Por Marcel Garcés Muñoz
Se viven horas cruciales en Chile. Y no hay que equivocarse en la caracterización del momento político, de lo que está en juego y de las perspectivas que se nos vienen, como esperanzas de futuro, de una ampliación y profundización de la democracia, pero también de las amenazas de una involución del proceso reformador, creador, fundacional, en marcha.
La historia ha puesto a Chile en una encrucijada: a las puertas de avanzar en un proceso de profundización de su institucionalidad democrática que responda a las demandas mayoritarias de la ciudadanía, o de ver frustradas sus esperanzas por la combinación alevosa de la conspiración de la oligarquía político, económica y fáctica y la subordinación a sus objetivos retardatarios de parte de una elite política incapaz de ver más allá de intereses subalternos de cuotas de poder o de intereses económicos.
La alternativa que una historia de luchas ha puesto en nuestro camino es la de la construcción del Chile Nuevo, Social y Democrático, que las nuevas generaciones de la Patria se merecen y tienen derecho.
Y no tenemos derecho a claudicar, como protagonistas colectivos, en esta misión política nacional, patriótica y social.
El pueblo ha obtenido un colectivo triunfo abrumador, en la calle y en las urnas donde una mayoría democrática impuso sus demandas y su voluntad de mantener el rumbo hacia una nueva Constitución, hacia un Chile justo y digno, hacia el protagonismo popular y el respeto a su voluntad.
Esta no es una dádiva, es la conquista de decenios de luchas constante del pueblo, de una constante movilización popular, aunque no les guste a algunos exquisitos temerosos, a los que repugna el liderazgo social de la calle.
Nadie ha dicho que las fuerzas políticas que rechazaron la nueva Constitución, y han buscado frustrar el proceso, iban a dejar fácilmente sus posiciones de poder, y la constante de ellos ha sido el complot, la conspiración para impedirlo, la crminalización de la lucha popular, la calumnia como arma, el terrorismo ideológico, político, y hasta el ejercicio de la violencia criminal- el terrorismo armado, como recursos para dividir y contraponer a sectores del progresismo y de la siembra del miedo paralizante en sectores de la población.
Los mecanismos de insegurización pública, de manipulación del miedo, del terror sin sentido ni fundamento, la generación de un ambiente de sospecha y temor en las poblaciones, de racismo y de manipulación sicosocial frente al “extraño”, el “diferente”, a la caricaturización de las “intenciones” de “los otros”, la histeria frente a supuestas bandas, u hordas que asaltarán sus casas y saquearan sus bienes, se está convirtiendo en peligrosas armas de una “guerra interna”, que se ambienta en algunos sectores, donde se entrenan grupos de asalto o de “autodefensa” vecinal, o planifican acciones paramilitares y se sueña con “la vuelta de los militares” a la calle, para “poner orden”.
El reclamo del “orden social” para contraponerlo a las demandas sociales, se ha convertido en el catecismo de los que históricamente han impuesto la “guerra civil”, como estrategia y práctica para la opresión, la dictadura y la represión criminal.
Ya no solo son los discursos inflamados de odio de los políticos derechistas, opositores enconados de la Nueva Constitución, de los políticos que anuncian fantasmales “tsunamis rojos” a propósito de la voluntad democrática expresada en las votaciones, de los conspiradores y sediciosos de los salones acomodados, o de los clubes exclusivos de las comunas del “Rechazo”, las haciendas de las “grandes familias”, o de los grupos paramilitares de algunos sectores agrarios, herederos de grupos armados como los ”Comandos Hernán Trizano”, del Movimiento Patria y Libertad o “Rolando Matus“, “Húzares antimarxistas”. “Los ex Cadetes”, y ex agentes de la Dina y del CNI, hoy encubiertos como agricultores en La Araucanía, todos ellos surgidos durante la conspiración sediciosa contra el gobierno del presidente Salvador Allende, financiados, entrenados y coordinados por los servicios de Inteligencia de la Armada, del Ejército, la Fuerza Aérea y Carabineros de la época.
Agreguemos los órganos represivos criminales clandestinos de la dictaduras, la DINA, CNI, Comando Conjunto, y otros como el COVEMA, Comando Vengadores de Mártires, francamente criminales, encubiertos como agricultores en la Región de la Araucanía y otras zonas agrarias demás de reciclados como entrenadores y empresarios de Academias de Artes Marciales, o preparadores físicos, o distribuidos como administradores de edificios, conserjes o de empresas de guardias de seguridad
También han sido develados verdaderos centros de adiestramiento para militar, bajo la pantalla de academias de entrenamiento para lucha de autodefensa callejera bajo control policial y militar, y hasta verdaderos arsenales en lugares céntricos de Santiago, o en ciudades de provincias y algunos practicantes de tiro al blanco en las calles capitalinas o Las Condes, y los grupos paramilitares en sedes de la UDI, en pleno centro de la metrópoli.
Todos estos hechos, que a veces se filtran por la prensa, raramente encuentran culpables a los cuales encarcelar o procesar, y rápidamente son ocultadas por noticias de la farándula, o montajes policiales contra “terroristas y traficantes de drogas”, en la Zona Roja, en poblaciones populares o en la frontera norte,- claro, que sin tocar a los verdaderos capos del tráfico- o la expulsión de migrantes, al margen de la justicia y las obligaciones internacionales de Chile al respeto.
Resulta entonces, por lo menos sospechoso, que se haya filtrado la información de que un grupo de agentes de seguridad encabezados por un ex agente de la policía represiva y criminal de la dictadura de Pinochet y las fuerzas armadas hayan sido elegidos ( ¿por quién y cuándo y al servicio de qué organismo de inteligencia) para hacerse cargo de la seguridad del edificio de la Convención Constituyente, de sus instalaciones, sus servicios de comunicación, internet, movilización y de la integridad de sus miembros y funcionarios.
Es obvio que debe existir seguridad en torno a un organismo cuya misión es elaborar una nueva Constitución para el país, y que garantice la independencia y el trabajo de los Constituyentes y de quienes sea funcionarios de sus equipos de trabajo.
Pero ¿es posible poner a cargo de esa labor tan delicada y sensible, a expertos en destruir la democracias, torturar y asesinar los demócratas, espiar a los demócratas, como bajo la dictadura de Pinochet (1973-1990). La pregunta es, a quienes servirán esos ,especialistas,, a quienes informarán diariamente, como lo hicieron los ex funcionarios del Congreso Nacional, de los ministerios y otros aparatos de Gobierno, heredados de la dictadura y permitidos por la transición democrática a partir de 1990?
La ciudadanía debe exigir una explicación al respecto, cuando de lo que se trata es desmantelar una institucionalidad que la dictadura y la derecha política y económica han logrado mantener e imponer a la democracia a través de todos estos años.
Así la discusión, seguramente dura, primeramente sobre la institucionalidad de la Convención, pero en realidad sobre sus atribuciones y capacidad de ejercer sus derechos constituyentes, y de responder a las expectativas de la ciudadanía, para lo que han sido convocados, deberá superar los chantajes, amenazas, matonajes y agresiones de la Derecha y sus poderes fácticos.
Por cierto, además, las fuerzas del Apruebo una Nueva Constitución, los partidarios del cambio y el progreso, de una Nueva Constitución deberán imponer el rumbo hacia el progreso, superar el fraccionamiento que la Derecha y los enemigos del cambio promueven, conformar una fuerza coherente por el cambio, unitaria, patriota y popular, donde se imponga un programa político y social que represente los intereses de la Patria y su futuro.
Han sido elegidos, y tienen la responsabilidad de ser portavoces y mandatarios de una mayoría nacional y protagonistas de un momento histórico.
Así y solo así, no solo cumplirán el rol histórico que les corresponde, sino que participarán de manera protagónica, patriótica en la construcción del Chile Nuevo, Social y Democrático, que las nuevas generaciones de la Patria se merecen y tienen derecho.
El riesgo es que la discusión sobre temas organizacionales de la Convención enturbie lo central de su razón de ser, la redacción de la nueva Constitución, y que se cumpla asi el propósito de La Moneda y de la Derecha desde un principio, que es boicotear, frustrar, entorpecer su funcionamiento y su misión histórica.
La responsabilidad de los constituyentes es no dejarse manipular, ni desviarse del objetivo central, de mantenerse firmes en los objetivos fijados por el Soberano, la ciudadanía, una Nueva Constitución, democrática, social, progresista.
Por Marcel Garcés Muñoz
Periodista
Director de Crónica Digital
Santiago de Chile, 29 de junio 2021
Crónica Digital
