La Comisión de Derechos Humanos del Senado de Chile deberá iniciar esta semana la discusión de un proyecto de indulto a detenidos durante las protestas populares tras el estallido social de octubre de 2019.
La pasada semana un grupo de senadores de varios partidos de oposición presentaron la iniciativa, que se sumó a los crecientes reclamos con ese mismo propósito de organizaciones sociales y políticas y que motivaron de forma recurrente las últimas manifestaciones en el país.
Los partidarios de la libertad de esas personas afirman que la mayoría solo están presas por participar en las protestas y por lo tanto deben ser consideradas presos políticos, y que además una gran cantidad lleva meses tras las rejas sin proceso judicial alguno.
Pero la propuesta de los senadores causó escozor en el gobierno y los partidos de derecha, que rechazan de plano cualquier tipo de indulto, con el argumento de que quienes están privados de libertad fueron detenidos por cometer delitos y que existen pruebas para que continúen los procesos judiciales.
Tal criterio fue apoyado por el director para las Américas de la controvertida organización Human Right Watch, José Miguel Vivanco, quien calificó el proyecto como injustificado y negó que haya presos políticos, aunque admitió la existencia de demasiados casos de prisión preventiva.
La opinión del funcionario fue rebatida duramente por familiares de los presos, que la consideraron sesgada, carente de realidad, desinformada e impropia para un organismo que dice velar por los derechos humanos.
El abogado Jaime Fuentes, cuyo hermano Matías Fuentes lleva más de un año en prisión preventiva, sin sentencia, en el centro de reclusión Santiago Uno, declaró que Human Right Watch «que supervigila los derechos humanos dentro de los países, debiera generar una investigación objetiva y sobre todo escuchar a todos los actores involucrados».
Asimismo, señaló que cuando se habla de prisión política «es porque hemos visto montajes efectuados por carabineros que han sido demostrados ante Tribunales de Justicia».
Por su parte, Verónica Verdugo, vocera de la Agrupación de Familiares de Presos Políticos de Santiago Uno, señaló que «hemos vivido la violencia ejercida desde el gobierno hacia nuestras familias, a nuestros presos, al no escucharlos, al criminalizarlos y tratarlos de delincuentes».
Este lunes se espera que el Instituto Nacional de Derechos Humanos se pronuncie sobre el tema, y en declaraciones recogidas por Radio Biobío, la consejera de esa entidad, Consuelo Contreras, se manifestó partidaria de avanzar en la iniciativa y aseguró que en Chile hay graves problemas con la aplicación de la prisión preventiva.
Santiago de Chile, 14 de diciembre 2020
Crónica Digital /PL
