Amnistía Internacional – Chile ha celebrado la imputación que fue presentada por la Fiscalía Regional Centro Norte en contra de tres altos mandos y ex mandos de Carabineros, por el papel que habrían desempeñado en la forma desproporcionada y contraria al derecho internacional en que Carabineros de Chile reprimió las protestas masivas ocurridas en Chile a fines de 2019. La imputación se formalizó en contra del actual General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien durante las protestas de 2019 se desempeñaba como Director de Orden y Seguridad; Mario Rozas, ex General Director de la institución policial; y Diego Olate, general en retiro y ex subdirector, por su presunta responsabilidad como altos mandos. Amnistía Internacional valoró “este paso como un avance hacia la justicia por las graves y generalizadas violaciones de derechos humanos cometidas durante la respuesta a las protestas”. “La formalización del general Ricardo Yáñez por su eventual responsabilidad en el delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio, y de otros altos mandos de Carabineros, constituye una medida imprescindible para avanzar en la lucha contra la impunidad de altas autoridades en Chile, enquistada durante décadas, y a favor de la justicia por miles de víctimas”, manifestó Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile. Amnistía Internacional aportó a esta investigación antecedentes relativos a la violación generalizada del derecho a la integridad física ocurrida entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre de 2019, documentadas en el informe “Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando en el estallido social”. Este informe evidenció cómo, a través de órdenes tácitas u omisiones deliberadas, distintos mandos de Carabineros –incluidos el actual General Director y entonces Director de Orden y Seguridad– habrían implementado una estrategia para silenciar las protestas sociales, donde destacó el uso indiscriminado e indebido de escopetas cargadas con munición altamente lesiva, dejando miles de personas heridas y más de 400 personas con trauma ocular. “La solicitud de imputación de varios mandos y ex mandos de Carabineros, cuya decisión habría sido asumir miles de lesionados y la discapacidad de cientos de personas como un mal necesario para terminar con las protestas, tiene el potencial de abrir una nueva era en la lucha contra la impunidad y la no repetición de violaciones de derechos humanos en Chile”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Agregó: “Esperamos siga el procesamiento y juicio de todas aquellas personas responsables por el sufrimiento de miles, con todas las garantías del debido proceso y juicio justo para garantizar plenamente el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición de las víctimas”. “Reiteramos que la justicia no sólo debe perseguir a quien apretó el gatillo sino también a quien dio la orden o no hizo lo necesario para evitar las graves violaciones a los derechos humanos que estaban ocurriendo en el país. La formalización de la investigación es un paso fundamental que honra la lucha por más derechos de todas las víctimas […]
DD.HH.
Casi 38 años después del asesinato del fotógrafo chileno Rodrigo Rojas la justicia condenó a los autores del crimen, un fallo que según declaró la madre del joven, Verónica De Negri, es un triunfo, aunque tardío. El 2 de julio de 1986, Rojas y Carmen Gloria Quintana participaban en Santiago de Chile en una protesta contra la dictadura de Augusto Pinochet cuando fueron interceptados por una patrulla militar, que los golpeó, los roció con combustible y los quemó. Carmen Gloria logró salvarse, con graves secuelas, pero Rodrigo falleció el 6 de julio de ese año. Ambos se convirtieron en símbolos de las violaciones de los derechos humanos en Chile. “Este fallo para mí es un triunfo muy importante porque durante muchos años yo anduve buscando abogados que tomaran la causa, pero ninguno quería”, declaró De Negri a la Agencia Informativa Prensa Latina. El crimen provocó una honda conmoción no solo en Chile, sino también en el mundo, y pasó a la historia como el Caso Quemados. La víspera, al fin se hizo justicia, cuando la Corte Suprema condenó a Julio Ernesto Castañer, Iván Humberto Figueroa, Nelson Fidel Medina y Pedro Fernández Dittus a 20 años y un día de presidio como autores del delito de homicidio calificado consumado en el caso de Rojas y de homicidio frustrado en la persona de Carmen Gloria. También impuso penas de tres años de prisión y un día como cómplices de esos ilícitos a Luis Alberto Zúñiga, Jorge Osvaldo Astorga, Francisco Fernando, Leonardo Antonio Riquelme, Walter Ronny Lara, Juan Ramón González, Pedro Patricio Franco y Sergio Hernández. La Justicia ordenó al Fisco a pagar compensaciones económicas a las familias de las víctimas. “Estoy muy agradecida de que finalmente mi hijo pueda descansar en paz. Ojalá todas las madres, hijas, hermanas y sobrinas de los detenidos desaparecidos puedan decir lo mismo”, expresó De Negri vía zoom desde Estados Unidos, donde vive exiliada. Por: Carmen Esquivel Sarría. La autora es periodista y corresponsal en Chile de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Santiago, 6 de diciembre 2024. Crónica Digital / Prensa Latina.
Diversas reacciones desató en Chile la imputación de altos mandos del Cuerpo de Carabineros, incluido su actual director, general Ricardo Yáñez, por violaciones al derecho humanitario durante el estallido social de octubre de 2019. La Fiscalía Regional Centro Norte, a cargo de Xavier Armendáriz, pidió formalizar al oficial por el delito de omisión “de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio” ocurridos durante la revuelta que dejó miles de heridos y más de 30 muertos. Yáñez se desempeñaba en aquel tiempo como jefe de Orden y Seguridad de esa policía militarizada y con posterioridad fue ascendido al más alto cargo de la institución. La acusación también se extiende al antiguo director de Carabineros, Mario Rozas, y al ex subdirector, Diego Olate, ambos generales retirados. Ante una eventual reestructuración en ese cuerpo, la ministra vocera del gobierno, Camila Vallejo, pidió esperar a que los órganos correspondientes finalmente determinen si habrá una acusación formal, antes de tomar una decisión al respecto. “Lo que nos preocupa y el objetivo central es al mismo tiempo que la justicia avance en esclarecer los hechos”, dijo la funcionaria. Mientras, el titular sustituto del Interior, Manuel Monsalve, afirmó que es muy difícil entrar al terreno de las suposiciones, pero en todo caso el apoyo del gobierno es a Carabineros, no a una persona. En el Congreso Nacional el senador Iván Flores, de la Democracia Cristiana, recordó que nadie está por encima de la ley y la administración de justicia no se hace a la medida de quienes pudieran eventualmente estar involucrados. Los comentarios se refieren a una anterior solicitud de Yáñez para que los dos fiscales encargados de la investigación fuesen retirados del caso por un supuesto resentimiento contra Carabineros. Durante el estallido social, del 18 de octubre de 2019 hasta finales de marzo del año siguiente, esa policía usó de manera indiscriminada escopetas cargadas con munición altamente lesiva, dejando miles de heridos, entre ellos más de 400 con trauma ocular. Santiago de Chile, 4 de enero 2023 Crónica Digital/PL
En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal descartó error en la sentencia que condenó a Raúl Iturriaga Neumann a 8 años de presidio y a Manuel Rivas Díaz y Hugo del Transito Hernández Valle a penas de 6 años de reclusión, en calidad de autores del delito. La Corte Suprema rechazó los recursos de casación en el fondo interpuestos en contra de la sentencia que condenó a tres agentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de estudiante secundario Jorge Antonio Herrera Cofré, quien fue detenido el 13 de diciembre de 1974 y conducido al centro clandestino conocido como la “Venda Sexy” y luego internado en “Villa Grimaldi”, desde donde se pierde su rastro. En fallo unánime (causa rol 1.081-2022), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, la ministra María Teresa Letelier, el ministro Jean Pierre Matus y la abogada (i) Pía Tavolari– descartó error en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, que confirmó la de primer grado que condenó a Raúl Eduardo Iturriaga Neumann a 8 años de presidio y a Manuel Rivas Díaz y Hugo del Transito Hernández Valle a penas de 6 años de reclusión, en calidad de autores del delito. “Que, en cuanto al recurso de casación interpuesto por la defensa del sentenciado Iturriaga Neumann, este esgrime de manera conjunta la infracción de los numerales 1 y 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal. La primera infracción denunciada supone necesariamente la existencia del delito y la responsabilidad del procesado –hecho que el articulista desconoce en su escrito– conforme lo determine el sentenciador, puesto que ella resulta de una imposición al reo de una pena distinta de la que le corresponde, para acto seguido denunciar la infracción contemplada en el 546 N° 7, esto es, haberse violado las leyes reguladoras de la prueba, desconociendo los hechos asentados por el juzgador, que por el contrario los acepta al esgrimir la primera causal”, plantea el fallo. La resolución agrega: “Que, por consiguiente, cada postulado supone el abandono de la tesis anterior, condiciones en las que el arbitrio no puede ser atendido, porque no cabe dejar subordinada la efectividad de unos vicios a la existencia o inexistencia de otros, desatendiéndose la ritualidad que es propia de este recurso de derecho estricto (así ha sido resuelto en los autos SCS N° 19.165-17, de 27 de septiembre de 2017, N° 35.788 de 20 de septiembre de 2018; 13877-2019, de 24 de diciembre de 2021; y 12820-2019 de 8 de noviembre de 2021)”. “En efecto, los vicios que constituyen las causales invocadas no pueden proponerse en forma simultánea, pues ello importa que, ante la pluralidad, sea este Tribunal quien opte por alguno de los motivos de nulidad, función que inequívocamente no le corresponde a la Corte”, añade. “Que tal forma de fundar las causales deducidas, esgrimiendo hechos, razones y consecuencias legales incompatibles, no resulta aceptable […]
La Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos convocó una marcha para hoy en demanda de la identificación de los restos de una mujer hallada en un predio militar en junio último. “A seis meses del hallazgo que nos digan quién es” resulta la consigna de la movilización, que caminará desde la explanada de la Universidad de la República hasta la Plaza Libertad por la emblemática avenida 18 de julio. El 6 de junio fueron encontrados los restos de una fémina en un área que corresponde a la sede del Batallón de Infantería Paracaidista 14 de Toledo, en el departamento de Canelones, donde durante la dictadura fueron torturados y asesinados detenidos por la dictadura militar. Pese al trabajo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo, el Grupo de Investigación en Antropología Forense, el Equipo Argentino de Antropología y la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad no se pudo identificar la identidad de la mujer asesinada, dice un comunicado de la asociación. “El no poder aún darle un nombre, unirla a su historia y poder finalmente cobijarla, es algo que nos llena de un inmenso dolor” se indica en otra parte del pronunciamiento. Es por esta razón que ante la falta de datos sobre el hallazgo y la identificación de la víctima, “nos convoca a movilizarnos una vez más, reclamando que quienes tienen la información, quienes pueden dar luz sobre esto, permanecen en silencio, manteniendo su identidad secuestrada”. Añade en referencia a exmilitares que poseen información sobre los crímenes cometidos en aquella fatídica época. En el área del Batallón 14 fueron ubicados en octubre de 2011 los restos del maestro Julio Castro y los de Ricardo Blanco, quienes fueron detenidos por fuerzas de la dictadura. Montevideo, 20 de diciembre 2023 Crónica Digital/PL
Por su importancia, reproducimos el siguiente pronunciamiento de la Asociación de Madres de la Plaza de Mayo de Argentina, frente a las recientes decisiones que ha adoptado el Gobierno de Javier Milei. Las Madres de Plaza de Mayo repudiamos por violento, inconstitucional y fascista el protocolo contra las movilizaciones populares anunciado por la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Ese documento contra las manifestaciones de protesta nos recuerda al Comunicado N° 1 de la Junta Militar de marzo de 1976. Con la medida, el Gobierno asume para sí facultades que son propias del Poder Judicial, violando las garantías mínimas que distinguen a un sistema democrático de una dictadura. Además, consagra el espionaje contras las organizaciones sociales, políticas y sindicales con el pretexto de la seguridad pública. La única inseguridad es la que el Gobierno ha decretado con las medidas económicas y el proceso hiperinflacionario que estas han desatado. La resistencia popular será incontenible y, tarde o temprano, se expresará en las calles. Las Madres llevamos 2383 marchas pacíficas, pero profundamente políticas, en la Plaza de Mayo, cada jueves. Seguiremos allí hasta que el pueblo sea feliz como querían nuestros hijos. Hoy más que nunca, decimos: ¡Pará la mano, Milei! ¡Ni un paso atrás! ASOCIACIÓN MADRES DE PLAZA DE MAYO Y filiales de Mar del Plata, Mendoza y Tucumán. Buenos Aires, 20 de diciembre 2023. Crónica Digital.
El Papa Francisco aprobó que los sacerdotes católicos puedan administrar bendiciones a las parejas del mismo sexo, así como a las parejas en situación “irregular”, precisando que la nueva orientación no debe confundirse con el sacramento del matrimonio. El documento de ocho páginas señala que tiene el propósito de establecer que Dios “acoge a todos”. Fue elaborada por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, actual Prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y es la primera que el antiguo “Santo Oficio” publica desde hace 23 años. La última fue “Dominus Iesus” en 2000. “Fiducia Supplicans” se abre con una introducción del Prefecto, cardenal Víctor Fernández, quien explica que la declaración profundiza en el “significado pastoral de las bendiciones”, permitiendo “ampliar y enriquecer su comprensión”, mediante una reflexión teológica “basada en la visión pastoral del Papa Francisco”. Una reflexión que “supone un verdadero desarrollo respecto a lo dicho hasta ahora sobre las bendiciones”, llegando a incluir la posibilidad “de bendecir a parejas en situación irregular y a parejas del mismo sexo, sin validar oficialmente su estatus ni modificar en nada la enseñanza perenne de la Iglesia sobre el matrimonio”. Con el título “Confianza Suplicante” (“Fiducia supplicans”), manifiesta que los sacerdotes católicos “no deben impedir o prohibir la cercanía de la Iglesia a las personas en cualquier situación en la que puedan buscar la ayuda de Dios a través de una simple bendición”. No obstante, la Iglesia aclara que este nuevo paso no supone una legitimación del amor entre personas del mismo sexo. Fernández comentó, según el diario italiano “La Stampa”: “No pretendemos legitimar nada sino sólo abrir la vida a Dios, pedir su ayuda para vivir mejor, y también invocar al Espíritu Santo para que se puedan vivir con mayor fidelidad los valores del Evangelio”. La bendición, indicó la Santa Sede, sólo puede aplicarse a aquellos que “no pretenden una legitimación de su propia condición, sino que ruegan que todo lo que es verdadero, bueno y humanamente válido en sus vidas y en sus relaciones sea enriquecido, sanado y elevado por la presencia del Espíritu Santo”. La bendición no puede estar vinculada a una ceremonia de matrimonio civil. Tampoco puede realizarse con vestimentas, gestos o palabras “propias de una boda”. Si podría ser otorgada en santuarios, durante peregrinaciones u oraciones grupales entre personas que se hayan congregado en actividades eclesiásticas. La decisión se suma a un histórico movimiento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que el mes pasado certificó que las personas trans y los hijos de parejas del mismo sexo pueden ser bautizados. Desde que asumió el pontificado, Francisco ha intentado hacer la Iglesia más acogedora para las personas LGBT, pero se enfrenta al sector conservador del catolicismo. El Vaticano, 20 de diciembre de 2023 Crónica Digital.
Por Tebni Pino Saavedra Exactos 50 años después de haberse abierto el campo de prisioneros de Chacabuco, un centenar de ex presos políticos que fueron confinados en el desierto volvieron para conmemorar la fecha y renovar su compromiso con la democracia el pasado 11 de noviembre. Eran hombres mayores de 70 años quienes en esta oportunidad se hicieron acompañar por familiares y amigos. Comparecieron también autoridades nacionales y de la región de Antofagasta, además, y muy particularmente, la embajadora de la República alemana, Irmgard Maria Fellner, quien ofreció su solidaridad y compromiso con la justicia y la memoria. La jornada de ese día estuvo cargada de emotividad, reencuentro, reconocimiento de rostros que compartieron “sucuchos” como eran llamadas las habitaciones en que debían permanecer. También de recuerdos amargos pero no por ello exentos de alegría, pues si hay algo que los militares no pudieron eliminar, fue voluntad de sobrevivir. Pero quizás el momento más emotivo fue la instalación de una placa conmemorativa que transformó esa oficina salitrera en un Monumento histórico, un sitio de memoria, que recordará no solo a quienes participaron de la solemnidad, sino también de los muchos que ya no están y en cuya memoria cada uno de los presentes rindió su particular homenaje. Al finalizar el acto se repartieron ejemplares del libro “Consejo de ancianos, el gobierno del campo de prisioneros de Chacabuco”, cuaderno de apuntes del médico, Mariano Requena, primer presidente de ese Consejo, manuscritos que hizo brotar más de una lágrima entre los ex presos que recordaron su sabiduría y aplomo con que reivindicaba cada uno de los requerimientos de sus compañeros. Este reportero, también invitado a la ceremonia, realizó un documental para el canal de televisión GGN, de Brasil, ya disponible en youtube y al cual se puede acceder a través del link: https://youtu.be/eIuaAZFrBwIm Santiago de Chile, 17 de diciembre 2023 Crónica Digital
La Corte Suprema de Chile aumentó las condenas contra antiguos miembros del ejército por el asesinato de 23 colaboradores del expresidente Salvador Allende, entre ellos integrantes de su dispositivo de seguridad (GAP). Se trata de asesores políticos, economistas, médicos y miembros del GAP que fueron detenidos en el Palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973, tras el golpe de Estado contra el gobierno de la Unidad Popular, y llevados al recinto militar de Peldehue, donde los fusilaron. Por estos hechos, la segunda sala del tribunal confirmó las penas dictadas por la Corte de Apelaciones de Santiago en noviembre de 2021 y además elevó las sanciones y revocó la absoluciones de algunos uniformados en esa oportunidad. La justicia impuso 20 años de prisión contra Pedro Octavio Espinoza como coautor de los delitos de homicidio calificado de 15 de las 23 víctimas, y le agregó 20 años de cárcel por el secuestro de las otras ocho. En tanto Eliseo Antonio Cornejo, Servando Maureira y Jorge ismael Gamboa deberán cumplir 30 años de cárcel por estos mismos delitos, y Teobaldo Mendoza y Bernardo Soto, siete años de prisión. «Se ha dictado la sentencia final y definitiva por parte del máximo tribunal de la República en el caso de La Moneda, se trata de un fallo que viene a saldar un capítulo importante de la historia nacional», declaró el abogado Nelson Caucoto. El letrado, quien representa a las familias de 18 de las 23 víctimas, recordó que la barbarie cometida en el Palacio de La Moneda inauguró en Chile 17 años de terrorismo de Estado. Los asesinados en Peldehue fueron el gerente general del Banco Central, Jaime Barrios; el secretario general de la Universidad de Chile, Egidio Enrique Paris; el médico Georges Klein; y los asesores presidenciales Claudio Grendi y Héctor Pincheira. También figuran entre los fusilados 10 miembros del cuerpo de seguridad conocido como Grupo de Amigos del Presidente (GAP): Luis Avilés, Manuel Castro, Oscar Lagos, Julio Moreno, Luis Rodríguez, Jaime Gilson, Luis Fernando Tapia, Héctor Urrutia, Juan Vargas y Juan José Montiglio. Engrosan la lista el director general de la Policía de Investigaciones, Juan Paredes; el subsecretario general de Gobierno Arsenio Poupin; los intendentes de Palacio Sergio Contreras y Enrique Huerta; el jefe de gabinete Daniel Escobar y los exmiembros del GAP José Freire, Daniel Gutiérrez y Oscar Enrique Valladares. Caucoto hizo un reconocimiento a la actividad de los Tribunales que en los últimos 20 años tomaron su tarea fundamental de sortear la impunidad y resolver estos crímenes cometidos desde el Estado. Santiago de Chile, 17 de diciembre 2023 Crónica Digital/PL
Los presos políticos mapuche, Héctor LLaitul del penal Biobío Concepción, Pelentaro LLaitul, Daniel Canio, Luis Manares, Carlos Mardones y Jorge Caniupil de la Cárcel de Temuco, informamos que a partir de hoy, lunes 11 de diciembre 2023, damos inicio a una HUELGA DE HAMBRE líquida, hasta las últimas consecuencias, con el objeto de lograr los siguientes puntos: – En primer lugar, la NULIDAD DEL JUICIO contra 4 de los PPM de la Coordinadora Arauco Malleco – CAM, injustamente condenados, sin pruebas, y que hoy se encuentran en el penal Biobío. Hemos decidido acompañarlos, sumándonos a la drástica medida de la huelga de hambre declarada hace 28 días. Esta resolución de nulidad la debe tomar la Corte Suprema en Santiago. – En segundo lugar, con esta movilización asumimos una lucha conjunta con otros PPM camche y aliados, con el fin de lograr condiciones carcelarias acordes a nuestra realidad diferenciada en lo cultural y espiritual respetando nuestro rakiduam, kimun ka feyentun mapuche, en el contexto de que somos perseguidos políticos, encarcelados y condenados por exigir legítimas reivindicaciones territoriales y políticas de nuestro Pueblo Nación. – Tercero, con esta huelga de hambre queremos denunciar la represión y militarización del Wallmapu por parte del Estado chileno, y a su vez, respaldar a todas las comunidades y lof que resisten la ocupación en el territorio ancestral mapuche. Denunciando además, que la nueva ley maldita de usurpaciones y otras normativas son mecanismos jurídicos perversos que tienen como fin último condenarnos a la opresión y el sometimiento con un carácter racista y sin límites de abusos. – Por último, hacemos un llamado a nuestro Pueblo, a las comunidades en resistencia, así como a los oprimidos en general, a acompañar esta movilización con denuncias, protestas y acciones en contra del Estado chileno y principalmente en contra de los verdaderos enemigos , los capitalistas y sus lakayos, responsables de tantas injusticias , así como de la depredación de los territorios ancestrales. Por la libertad de todos los PPM secuestrados en las cárceles del estado chileno !! Fuera las forestales y empresas extractivistas del Wallmapu !! ¡Por territorio y autonomía!! Amulepe taiñ weichan !! Weuwaiñ marrichiweu !! Crónica Digital Santiago de Chile, 12 de diciembre del 2023
