Esta es la respuesta que las agrupaciones de familiares de presos y presas por el estallido social, acompañadas por organizaciones de la sociedad civil, damos al jefe de estado, Sebastián Piñera, por su opinión de anticipar su veto y oponerse al proyecto de Ley de Indulto General promovido desde el parlamento por cinco senadores de oposición que cuenta con el respaldo de un relevante número de parlamentarios en el Congreso.
1.- Entendemos la respuesta del mandatario como una señal de incompetencia en el cargo que ostenta y del nulo valor que le asigna a la intervención del poder legislativo en delicadas materias de orden nacional como es la salida y solución a la crisis no resuelta entre ciudadanía, derechos sociales y la institucionalidad decadente, evidenciadas a partir del 18 de octubre del 2019. Nuestros hijos no son delincuentes ni terroristas y están injustamente encarcelados y procesados.
2.- El presidente Sebastián Piñera al declarar el 2019 la guerra al pueblo de Chile y ratificar los excesos de la represión policial durante los meses de movilizaciones – de expresión de malestar nacional por 30 años de colusiones y democracia privilegiada para unos pocos – está moralmente incapacitado para seguir gobernando ni de vetar nada, con el 7 % de apoyo ciudadano con que hoy cuenta.
3.- El poder actual del jefe de estado se ampara en una Constitución ya caduca y en una posición de fuerza sin arraigo ni legitimidad política ni social. La mera permanencia en el cargo es reveladora de la crisis y fractura no resuelta en nuestra sociedad que requiere un nuevo pacto social y un nuevo equilibrio de poderes.
En el contexto de búsqueda de reencuentro nacional, iniciada con el plebiscito del 25 de octubre del 2020, Sebastián Piñera es hoy una piedra en el zapato, un estorbo, pues una gran mayoría de la población desconoce su legitimidad, deplora sus actuaciones y declaraciones, homologándolo al dictador Pinochet por su comportamiento represivo hacia la juventud, los trabajadores, mujeres, pobladores, el pueblo mapuche y hacia las organizaciones sociales movilizados por sus derechos desde antes y durante el estallido social.
4.- Los presos y presas políticos en prisión preventiva y arresto domiciliario indefinidos son expresión de un abuso operado desde el poder ejecutivo a través de las querellas que mantiene artificialmente el gobierno mediante la aplicación de la ley de Seguridad Interior del Estado y ese sólo hecho las convierte en prisión política.
Los chilenos y chilenas movilizados, nuestros hijos y parientes fueron declarados enemigo público número 1 del Estado y así han sido tratados: detenciones brutales con golpizas y amenazas (30 mil en solo cuatro meses); encarcelados mediante acelerados procesos judiciales sin garantías de derecho y bajo cargos alucinantes inventados por la policía y avalados con juicio acrítico por los fiscales (3 mil casos). La policía bajo orden gubernamental, más que detenciones sustentadas en el mandato de la ley, ha realizado una verdadera cacería. Como consta en muchos procesos, hubo montajes y cargos inverosímiles bajo los cuales aún se mantiene apresados en las cárceles de Chile al menos a 282 personas, según admite el propio Ministerio del Interior. Ellas están sin visitas desde marzo, bajo condiciones intrapenitenciarias factibles de contraer Covid y pagando un costo en salud mental y emocional indebida. Nuestros hijos no son delincuentes ni terroristas.
5. – Queremos dejar en claro que, la violencia social es causa de una violencia institucional permanente y estructural. La democracia sigue en deuda con la democracia y el proceso constituyente es testimonio de esta verdad.
6.- No hemos tenido noticia que jueces, fiscales y autoridades durante los momentos de mayor conmoción de la Revuelta hayan actuado de oficio tomando nota y haciendo presencia in situ cuando se estaban perpetrando delitos en el terreno bajo su jurisdicción, función que les encomienda expresamente la sociedad y está consignada en el Código Orgánico de Tribunales y en las normas y preceptos que rigen al Ministerio Publico. Esta actuación de oficio les habría entregado una visión de primera fuente tal como lo exige la ley. Eso les habría dado juicio propio y evitado a fiscales y jueces de garantía ceñirse al libreto y patrón de detenciones diseñado por la policía.
7.- Los familiares estuvimos meses en soledad pidiendo por nuestros presos sin acompañamiento de la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos, tampoco del Defensor Nacional (a quien no conocemos y ni siquiera maneja datos precisos sobre la prisión del estallido social) ni de ningún organismo oficial del estado. Los únicos acompañantes en meses de pandemia fueron la policía que hacía seguimientos y amedrentamientos.
Tampoco la subsecretaria de Justicia y Derechos Humanos, ni el Defensor Nacional, presentaron querella alguna por abusos, torturas, mutilaciones de ojos, habida cuenta de la numerosa cantidad de estas denuncias ante el INDH, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Defensoría Penal Pública, entre otros organismos calificados.
8- Lamentamos la ignorancia de la élite y la desatención que todavía tiene parte de la ciudadanía ante la alteración del estado de derecho en Chile, la crisis interna en Carabineros de Chile, la crisis ética en general, que corrompe y socava las bases de la institucionalidad misma y de la convivencia social. Estos factores persisten y configuran un daño permanente a la salud social del país.
9.- La presión que se ejerce hacia la población mediante un sistema de lucro en todas las áreas continúa sin grandes cambios y prepara la irrupción de nuevos estallidos de violencia sobre todo en la juventud más humilde y consciente de nuestro pueblo que ve pisoteada su dignidad a diario y sufre en carne propia el peso de las injusticias.
Liberación a todos los presos y presas políticas, AHORA ¡Libertad con Dignidad!
Grupo de Iniciativas por la Liberación de los Presos Políticos del Estallido Social
Santiago de Chile, 15 de diciembre 2020
Crónica Digital
