En aquellos casos que, a su juicio, las personas deseen someterse a estos tratamientos, “que para la OMS y el Ministerio de Salud solo provocan daño, pues no hay nada que curar. Esto es como legalizar el suicidio”, señaló el Movilh junto con exigir la renuncia de la Subsecretaria. Como “abominable y totalmente contrario a la dignidad humana” calificó hoy el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) la propuesta a favor de las terapias reparativas de homosexualidad o transexualidad que manifestó hoy la Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, en el marco del tramite parlamentario para reformae a la Ley Zamudio. El vocero del Movilh, Oscar Rementería, señaló que “estas terapias están prohibidas, totalmente prohibidas, por la Organización Mundial de la Salud, por nuestro propio Ministerio de Salud y por todos los organismos internacionales de derechos humanos”. “Que Recabarren valide la existencia de estas terapias si es que una persona quiere someterse a las mismas, como lo señaló hoy en el Senado, refleja una abierta violación a los derechos, un desconocimiento total de la dignidad humana. Por esto, exigimos su renuncia. Debe renunciar, si está posibilitando o pretendiendo que una persona se someta a torturas porque esa es su voluntad. Esto es como legalizar el suicidio. Es una violación a los derechos humanos que proviene nada más, ni nada menos que de la Subsecretaria de Derechos Humanos”. En efecto, Recabarren señaló hoy en la Comisión de Derechos Humanos del Senado que el “Estado de Chile siempre ha señalado que se opone a las terapias de conversión. Pero la forma que está redactada (una indicación de la senadora Adriana Muñoz) está en términos absolutos, es decir se podría aplicar a casos donde se podrían contar con la anuencia de una persona que quisiera tratarse, y ahí estamos en un problema, porque iríamos contra la voluntad de una persona”, dijo. Añadió que “teniendo presente la prohibición de las terapias de conversión, que obliguen a las personas a intentar cambiar su identidad, expresión de género u orientación sexual, teniendo clarísimo esto, podría ocurrir que una persona que si quisiera y tuviera la voluntad de hacerlo y estaríamos diciendo que este tipo de actos es discriminatorio. Por tanto no está adecuadamente redactada”, la propuesta de la senadora Muñoz, dijo. Para Rementería, “Recabarren está diciendo, en otras palabras, que si una persona LGBTI piensa que su homosexualidad o transexualidad es una enfermedad, tiene derecho a someterse a terapias de conversión, que de acuerdo a la OMS, no tienen ningún resultado, porque no hay nada que curar. Por el contrario, solo provocan más daño en las personas”. “Esta declaración, es de como de comienzos de los 90, no está a la altura de los tiempos, ni menos de los derechos humanos. Por dignidad, Recabarren debe renunciar. Presentaremos una carta al Gobierno y al presidente Piñera exigiendo ello”, finalizó Rementería. Santiago de Chile, 14 de septiembre 2020 Crónica Digital
DD.HH.
Desde 1961, apenas posesionado, el presidente John F. Kennedy nombró un comité encargado de las elecciones que se desarrollarían en Chile tres años después. Según la investigación de la Comisión Church del Senado estadounidense [1], estuvo compuesto de altos responsable del Departamento de Estado, la Casa Blanca y la CIA. Este Comité fue reproducido en la embajada estadounidense en Santiago, capital chilena. El objetivo era impedir que el candidato socialista, Salvador Allende, ganara los comicios [2]. Allende era un marxista convencido de que por la vía pacífica se podía llegar al gobierno, y, desde ahí, dar un vuelco a las estructuras del Estado en beneficio de las mayorías empobrecidas. Expresaba que para lograr tal objetivo se debía nacionalizar las grandes industrias, priorizando las que estaban en manos estadounidenses, al ser éstas las que explotaban los recursos estratégicos. Estos, y otros ideales sociales, lo convirtieron en un indeseable para Washington: podría servir de ejemplo para los pueblos de otras naciones latinoamericanas. Para hacerle oposición, varios millones de dólares fueron distribuidos entre los partidos políticos de centro y de la derecha para que realizaran su propaganda. Al momento de elegir el candidato a la presidencia, Washington decidió apoyar a Eduardo Frei, del partido Demócrata Cristiano, un personaje que impuso a sus otros financiados. En total, la operación costó unos veinte millones de dólares, una suma inmensa para la época, al punto de sólo poderse comparar con lo gastado en las elecciones presidenciales estadounidenses. Es que Washington no tanto invirtió en el candidato Frey, sino que realizó toda una campaña de propaganda anticomunista a largo plazo. La Comisión del Senado dijo: “Se explotaron todos los medios posibles: prensa, radio, películas, volantes, folletos, correos, banderolas, pinturas murales.” La Comisión reconoció que la CIA realizó, por intermedio de sus partidos comprados y varias organizaciones sociales, una “campaña alarmista” donde el objetivo principal fueron las mujeres, a las cuales se les aseguraba que los soviéticos y los cubanos llegarían para arrebatarle a sus hijos si ganaba Allende. Afiches distribuidos masivamente mostraban a niños llevando en la frente un tatuaje con la hoz y el martillo. La tradición religiosa también fue manipulada al máximo para que se temiera al “comunismo ateo e impío.” La operación psicológica funcionó por encima de las expectativas: Frei logró el 56% de votos, mientras que Salvador Allende el 39%. La CIA, según la Comisión del Senado, aseguró que “la campaña de inculcar miedo anticomunista había sido la más eficaz de todas las actividades adelantadas”. Fue una operación psicológica, con carácter de guerra, cuya base eran los planes aplicados en Guatemala que terminaron derrocando al presidente Jacobo Arbenz, en junio de 1954 [3]. Una operación que en Chile no se desmanteló con el triunfo de Frei, porque, a pesar de todo, la cantidad de votos logrados por Allende fue alta. Y el vencido tenía todas las intenciones de presentarse a las futuras elecciones. En sus Memorias William “Bill” Colby, jefe de la CIA entre 1973 y1976, cuenta que, durante las elecciones presidenciales de […]
El 11 de septiembre de 1973 se instala la dictadura militar, dando comienzo a un proceso que afectará directamente a todos los pueblos originarios, profundizando problemas que a esas alturas eran estructurales, como la pobreza y el aislamiento. A esas problemáticas se sumarán la instalación del modelo neoliberal y la persecución estatal a lo largo de todo el país, no quedando afuera los territorios indígenas. El mundo mapuche verá un deterioro en sus condiciones de vida, produciendo diversos procesos de migración campo–ciudad, siendo el motivo de la aparición de una mayoría de población originaria de esta etnia en centros urbanos, graficado en las últimas ediciones censales. Según el censo realizado el año 2017 en la Región Metropolitana habita el 35% de la población total mapuche, doblando los números vistos en La Araucanía. La dictadura militar hizo mella en los sectores populares, mediante una persecución sistemática, la que incluyó torturas, desapariciones y muertes a todo aquel que mostrase contrario a las políticas oficialistas. Lógicamente, la Región de La Araucanía no quedaría ajena a circunstancias de este tipo. Ahora bien, se debe dejar claro que en estas zonas no existió un previo proceso de politización en la población, menos en las comunidades mapuche, por lo que la persecución a la etnia se debió a otras razones, más bien ligadas al lugar en que estas se ubicaban. El historiador mapuche Sergio Caniuqueo así lo señala, destacando que parte de la violencia en la región estaría vinculado al uso de la tierra. “Se tiene en imaginario, sobre todo por la narrativa de la izquierda, que llegaron los militares y reprimieron a todo el pueblo mapuche, lo cual no es tan así. Sí, hay un grupo importante de comunidades que fueron víctimas de la represión, el resto de las comunidades quedaron impactadas por la brutalidad de esa represión, pero tenemos que pensar en que muchas de estas personas ni siquiera eran militantes de partidos políticos, entonces fueron reprimidas porque estaban en una lucha contra la injusticia social que había provocado la entrada del Estado chileno y posteriormente la llegada de colonos, además de todo el problema que había provocado el tema de tierras, como la reducción de tierras. Entonces, luego de toda la lucha social que se dio en el siglo XX, en un punto parecía que iba a existir una solución, entonces llegan los militares y descabezan a ese sector que hacía de punta de lanza”. Sergio Caniuqueo Huircapán Profesor, Historiador y Doctorando en Ciencias Sociales Universidad de La Frontera Las motivaciones por parte del Estado para ocupar el territorio de la población mapuche tuvieron un origen económico. Era necesaria la intervención de estas tierras, además del sometimiento de la población dentro del mismo proceso, puesto que debía ser integrada dentro del proyecto de modernización nacional que pretendía llevar a cabo la dictadura, donde se incluía potenciar actividades económicas como la explotación agrícola y forestal en mano de agentes privados, siendo mayoritariamente empresas extranjeras. Esta cuestión colisionará con la cultura y cosmovisión mapuche, el […]
Varias estaciones del metro de Santiago amanecen con sus nombres reemplazados por los de ejecutados/as políticos/as y detenidos/as desaparecidos/as en la dictadura cívico militar. La acción fue protagonizada por militantes de las Juventudes Comunistas de Chile en una nueva conmemoración del golpe militar de 1973. Durante esta mañana, las estaciones de metro de Santiago de Carlos Valdovinos, Camino Agrícola, Dorsal, Cerro Blanco, entre otras vieron sus nombres reemplazados por los de ejecutados/as políticos/as y detenidos/as desaparecidos/as de la dictadura cívico militar de 1973 a 1990. Entre los nombres que hacen memoria de la violación a los derechos humanos, destacan el de Celedonio Sepúlveda y Abelardo Quinteros militantes comunistas, cuyas osamentas fueron identificadas hace poco más de un año. Además, la acción hace homenaje a las y los miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez asesinados/as por la dictadura en el marco de la llamada operación Albania. La acción fue coordinada y realizada por militantes de las Juventudes Comunistas de la región metropolitana. Al respecto, Camilo Sánchez, presidente de la juventud, señaló que «visibilizar los nombres de nuestros y nuestras caídas en dictadura es una forma de hacer notar la gran deuda de este Estado con los DD.HH., lo cual esperamos remediar en la nueva Constitución» Así mismo, el dirigente de la juventud comunista puntualizó que en nuestro país «se ha construido una sociedad en donde la violación a derechos humanos es nuevamente posible gracias a la impunidad y la tolerancia al pinochetismo negacionista» A propósito del plebiscito del 25 de octubre por la nueva Constitución, la encargada de la comisión de derechos humanos de la JJCC, Vania Donato, señaló que “el apruebo de la nueva Constitución será la primera de tantas conquistas que nos devolverán el derecho a una vida digna, pero también es la oportunidad de consagrar efectivamente el resguardo de los derechos humanos por parte del Estado de Chile”. Al cierre, las y los dirigentes de la juventud hicieron un llamado a seguir exigiendo verdad, justicia y reparación frente a las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que se han perpetrado desde la dictadura hasta la actualidad. Y junto con ello, homenajear a las héroes y heroínas que sacrificaron sus vidas por la recuperación de la democracia y el cambio de la actual constitución. Santiago de Chile, 11 de septiembre 2020 Crónica Digital
En medio de la orgía de crímenes y violencia que se desencadenó luego del golpe de Estado de septiembre de 1973, los jóvenes ecuatorianos Felipe Campos Carrillo y Jimmy Torres Villalba encontraron la muerte en tierra chilena. Eran evangélicos bautistas. Sin militancia política. El primero estudiaba Ingeniería y el segundo Kinesiología. Ambos en la Universidad de Concepción. Tenían 19 y 23 años, respectivamente. Chilevisión y CNN Chile entregaron nuevas informaciones sobre sus asesinatos, luego que revelaran confesiones de José Florentino Fuentes Castro, sargento de Carabineros en retiro, condenado por el Caso Degollados, en una conversación con otro ex oficial. Fuentes Castro participó en la detención de los dos estudiantes. Señaló: “Donde estaban los mástiles, a esos hueones los tuvimos toda la noche colgados ahí. Y los hueones no quisieron hablar. Y estaba el pelado que era un mayor. Ese hueón ordenó matar a esos hueones. ¿Y sabe dónde los llevamos, los llevamos? A la desembocadura”. En el diálogo se precisa que hablan de Alejandro Cárcamo: “En la Escuela le decíamos al Cárcamo el camión carnicero”. Los jóvenes fueron llevados en una caravana a la desembocadura, donde se les dio muerte. “Si nosotros estábamos en el Sicar (Servicio de Inteligencia de Carabineros), si nosotros los llevamos para allá. Con el Manuel Alfaro Contreras”. En la investigación judicial hasta ahora el único condenado fue el jefe del Sicar, coronel Sergio Arévalos Cid, pero con esta prueba se identifican a otros involucrados y se confirma la orden de ejecutar a los detenidos. En el audio se escuchan risas en medio del relato sobre cómo se encontraron los cuerpos de los estudiantes acribillados. Fuentes comentó: “Los pillaron unos pescadores al otro día y estaban amarrados así, en vez de esposados, estaban amarrados con unas mangas de camisa de Carabineros y los hueones en las carteras tenían un recibo de comprobante de dinero”. Y agregó: “Yo sé los que andaban. Fueron casi todos los suches. Los que le digo yo. El Arriagada, Prieto. Nosotros nunca quisimos hablar. Nunca”. En 1997, conocí el caso de los dos estudiantes mientras colaboraba con una iniciativa de los organismos de derechos humanos en Chile y Ecuador para interponer en la Corte Suprema de ese país una demanda penal en contra de Augusto Pinochet, que viajaba a este país para participar en una reunión de jefes de los Ejércitos de América. El ex dictador aún ejercía como Comandante en Jefe. La acción fue presentada por un grupo de 21 personalidades de Ecuador, tales como el ex Vicepresidente de la República, León Roldós Aguilera, y el pintor Oswaldo Guayasamín. La demanda, basada en cuatro casos, incluía las ejecuciones de Torres y Campos. El propósito era lograr el arresto de Pinochet. En esa oportunidad logró escapar. En Quito, el general dijo a la prensa que los jóvenes “posiblemente estaban en algo, no sé (…) Lamentablemente, en estos casos caen justos por pecadores”… Concluyó: “¿Qué explicación quiere que le dé? ¿Qué le pida perdón, como dicen algunos?”. EL ENCUBRIMIENTO DEL DOBLE CRIMEN El […]
Un informe oficial de las Naciones Unidas critica severamente la conducta del gobierno de Jair Bolsonaro en el combate contra la pandemia de COVID–19 en Brasil, donde hoy se registran más de 128 mil muertes por el patógeno. Según el columnista Jamil Chade, del portal de noticias UOL, el documento se presentará en el Consejo de Derechos Humanos del organismo internacional en la segunda mitad de septiembre. Revela que el gigante suramericano aparece entre los países que presuntamente cometieron trasgresiones de sus deberes legales en materia de derechos humanos por el comportamiento adoptado ante la crisis sanitaria. De acuerdo con Chade, el Gobierno de Bolsonaro resultó blanco en las últimas semanas de denuncias en el Tribunal Penal Internacional, con sede en Países Bajos, por la forma en que respondió ante la pandemia. Grupos de organizaciones no gubernamentales, sindicatos y otras entidades presentaron sus peticiones a la Corte, y uno de los puntos destacados en el informe de la ONU respecto a Brasil fue la falta de previsiones por la administración ultraderechista y la negación de la gravedad de la enfermedad. “En el caso de la COVID–19, en general, hubo una notable falta de precaución por parte de estados y empresas, desde el uso económico de máscaras faciales hasta la información sobre el riesgo de propagación aérea, pasando por la naturaleza mortal del propio virus”, señala el contenido. Otro aspecto hace alusión a la situación de los pueblos originarios. “La COVID–19 devasta las comunidades indígenas como la trágica historia de la viruela, que diezmó a muchos pueblos de América y de otros lugares”, apunta el pliego. Advierte que en Brasil las comunidades yanomami enfrentan una crisis de salud y existencial por el contacto con garimpeiros (buscadores de minerales) ilegales. El informe increpa asimismo a ciertos líderes gubernamentales, que en vez seguir el asesoramiento científico para adoptar medidas más rigurosas de prueba y freno al virus, presentaron argumentos deshonestos en apoyo de sus planteamientos. En particular, detalla, “la justificación económica para no imponer la contención, sacrificando efectivamente las vidas de sus ciudadanos, en particular de las comunidades de bajos ingresos, las minorías, los trabajadores y personas de avanzada edad”. Una pandemia de esta magnitud era prevenible. “El fracaso se debe a que jefes de Gobierno anteponen intereses económicos o políticos a las preocupaciones nacionales en materia de salud”, denuncia el documento de la ONU. Brasilia, 10 de septiembre 2020. Crónica Digital / Prensa Latina.
A diez meses de la muerte del estudiante Romario Veloz (26) en el marco de las protestas de octubre de 2019, el Ejército de Chile aún no ha iniciado un sumario interno para investigar su muerte, tras ser impactado por una bala disparada por efectivos militares en una marcha realizada el 20 de octubre en La Serena. Según la información obtenida vía transparencia por el equipo defensor de la familia de Romario Veloz, hasta el 24 de agosto el Ejército de Chile no instruyó ninguna Investigación Sumaria Administrativa sobre el hecho. El documento también señala que se hizo la denuncia al Ministerio Público, quien actualmente lleva la investigación bajo la dirección de Adrián Vega, el fiscal regional. Cabe recordar que el 20 de octubre, el joven ecuatoriano, residente en Chile desde su infancia, estudiante de Construcción Civil y padre de una niña de tres años, asistió a una manifestación convocada antes del toque de queda, que se desarrolló pacíficamente hasta que pasó por las afueras del Mall de La Serena, que era resguardada por efectivos del Regimiento 21 de Coquimbo. Allí los efectivos militares comenzaron a disparar al aire y hacia los asistentes a la marcha. Romario recibió una de esas balas. Para conocer mayores antecedentes respecto al caso, la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados ha invitado en dos ocasiones al Ministro de Defensa, Mario Desbordes y al Comandante en Jefe del Ejército, general Ricardo Martínez, el 31 de agosto y el 7 de septiembre, en ambas ocasiones las autoridades no asistieron y se excusaron. El ministro Desbordes señaló tener problemas de agenda, mientras el general Martínez indicó que la investigación que lleva la fiscalía es secreta. La abogada querellante en representación de la familia de Veloz, *Adriana Rojas*, señala que el ministro Desbordes y el general Martínez “expresaron que esto podría generar un problema, una dificultad en la investigación. Quizás no entendiendo el motivo de la citación que es hacer recepción de las inquietudes de las familias y de haber podido resolver los motivos que han tenido la autoridad para no realizar los sumarios administrativos al interior del regimiento 21 Coquimbo, a propósito del asesinato de Romario y de la víctimas sobrevivientes, Cesa Véliz y Rolando Robledo”. Adriana Rojas agregó que quedaron “conformes con que se oficiara a Contraloría General de la República para que pueda referirse a esta falta, a nuestro parecer, del incumplimiento de la norma administrativa de investigación cuando se trata de funcionarios públicos, en este caso, los militares que participaron del operativo fuera del mall La Serena y que estaban en su calidad de funcionarios, no de manera particular”. Desaire a la Comisión La Comisión de DDHH citó nuevamente para el lunes 21 de septiembre a las 17.00 hrs. al Comandante en Jefe del Ejército y al ministro de Defensa, Mario Desbordes. A la sesión también asistirán miembros del Instituto Nacional de DDHH, que también son parte querellante en el caso. Al respecto, el diputado Miguel Crispi (RD) […]
La diputada Mapuche Emilia Nuyado, dijo que es «inaceptable que las reivindicaciones sociales o marchas a favor del Apruebo sean reprimidas de manera brutal. En cambio la marcha del rechazo fue escoltada por la policía». La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Emilia Nuyado, acusó un «doble estándar del gobierno y carabineros, frente a las movilizaciones que hemos visto las últimas semanas». A juicio de la parlamentaria, «esto demuestra que el gobierno y la policía tienen una postura clara respecto a defender a camioneros, empresarios y la opción del Rechazo en el próximo plebiscito». «Podemos concluir entonces que Carabineros se ha transformado en el guardián del Rechazo y en el matón que usa el gobierno para acallar a sus detractores. El mismo fin de semana, mientras FF.EE. gaseaba y reprimía a personal de salud que se manifestaba de manera pacífica, vimos como Carabineros escoltaba una marcha del Rechazo. Esto es inaceptable para una democracia y por eso exijo que el Presidente, el Ministro del Interior y el General de Carabineros, se pronuncien sobre este actuar disímil de la policía» dijo Emilia Nuyado. Sobre este mismo punto, la diputada Mapuche agregó que » hay una responsabilidad directa de este gobierno que permite todos los abusos de la policía». «Carabineros y el gobierno están sembrando resentimiento y polarizando aún más el país. No quiero pensar que esta sea una maniobra del gobierno para boicotear el Plebiscito del próximo 25 de Octubre. Es por esto que vamos a pedir que la Comisión de Derechos Humanos invite al ministro Víctor Pérez, al General Mario Rozas y al Intendente Guevara. , » concluyó Emilia Nuyado. Santiago de Chile, 8 de septiembre 2020 Crónica Digital
El parlamentario se refirió a las denuncias sobre el uso de químicos, la compra de nuevo armamento, y el uso desmedido de la fuerza por parte de Carabineros en contra de quienes se han manifestado en favor en favor del Apruebo. “Represión a las funcionarias TENS o a quienes portan una bandera Mapuche; y alfombra roja al grupo que marchó por el rechazo o a los camioneros, ha sido el actuar de Carabineros de Chile durante las últimas semanas”, manifestó el senador Alejandro Navarro Brain. De acuerdo al senador por la Región del Biobío, “se está volviendo a gestar rabia e impotencia en la ciudadanía, al ver como ante quienes provocaron desabastecimiento y se divertían haciendo asados o fiestas en las carreteras, en pleno toque de queda, Carabineros hacían la vista gorda, sin llevarse a nadie detenido por infringir la ley”. “Algo similar ocurrió cuando un grupo de extrema derecha marchó en favor del rechazo”, recordó, “pues funcionarios de la institución policial los resguardaron durante todo el trayecto, pese a que eran más de 50 personas, lo que está prohibido en pandemia”. Para Navarro, “Carabineros ha demostrado con su actuar que hay 2 Chiles, pues a las Técnicos en Enfermería de Nivel Superior que se manifestaron en Plaza Italia pidiendo mejoras en sus condiciones laborales, las dispersaron con el guanaco, por medio de FFEE y arrestando a casi una decena de personas”. “Además”, agregó, “hay diversas denuncias sobre el líquido del guanaco, pues parece tener elementos corrosivos, y muchos videos de detenciones de personas que simplemente están sosteniendo una bandera Mapuche o del apruebo”. El fundador del Foro Latinoamericano de DDHH afirmó que, “aquí hay un actuar dispar, que incluye a Carabineros encapuchados, fuerza desmedida en contra de unos y protección y no aplicación de la ley en contra de otros, lo que se suma a las nuevas compras de vehículos y armamento, solo a unas semanas de un nuevo 18 de octubre”. “A todo lo anterior”, continuó, “hay que sumarle que la misma institución elaboró un peritaje el año 2012 titulado Disparos con Escopeta Antidisturbios, con Empleo de Cartuchería con Perdigón de Goma y Sus Efectos en la Superficie del Cuerpo Humano, el que advierte que los disparos de escopetas a menos de 30 metros de una persona pueden ser letales o provocar estallido ocular, fractura craneal o laceraciones hemorrágicas”. “Por ello le he solicitado al presidente de la Comisión de DDHH del Senado, Juan Ignacio Latorre, que realicemos una sesión especial de la misma durante esta semana, para citar a las instituciones involucradas y que den cuenta de las diversas situaciones que la ciudadanía ha denunciado, y que solo provocan temor y renuevan el descontento social hacia las autoridades, por la diferencia de tratos y la represión en contra de quienes simplemente se manifiestan en favor de un mejor país para todos”, finalizó Navarro. Concepción, 8 de septiembre de 2020. Crónica Digital
El Colegio de Periodistas invita a los colegas y amigos a la conmemoración de los 34 años del asesinato del periodista y dirigente nacional de la Orden, José Carrasco Tapia. En esta ocasión, debido a la pandemia y el confinamiento, se realizará vía online el martes 8 de septiembre, a las 20.15, en una transmisión por Facebook Live: https://www.facebook.com/ChilePeriodista Contará con la participación de los periodistas Nathalie Castillo, presidenta del Colegio de Periodistas, Alejandra Matus, y Tomás García, ambos periodistas que reconocen en Pepe Carrasco un símbolo de la prensa al servicio de la democracia. Moderará este conversatorio, Oriana Zorrilla, presidenta del Consejo Metropolitano de la Orden. En un contexto de emergencia sanitaria y ad portas de un plebiscito tan trascendental como el del 25 de octubre, el homenaje que se le rendirá a José Carrasco cobra mayor vigencia, y nos permite reflexionar acerca del actual sistema informativo carente de pluralismo, donde el derecho a la comunicación está cada vez más conculcado. DAR LA VIDA POR LA JUSTICIA Y LA LIBERTAD Justo un día antes de su asesinato, José Carrasco Tapia dio una entrevista a la agencia informativa Prensa Latina donde declaró: “amamos la paz y amamos la vida, pero más que nada amamos la justicia y amamos la libertad. Y por la justicia y la libertad estamos dispuestos a dar la vida si es necesario”. Pepone, como le decían sus amigos, fue importante dirigente sindical y en su calidad de consejero del Colegio de Periodistas fue un vehemente defensor de la libertad de expresión. El 06 de diciembre de 1974 fue detenido y pasó por diversos campos de concentración como Cuatro Álamos y Puchuncaví hasta que en 1976 se exilió en México y Venezuela con su familia, regresando al país en 1984. Realizó sus estudios en la Universidad de Chile y también fue militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). En lo profesional se desempeñó como editor internacional de la Revista Análisis, que se transformó en una de las principales publicaciones de oposición. La madrugada del 08 de septiembre de 1986, un día después de que un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) atentara contra la vida de Augusto Pinochet, agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) asesinaron al periodista como parte de la represalia por los cinco escoltas fallecidos. Santiago de Chile, 7 de septiembre 2020 Crónica Digital
