de junio 2021 Crónica Digital
El criminal de lesa humanidad, procesado por casos de violaciones a los DD.HH. ocurridos durante la Dictadura Militar, se fugó de la justicia chilena por segunda vez e iría rumbo a Alemania donde estuvo radicado entre 2014 y 2020, antes de ser detenido en Italia y extraditado a Chile. Junto con condenar categóricamente la falta de prolijidad de los tribunales, por habérsele impuesto sólo reclusión domiciliaria y no prisión preventiva como correspondía, según la naturaleza del crimen imputado y el precedente de la anterior fuga, condiciones que permitieron y facilitaron que se concretara la segunda fuga del ex coronel de Ejército Walter Klug Rivera, la Comisión Chilena de Derechos Humanos espera que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados realice una exhaustiva investigación para determinar las responsabilidades pertinentes. De acuerdo con la información recabada, el criminal de lesa humanidad de la dictadura militar logró salir de Chile por pasos fronterizos no habilitados, logrando llegar a Argentina, desde donde tenía organizado viajar a Europa. Informaciones no confirmadas indican que iría rumbo a Alemania, pasando por España. Walter Klug Rivera, en 1973, siendo teniente de 23 años, fue identificado por prisioneros sobrevivientes como la persona que organizó en las caballerizas del Regimiento de Infantería No. 3 de Montaña Los Angeles, un campo de detención y tortura. En 2014, fue condenado por la Corte Suprema a 10 años y un día de prisión por su participación en el homicidio calificado de siete trabajadores de Endesa. También fue sentenciado por participar en el secuestro calificado de 23 trabajadores de las centrales de El Toro y El Abanico. Además, en el marco del proceso por la desaparición de varios prisioneros, entre ellos, el estudiante de la Universidad de Concepción, Luis Cornejo Fuentes, fue extraditado en 2020 desde Italia, lugar donde se encontraba luego de haberse fugado de Chile a Alemania, en el año 2014. Santiago de Chile, 11 de junio 2021 Crónica Digital
Las parlamentarias y parlamentarios del Frente Amplio, el Partido Comunista y Acción Humanista, realizaron hoy una visita al Centro de Detención Preventiva Santiago 1, donde se encuentran 33 jóvenes detenidos durante el estallido social. Las diputadas Claudia Mix (Comunes), Maite Orsini (RD), Karol Cariola (PC), Marisela Santibáñez, y los diputados Tomás Hirsch (Acción Humanista) y Boris Barrera (PC) realizaron una visita hoy al Centro de Detención Preventiva Santiago 1 para fiscalizar las condiciones en las que se encuentran los presos políticos de la revuelta. En el recorrido, que se extendió por cerca de una hora, visitaron el módulo 12, donde se encuentran 29 de los 33 presos del estallido encarcelados en ese recinto. Tras una reunión con ellos, los parlamentarios pudieron comprobar que la mayoría no han sido vacunados, que se encuentran incomunicados, no teniendo actualmente acceso a teléfonos, y que han tenido dificultades para acceder a medicamentos o alimentos especiales, ya que varios son vegetarianos o veganos. Tras el encuentro las y los parlamentarios expresaron las distintas preocupaciones al Alcaide del centro penitenciario, Coronel Óscar Luna Mella, y se comprometieron a hacer llegar un documento formal con las principales inquietudes manifestadas por los presos. «En Chile sí hay presos políticos. Algunos de ellos llevan más de un año detenidos injustamente. Estamos empujando con fuerza la ley de indulto general. Aprovechamos de hacer un llamado a los senadores y senadoras para que aceleren los procesos de discusión de esta ley. La vamos a estar esperando en la Cámara de Diputadas y Diputados, la vamos a mejorar también, porque creemos que hay aspectos que no se han incluido en este proyecto de ley. Necesitamos que estos jóvenes luchadores sociales de nuestro país salgan en libertad lo antes posible”, afirmó la diputada Claudia Mix luego de la visita al penal. «Nos hemos reunido con un grupo de jóvenes que están presos en forma absolutamente injusta y violenta. A pesar de todo, ellos mantienen la entereza, están unidos, fortalecidos y van a seguir luchando no sólo por su libertad, sino porque en este país no haya más presos políticos. Están preocupados de que la ley de indulto general realmente garantice que en Chile no haya presos políticos”, afirmó, en tanto, el diputado Hirsch. Por su parte, el diputado Boris Barrera señaló tras la visita que “salimos nosotros con mucha más fuerza, con mucho más ánimo, más convencidos que lo que estamos haciendo es justo. Y esa fuerza nos la transmitieron ellos porque están con la moral intacta. Su principal demanda es la libertad y la aprobación del indulto general. Por lo tanto el llamado es a los senadores y senadoras a que tramiten este proyecto con la celeridad que corresponde para que pueda partir un proceso constituyente limpio, transparente y legitimado”. “Vamos a seguir empujando y obligando a que el Senado de la República de una vez por todas tome la decisión de aprobar la ley de indulto. Nosotros estamos esperando a que sea ley de la República a pesar del Gobierno criminal […]
