Las diputadas Claudia Mix, Emilia Nuyado y Karol Cariola, expresaron su preocupación por la compleja situación que está enfrentando el Machi Celestino Córdova en el Centro de Educación y Trabajo (CET) de Vilcún. Según ha denunciado Cristina Romo, vocera de la autoridad espiritual, está siendo sometido a vejaciones y maltratos al interior del recinto. Además, las parlamentarias, que fueron garantes del acuerdo que el 18 de agosto el Ministerio de Justicia y Gendarmería establecieron con el Machi para que depusiera la huelga de hambre, plantearon que el Gobierno no lo está respetando, por lo que llamaron a cumplir con lo acordado. Dicho acuerdo contempla, entre otros aspectos, la creación de un módulo piloto con pertinencia cultural de pueblos originarios en la cárcel de Temuco y luego, la instalación de módulos a nivel nacional; la modificación de los reglamentos penitenciarios, para que que se ajusten a los estándares internacionales de acuerdo al Convenio 169; y el cumplimiento de la Resolución Exenta N3925, emitida por Gendarmería el 29 de julio, en la que se aprobaron disposiciones sobre la reglamentación penitenciaria acerca de la pertinencia cultural y religiosa. Sin embargo, ha habido un nulo avance en estas materias. Las diputadas, además, expresaron su preocupación por las denuncias de irregularidades que se estarían cometiendo en el Centro de Estudio y Trabajo desde el 2016, por lo que hicieron un llamado a que se realice una investigación al respecto a cargo de organismos externos. En ese sentido, respaldaron las acciones legales realizadas por Machi Celestino Córdova. Cabe destacar que ya se interpuso una querella criminal en contra de la Alcaide del CET de Vilcún, la Mayor Jessica Rivas Hérnandez; del funcionario Cristián Montecinos Morales; y de todos quienes resulten responsables en calidad de cómplices o encubridores de los delitos de torturas. Además, se interpuso un recurso de amparo a favor de la autoridad espiritual, y en contra de Gendarmería de Chile, representada por el jefe regional Coronel Leonardo Barrientos, debido a la persecución política y religiosa que se viene realizando en contra de la autoridad espiritual. “Llamamos al Gobierno a que cumpla con las distintas promesas que le hicieron al Machi Celestino Córdova para que depusiera su huelga de hambre. Las condiciones que está enfrentando son inhumanas. Está siendo sometido a tratos degradantes y vejatorios. Exigimos que se termine con la persecución política y religiosa que está sufriendo y que se garantice un trato digno tanto para él como para todos los presos políticos mapuche”, afirmó la diputada Claudia Mix. La parlamentaria agregó que “esperamos que pronto se puedan conocer los resultados de la investigación que, por solicitud nuestra, se inició respecto a las irregularidades que están ocurriendo al interior del Centro de Estudio y Trabajo de Vilcún y que han sido denunciadas por el Machi. Asimismo, pedimos que todos los implicados sean sancionados». La diputada Nuyado, en tanto, indicó que «esperamos que se haga justicia con nuestra autoridad ancestral espiritual. Desde que fue cambiado al Centro de Estudio y Trabajo de Vilcún el Machi Celestino Córdova […]
DD.HH.
Al menos 13 personas fueron detenidas hoy tras protagonizar una protesta frente a la sede del antiguo Congreso Nacional, en reclamó de la liberación de quienes permanecen presos tras el estallido social de octubre de 2019. Decenas de personas, la mayoría jóvenes, se congregaron esta mañana ante el edificio ubicado en el centro de esta capital, con carteles y volantes exigiendo ‘Amnistía ahora’, y un grupo de ellos se encadenó a las rejas exteriores. Una representante del grupo, perteneciente a una denominada Asamblea 18 de octubre, leyó un comunicado en el que reclaman la liberación de personas que han permanecido en prisión preventiva o cumpliendo otras medidas cautelares por haber participado en las manifestaciones populares tras el estallido social del 18 de octubre de 2019. El texto señala que al igual que hace 40 años cuando la dictadura negaba la existencia de detenidos desaparecidos, el actual gobierno rechaza que haya presos políticos, intentado brindar una imagen de falsa normalidad. Finalmente, la protesta fue disuelta por fuerzas de carabineros, que utilizando herramientas de corte rompieron las cadenas y se llevaron detenidos av más de una decena de participantes. En las últimas semanas han cobrado fuerza las demandas desde partidos de oposición y organizaciones sociales y de derechos humanos, para que sean liberados un número indeterminado de personas, la mayoría jóvenes. Quienes demandan su liberación, aseguran que las autoridades los mantienen ilegalmente en esa condición sin proceso judicial alguno por la inexistencia de pruebas demostrativas de que cometieron delitos, cuando la mayoría de ellas solo fueron detenidas por participar en manifestaciones populares. Desde el gobierno, en cambio, alegan que no existen detenidos en esa situación y quienes están presos es por haber perpetrado acciones contra el orden público y por dañar la propiedad pública y privada. Las demandas de renuncia del presidente Sebastián Piñera y de liberación de quienes son considerados presos políticos de la revuela social, han encabezado las manifestaciones que cada vez se han hecho más frecuentes en el centro de esta capital, con serios enfrentamientos entre carabineros y participantes en esas demostraciones. Santiago de Chile, 26 de noviembre 2020 Crónica Digital/PL
La diputada Emilia Nuyado recordó «que hace más de un año venimos advirtiendo un actuar descontrolado de Carabineros sin que sus jefaturas los sancionen». La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Emilia Nuyado, valoró la determinación de la fiscalía de citar a declarar como «imputado» al ex general director de Carabineros, Mario Rozas, el próximo 30 de noviembre , en el marco de las investigaciones que se llevan a cabo por crímenes de lesa humanidad registrados desde el estallido social. Según dijo la parlamentaria «nos parece una buena señal y justificado que la fiscalía determine citar a declarar al ex General, sobre porque hace más de un año que venimos advirtiendo un actuar descontrolado de Carabineros sin que sus jefaturas los sancionen». » A nuestro juicio Mario Rozas es el responsable jerárquico de los abusos policiales cometidos desde el estallido social. No olvidamos los audios donde el ex General le dice a Carabineros que no dará a nadie de baja por los hechos ocurridos durante el estallido social. Sobre sus hombros, pesa también la responsabilidad de la ceguera de Fabiola Campillai y Gustavo Gática», recordó. En esta misma línea la diputada Nuyado agregó que «con ese tipo de declaraciones sin duda Mario Rozas le dio carta blanca a carabineros para violar los Derechos Humanos, no sólo durante el estallido». «Tampoco olvidamos que el general Rozas permitió la interrupción de las carreteras y también permitió que civiles armados desalojaran tomas pacíficas de los Mapuche en el Sur de Chile. Sin duda Rozas es responsable de una serie de abusos policiales este último año», concluyó la diputada Emilia Nuyado. Santiago de Chile, 25 de noviembre 2020 Crónica Digital
La Coordinadora de Derechos Humanos Providencia junto a la Comisión Chilena de Derechos Humanos, interpelaron a la Alcaldesa Evelyn Matthei, a pronunciarse respecto de la circulación del denominado “Bus de la Libertad”, y demandaron que la máxima autoridad comunal adopte todas las medidas tendientes a evitar su circulación, anunciada para este lunes 23 de noviembre. A juicio de las organizaciones de derechos humanos, esta iniciativa constituye “una grave vulneración a la legislación vigente y un ultraje a las disidencias sexuales. Las calles de nuestra comuna no están disponibles para la difusión de mensajes discriminatorios que atenten contra la identidad de las personas y su dignidad”, manifestaron a través de un comunicado, condenando de manera categórica, la iniciativa patrocinada por la ONG Citizen Go, y ejecutada por el Observatorio Legislativo Cristiano, dirigido por Marcela Aranda, quien advirtió la salida a las calles de este bus que se hiciera famoso en 2017, por difundir públicamente un indesmentible mensaje LGTBIQ fóbico. “El Estado de Chile ha avanzado en materia de reconocimiento de derechos de la comunidad LGTBIQ+ con leyes como la Ley 21.120 sobre identidad de género, la ley 20.609 antidiscriminación, reflejo de los avances culturales que la sociedad chilena ha experimentado en los últimos años. Ese es el camino que debemos seguir, hacia el desarrollo pleno de DDHH de todas las personas y no retroceder ante intereses de grupos políticos ultraconservadores que buscan restringirlos generando un gran daño no sólo a personas individuales, sino que a la sociedad en su conjunto”, indica el texto, al precisar que la iniciativa no se enmarca dentro de la normativa internacional de derechos humanos en materia de libertad de expresión, toda vez que estas “dicen relación precisamente, con el debido resguardo y respeto del honor y la dignidad de las personas”. La declaración pública también hace referencia a los “actos de odio” que se han registrado “contra personas de las disidencias sexuales”, razón por la cual, en opinión de estas organizaciones de promoción y defensa de los derechos humanos, “resulta una provocación, el que sólo se sugiera la realización de una acción de esta naturaleza”. “Estamos llamados a pronunciarnos sobre hechos que puedan atentar contra la dignidad de las personas, y a exigir que autoridades, como representantes del Estado de Chile, ejerzan las acciones que eviten la grave vulneración de derechos humanos”, concluye el comunicado emitido por la Coordinadora de Derechos Humanos Providencia y la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Santiago de Chile, 23 de noviembre 2020ç Crónica Digital
Expresamos nuestra profunda indignación ante los antecedentes que dan cuenta que efectivos de Carabineros hirieron a bala a dos adolescentes residentes en un centro colaborador del SENAME en Talcahuano. Según versiones preliminares de prensa e información de la Defensoría de la Niñez, Carabineros habría concurrido como apoyo a personal del SAPU a atender a menores descompensados, y habrían disparado en respuesta a insultos y algunas agresiones de parte de los menores con un palo y presuntamente piedras. La reacción de Carabineros sería completamente desproporcionada e indebida. Responder a insultos, palos y piedras con balas es intolerable, más aún cuando hay niños, niñas y adolescentes involucrados. Este episodio se suma a la larga lista de abusos policiales, lo que hoy desencadenó en la renuncia del general director de Carabineros, Mario Rozas; quien dejó la institución con agradecimientos por la labor cumplida por parte del presidente Piñera. Las palabras del presidente evidencian una vez más el apoyo irrestricto a Carabineros, y una ausencia absoluta de reconocimiento de la gravedad de los hechos en que se han visto involucrados. El nuevo alto mando de Carabineros es Ricardo Yáñez, quien se desempeñaba como subdirector y antes como director nacional de orden y seguridad; esto precisamente durante un periodo en el que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos que deben ser investigadas por la Fiscalía. Para Amnistía Internacional no es suficiente el cambio de este cargo, pues es necesario persistir en la necesidad de que investiguen a todos los mandos y ex mandos, y se lleve a cabo una reforma estructural a la institución que permita desmoronar la tradición de impunidad en la que opera la policía chilena, dicha reestructuración debe garantizar que hechos tan dramáticos y generalizados no vuelvan a ocurrir más. Es imprescindible que se investigue a cabalidad lo sucedido ayer en Talcahuano como también todas las otras violaciones a los derechos humanos que ocurrieron, con mayor intensidad, tras el 18 de octubre del año pasado. Es trascendental que se investiguen los protocolos utilizados y las órdenes recibidas, de forma expresa y tácita, desde los mandos superiores, tanto a nivel administrativo interno, como también por parte de los tribunales de justicia, y que se sancione a quienes resulten responsables de acuerdo a la gravedad de los hechos. Santiago de Chile, 19 de noviembre 2020 Crónica Digital
Ante los graves hechos ocurridos ayer, en el interior de un hogar dependiente del SENAME, en Talcahuano, donde resultaron dos adolescentes heridos por balas disparadas por carabineros, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, declara: 1° Condenamos el accionar policial de Carabineros, porque nada justifica que agentes del Estado, a cargo del resguardo del orden público, y en particular de la seguridad de la población en mayor riesgo y vulnerabilidad, utilicen sus armas de servicio en procedimientos que involucran a menores de edad al resguardo del Estado. 2° Constatamos que lo ocurrido ayer, no es sino la conducta reiterada y sistemática del uso de la fuerza por parte de la policía uniformada, alejado de los estándares internacionales de derechos humanos, y que ha sido cuestionado por los distintos organismos especializados de derechos humanos, a propósito de los graves crímenes contra la Humanidad cometidos en el marco del denominado estallido social. 3° En efecto, cabe recordar que el ACNUDH, en su Informe de Diciembre de 2019, recomendó al Estado desarrollar nuevos protocolos policiales para garantizar el uso adecuado de la fuerza, proteger el rol de los defensores de derechos humanos o crear un mecanismo de seguimiento integrado por la sociedad civil y expertos independientes, entre otras cuestiones. Sin embargo, tres meses después, en Marzo de este año, el representante regional del organismo, Jan Jarab, denunció que se seguían violando los derechos humanos de los manifestantes en Chile y que el Estado prácticamente no ha cumplido con ninguna de las 21 recomendaciones que el organismo le hizo al Gobierno. Y con ocasión del joven manifestante lanzado al rio Mapocho por un uniformado, el representante regional del Alto Comisionado, en un comunicado público, junto con señalar que “el caso del puente Pío Nono no es excepcional, sino que se suma a la ya extensa lista de otros casos de violaciones de derechos humanos por parte de fuerzas de orden”, expresó su preocupación por el continuo e incondicional respaldo a las fuerzas del orden y seguridad, e hizo un llamado a que se identifiquen los patrones y analicen las causas que favorecen estas conductas”. 4° Sin lugar a dudas, que el mayor aliciente para este reprochable accionar policial, ha sido la falta de reconocimiento y rechazo por parte de representantes de los diversos poderes del Estado, acerca de los permanentes hechos vulneratorios de derechos humanos, conducta constitutiva de una suerte de renovado negacionismo, y por otra parte, del apoyo incondicional que el Presidente de la República y los sucesivos Ministros del Interior, le han otorgado al Director General de Carabineros, a pesar del actuar ilícito de sus subordinados. En consecuencia, más allá de la salida del cargo del Director General de Carabineros, Mario Rozas, no solo él debe responder ante la Justicia, también sus superiores jerárquicos, por haber avalado su conducta durante todo el tiempo que estuvo a cargo de la Institución, período en el que el accionar policial significó la violación a los derechos humanos de miles de chilenos y chilenas, y que […]
El director ejecutivo del Foro Latinoamericano de Derechos Humanos (FOLADH), Jonatan Díaz, catalogó como un “cuasi delito de homicidio” el procedimiento que dejó un saldo de dos niños heridos por un funcionario de Carabineros al interior de una residencia del Servicio Nacional de Menores (Sename) en Talcahuano. Indicó que no descarta acciones judiciales en contra de la institución policial. De este modo, Díaz se refirió a las denuncias realizadas a través de redes sociales sobre el procedimiento efectuado por Carabineros al interior de una residencia del Servicio Nacional de Menores (Sename) del cual resultaron dos jóvenes heridos a bala. “Resulta incomprensible y fuera de toda lógica, que por un procedimiento policial existan niños con heridas de bala. Esto revela el descriterio de Carabineros, que vulneró todos sus protocolos y puso en riesgo la vida de jóvenes menores de edad, que ya se encontraban en una situación de vulnerabilidad. Los responsables directos y quienes estuvieron a cargo del procedimiento deben pagar con cárcel”, manifestó. Para Díaz, “el resultado de este procedimiento policial es el caso de dos niños que sufrieron un cuasi delito de homicidio. Esto pudo haber tenido resultados fatales. Queremos pedir al gobierno, al Instituto Nacional de Derechos Humanos, a las autoridades regionales, a la Defensora de la Niñez, y a toda la sociedad civil, que condenemos lo ocurrido en Talcahuano. No puede existir una doble lectura de los hechos. Debemos parar con el terrorismo de Estado contra la población”. Jonatan Díaz, quien además es candidato a gobernador regional en la primaria del próximo 29 de noviembre, afirmó que “esperamos que Carabineros contribuya a la investigación y sea la PDI la que asuma las responsabilidades investigativas. Carabineros superó todo límite y la autoridad civil debe ejercer su control sobre ellos. Los responsables de los disparos deben ser dados de baja y ponerse a disposición de la justicia a la brevedad. De no ser así, no descartamos acciones judiciales para que este hecho no quede impune”. Concepción, 18 de noviembre 2020. Crónica Digital.
Cientos de personas se congregaron en la céntrica Plaza Baquedano, de esta capital, para exigir la liberación de decenas de jóvenes que permanecen presos tras el estallido social de octubre de 2019. Durante la demostración, fuerzas de Carabineros, con carros lanza agua y gases lacrimógenos intentaron desalojar a las personas que convocadas por las redes sociales, durante la tarde comenzaron a llegar a la explanada, bautizada por los manifestantes como Plaza de la Dignidad. Como ha ocurrido en semanas anteriores, los enfrentamientos entre las fuerzas policiales y los manifestantes se prolongaron por largo rato, hasta que finalmente los uniformados y sus vehículos se retiraron de la plaza, que fue ocupada por cientos de personas en un ambiente que se tornó pacífico e incluso festivo. Al pie del monumento al general Manuel Baquedano fue desplegada una gran tela blanca con la consigna «Solo luchando avanzamos», mientras que numerosos participantes portaban banderas de Chile y mapuches y carteles exigiendo la libertad para los presos del estallido social. En las últimas semanas han cobrado fuerza las demandas desde partidos de oposición y organizaciones sociales y de derechos humanos, para que sean liberadas un número indeterminado de personas, la mayoría jóvenes, que han sido mantenidas en prisión preventiva durante meses. Quienes demandan su liberación, aseguran que las autoridades los mantienen ilegalmente en esa condición sin proceso judicial alguno por la inexistencia de pruebas demostrativas de que cometieron delitos, cuando la mayoría de ellas solo fueron detenidas por participar en manifestaciones populares. Desde el gobierno, en cambio, alegan que no existen detenidos en esa situación y quienes están presos es por haber perpetrado acciones contra el orden público y por dañar la propiedad pública y privada. Santiago de Chile, 16 de noviembre 2020 Crónica Digital/PL
La corte de Apelaciones de San Miguel, en esta capital, condenó a penas entre cinco y 15 años a 13 exmilitares por el homicidio de 38 campesinos en 1973. Los asesinatos ocurrieron en días posteriores al golpe de Estado contra el gobierno de la Unidad Popular encabezado por el presidente Salvador Allende, y según consta los campesinos fueron detenidos por los uniformados y posteriormente ultimados entre el 24 de septiembre y el 16 de octubre de 1973 en el sector de Quebrada los Quillayes, en el sur del país. Tras conocerse el fallo, luego de una de las investigaciones más dilatadas en materia de derechos humanos en Chile, el abogado Luciano Fouilloux declaró a la prensa que después de un largo proceso finalmente se hizo «un ajuste con la historia y con tanta víctima inocente e indefensa». Calificó este caso de histórico, pues la localidad de Paine, en el sur del país, de donde procedían las víctimas, es considerada el lugar de Chile donde, teniendo en cuenta su escasa población, mayor represión hubo en Chile tras el golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet. Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, expresó que «siempre vamos a luchar para que los tribunales de justicia cumplan con su deber, pero esta justicia es tardía, muchos de los familiares han fallecido, y siempre se excluye a los civiles políticos responsables del genocidio». Asimismo, subrayó que a pesar de la gravedad de los delitos cometidos «nunca vemos que se resuelva condenar a condenas perpetuas. Es decir, tardan y encima son migajas». Santiago de Chile, 12 de noviembre 2020 Crónica Digital/PL
Mediante una declaración que hace un llamado a la comunidad internacional “a monitorear la situación de derechos humanos en Chile, en especial la de los jóvenes que se encuentran presos por motivaciones políticas de parte del Estado chileno”, el Foro Latinoamericano de Derechos Humanos (FOLADH) emitió un respaldo público a la ley de amnistía que se debate en nuestro país para liberar a los presos del estallido social. El escrito manifiesta que “a finales de 2019, diversos países de América Latina iniciaron procesos populares movilizadores, con características que posibilitaron que dicho tiempo estuviese marcado por multitudinarias protestas, una agudización de los conflictos sociales, y una fuerte y dura respuesta de los aparatos estatales y los agentes del Estado para reprimir dichas expresiones”. “A partir de ese tiempo, los Estados adoptaron una política de persecución contra liderazgos y participantes de las protestas, con el único objetivo de desmovilizar y atemorizar a quienes decidían ejercer su derecho a rebelarse, lo que se tradujo en la aplicación de encarcelamientos injustificados, condenas excesivas y una criminalización del movimiento social”, señala. En el contexto de las movilizaciones en nuestro país, Jonatan Díaz, Director Ejecutivo del FOLADH, expresó que “hemos visto cómo en Chile esta persecución se ha centrado principalmente en jóvenes, en muchos casos, de sectores vulnerables, a quienes se les ha aplicado un criterio fuera de lo común, vulnerando las garantías procesales y la presunción de inocencia mediante juicios motivados por pruebas falsas y montajes, que tiene hasta ahora, a cientos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, privados de libertad en las cárceles chilenas”. Por ello, Díaz valoró el “Grupo de Iniciativa creado entre agrupaciones de familiares, expertos en derechos humanos, y parlamentarios, que trabajarán en el ingreso de una Ley de Amnistía para permitir la liberación de estos jóvenes. Instamos al gobierno de Sebastián Piñera a llevar adelante la amnistía que posibilite el reencuentro en miras a la nueva Constitución que comenzará a redactarse”. Cabe recordar que la ley de amnistía fue anunciada por el senador Alejandro Navarro (PRO) y su borrador ya fue entregado a las familias de los detenidos para presentar en los próximos días el proyecto que será ingresado al Senado. Santiago de Chile, 9 de noviembre 2020 Crónica Digital
