Esta es la respuesta que las agrupaciones de familiares de presos y presas por el estallido social, acompañadas por organizaciones de la sociedad civil, damos al jefe de estado, Sebastián Piñera, por su opinión de anticipar su veto y oponerse al proyecto de Ley de Indulto General promovido desde el parlamento por cinco senadores de oposición que cuenta con el respaldo de un relevante número de parlamentarios en el Congreso. 1.- Entendemos la respuesta del mandatario como una señal de incompetencia en el cargo que ostenta y del nulo valor que le asigna a la intervención del poder legislativo en delicadas materias de orden nacional como es la salida y solución a la crisis no resuelta entre ciudadanía, derechos sociales y la institucionalidad decadente, evidenciadas a partir del 18 de octubre del 2019. Nuestros hijos no son delincuentes ni terroristas y están injustamente encarcelados y procesados. 2.- El presidente Sebastián Piñera al declarar el 2019 la guerra al pueblo de Chile y ratificar los excesos de la represión policial durante los meses de movilizaciones – de expresión de malestar nacional por 30 años de colusiones y democracia privilegiada para unos pocos – está moralmente incapacitado para seguir gobernando ni de vetar nada, con el 7 % de apoyo ciudadano con que hoy cuenta. 3.- El poder actual del jefe de estado se ampara en una Constitución ya caduca y en una posición de fuerza sin arraigo ni legitimidad política ni social. La mera permanencia en el cargo es reveladora de la crisis y fractura no resuelta en nuestra sociedad que requiere un nuevo pacto social y un nuevo equilibrio de poderes. En el contexto de búsqueda de reencuentro nacional, iniciada con el plebiscito del 25 de octubre del 2020, Sebastián Piñera es hoy una piedra en el zapato, un estorbo, pues una gran mayoría de la población desconoce su legitimidad, deplora sus actuaciones y declaraciones, homologándolo al dictador Pinochet por su comportamiento represivo hacia la juventud, los trabajadores, mujeres, pobladores, el pueblo mapuche y hacia las organizaciones sociales movilizados por sus derechos desde antes y durante el estallido social. 4.- Los presos y presas políticos en prisión preventiva y arresto domiciliario indefinidos son expresión de un abuso operado desde el poder ejecutivo a través de las querellas que mantiene artificialmente el gobierno mediante la aplicación de la ley de Seguridad Interior del Estado y ese sólo hecho las convierte en prisión política. Los chilenos y chilenas movilizados, nuestros hijos y parientes fueron declarados enemigo público número 1 del Estado y así han sido tratados: detenciones brutales con golpizas y amenazas (30 mil en solo cuatro meses); encarcelados mediante acelerados procesos judiciales sin garantías de derecho y bajo cargos alucinantes inventados por la policía y avalados con juicio acrítico por los fiscales (3 mil casos). La policía bajo orden gubernamental, más que detenciones sustentadas en el mandato de la ley, ha realizado una verdadera cacería. Como consta en muchos procesos, hubo montajes y cargos inverosímiles bajo los cuales aún se mantiene […]
DD.HH.
La Comisión de Derechos Humanos del Senado de Chile deberá iniciar esta semana la discusión de un proyecto de indulto a detenidos durante las protestas populares tras el estallido social de octubre de 2019. La pasada semana un grupo de senadores de varios partidos de oposición presentaron la iniciativa, que se sumó a los crecientes reclamos con ese mismo propósito de organizaciones sociales y políticas y que motivaron de forma recurrente las últimas manifestaciones en el país. Los partidarios de la libertad de esas personas afirman que la mayoría solo están presas por participar en las protestas y por lo tanto deben ser consideradas presos políticos, y que además una gran cantidad lleva meses tras las rejas sin proceso judicial alguno. Pero la propuesta de los senadores causó escozor en el gobierno y los partidos de derecha, que rechazan de plano cualquier tipo de indulto, con el argumento de que quienes están privados de libertad fueron detenidos por cometer delitos y que existen pruebas para que continúen los procesos judiciales. Tal criterio fue apoyado por el director para las Américas de la controvertida organización Human Right Watch, José Miguel Vivanco, quien calificó el proyecto como injustificado y negó que haya presos políticos, aunque admitió la existencia de demasiados casos de prisión preventiva. La opinión del funcionario fue rebatida duramente por familiares de los presos, que la consideraron sesgada, carente de realidad, desinformada e impropia para un organismo que dice velar por los derechos humanos. El abogado Jaime Fuentes, cuyo hermano Matías Fuentes lleva más de un año en prisión preventiva, sin sentencia, en el centro de reclusión Santiago Uno, declaró que Human Right Watch «que supervigila los derechos humanos dentro de los países, debiera generar una investigación objetiva y sobre todo escuchar a todos los actores involucrados». Asimismo, señaló que cuando se habla de prisión política «es porque hemos visto montajes efectuados por carabineros que han sido demostrados ante Tribunales de Justicia». Por su parte, Verónica Verdugo, vocera de la Agrupación de Familiares de Presos Políticos de Santiago Uno, señaló que «hemos vivido la violencia ejercida desde el gobierno hacia nuestras familias, a nuestros presos, al no escucharlos, al criminalizarlos y tratarlos de delincuentes». Este lunes se espera que el Instituto Nacional de Derechos Humanos se pronuncie sobre el tema, y en declaraciones recogidas por Radio Biobío, la consejera de esa entidad, Consuelo Contreras, se manifestó partidaria de avanzar en la iniciativa y aseguró que en Chile hay graves problemas con la aplicación de la prisión preventiva. Santiago de Chile, 14 de diciembre 2020 Crónica Digital /PL
Gloria de la Fuente, quien encabeza el Consejo para la Transparencia (CPLT) sostuvo reunión protocolar con la senadora Adriana Muñoz, para abordar, entre otros temas relevantes de su gestión, las propuestas que presentará el CPLT para el órgano constituyente y mecanismos en general, dado que a su juicio “en el acceso a la información pública y en la transparencia se juega parte importante del proceso”. Además, acordaron una colaboración del CPLT en la mesa de la Comisión de Derechos Humanos, que trabaja en una ley integral de reparación a víctimas de vulneraciones, ante ausencia de normativa en Chile. La necesidad de colaborar con el proceso constituyente, no sólo en los hitos plebiscitarios –de salida y entrada- sino desde antes de la conformación del órgano constitucional y durante todo el proceso, planteó la titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, a la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, en un encuentro protocolar desarrollado esta mañana. La titular del CPLT detalló a la senadora parte del trabajo que desarrolla el órgano que lidera desde octubre pasado y que le adelantó que en los próximos días presentará una propuesta concreta en términos del reglamento que debiera regir a la Convención Constituyente. En este sentido, comentó que “desde el punto de vista de las competencias que tenemos desde la Ley de Transparencia queremos hacer una propuesta entendiendo que en el acceso a la información pública y en la transparencia se juega parte importante del proceso”. La idea del Consejo, acorde lo planteó en el encuentro De la Fuente, es abrir el debate en términos del reglamento y normas vinculadas a probidad, transparencia y acceso a la información desde los inicios del proceso, e ir más allá de lo que está definido respecto del funcionamiento del órgano constitucional, como por ejemplo las obligaciones en materia de Ley del Lobby, la declaración de patrimonio e intereses, entre otras. En la misma línea, la titular de Transparencia señaló que el organismo tiene una propuesta en materia de contenidos, que se asocia a la aspiración de consagrar en el texto de la nueva Constitución tanto el derecho de acceso a la información pública como el derecho a la protección de datos personales, así como el reconocimiento constitucional o “alguna fórmula para subir el estatus que tiene el Consejo para la Transparencia” con el fin de tener potestad sobre otros órganos del Estado. En la cita, De la Fuente también revisó el estado de los dos proyectos de ley que se discuten en el Parlamento asociados a los principales ámbitos de competencia del CPLT: transparencia 2.0 y protección de datos personales, los que esperan puedan ver la luz pronto en un escenario en el que se requieren mejoras y adecuaciones de la normativa con miras a la consolidación de un ecosistema de transparencia, acceso a la información y probidad y un ecosistema de seguridad de los datos. Agenda de DDHH Asimismo, las autoridades coincidieron en la pertinencia de que el CPLT participe en la mesa de Derechos Humanos, iniciativa impulsada […]
La Presidenta de la Comisión de DD.HH. de la Cámara, Emilia Nuyado,rechazó el intento de destitución por parte de parlamentarios de derecha en contra de de la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz. A juicio de la parlamentaria «aquí claramente hay una venganza por su papel en la defensa de los menores que han sido violentados bajo este gobierno». «La defensora de la niñez ha realizado una gran labor en defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en particular de la infancia mapuche. En la Comisión hemos visto su gran trabajo las distintas ocasiones que ha sido invitada, como lo fue en el caso de la residencia colaboradora del Sename en Talcahuano y otros tantos casos donde se han violentado los derechos de los menores», dijo Emilia Nuyado. Al respecto la diputada manifestó su preocupación por esta arremetida de la derecha en contra de la defensora de la niñez y recordó que «estos mismos parlamentarios son parte de un gobierno que prometió que los niños eran primero, pero en los hechos ha actuado a la inversa». «Tenemos casos en el Sename, violencia policial hacia menores durante el estallido social, el caso del menor empujado en el Puente Pío Nono, y el caso del menor que acompañaba al weichafe Camilo Catrillanca. A la derecha le molesta que la Defensora de la Niñez no actúe subordinada al gobierno, sino que actúe en consecuencia a su cargo. Aquí no hay ideología, aquí se defienden los derechos de los más vulnerables de nuestra sociedad, que son nuestros niños», concluyó Emilia Nuyado. Santiago de Chile, 12 de diciembre 2020 Crónica Digital
En coincidencia con el Día Internacional de los Derechos Humanos, cientos de manifestantes exigieron en esta capital la liberación de los presos políticos del estallido social de octubre de 2019. Pasadas las 18:00 hora local grupos de manifestantes que intentaban llegar al palacio de La Moneda se enfrentaron con fuerzas policiales en varios puntos de la Alameda Bernardo O´Higgins, la principal avenida de esta capital, donde el tráfico de vehículos quedó interrumpido en un largo trecho. Según reportes, ocurrieron choques entre carabineros y manifestantes en la intersección de Alameda con Ricardo Cumming, donde fueron incendiadas barricadas, así como en las cercanías de la casa de Gobierno y también a la altura de la sede de la Universidad de Chile, en Alameda con el paseo Ahumada. Durante los enfrentamientos, para desalojar a los participantes en las protestas, las fuerzas policiales emplearon gases lacrimógenos y fuertes chorros de agua. Precisamente, en los últimos días aparecieron denuncias sobre las serias quemaduras provocadas a la piel a numerosos manifestantes por sustancias químicas que son mezcladas en el agua que emplean los ‘guanacos’, como llaman aquí a los blindados que lanzan potentes chorros del líquido. Debido a los incidentes, varias estaciones del metro en el centro de la urbe cerraron sus puertas. Las manifestaciones de este jueves tienen lugar 24 horas después de que un grupo de senadores de oposición presentara un proyecto de indulto general para los presos durante las manifestaciones populares tras el estallido social de octubre de 2019. Los promotores de la iniciativa recordaron que, según datos de la Fiscalía, cerca de cinco mil personas han sido formalizadas por distintos hechos ocurridos durante las protestas populares que se sucedieron durante meses, entre las cuales alrededor de 700 permanecen a la espera de una resolución. Asimismo organizaciones promotoras de los derechos humanos y de la liberación de los presos políticos insistieron también en que numerosas personas llevan un año presas sin un proceso en su contra. Sin embargo, hoy el ministro vocero del Gobierno, Jaime Bellolio, aseguró que ‘en Chile no existen presos políticos, lo que existe son personas que están presas porque hay tribunales de justicia independientes y una fiscalía que hizo un trabajo’. Desde la sureña ciudad de Talca, Bellolio rechazó la iniciativa de los senadores, porque –dijo- ‘presenta impunidad frente a los hechos de violencia graves que han sucedido y nos parece que no va en la línea de lo que la ciudadanía quiere y viene a justificar la violencia’. Como motivo de la fecha internacional se sucedieron este jueves varias manifestaciones en esta capital durante la mañana, todas ellas en reclamo de la liberación de los presos. Santiago de Chile, 11 de diciembre 2020 Crónica Digital/PL
La CORPORACIÓN LA SERENA DIECISÉIS DE OCTUBRE en el “Día Internacional de los Derechos Humanos”, llama a rendir un homenaje a quienes su destino desconocemos porque, a causa de ese anhelo que sentían por hacer de Chile un país más inclusivo, más justo, y más digno, la dictadura cívico-militar mandó a que sus perros los convirtieran en desaparecidos. Junto a esto, llamamos a rendir también un homenaje a los prisioneros políticos de La Revuelta, así como a aquellos del Pueblo Mapuche, que hoy la dictadura legal que nos gobierna mantiene en sus mazmorras, para quienes exigimos su libertad inmediata. Son compañeros que se encuentran en condiciones precarias sin que haya para ellos ninguna garantía de su integridad, ni haya tampoco asomo de procesos justos. Por el contrario, se les carga con trabas legales incomprensibles, cuando al decir del ex Fiscal Carlos Gajardo “No hay ninguna explicación jurídica para que imputados por desórdenes, sin antecedentes, se mantengan en prisión preventiva”. Nuestra Corporación condena en este día –como lo hará siempre-, esa desmedida violencia ejercida por las fuerzas del Estado en contra quienes no han hecho sino ejercer el derecho a la resistencia, acuñado en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, aceptada por la mayoría de los países que se jactan de ser civilizados: “Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es, para el pueblo y para cada una de sus porciones, el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes”. Haciendo notar que además, la violencia desmedida que esas “fuerzas de orden” realiza en las calles, continúa en sus cuarteles con quienes arrestan, siendo estos sometidos a vejaciones horrorosas, y esto no puede continuar. Compañeras, compañeros, nos gobierna una dictadura legalizada que comete violaciones a los Derechos Humanos amparadas por una legalidad ambigua que, tal como multa de mano cariñosa al empresario de la élite, pero deja caer todo el peso de la ley al vendedor de la calle o al humilde almacenero, no trepida en mantener en prisión por más de un año al profesor a quien se acusó de causar daños en el Metro -violación flagrante a sus Derechos Humanos- pero deja libre al matonaje de ultra derecha que amenaza a los jueces, si estos osan investigar a quienes pertenecen a esas mal llamadas fuerzas de orden. ¡BASTA DE ESTO COMPAÑEROS !!! ¡UNÁMONOS A LAS MOVILIZACIONES QUE HOY SE DESARROLLARÁN EN TODAS LAS CIUDADES DEL PAÍS !!! Santiago de Chile, 11 de diciembre 2020 Crónica Digital
Fue una sincronía no calculada, pero plena de significado. Fue un 10 de diciembre, cuando se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, cuando nos reunimos con el entonces presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Juan Ignacio Piña. Era 2015 y era Ministro de Bienes Nacionales. Había tomado la decisión de acabar con la impunidad de que había disfrutado por casi 26 años la Fundación CEMA Chile, la entidad que presidía Lucía Hiriart, la viuda de Augusto Pinochet. En el encuentro, solicitamos que el CDE interpusiera acciones judiciales para la recuperación de los bienes inmuebles de origen fiscal que entonces aún estuvieren en manos de CEMA, los mismos que le fueron transferidos gratuitamente durante el período de la dictadura, invocando la supuesta labor social que desarrollaba el organismo, y que se había dedicado a enajenar, en operaciones millonarias con más que evidentes propósitos de lucro. CEMA había devenido en un negocio inmobiliario privado, haciendo uso de bienes que fueron parte del patrimonio fiscal. En la oportunidad, proporcionamos el conjunto de los antecedentes que logramos acreditar como resultado de una amplia investigación que desarrollamos en el Ministerio. En Bienes Nacionales había instruido la elaboración de un catastro oficial, hasta entonces inexistente, de los inmuebles fiscales transferidos a CEMA. Se emprendió una búsqueda rigurosa en los archivos históricos y en el Sistema de Catastro del Ministerio. Se realizaron consultas en el Archivo Nacional y en el Servicio de Impuestos Internos. Los profesionales y funcionarios de las Divisiones de la Secretaría de Estado a nivel central, así como de las Seremis de todo el país, trabajaron con enorme entrega en el complejo desafío. De esa forma, se estableció una lista de 135 propiedades transferidas en forma gratuita por Bienes Nacionales a la Fundación CEMA Chile entre 1977 y 1989, y otras 18 entregadas en concesión de uso gratuito. Solicitamos al Servicio de Impuestos Internos el envío de los Roles y los avalúos de los inmuebles, a fin de efectuar tasaciones comerciales y estimar el perjuicio económico posible con la enajenación de los inmuebles. Solamente con 118 casos, llegamos a determinar $ 80.849.812.342: equivalente a la recaudación de tres campañas de la Teletón. También instruimos a todas las Seremis fiscalizar en terreno los inmuebles transferidos y otorgados en concesión. Nuestro convencimiento fue que la entidad presidida por Lucía Hiriart de Pinochet había incumplido gravemente el compromiso asumido en su momento con el Estado de Chile: destinar dichos bienes inmuebles fiscales a fines sociales, consistentes con su objeto social. Ello fue la justificación del uso del mecanismo excepcional de la transferencia gratuita para beneficiar a CEMA Chile, que en este caso se ejecutó en una cantidad sin precedentes y a través de decretos firmados por el propio Augusto Pinochet. Las evidencias mostraban que una parte significativa de esos inmuebles de origen fiscal ya habían sido vendidos. Nuestra solicitud al Consejo de Defensa del Estado fue acogida positiva y prolijamente, y con prontitud. Así, se solicitó a la Corte de Apelaciones de Santiago […]
En el Día de los Derechos Humanos, la ONU ha destacado hoy la importancia de que esas garantías fundamentales estén en el centro de la recuperación de la pandemia de la COVID–19. Las máximas autoridades de Naciones Unidas coinciden en que, para reconstruir mejor tras la pandemia, los derechos humanos deben ser fundamentales. Según reportes de las diferentes agencias de ONU, la crisis sanitaria ha provocado la profundización de la pobreza, el aumento de las desigualdades, la discriminación estructural y brechas en la protección de los derechos humanos. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, alertó hace solo unos días en la Asamblea General cómo la pandemia aumenta las desigualdades existentes en todo el mundo y afecta con mayor fuerza a los más vulnerables. Por ello, abogó para que los Gobiernos garanticen una respuesta que no deje a nadie atrás y asegure el respeto de los derechos humanos y la dignidad de las personas. Según indicó la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, la COVID–19 “nos ha dejado expuestos, vulnerables y debilitados”. Pero aportó también una visión clara que permita convertir el desastre en una ocasión para reajustar prioridades y mejorar las perspectivas de un futuro mejor: “defendamos los derechos humanos para reconstruir mejor”, escribió en su cuenta oficial en Twitter A juicio de Bachelet, si se hubieran establecido protecciones sociales y económicas adecuadas para una proporción mucho mayor de la población mundial, “no estaríamos en el lugar que estamos hoy. Las desigualdades y la discriminación perjudican a todos, resaltó la diplomática chilena y llamó a impulsar medidas dirigidas a cerrar esas brechas. Bajo el tema “Recuperarse Mejor. Defender los Derechos Humanos”, la fecha este año también busca resaltar la necesidad de abordar las desigualdades y fomentar la participación y solidaridad entre las personas, así como promover el desarrollo sostenible. Los Derechos Humanos, la Agenda 2030 y el Acuerdo de París son la piedra angular de una recuperación que no deje a nadie atrás, apunta la ONU en el sitio digital dedicado al Día de los Derechos Humanos. Esta fecha se celebra cada año el 10 de diciembre, en honor al día en que la Asamblea General de la ONU adoptó, en 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tal documento proclama los derechos inalienables que tiene cada persona al nacer, y está disponible en más de 500 idiomas, por lo cual se le considera el documento más traducido del mundo. Naciones Unidas, 10 de diciembre 2020. Crónica Digital / Prensa Latina.
Como Grupo de Iniciativas, solidarizamos con las organizaciones de familiares de presas y presos políticos que se encuentran realizando jornadas de ayuno y huelga de hambre en protesta a la política de privación de libertad con que el Gobierno a través del Poder Judicial, pretende aplicar una suerte de castigo ejemplificador contra quienes ejercemos el legítimo y soberano derecho a la movilización social en busca de una sociedad basada en la justicia y dignidad. Esta estrategia tiene como consecuencia que jóvenes e incluso niños, se encuentren por más de unos años encarcelados, sin visitas y expuestos a contagio de COVID, así como afectación de su salud integral. Hoy es urgente terminar con leyes represivas que criminalizan la legítima expresión de protesta, burdos montajes policiales, así como testigos falsos a través de los que se mantiene a centenares de jóvenes en las cárceles, sin posibilidad de visitas, ni debido proceso. Organizaciones sociales, abogados de DDHH y personalidades pertenecientes a distintos ámbitos del quehacer nacional junto a familiares y amigos, denunciamos y repudiamos esta sistemática violación de los derechos humanos ejercida por agentes del Estado chileno, situación que ha sido acreditada por diversos informes de organizaciones calificadas, dando cuenta de comportamientos sancionados en los tratados internacionales a los cuales el país está suscrito. Consideramos de suma urgencia la redacción de un Proyecto de Ley que permita la libertad de TODOS los presos y presas del Estallido Social. Hoy mientras vivimos un proceso constituyente, resulta ética y moralmente necesario realizar máximos esfuerzos para lograr una solución política a esta dramática situación, más aún cuando quienes están privados de libertad, fueron protagonistas y gestores de esta posibilidad histórica para nuestro país. Hacemos un llamado al conjunto de la sociedad a solidarizar y exigir la libertad de todas y todos los luchadores sociales. Invitamos a participar de la jornada de movilización del 10 de diciembre, Día Internacional de los DDHH, fecha en que se ha convocado a una gran jornada de protesta nacional por la libertad de las y los luchadores sociales. Grupo de Iniciativas por la Liberación de los Presos Políticos Senador Juan Ignacio Latorre (RD) Senador Alejandro Navarro (PRO) Diputada Emilia Nuyado (PS) Diputado Amaro Labra (PC) Diputado Boris Barrera (PC) Diputada Camila Vallejos (PC) Diputada Carmen Hertz (PC) Diputado Daniel Núñez (PC) Diputado Guillermo Teiller (PC) Diputado Hugo Gutiérrez (PC) Diputada Karol Cariola (PC) Diputada Marisela Santibáñez (PC) Diputada Maite Orsini (RD) Fanny Pollarolo. Ex diputada (PS) Álvaro Ramis. Rector Universidad Academia de Humanismo Cristiano Felipe Berríos del Solar Benito Baranda Ferrán Elicura Chihuailaf. Premio Nacional de Literatura María Paz Santibáñez. Pianista Jorge Coulón L. Músico Intillimani Ana María Gazmuri. Fundación DAYA Raquel Torres Guerrero. Mujeres Autoconvocadas 18 de Octubre Carlos Margotta. Presidente Comisión Chilena de Derechos Humanos Isabel Mayorga. Comisión Ética Contra la Tortura Enrique Correa Jaña. El Desconcierto Santiago de Chile, 8 de diciembre 2020 Crónica Digital
La Comisión Chilena de Derechos Humanos ingresó, ante la Contraloría General de la República, una denuncia por graves hechos constitutivos de vulneraciones a los Derechos Humanos, solicitando, a su vez, que el Contralor, Jorge Bermúdez Soto, instruya un sumario administrativo a funcionarios de las Unidades de Control del Orden Público (C.O.P), y en especial a los Jefes de Zona bajo cuya responsabilidad actúan, y que han participado en procedimientos para disolver manifestaciones en las inmediaciones de Plaza Baquedano y diversas comunas de la Región Metropolitana, durante los meses de octubre a diciembre 2020. El sumario administrativo solicitado por la CChDH, dice relación con el uso irracional y desproporcionado de la fuerza, y el despliegue, uso y abuso de elementos disuasivos, fuera de todo protocolo vigente, que afectan gravemente la salud de las personas e incluso pueden tener efectos letales. En el escrito, se adjuntan antecedentes relativos a la situación que afectó a Javiera Monsalves Moya, quien debidamente identificada, el 8 de noviembre 2020, se encontraba ejerciendo labores como Observadora y Defensora de Derechos Humanos en las inmediaciones de Avda. Los Presidentes con Avda. Caracas, en la comuna de Peñalolén, cuando fue brutalmente rociada con gas pimienta en la cara y brutalmente golpeada por funcionarios de Carabineros de la 43° Sub Comisaría de Peñalolén que realizaban detenciones a manifestantes. Monsalves Moya portaba su credencial, chaqueta y casco rotulado con logo CCHDH, cuando se acercó para conocer de los detenidos, resultando brutalmente agredida. Si bien fue auxiliada por personas de Brigadas Voluntarias de Salud y vecinos del sector, al día siguiente, al ser atendida por especialistas en Dermatología y Oftalmología, fue diagnosticada con una infección química en ambos ojos, severos daños en su cornea derecha, y dermatitis química extensa. De igual forma, se adjuntan antecedentes relativos al impacto del chorro y químicos lanzados por el carro lanza aguas, que afectaron a Leonardo Enrique Fuentes Avendaño, quien el 20 de noviembre 2020, se encontraba en las inmediaciones de Plaza Baquedano, en la intersección de calles Pio Nono con Bellavista. Como consecuencia del fuerte impacto, Fuentes Avendaño fue arrastrado por el pavimento, comenzando, enseguida, a sentir fuerte sensación de ardor en piel y ojos. Inmediatamente aparecieron ampollas, acompañadas por fuerte dolor, siendo atendido en SAPU Zapadores. La denuncia ante Contraloría también incluye las graves quemaduras en la piel por productos químicos lanzados por el “Guanaco”, que afectaron al representante de Prensa Independiente Panoptik, Vicente Rojas López, el 13 de noviembre 2020, al momento en que cubría un punto de prensa en el sector oriente de Plaza Baquedano, así como durante el transcurso de la tarde, cuando registraba incidentes ocurridos en distintos puntos del sector. La Comisión Chilena de Derechos Humanos también puso a disposición de la Contraloría General de la República otros testimonios fotográficos relativos al uso y a los efectos de elementos disuasivos químicos, utilizados por Carabineros los días 3 y 23 de octubre, así como en 20 y 27 de noviembre 2020. La CCHDH concluye enfatizando, que los funcionarios del C.O.P de […]
