Con la participación de autoridades universitarias, académicos, funcionarios y estudiantes de la UTEM, se desarrollaron los dos primeros conversatorios del ciclo “Derechos Humanos en Tiempos de Pandemia”, organizado por el Programa de Derechos Humanos y Ciudadanía de la Casa de Estudios. La iniciativa, que abarca en total ocho encuentros, tiene el propósito de reflexionar, desde un enfoque de derechos, sobre la crisis pandémica en curso, y está abierto a toda la comunidad universitaria y su entorno social. El primer conversatorio, cuyo tema fue “Derechos Humanos y la Crisis Sanitaria en Chile”, tuvo como expositor al doctor Claudio Uribe Planell, médico del Servicio de Salud Estudiantil (SESAES) de la UTEM y residente pediátrico del Servicio de Urgencia Infantil del Hospital El Carmen de Maipú. Desde su experiencia en el hospital, explicó cómo se han ido afectando de uno u otro modo los derechos fundamentales, en particular con las afectaciones a los servicios de salud. “En el caso de pacientes pediátricos que requieren hospitalización, no siempre hay disponibles camas en la red hospitalaria, y mientras se gestiona, el paciente permanece en la unidad de urgencia, donde no están dadas las condiciones idóneas para manejarlo”, comentó. Explicó que en el Servicio de Urgencia Infantil fue necesario atender a personas adultas, lo cual también afectó la calidad de la atención, pues en muchos casos quienes los atendieron no eran los especialistas requeridos. “Hubo pediatras que quedaron a cargo de cuidados intensivos de adultos, o traumatólogos atendiendo infartos”, comentó. Se refirió a las difíciles condiciones en que han tenido que laborar los profesionales de la salud, no solo por el temor a contagiarse y llevar el virus a sus familias, sino también por las extensas jornadas de trabajo, la sobrecarga laboral y la carencia de medios de protección, los que en no pocos casos el personal de salud tuvo que comprar con sus propios recursos. Elemento central de su exposición fue la necesidad de que el Estado cumpla su rol como garante del derecho a la salud de las y los ciudadanos. “Esta crisis sanitaria evidenció la existencia de un sistema de salud debilitado y profundamente desigual. El 80 por ciento de la población se atiende en el sistema público, con menos presupuesto que el sistema privado que atiende a un 20 por ciento de la población”, subrayó. Asimismo, dijo que, más que en una pandemia, nos encontramos ante una “sindemia”, en lo que se refiere a problemas de salud sinérgicos que afectan la salud de una población en sus contextos sociales y económicos. “No solamente el derecho básico a la salud se ha visto afectado dentro de esta crisis sanitaria, va más allá, por la vulnerabilidad a la que se han visto expuestos millones de personas en el mundo”, enfatizó. El segundo conversatorio abordó la experiencia de Argentina de enfrentamiento social a la pandemia, espacio que estuvo a cargo del abogado Víctor Hugo Oyarzo, Subsecretario de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Nacional de Argentina. […]
DD.HH.
El exteniente coronel de carabineros Claudio Crespo fue detenido hoy por agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile acusado de los disparos que cegaron al joven Gustavo Gatica durante la revuelta social. Claudio Crespo, excomandante de Fuerzas Especiales y conocido como G–3, estaba acusado de haber disparado 170 cartuchos de 12 perdigones cada uno, el 8 de noviembre de 2019, durante las acciones represivas contra los manifestantes en la Plaza de la Dignidad. Ese mismo día Gustavo Gatica, estudiante universitario, resultó herido por varios impactos en su rostro, lo que le provocó la pérdida total de la vista a pesar de los esfuerzos de los médicos que lo sometieron a varias operaciones. El carabinero fue dado baja de la institución en junio último por manipular imágenes grabadas por su cámara de trabajo, sin notificar esa acción a las autoridades. Ese mes, organismos de derechos humanos, como Amnistía Internacional, denunciaron a Carabineros de Chile por pretender ocultar la presencia de G–3 en el lugar donde Gatica resultó herido gravemente, ya que ni siquiera durante la investigación del caso le tomaron declaración a pesar de que era uno de los oficiales al mando de la operación represiva en contra de los manifestantes. Incluso causó gran indignación en el país que durante el sumario interno se pretendió achacar a los propios participantes en las protestas la responsabilidad de haber disparado los balines contra el joven. El caso de Gustavo Gatica se convirtió en emblemático de la fuerte represión de los cuerpos policiales de Chile durante el vasto movimiento de protestas populares iniciado el 18 de octubre de 2019 y el uso indiscriminado de las armas contra los manifestantes. Santiago, 21 de agosto 2020. Crónica Digital / Prensa Latina.
En un giro de 180 grados, Carabineros de Chile decidió hoy no bautizar a su Academia de Ciencias Policiales con el nombre del general Rodolfo Stange, tras recibir fuertes críticas de medios políticos y sociales. La institución hizo el anuncio en un comunicado en el cual se señala que con ello se busca «profundizar el vínculo forjado con la ciudadanía». La decisión de poner ese nombre a la academia fue tomada por el general jefe de Carabineros, Mario Rozas, quien ante las críticas se vio obligado a dar marcha atrás. Ahora, según el comunicado, la institución realizará «un proceso participativo con miembros en servicio activo y en retiro para definir el nombre de la Academia, que sea representativo de la historia, el aporte y el valor de Carabineros a la sociedad». El general Rodolfo Stange fue el último director general de ese cuerpo policial en época de la dictadura de Augusto Pinochet, y estuvo vinculado al «Caso Degollados», uno de los más sonados hechos represivos de la época. Se denominó así al secuestro, tortura y asesinato, el 30 de marzo de 1985, de los militantes comunistas José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, caso en el cual Stange fue denunciado por los delitos de incumplimiento de deberes militares y obstrucción a la justicia durante la investigación. La polémica reavivó las críticas hacia el general Mario Rozas, muy señalado por la represión policial durante las manifestaciones populares que se iniciaron en octubre de 2019, al punto de que el senador independiente Alejandro Guillier emplazó al presidente Sebastián Piñera a exigirle la renuncia al alto oficial. Guillier consideró «inaceptable que en democracia se le rindan honores a Stange, integrante de la junta de gobierno de una dictadura que violó sistemáticamente los derechos humanos en Chile«. La diputada comunista Carmen Hertz, reconocida activista por los derechos humanos, expresó indignada en su cuenta de Twitter que tal decisión resulta una provocación, y se preguntó si a los gobernantes se les olvidó que Stange fue un «encubridor de genocidas». En tanto, el diputado socialista Leonardo Soto consideró «incompresible la desconexión de la realidad que revela esta decisión del general director Mario Rozas», al pretender bautizar un escuela que formará a generaciones de carabineros con el nombre de un hombre responsable de desapariciones, asesinatos y torturas. Santiago de Chile, 21 de agosto 2020 Crónica Digital/PL
El Partido Progresista de Chile, a través de su presidente Camilo Lagos, manifestó que la colectividad reaccionó con estupefacción e indignación frente a la confirmación de que el pasado 13 de agosto, a través de una Orden General (N°2787), el general director de Carabineros, Mario Rozas, cambió el nombre de la Academia de Ciencias Policiales, por Rodolfo Stange, al que calificó como “personaje destacado de la historia institucional”. El presidente del PRO, señaló que ha llegado la hora de acoger el planteamiento formulado por Marco Enríquez–Ominami en el Foro Internacional de Derechos Humanos, en el sentido de “poner término a Carabineros de Chile y abrir paso al establecimiento de una nueva institución policial, comprometida con la democracia y los derechos fundamentales de las personas”. En el encuentro desarrollado en enero pasado, Enríquez–Ominami manifestó: “Creo que hay que disolver a Carabineros porque pienso que ya no funciona”, detallando que ha devenido en “una institución sin ninguna formación, incapaz de controlar los fenómenos sociales (…) Debe disolverse ya esa policía y crearse una nueva policía”. En este contexto, Camilo Lagos cree que “Carabineros ha cruzado todos los límites éticos, desde su responsabilidad en las numerosas y gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas desde el 18 de octubre de 2019, hasta esta deplorable reivindicación de uno de las jerarcas de la tiranía cívico–militar”. Además, subrayó que “Rozas debe renunciar a su cargo ahora mismo. Piñera ha señalado en reiteradas oportunidades que fue opositor a la dictadura y que ha sido un demócrata. Esta es una oportunidad de demostrar si eso es efectivo y no es otro cómplice pasivo, exigiendo la renuncia a Rozas”. El líder progresista indicó que “estamos frente a una expresión abierta de negacionismo, pero al mismo tiempo ante una evidencia de que prevalece en Carabineros una doctrina de irrespeto a los derechos humanos”. Lagos advirtió que “no se puede dejar pasar las gravísimas declaraciones de la presidenta de la UDI”, a raíz de los dichos de Jacqueline Van Rysselberghe, quien dijo: “Hay una estatua de Allende frente a La Moneda y eso no llama a nada. Rodolfo Stange es una figura dentro de Carabineros, podrá gustar o no, pero hacer de eso un tema político no corresponde”. Al respecto, el presidente del Partido Progresista señaló que “si no estuviéramos hablando de hechos tan dramáticos para las chilenas y chilenos, esas palabras moverían a risa”. “Es evidente que estamos frente a una materia política, porque estamos hablando de una reivindicación de quien fuera uno de los integrantes de la Junta Militar de Gobierno entre octubre de 1985 y marzo de 1990, es decir, parte de quienes usurparon el poder político por la violencia desde el golpe de Estado”, señaló, precisando además que “es una ofensa grosera comparar a uno de los jerarcas de la tiranía con Salvador Allende, que fue electo por la voluntad democrática de las chilenas y chilenos”. “No nos sorprende la postura de la UDI. Stange fue general director de Carabineros en la etapa final de la […]
El líder espiritual mapuche Celestino Córdova depuso hoy una larga huelga de hambre que duró 107 días, tras llegar finalmente a un acuerdo con el gobierno de Chile. Piñera habla de ‘disposición a dialogar’ ante huelga de líder mapuche El machi Celestino aceptó una propuesta del Ministerio de Justicia, que le permitirá visitar su rewe (sitio de culto) por un máximo de 30 horas, y a la cual se llegó tras la mediación del Instituto Nacional de Derechos Humanos y otras instituciones. Según el entendimiento, tras deponer su protesta, el machi permanecerá en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, en La Araucanía, hasta su recuperación física y espiritual’. Luego deberá postular al Centro de Educación y Trabajo con el fin de acceder a los derechos que permite este organismo y al obtener el cupo, podrá visitar su rewe en una única salida por un máximo de 30 horas. Tras conocerse el acuerdo, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, consideró positivo el fin de la huelga pero señaló como más importante aún ‘abrir un proceso de diálogo, que es el que ha logrado alcanzar esta solución’. Dijo que ‘ha sido muy importante este proceso de escucha, de respeto, de buena disposición, para así avanzar y construir una propuesta que ha sido elaborada en un proceso en donde hemos podido escuchar a mucha gente que nos ha permitido dar una solución que finalmente resolvió este conflicto’. Según Larraín, han abierto ‘el camino del diálogo para lograr, a través de este proceso intercultural, modificar la normativa penitenciaria y así al día de mañana poder dar el más estricto cumplimiento al convenio 169 (de la Organización Internacional del Trabajo) que establece reglas en las cuales en cada Estado se deben respetar a los pueblos originarios’. Precisamente, la huelga de hambre de Córdova y otros 26 presos mapuches era para exigir la aplicación del Convenio 169, en lo concerniente a los pueblos originarios. Sobre la situación de los demás reos se planteó que al momento que depongan la huelga, no sufrirán sanciones disciplinarias por Gendarmería. Asimismo, ‘con la finalidad de avanzar en la incorporación de criterios de pertinencia cultural en los establecimientos penitenciarios, se establecerán módulos especiales para pueblos originarios en establecimientos donde exista un número adecuado de privados de libertad de dichos pueblos que justifique su implementación’. Este desenlace fue acogido positivamente en medios de oposición, y la diputada comunista Karol Cariola, quien fue parte del grupo de garantes en las negociaciones, dijo que el acuerdo es un piso mínimo para próximos tratos con el pueblo mapuche. La diputada independiente Claudia Mix dijo esperar que sirva para establecer una nueva relación con el pueblo mapuche y que ante las demandas legítimas de los huelguistas, lo menos que podía hacer el gobierno, era comprometerse a cumplir el Convenio 169, del cual Chile es signatario. Santiago de Chile, 18 de agosto 2020 Crónica Digital/PL
La lucha del pueblo mapuche es una resistencia centenaria. En las últimas décadas las demandas de restitución territorial, reconocimiento a los derechos indígenas y protesta ante la depredación ambiental han polarizado el conflicto, especialmente frente al Estado Chileno. Como producto de la movilización de numerosas comunidades y organizaciones del pueblo mapuche, hoy se encuentran más de 30 prisioneros en las cárceles de Temuco, Angol, Mulchén, Lebu y en hospital de Imperial, algunos de ellos en huelga de hambre desde los primeros días de mayo de 2020. Tal situación ha generado una oleada de movilizaciones y protestas del pueblo mapuche ya que los comuneros se encuentran en riesgo vital. El Estado chileno ha reprimido muchas de estas acciones colectivas. Ante el alargamiento de la huelga de hambre que pone en riesgo la vida de muchos presos y la creciente violencia estatal, desde distintas partes del mundo queremos expresar: Nuestro apoyo y respeto a la digna resistencia del Pueblo-Nación Mapuche, así como nuestra solidaridad con las comunidades y organizaciones que son víctimas de violaciones a los Derechos Humanos. Nuestra condena a la criminalización de la protesta indígena, la militarización y el hostigamiento como forma de responder a las demandas del pueblo mapuche y a la lucha por su territorio. Nuestro llamado urgente al Estado chileno, a que responda a las demandas de los presos mapuche, al gobierno de Chile a que respete y reglamente las indicaciones planteadas en el convenio 169 de la OIT y que garantice el cambio de medidas cautelares para los presos políticos vinculados a causas mapuche. Llamamos al pueblo de Chile y a los pueblos en general a solidarizarse con las justas demandas de los presos políticos mapuche en huelga de hambre. Firman Noam Chomsky (lingüista-EUA), Verónika Mendoza (presidenta del Movimiento Nuevo Perú-Perú), Frei Betto (Escritor-Brasil), Ana Esther Ceceña (geopolitóloga-México), Boaventura de Sousa Santos (Sociólogo-Portugal), Karina Batthyány (socióloga-Uruguay), Pablo González Casanova (sociólogo-México), Maristella Svampa (socióloga-Argentina), Pablo Gentili (Secretario de Cooperación Educativa y Acciones Prioritarias, Argentina), Ana María Tijoux Merino (Cantante-Chile), Jason W. Moore (Binghamton University-EUA), Sylvia Marcos (académica feminista-México), Raúl Zibechi (periodista-Uruguay), Cristina Vega Solís (Profesora Investigadora-Flacso-Ecuador), Floresmilo Simbaña (Ex dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), Raquel Gutiérrez Aguilar (ICSYH-BUAP-México), Marcos Roitman Rossenmann (sociólogo-España), Chandra Mohanty (Syracuse University-EUA), Néstor Kohan (intelectual y militante-Argentina), Katia Valenzuela (socióloga-Chile), Héctor Nahuelpán (Comunidad de Historia Mapuche-Universidad de los Lagos-Wallmapu), Mara Viveros (Profesora de la Universidad Nacional de Colombia), Hugo Blanco Galdos (Periódico Lucha Indígena-Perú), Joanne Rappaport (Profesora de Georgetown University-EUA), Michael Löwy (filósofo-Francia), Elvira Concheiro (socióloga-México), Pablo Mamani (Universidad Popular de El Alto-Bolivia), Alberto Acosta (economista-Ecuador), Christy Petropoulus (Geógrafa-Universidad del Mar Egeo-Grecia), Jorge Riechmann (escritor-España), Alicia Castellanos (antropóloga-México), Atilio Boron (politólogo-Argentina), María Regina Celestino de Almeida (historiadora-Brasil), Ramón Grosfoguel (Universidad de California-Berkeley-EUA), Shannon Speed (Chickasaw-Directora del American Indian Studies Center-UCLA-EUA), Sergio Rodríguez Gelfenstein (Ex embajador venezolano-Doctor en Estudios Políticos-analista internacional-Venezuela), Carlos Fernández Liria (filósofo-España), Fernanda Navarro Vda. de Villoro (filósofa-México), Luis Hernández Navarro (periodista-México), Jorge Alonso Sánchez (Cátedra bi-institucional CIESAS y UdeG “Jorge Alonso”-México), Stella Calloni (escritora y periodista […]
El Partido Progresista de Chile, a través de su presidente Camilo Lagos, formuló un llamado urgente al Gobierno de Sebastián Piñera a resolver la situación que afecta a los prisioneros políticos mapuche en las cárceles de Temuco, Angol y Lebu, que han iniciado una huelga de hambre desde hace más de tres meses, que pone en grave peligro sus vidas, en particular en el caso del machi Celestino Córdova. Al respecto, puntualizó que “el camino es evidente y es uno solo: que el Estado chileno responda a su obligación de cumplir con los pactos y tratados internacionales”. Lagos expresó la indignación de la colectividad, fundada por Marco Enríquez–Ominami , con el hecho de que se hubiera llegado a la actual situación, “en circunstancias que la demanda del machi Celestino Córdova es que, en circunstancias de encontrarse preso y condenado, se adopten medidas para garantizar su salud y libertad religiosa, lo que no solo es coherente con la protección de los estándares generales de derechos humanos, sino también por el sistema de protección específico para los pueblos originarios, incluyendo la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT”. A este último respecto, precisó que el Convenio 169 de la OIT “establece claramente que se debe optar por penalidades diferentes al encarcelamiento en los pueblos indígenas, que ha sido firmado y ratificado por Chile, y promulgado por el Decreto Supremo N°236 de 2008. Esto significa que estas demandas se circunscriben al cumplimiento de normas que forman del derecho interno y que apuntan a establecer condiciones de detención conforme a las realidades culturales específicas del pueblo mapuche”. El presidente del Partido Progresista indico que el agravamiento de la situación, que puede llegar a un desenlace fatal, “será responsabilidad de Sebastián Piñera Echeñique, quien en su calidad de Jefe de Estado tiene la responsabilidad inescapable de cautelar el resguardo de los derechos fundamentales de todas y todos los habitantes de Chile. Si el Gobierno no genera condiciones para una solución coherente con los pactos y tratados internacionales, lo más probable es que la conflictividad en el Wallmapu se agudizará”. “Provoca indignación constatar que, frente a la negligencia con la que se ha procedido en este caso, el Gobierno responde con diligencia y rapidez a los gremios empresariales de los camioneros, cede a su chantaje y accede a otorgar por ley más ‘mano dura’, a través de una ceremonia vergonzosa encabezada por el propio Piñera”, enfatizó. Lagos indicó que el Gobierno tiene también una responsabilidad de poner atajo a las bandas de carácter fascista y paramilitar que se encuentran operando en el Wallmapu, las cuales se encuentran lideradas por activistas de la violencia que militan en partidos de la derecha.
La jueza de garantía Marcela Bley del Juzgado de Garantía de Curacautín declaró admisible la querella presentada por el Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Policial contra funcionarios de Carabineros de Chile, por los graves hechos ocurridos la noche del sábado 1 de agosto en Curacautín. Como es de público conocimiento, en el contexto del accionar de civiles armados que perpetraban un intento de desalojo violento durante el toque de queda de la Municipalidad de Curacautín, funcionarios de carabineros incumplieron su deber, permitiendo esta agresión, que tuvo como resultado serias consecuencias para sus víctimas y la propiedad pública y privada. Esta banda de civiles actuó en concomitancia con Carabineros de Chile, ya que está registrado el aviso telefónico de la banda respecto de su intención de desalojar a los comuneros mapuches, de manera concertada y violenta. Esta banda armada irrumpe en la vía pública, interrumpe el tránsito en vigencia del estado de excepción constitucional y en horas de toque de queda nacional, sin que la autoridad encargada del orden y la seguridad pública le impida realizar esta acción, lo que deja como resultado dos vehículos incendiados, la sede municipal con graves daños en su infraestructura y personas golpeadas y heridas. El resultado de esta acción, además, dejó varios comuneros mapuche en calidad de detenidos y aún peor, con heridas de distinta gravedad producto de los golpes y agresiones realizadas por los civiles. Cabe destacar que no hubo ninguna detención de los civiles involucrados en el ataque a los comuneros. Tomando en cuenta esta omisión, el Observatorio patrocinó una querella criminal en contra del Mayor y comisario de la 5ta comisaría de Curacautín, Fernando Mella R. y “todos aquellos funcionarios de Carabineros de Chile que resulten responsables, por los delitos de omisión de denuncia, desórdenes públicos, daños calificados, incendio simple, y atentado contra la salud pública”. Esto por la responsabilidad que les cabe como autores directos en grado de consumado de los delitos de omisión de denuncia y de omisión impropia en su posición de garantes, según corresponda. Tal y como se señala en la querella “todos estos delitos descritos anteriormente fueron cometidos en presencia, con el consentimiento y autorización del referido grupo de Carabineros de Chile que se encontraba en el lugar ejerciendo funciones, sin que en ningún momento intervinieran, impidieran, solicitaran de manera verbal que se dejaran de cometer o detuvieran por flagrancia a esas personas para que depusieran su actuar delictivo en los crímenes y simples delitos ya señalados, estando obligados por mandato constitucional, ley y reglamento interno de Carabineros a detener en caso de flagrancia de delitos, o en todo caso, de alguna manera intervenir para que dejen de ocurrir”. Finalmente, el Observatorio de DDHH y Violencia Policial exige a Carabineros de Chile imponer el máximo celo y profesionalismo en el correcto cumplimiento de su deber constitucional. Así también repudia cualquier tipo de concomitancia de esta institución con bandas de civiles armadas. Santiago de Chile, 16 de agosto 2020 Crónica Digital
El gobierno de Chile presentó hoy lo que calificó como propuesta final, para tratar de que el líder espiritual mapuche Celestino Córdova abandone una huelga de hambre que ya dura 105 días. En conferencia de prensa en esta capital, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, descartó que el ejecutivo atienda las demandas del machi Celestino Córdova, al señalar que «no hay autoridad de gobierno ni de tribunales que pueda darle lo que él solicita». Córdova encabezó junto a otros 26 presos mapuches una huelga de hambre reclamando al gobierno que les permita pasar parte de sus sanciones en sus comunidades originarias, tal como lo concibe el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a los pueblos originarios, del cual el estado de Chile es firmante. El jueves la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso de amparo presentado con ese objetivo por la defensa del machi, por lo cual este anunció que iniciaría una huelga de hambre seca -que podría desembocar en un desenlace fatal- si el gobierno no daba una respuesta positiva a sus reclamos. Según dijo este domingo el titular de Justicia, el Gobierno sostiene su propuesta presentada el viernes, que incluye autorizar una visita del machi a su rewe (altar) «en los mismos términos en que lo hizo hace dos años, es decir, por 14 o 15 horas». Expresó que el Gobierno ha trabajado por presentar propuestas «reales y efectivas» que incluyan a otras personas de origen mapuche que estén encarceladas, para permitirles desarrollar sus costumbres y respetar su cosmovisión. Señaló que ha habido un diálogo con participación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Colegio Médico y la oficina en Santiago del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, aunque no aclaró si se había llegado a algún tipo de acuerdo. En cambio advirtió que «ya hicimos nuestra parte del trabajo. Ahora les toca a ellos», en referencia a los presos en huelga. Según voceros del machi Celestino, esas instituciones garantes le solicitaron esperar hasta mañana lunes para tomar una determinación definitiva. Ante lo planteado hoy por el gobierno, se mantienen la expectativa sobre algún pronunciamiento del líder mapuche, cuyo estado de salud es considerado muy delicado por el largo tiempo sometido a la huelga de hambre. Santiago de Chile, 16 de agosto 2020 Crónica Digital/PL
La situación del respetado machi Celestino Córdoba se encuentra hoy en un compás de espera, luego de que el gobierno chileno le presentará una propuesta a ese líder espiritual mapuche. La víspera, Cristina Romo, una de las voceras del machi Celestino comunicó que este esperará hasta mañana lunes para tomar una decisión respecto a iniciar una huelga seca. Indicó al respecto que luego de numerosas tratativas, «las instituciones garantes han logrado comprometerse en citar a las partes, para darle real cumplimiento a lo acordado, por lo que le solicitan a nuestro machi Celestino esperar hasta el lunes 17 de agosto para tomar una determinación definitiva». Córdova cumple hoy 105 días en huelga de hambre junto a otros 26 presos mapuches reclamando al gobierno que les permita pasar parte de sus sanciones en sus comunidades originarias, tal como lo concibe el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a los pueblos originarios. El jueves la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso de amparo presentado con ese objetivo por la defensa del machi, por lo cual este anunció que iniciaría una huelga de hambre seca -que podría desembocar en un desenlace fatal- si el gobierno no daba una respuesta positiva a sus reclamos. El anuncio de la postergación fue hecho por Romo después de que durante la mañana del sábado otras voceras del machi dijeran en un comunicado que se había quebrado la mesa propuesta por el gobierno cuando este y Gendarmería se retractaron de acuerdos alcanzados por ambas partes durante negociaciones en la noche del viernes. Esa consistía en que Córdova pudiera acudir a renovar su rewe (altar), tal como lo hizo en junio de 2018, pero solo después de abandonar la huelga de hambre y recuperar su salud, según indicó un comunicado del Ministerio de Justicia. Este sábado el machi fue visitado en la cárcel por Sergio Micco, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, entidad que ha actuado como mediadora en los últimos días para buscar un entendimiento entre el gobierno y los huelguistas. Santiago de Chile, 16 agosto 2020 Crónica Digital/PL
