Esto según el nuevo informe sobre avances en la lucha frente a la violencia hacia los niños en Latinoamérica presentado el 8 de mayo por el Movimiento Mundial por la Infancia de Latinoamérica y el Caribe (MMI-LAC), que si bien reconoce importantes logros en esta materia en la región, identifica desafíos pendientes para acabar con todos los tipos de violencia de la que son víctimas niñas, niños y adolescentes.
El objetivo del estudio es motivar a los gobiernos a tomar aún más acciones para erradicar la violencia, así como promover un monitoreo cercano de la sociedad civil para garantizar el derecho de los niños y niñas a estar protegidos en el hogar, la escuela y la comunidad.
En el caso específico de Chile se observa un importante esfuerzo de la sociedad civil a partir de las recomendaciones del Estudio de la Violencia Contra los Niños, de Naciones Unidas (EVCN). En esta línea se destacan la participación en la forma de movimientos estudiantiles, organizados alrededor de las reivindicaciones de la educación.
Sin embargo, Chile es el único país en la región Sur que no ha elaborado y promulgado un Código de la Niñez y la Adolescencia, y esta carencia se refleja en algunos vacíos en sus normas. El CDN ha observado esta situación en la inequidad de los servicios de salud, educación y protección del maltrato y la explotación sexual. Si bien el crecimiento económico en la última década ha sido positivo para el país, la distribución equitativa es insuficiente, reflejado en la pobreza e inequidad. Por otro lado, la prevalencia de violencia y la alta tasa de maltratos y abuso sexual, han llamo la atención de las autoridades, la opinión pública y de la sociedad, sin embargo, se precisa instalar una política nacional y una coordinación interinstitucional eficiente, al igual que campañas de prevención a través de los medios de comunicación, para tratar esta problemática.
Chile ha profundizado los servicios de protección al maltrato y al abuso sexual específicamente, con una nueva oferta de programas. Sin embargo persiste una brecha, ya que estos planes y programas no siempre disponen de recursos suficientes; tampoco se han logrado determinar indicadores ni se han incluido de forma sistemática las recomendaciones EVCN. Dada la falta de un marco normativo integral de protección, el enfoque de estos programas podría no encuadrarse a menudo en el enfoque de derechos y sí, persistir en ellos rastros significativos de la doctrina de la situación irregular. En este sentido, el foco en lo punitivo represivo, descuidando lo preventivo limita a veces el trabajo político-cultural de las causas de la violencia.
Se puede revisar la infografía sobre Chile en http://bit.ly/1j7U4uG
Santiago de Chile, 9 de mayo 2014
Crónica Digital
