Ante los graves hechos ocurridos ayer, en el interior de un hogar dependiente del SENAME, en Talcahuano, donde resultaron dos adolescentes heridos por balas disparadas por carabineros, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, declara:
1° Condenamos el accionar policial de Carabineros, porque nada justifica que agentes del Estado, a cargo del resguardo del orden público, y en particular de la seguridad de la población en mayor riesgo y vulnerabilidad, utilicen sus armas de servicio en procedimientos que involucran a menores de edad al resguardo del Estado.
2° Constatamos que lo ocurrido ayer, no es sino la conducta reiterada y sistemática del uso de la fuerza por parte de la policía uniformada, alejado de los estándares internacionales de derechos humanos, y que ha sido cuestionado por los distintos organismos especializados de derechos humanos, a propósito de los graves crímenes contra la Humanidad cometidos en el marco del denominado estallido social.
3° En efecto, cabe recordar que el ACNUDH, en su Informe de Diciembre de 2019, recomendó al Estado desarrollar nuevos protocolos policiales para garantizar el uso adecuado de la fuerza, proteger el rol de los defensores de derechos humanos o crear un mecanismo de seguimiento integrado por la sociedad civil y expertos independientes, entre otras cuestiones.
Sin embargo, tres meses después, en Marzo de este año, el representante regional del organismo, Jan Jarab, denunció que se seguían violando los derechos humanos de los manifestantes en Chile y que el Estado prácticamente no ha cumplido con ninguna de las 21 recomendaciones que el organismo le hizo al Gobierno.
Y con ocasión del joven manifestante lanzado al rio Mapocho por un uniformado, el representante regional del Alto Comisionado, en un comunicado público, junto con señalar que “el caso del puente Pío Nono no es excepcional, sino que se suma a la ya extensa lista de otros casos de violaciones de derechos humanos por parte de fuerzas de orden”, expresó su preocupación por el continuo e incondicional respaldo a las fuerzas del orden y seguridad, e hizo un llamado a que se identifiquen los patrones y analicen las causas que favorecen estas conductas”.
4° Sin lugar a dudas, que el mayor aliciente para este reprochable accionar policial, ha sido la falta de reconocimiento y rechazo por parte de representantes de los diversos poderes del Estado, acerca de los permanentes hechos vulneratorios de derechos humanos, conducta constitutiva de una suerte de renovado negacionismo, y por otra parte, del apoyo incondicional que el Presidente de la República y los sucesivos Ministros del Interior, le han otorgado al Director General de Carabineros, a pesar del actuar ilícito de sus subordinados.
En consecuencia, más allá de la salida del cargo del Director General de Carabineros, Mario Rozas, no solo él debe responder ante la Justicia, también sus superiores jerárquicos, por haber avalado su conducta durante todo el tiempo que estuvo a cargo de la Institución, período en el que el accionar policial significó la violación a los derechos humanos de miles de chilenos y chilenas, y que hoy, tiene como víctimas a dos jóvenes adolescentes del SENAME, heridos a bala por uniformados.
Cabe tener presente que ya en abril de este año, la Dirección de Estudios de la Corte Suprema, señalaba a Carabineros como el principal recurrido en delitos de DD.HH. perpetrados en el contexto del estallido social, con el 92,9% del total de los casos y que en Marzo y en Octubre pasado, el ACNUDH representaba a las autoridades políticas, el desoimiento por parte del Gobierno, de las recomendaciones realizadas en Diciembre del año pasado.
5° La Comisión Chilena de Derechos Humanos reitera que se requiere una reestructuración profunda de Carabineros, que tenga como pilares “la profesionalización de sus agentes, la debida formación en derechos humanos, la subordinación a la autoridad civil y especialmente, mecanismos de rendición de cuentas en todos los niveles.”, tal como lo señaló el representante regional de ACNUDH.
Y por último, reafirmamos que para que este proceso tenga la legitimidad social y política exigida, debe ser liderada por quien no esté siendo investigado en causas judiciales sustanciadas por violaciones de derechos humanos ó por delitos de corrupción.
COMISION CHILENA DE DERECHOS HUMANOS
Santiago de Chile, 19 de Noviembre de 2020.-
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