DD.HH.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, fue acusado hoy ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad desde el inicio de la revuelta social en octubre de 2019.   La acusación fue presentada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH) y el exjuez español Baltazar Garzón, muy conocido por su participación en una acusación contra el dictador chileno Augusto Pinochet (1973-1990). Una declaración del presidente de la CChDH, Carlos Margotta, señala que recurrir a esa instancia internacional es un deber y un derecho ‘cuando los órganos y poderes del Estado chileno, han incumplido su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables’ de tales hechos. La declaración denuncia los homicidios, torturas –incluida las sexuales-, traumas oculares, mutilaciones y pérdidas de visión, lesiones graves, detenciones arbitrarias, cometidas por agentes estatales en contra de miles de chilenos en el marco de una política de violaciones masivas, graves y sistemáticas de los derechos humanos. Asimismo señala el incumplimiento del Gobierno a las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y asegura que los ataques a la población civil por agentes del Estado, entre octubre de 2019 y abril de 2021, han persistido. Esto, puntualiza, ‘mediante patrones de conducta apartados de los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y el respeto a los derechos humanos’. Asimismo advierte que los tribunales de justicia ha impuesto medidas cautelares de prisión preventiva a miles de manifestantes de la revuelta social. Califica ese accionar de ‘asimétrica conducta’, pues en cambio, ‘han liberado de responsabilidad a los agentes del Estado y autoridades de los altos mandos y autoridades civiles aquiescentes, involucradas en las violaciones masivas, graves y sistemáticas cometidas desde octubre de 2019 a la fecha’. Los denunciantes apuntan la omisión de la Fiscalía Nacional en ‘su deber constitucional y legal de investigar’, al disponer el cierre de más del 55 por ciento de las investigaciones por denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes del Estado, impidiendo así el acceso de las víctimas al derecho a la Justicia. El documento fue firmado también por la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), Vanessa Ramos, de la Asociación Americana de Juristas (AAJ), y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED), representado por Fabio Marcelli. Santiago de Chile, 29 de abril 2021 Crónica Digital/PL

La diputada Cristina Girardi con el respaldo de la Bancada PPD, presentó un proyecto de ley que busca que Carabineros  no pueda acceder a seguros contratados por la institución en caso de violaciones de Derechos Humanos, malversaciones de caudales públicos, fraude o cohecho, por lo que en caso de necesitarlo, deberán defenderse a través de un abogado personal, corporación de asistencia judicial o defensoría penal pública. Cristina Girardi, autora de la iniciativa, explicó que la norma se debe a que “en diciembre se aprobó la ley de reajuste al sector público y una de las cosas que incorporó el Gobierno fue una modificación a la ley 18.713 introduciendo un nuevo estatuto de bienestar para Carabineros, en la que se puede contratar un seguro de defensa jurídico en su ejercicio del cargo, lo que tuvo mucho debate, aprobándose finalmente”. Ante ello, Girardi subrayó que con este proyecto se pretende realizar  “una  modificación a lo que se aprobó, con el fin de limitar el seguro para que no se pueda aplicar a situaciones, por ejemplo, de violaciones a los Derechos Humanos, en casos como el denominado Pacogate donde hay fraude al Fisco y claramente sería el colmo que con recursos de todos, Carabineros contrataran un seguro de defensa jurídica para esta instancias o insisto, en temas de violaciones a Derechos Humanos”. “Este proyecto lo que pretende es limitar que este seguro no sea para cualquier situación del ejercicio del cargo de Carabineros”, agregó. Finalmente, la diputada Cristina Girardi instó al Congreso a acelerar la tramitación de la iniciativa, debido a que la situación por la que pasa la institución policial no cuenta con el mayor respaldo. “Espero que este proyecto se tramite con celeridad y podamos tener una situación mínimamente ética con lo que está ocurriendo con Carabineros. Además, esperar que la Reforma de Carabineros también sea pronta, para resolver los problemas que tiene la institución”, cerró la parlamentaria. Santiago de Chile, 29 de abril 2021 Crónica Digital

Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH) y Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC), presentaron querella criminal por delito de torturas por brutal golpiza de Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile a Licenciado en Antropología Social y docente de dicha Casa de Estudios, El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta Trincado, en conjunto con el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis Olivos, presentaron una querella criminal por el delito de torturas, en contra del Presidente de la República, Sebastián Piñera Echeñique; del exMinistro del Interior y Seguridad Pública, Gonzalo Blumel Mac-Iver; del exgeneral Director de Carabineros, Mario Rozas Córdova, y de todos quienes resulten responsables en   calidad de autores, cómplices o encubridores de los hechos que provocaron graves lesiones físicas al Licenciado en Antropología Social y docente de dicha casa de estudios, Nicolás Arellano Águila, violentamente agredido por personal de Carabineros de Chile, cuando se dirigía por Avenida Portugal, desde Alameda en dirección al sur, hacia el domicilio de su hermano. Cabe tener presente que el ilícito imputado en la querella es tortura, porque se le infligió a la víctima “intencionalmente dolores o sufrimientos graves”, que le ocasionaron lesiones graves, conducta descrita y sancionada por la Ley 20.357, que tipifica y sanciona los crímenes contra la Humanidad. Los hechos ocurrieron el 20 de diciembre de 2019, en circunstancias que según relata la víctima; “…encontrándome en Avenida Portugal, recibí en la espalda el impacto de un objeto contundente y sólido. Me di cuenta de que el objeto era una bomba lacrimógena, pues pude ver luego de rebotar en la mochila que llevaba cargada a la espalda, que dicho objeto expulsó el gas a poca distancia de mi”, relata, agregando que debido al susto que le provocó el impacto, apresuró su caminata, siendo interceptado en Avenida Portugal, sector Plaza Pedregal y edificios -lugar al que se dirigía- por tres funcionarios de Fuerzas Especiales de Carabineros. En efecto, precisa que “Cuando estaba frente a la escalera, de un furgón policial descendieron tres funcionarios de Fuerzas Especiales de Carabineros, a los que no les podía ver el rostro ni identificación, pues estaban cubiertos con sus elementos de seguridad. Los tres funcionarios policiales, sin mediar provocación alguna, se dirigían decididamente hacia nosotros, armados, con botas, escudos, bastones y cascos. Pude darme cuenta de que se dirigían hacia mí, en el instante en que se bajaron del vehículo. Mediaba entre ellos y yo, apenas los escasos metros que mide la vereda, y aterrado, intenté subir corriendo la escalera. En ese intento desesperado, me caí”, relata la víctima. Ante el peligro de ser golpeado, el académico se puso de pie y, ya situado en Plaza Pedregal, “uno de los tres carabineros procuraba darme alcance. Pude ver por el rabillo del ojo derecho, un movimiento realizado por uno de ellos que me alcanzaba por la espalda, lo que advertí en ese movimiento era el palo policial o luma, a la altura del rostro”. “Toda la fuerza proyectada por este elemento de alcance y sólido, impulsado desde la espalda del funcionario hacia adelante, […]

Más de 30 organizaciones, grupos y colectivos de Quebec y Canadá se sumaron al llamado a la solidaridad internacional para continuar la presión frente a la grave crisis de derechos humanos en Chile. Exigen la liberación de las prisioneras y prisioneros políticos y denuncian la represión y criminalización de la protesta social, la cual continúa agravándose desde el estallido social, en octubre 2019. Desde esta fecha, alrededor de 27.000 personas han sido detenidas y existen 2.500 prisioneras y prisioneros políticos con motivo de su participación en el marco de las manifestaciones masivas que han tenido lugar en el país. Seis misiones internacionales de observación de derechos humanos han constatado el uso generalizado de la detención, en su mayoría ilegales, asociadas a casos de tortura, maltratos, violencia sexual y la ausencia de acceso a una defensa jurídica. Esto ha vulnerado el derecho a la protesta, a la vida y a la integridad personal ante la brutalidad y uso excesivo de la fuerza de parte de Carabineros. Diversas recomendaciones fueron dirigidas al Estado de Chile y al gobierno de Sebastián Piñera. En febrero de este año, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile confirmó que las violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes del Estado no han cesado durante el año 2020 y que aún las recomendaciones más básicas no se han implementado de manera íntegra. Los casos de violencia sexual, de lesiones oculares y de lesiones causadas por disparos de fusiles de parte de Carabineros continúan y el uso de agentes químicos para lesionar a la población ha aumentado. En el transcurso del año 2020, se implementaron en Chile varias leyes que han intensificado la criminalización de la protesta social, como la ley anti-barricadas y anti-saqueo. También se busca otorgar otorgado nuevos poderes a Carabineros que ahora goza de la excepción de la responsabilidad penal para garantizar el orden y la seguridad. Además de las leyes que han reforzado la persecución penal y la represión, Chile ha invertido cifras sustanciales para servicios de inteligencia y en  vehículos antimotines de última generación, destacando los lanza gases blindados, los mismos que utilizan Israel y Estados Unidos en diferentes conflictos militares. El CDHAL tuvo la oportunidad de conversar con la Coordinadora por la libertad de los prisioneros y prisioneras políticos 18 de octubre sobre el trabajo de apoyo y de lucha que llevan hasta el día de hoy: “Compañeros, compañeras, primero que nada saludarles como integrante de la coordinadora 18 de octubre. La coordinadora nace en apoyo a los presos y presas políticas de este territorio, inicialmente en el contexto de la revuelta, pero también ampliando el apoyo y la solidaridad a los presos y presas de todos estos territorios desde ante la revuelta, hasta ahora. Nuestra labor se enmarca dentro de dos ámbitos de acción principalmente. Uno que tiene que ver más con lo más operativo y el apoyo más directo que realizamos hacia los presos y las presas y  sus familias: desde el tema de la encomienda, apoyo jurídico familiar también. Apoyo a […]

En la plataforma #SueltaelAgua de Greenpeace se comprometieron a garantizar el acceso al agua como un derecho para personas y ecosistemas. Sorprende baja adhesión de postulantes en zonas de alta escasez hídrica. A menos de un mes de la elección de convencionales constituyentes para redactar una nueva Constitución, Greenpeace informó que 514 candidaturas se han comprometido en la plataforma ciudadana www.sueltaelagua.cl a incluir el agua como un derecho para las personas y la naturaleza. La plataforma, que fue lanzada en marzo y ya registra 85 mil visitas, permite a la ciudadanía solicitar a su posible candidato comprometerse a que la nueva Constitución garantice el agua como un derecho para las personas y ecosistemas. Estefanía González, coordinadora de Campañas en la organización, indicó que la alta participación en la plataforma “coincide con la encuesta de Greenpeace ´Agua y Constitución ́, donde 89% de los encuestados declaró que proteger a los miles de chilenos sin acceso al agua debe ser prioridad en la nueva Carta Fundamental; y el 88% de los participantes consideró que la falta de agua es una desigualdad social inaceptable”. González afirmó que “el llamado es a que las candidaturas respondan a la ciudadanía que exige que el agua, hoy privatizada, sea incluida como un derecho en la futura Carta Magna”. LOS 514 Desde la plataforma, Greenpeace reportó el nivel de compromiso de las candidaturas a constituyentes -hasta ahora- en cada distrito, por partido, listas e independientes, donde destacan aquellos con mayor adhesión y los menos comprometidos. Relevante es que el 46% de las candidaturas independientes no inscritas como miembro de partidos políticos han suscrito el compromiso para que el agua sea un derecho para las personas y el cuidado del medio ambiente de forma consistente y garantizada en la Constitución. Sobre los compromisos por distrito, González se manifestó sorprendida con “la baja adhesión de las candidaturas en zonas en que la escasez de agua es crítica, como en el norte, donde la minería tiene planes de expansión y producción de cobre o litio en el corto plazo lo que aumentarán la demanda de agua. En las regiones de Arica y Parinacota y de Atacama hay más de 30 mil personas sin agua potable”. La vocera agregó que lo mismo ocurre en la zona centro sur de Chile como en el distrito 15 (Región de O’Higgins), donde más de 10 mil personas no cuentan con abastecimiento formal de agua potable. En el sur austral, Región de Aysén, una zona asociada a proyectos hidroeléctricos y mineros, son más de 8.300 los ciudadanos si acceso al agua potable”. Los distritos más comprometidos con soltar el agua a la fecha ● Distrito 14 / Región Metropolitana / 61,2% de candidaturas constituyentes comprometidas ● Distrito 20 / Región del Biobío / 56,6% de candidaturas constituyentes comprometidas ● Distrito 18 / Región del Maule / 50% de candidaturas constituyentes comprometidas ● Distrito 10 / Región Metropolitana / 50% de candidaturas constituyentes comprometidas ● Distrito 11 / Región Metropolitana / 47,4% de candidaturas constituyentes comprometidas […]