La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue firmada el 10 de diciembre de 1948 en París como respuesta de la comunidad internacional al horror de la guerra y el terror del holocausto. Su punto de partida fundante es que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Esto representó un salto civilizatorio de envergadura histórica, a merced del cual los pueblos del mundo reafirmaron su convicción “en los derechos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres”. Ha pasado más de 70 años desde esta declaración. El mundo ha vivido horribles guerras fratricidas, muchas veces por los intereses de unos pocos, pero hoy, en los albores del siglo XXI, compartimos la tesis de que la irrupción del neoliberalismo se ha transformado en el obstáculo principal para la plena vigencia de los Derechos Humanos. La Declaración Universal proclamó que “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”; afirmando la aspiración en “el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y la libertad de creencias”, un mundo sustentado en “el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales”. Todo ello, “considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, con el fin de que la persona no se vea compelida al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es hoy considerada el fundamento de las normas internacionales sobre los derechos humanos. Sin embargo, la experiencia del último medio siglo de devenir de los pueblos de América Latina y el mundo permite comprobar que es una perspectiva pendiente de materialización. La irrupción del neoliberalismo se ha transformado en el obstáculo principal para la plena vigencia de los derechos humanos. En primer término, porque su entronización fue el resultado de la imposición de dictaduras, como en el caso chileno, que para lograr la implantación de ese paradigma en la sociedad violaron en forma grave, sistemática y generalizada los derechos humanos de la población y establecieron una Constitución Política que vacía de contenido democrático la institucionalidad, para garantizar la reproducción del modelo. En segundo lugar, porque un rasgo básico del neoliberalismo es que reconvierte los derechos sociales en bienes de mercado y todas las relaciones sociales pasan a ser de intercambio mercantil, lo que está en contradicción con las dimensiones económicas, sociales y culturales de los derechos humanos. En los países en que el neoliberalismo se ha intentado implantar en condiciones de democracia liberal, la respuesta inequívoca ha sido el uso de la fuerza del Estado en contra de la sociedad que resiste. En las naciones en las cuales se ha intentado poner en marcha nuevos modelos de desarrollo, […]
DD.HH.
El ex magistrado Juan Guzmán Tapia acaba de partir de este mundo. Ha entrado a la historia por ser el primer juez chileno en procesar a Augusto Pinochet. Por su interés, reproducimos la siguiente crónica publicada por “Crónica Digital” el 14 de septiembre 2012, en que se presenta la entrevista que el jurista ofreció al periodista Enrique Torres para la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. El prestigioso abogado chileno Juan Guzmán Tapia, quien tuvo a su cargo casi un centenar de querellas contra el dictador Augusto Pinochet, aseguró que el juicio contra cinco antiterroristas cubanos presos en Estados Unidos carece de todo sustento. En entrevista con Prensa Latina, el ex juez de la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile aseguró conocer muy bien el expediente judicial de los cubanos y se pudo percatar “de que, en el fondo, con meras apreciaciones, se maquilló un delito que nunca existió”. “Inventaron un cargo, el de haber puesto en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos, algo que los propios militares estadounidenses desmintieron en la vista oral”, precisó Guzmán, quien asistió en 2007 como observador al proceso presentado por los abogados de la defensa en la Corte de Apelaciones de Atlanta. En el juicio, que comenzó en el otoño de 2000 y se extendió siete meses, expertos como el entonces jefe del Comando Sur, general Charles Whilhem y el general retirado Edgard Atkinson, el almirante Eugene Carol, el coronel George Busckner, e incluso, el exdirector de la Agencia de Inteligencia del Pentágono James Clapper negaron que los cinco tuvieran acceso a datos clasificados o secretos. “Y eso me llamó mucho la atención, que los jueces fallaran en contra de ese dictamen, cuando miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos dijeron que, en ningún momento, la actuación de ellos significó un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos”, comentó el jurista. En su opinión, esa actitud de la justicia es muy llamativa, “porque en ese tipo de juicio lo que importa son los peritajes de las personas que tienen conocimiento, de la ciencia o de un arte, y ahí el tema de los militares, de los generales, es precisamente el peligro nacional o internacional de ciertos actos”, reflexionó Guzmán, quien en Chile procesó también a numerosos agentes estatales por violaciones de los derechos humanos. Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González fueron detenidos en Miami en la madrugada del sábado 12 de septiembre de 1998, y encarcelados por los próximos 17 meses en celdas de castigo, en solitario. La acusación principal contra ellos, como reconocieron los fiscales y el juez desde el acta acusatoria hasta el último día del juicio, fue que habían, pacíficamente, sin armas, penetrado grupos terroristas anticubanos con el objetivo de informarle a Cuba sobre sus planes criminales, sin embargo, todo el tiempo fueron tratados por la prensa de Miami como espías y como tal fueron sentenciados. Finalmente recibieron condenas que van desde 15 años hasta doble cadena perpetua más 15 años, esta última […]
Como bancada de Diputados y Diputadas del Partido Comunista de Chile, manifestamos nuestro más profundo pesar por la muerte de nuestro amigo, el abogado y juez Juan Guzmán. Hoy ha partido un hombre valiente y tenaz, quien fuera Ministro de fuero en la causa con la primera querella contra el dictador Pinochet, una figura indispensable en la historia jurídica y en la lucha contra el tirano y quien posibilitó su desafuero por los crímenes de la Caravana de la Muerte. Juan Guzmán fue también el primer magistrado que procesó a Pinochet como autor de estos atroces crímenes, además de procesar también al General Arellano Stark quien comandó la comitiva militar que asesinó en el norte de Chile a 72 personas. El Ministro Guzmán mantuvo su postura y llevó adelante estas causas, no cediendo jamás a las innumerables presiones de las que fue objeto de parte del establishment y de los poderes fácticos para impedir el desafuero y posterior procesamiento de Augusto Pinochet. Fue él quien a través de la figura jurídica de “secuestro permanente”, permitió abrir causas y perseguir a los responsables de las brutales violaciones a los Derechos Humanos en nuestro país. Su legado, su trabajo y su lealtad con las causas de todos y todas quienes levantaron las banderas de la defensa de los derechos humanos desde la negra noche de la dictadura permanecerán intactos y estamos seguros y seguras que serán imperecederos. Como bancada hacemos nuestro el deber de rendir homenaje a un juez justo y digno. En la próxima sesión legislativa del día 29 de enero hemos solicitado un minuto de silencio en su memoria y rendiremos el correspondiente homenaje. Santiago de Chile, 23 de enero 2021 Crónica Digital
Ha fallecido el jurista Juan Guzmán Tapia, quien ingresó por la puerta ancha a la historia de Chile, por ser el primer magistrado que sometió a juicio a Augusto Pinochet y que llegó a hacerse cargo de casi un centenar de querellas criminales contra el ex dictador. Sin duda, es un hecho ampliamente conocido en el país y todo el mundo, que había puesto la mirada en la impunidad de los violadores a los derechos humanos a partir de la detención del tirano en Londres en 1998 a raíz del juicio que se abrió en la Audiencia Nacional de España, encabezado por el juez Baltasar Garzón. Recientemente, la película la “Red Avispa”, transmitida por Netflix, hizo más visible en Chile el caso de cinco cubanos prisioneros en los Estados Unidos: Gerardo Hernández, Fernando González, Ramón Labañino, Antonio Guerrero y René González. Su liberación se transformó en una batalla emblemática en Cuba. Eran agentes de la Seguridad del Estado que se habían infiltrado en organizaciones de Miami que ejecutaban acciones terroristas contra la Isla. Retornaron finalmente a su país, tres de ellos fruto de las negociaciones para restablecer las relaciones diplomáticas entre La Habana y Washington. Lo que menos se conoce es la participación que Juan Guzmán Tapia tuvo, ya retirado de la magistratura, en la campaña para liberar a “Los Cinco Héroes Cubanos Prisioneros en Cárceles del Imperio”, como fueron llamados en la Isla. La historia se remonta a 2007, un par de años después de su retiro del Poder Judicial. Por entonces era el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central, y aceptó incorporarse al Consejo Editorial del diario electrónico “Crónica Digital”, medio de comunicación de orientación progresista que se había formado el 2005. La primera actividad pública de Guzmán Tapia como parte del Consejo Editorial de Crónica Digital fue en agosto de 2007, en un concurrido evento en el Club de La República, cuando ejercían Iván Gutiérrez y Víctor Osorio como directores. En esta misma ocasión se resolvió, con la activa participación del jurista, otorgar el Premio a la Dignidad Augusto Olivares a Volodia Teitelboim, Premio Nacional de Literatura, y monseñor Jorge Hourton, uno de los obispos que encabezó la defensa de los derechos humanos en la dictadura. Unos días antes, Guzmán Tapia, ya integrado al Consejo Editorial de Crónica Digital, había participado como Observador en la Vista Oral que se realizó en el caso de los cinco cubanos, en Atlanta, Estados Unidos. Desde entonces asumió como propia, públicamente, la causa de su liberación. La comparecencia fue resultado de un nexo que Iván Gutiérrez estableció entre el ex juez y la Coordinadora de Solidaridad de Cuba y el Comité por Los Cinco, quienes le transmitieron la invitación oficial. Previo al viaje, se documentó en forma acuciosa respecto del caso. En el momento de la partida ya se había formado una convicción. En el Aeropuerto de Santiago salida del aeropuerto calificó el proceso en el país del norte como “injusto y arbitrario”. A […]
El juez Juan Guzmán Tapia, quien pasará a la historia de Chile por su decisivo aporte en el procesamiento del dictador Augusto Pinochet, falleció hoy en esta capital a los 81 años, informaron sus familiares. Guzmán Tapia, quien tuvo una extensa carrera en el Poder Judicial, fue designado en 1998 juez titular para investigar múltiples querellas en contra de Augusto Pinochet y otros personeros de la dictadura (1973-1990), en el caso conocido como la «Operación Caravana de la Muerte». Este expediente le permitió avanzar en el procesamiento del dictador hasta que en el 2000, tras muchos obstáculos y vicisitudes, consiguió el desafuero de Pinochet, quien tras su salida del poder había quedado con la condición de senador vitalicio. Asimismo colaboró ampliamente durante las décadas de 1990 y 2000 en numerosas investigaciones sobre detenidos desaparecidos, y hasta el año 2008 ejerció como decano de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Chile. Miembro del Consejo editorial de Crónica Digital Al finalizar su carrera judicial, el Juez Juan Guzmán Tapia fue invitado a ser parte del Consejo Editorial de Crónica Digital, invitación que agradeció: «Es un honor participar de un medio de comunicación valiente. Cuenten conmigo», sostuvo el magistrado en su oportunidad. Tapia fue parte del consejo editorial de Crónica Digital durante todos estos años. Apoyo a los cinco presos cubanos en Estados Unidos Fue uno de los magistrados en Chile que más bregó para que se hiciera justicia y se liberara a cinco patriotas cubanos condenados en Estados Unidos a largas penas de cárcel por el solo hecho de salvaguardar la seguridad de su país contra acciones terroristas generadas desde esa nación. Incluso viajó a Estados Unidos junto al abogado en derechos humanos y hoy diputado Hugo Gutiérrez, para interesarse por la situación de esos hombres, condecorados como Héroes de la República de Cuba, y gestionar acciones por su libertad entre congresistas y otras personalidades norteamericanas. Por su destacada labor profesional recibió los premios Jordi Xifra Heras de la Universidad de Girona, España; Oscar Romero de Derechos Humanos de la Universidad Dayton de Estados Unidos, y Letelier-Moffitt del Institute for Policy Studies. En 2010 el Haverford College, de Pensilvania, le otorgó el grado de doctor honoris causa, por su valiente defensa de los derechos humanos, aún bajo las circunstancias más adversas. En septiembre de 2013, al conmemorarse 40 años del golpe militar en Chile, recibió junto a los juristas españoles Juan Garcés y Baltasar Garzón el Premio Homenaje a la Justicia, otorgado por la Fundación Charles Horman. El fallecimiento de Juan Guzmán Tapia ha generado grandes muestras de pesar en medios políticos de izquierda y en sectores profesionales de este país, que lo califican como uno de los juristas más honestos, comprometidos con la justicia y valiosos de Chile. Crónica Digital se suma al dolor de millones de chilenos y chilenas por la partida de un hombre justo, bueno y de los nuestros. Santiago de Chile, 22 de enero 2021 Crónica Digital
Con la firmas de 64 diputados y diputadas, la parlamentaria mapuche Emilia Nuyado, presentó una Comisión Investigadora que busca determinar si las policías aplicaron los protocolos correspondientes respecto al trato de menores de edad durante un allanamiento a las comunidades de Temucuicui, donde varios niños acusan haber sido víctima de abuso policial. En este sentido la parlamentaria dijo que «queremos que se recoja toda la información necesaria, para determinar sobre quienes son los responsables política y administrativamente de este procedimiento. Nosotros hemos recibido diversos testimonios de niños que acusan violencia excesiva y malos tratos por parte de la PDI». «Nosotros creemos que existió una conducta de la policía que pretendió infundir terror sobre la comunidad en el procedimiento que se llevó a cabo el pasado 7 de enero. En ese allanamiento tenemos el testimonios de niños y niñas que acusan haber sufrido amenazas y tratos vejatorios por parte de las policías. Eso no lo podemos aceptar y no vamos a dejar que se actúe impunemente», dijo Emilia Nuyado. Sobre este mismo punto la diputada Nuyado agregó que «se requiere determinar además los responsables políticos de la actuación policial. Todos hemos escuchado un audio donde un policía insulta e incluso amenaza de muerte a una niña pese a que ya la tenía reducida. Esas son prácticas de brutalidad y violencia que vulneran los derechos más esenciales de los menores». «Creemos que este tipo de casos no puede quedar sin castigo. Un aspecto importante para lograr la paz es que exista confianza con los órganos que representan al Estado y claramente con la violencia que se produjo este allanamiento solo aumenta la rabia de la comunidad. Nuestra idea es evitar que hechos como este se sigan produciendo y cerrar el círculo de violencia que hay en Wallmapu»; concluyó la diputada Emilia Nuyado. Santiago de Chile, 22 de enero 2021 Crónica Digital/PL
Las usuarias y usuarios del Grupo de Encuentro del Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, con sede en el Hospital del Salvador, hicieron hoy público una denuncia en contra de un profesional que supuestamente es integrante de grupos de la ultraderecha chilena. Según un comunicado al que tuvo acceso Crónica Digital, las víctimas sobrevivientes de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-90) el profesional de iniciales CBGR se ”le identificó como simpatizante del grupo “Libertarios de extrema derecha”, con una fuerte ideología anti-izquierda, que ha manifestado que las víctimas de atropellos y violaciones a los Derechos Humanos, y especialmente los beneficiarios del programa PRAIS se victimizan y poseen rasgos psicóticos, opiniones que ha publicado en las redes sociales”. Como es de conocimiento, el Programa PRAIS para las víctimas de violaciones de Derechos Humanos, tuvo su origen en el trabajo de los organismos que proporcionaron atención médica y de salud mental a las víctimas de violaciones desde 1973, que contribuyó a afirmar esta noción de reparación y a la creación del programa. Es importante recordar y destacar que la población beneficiaria del PRAIS corresponde a personas y a su grupo familiar que fueron afectadas gravemente por la represión política ejercida, en distintas formas por el Estado en el período indicado y señalados por comisiones y leyes, tales como: detención con desaparición, ejecución política, tortura, prisión política, exilio/refugio político, relegación, clandestinidad por persecución política, y exoneración por causa política. Cada uno de nosotros y de nuestros familiares experimentamos situaciones de una brutalidad inconmensurable, que dejaron profundas heridas y secuelas en nuestra salud física y mental. “El PRAIS tiene como propósito central abordar el trauma psicosocial originado en dichas experiencias, trauma cargado de terribles pesadillas y recuerdos angustiosos de prácticamente irreparables vivencias, incomprensibles para quien no las haya experimentado en lo personal o por cercanía y empatice o se conmueva honestamente como persona o profesional ante tanta injusticia”, señala el comunicado. La postura ideológica reflejada por CBGR quien “tiene derecho a tener la postura ideológica que quiera, es absolutamente incompatible con la de un servidor público inserto en un programa de reparación de víctimas de violencia política y violación de los DD.HH. por parte del Estado. La situación que hemos conocido y que aquí denunciamos, se arrastra por hace más de 50 días, y elloha generado un estado de desconfianza y temor, gatillando dolorosos procesos de re-victimización en nosotros, resultados completamente opuestos a los objetivos del Programa”. “Solicitamos que este comunicado tenga una amplia difusión en los medios y redes sociales, y pedimos el apoyo solidario para las acciones que realizaremos, a objeto de que las autoridades pertinentes tomen las medidas y expulsen en forma inmediata de sus funciones al funcionario aludido”, finalizó el comunicado. Santiago de Chile, 21 de enero 2021 Crónica Digital
Los recursos de revisión de condenas fueron parte del programa “Prácticas Judiciales en delitos de Lesa Humanidad 1973-1990” que la Clínica de Derechos Humanos inició en 2019. La Corte Suprema absolvió a cuatro usuarios de la Clínica Jurídica y de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso (UV) condenados por consejos de guerra en Valparaíso durante la dictadura. La Clínica Jurídica y de DDHH presentó a mediados del año 2020 siete acciones de revisión, que buscaban dejar sin efecto sentencias condenatorias emitidas por consejos de guerra constituidos en Valparaíso en contra de trece personas. La iniciativa se enmarcó en el programa “Prácticas Judiciales en delitos de Lesa Humanidad 1973-1990”, que se inició en 2019. La presentación de recursos se concretó gracias al convenio generado entre el Consultorio Jurídico y el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) a los afectados por violaciones a los Derechos Humanos. Labor de la Clínica Jurídica y de DDHH Las acciones fueron preparadas íntegramente por la egresada de Derecho Laura Romero -que hizo el programa de formación en delitos de lesa humanidad-, realizando un trabajo detallado de análisis de jurisprudencia y revisión de antecedentes, contando con la colaboración y revisión final del profesor Felipe Gorigoitía. Inés Robles, coordinadora de la Clínica Jurídica y de DDHH de la UV, indicó que “como equipo nos encontramos muy conformes con el resultado de los dos recursos de revisión fallados hasta la fecha. También es gratificante que hayan sido difundidos por el propio Poder Judicial a través de su página web”. “Nos parece que lo fallado es concordante con lo establecido en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, constituyendo una forma de reparación a las víctimas de la dictadura en Chile, que en los casos presentados fueron sancionados por consejos de guerra creados especialmente para ese objetivo, cuya única prueba fue la confesión, la que fue obtenida mediante tortura, en juicios que generaron grave impacto en la historia vital de nuestros y nuestras patrocinadas”. Laura Romero explicó que “presentamos siete acciones de revisión ante la Excelentísima Corte Suprema a favor de trece personas, que fueron condenadas en distintos consejos de guerra constituidos en Valparaíso durante la dictadura, para que fueran anuladas dichas sentencias condenatorias. De esos siete recursos, dos (rol 79.498-2020 y rol 79.235-2020) ya han sido resueltos por la Corte Suprema, anulando así todo el proceso seguido en contra de nuestros representados ante el consejo de guerra y declarando su absolución. Estos dos recursos han significado la absolución de cuatro personas, y aún estamos a la espera del fallo de los otros cinco recursos presentados”. “La presentación de los recursos se llevó a cabo gracias al trabajo colaborativo entre la Clínica Jurídica y de DDHH y el PRAIS, y estamos contentos y esperanzados en que las resoluciones que sigan sean igual de favorables. Sin embargo, como equipo y en lo personal lamento profundamente que Alfredo Saieg, persona que organizó y solicitó la orientación a la clínica para la presentación de […]
Tres excarabineros señalados como principales responsables del homicidio del joven mapuche Camilo Catrillanca el 14 de noviembre de 2018 fueron puestos en prisión preventiva. La Corte de Apelaciones de Temuco, capital de la Región de La Araucanía, ordenó la aplicación de esa medida a los exuniformados Carlos Alarcón, Raúl Ávila y Braulio Valenzuela, quienes a principios de enero resultaron culpables en un juicio que se prolongó por meses. Con ello el tribunal revocó el arresto domiciliario total en que se encontraban Alarcón y Ávila y el arraigo con firma mensual a que estaba obligado Valenzuela, y ocurre a pocos días de que se informe de las condenas, en vista prevista el próximo día 28. Según se demostró en la vista, Catrillanca murió de un disparo en la cabeza, realizado por Alarcón –integrante de un destacamento del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros–, en un operativo en la zona de Temucuicui. Los uniformados intentaron ocultar el homicidio con falsos testimonios de que había ocurrido durante un intercambio de disparos, y además ocultaron evidencias y obstruyeron las investigaciones del caso e incluso recibieron para ello órdenes superiores. Esa actuación generó un gran escándalo nacional que devino una profunda crisis al interior de Carabineros y puso en jaque al gobierno de Sebastián Piñera, y condujo a la renuncia o destitución de alrededor de una decena de altos oficiales, entre ellos el jefe de la institución, el ahora exgeneral Hermes Soto. Incluso salpicó al entonces Ministro del Interior, Andrés Chadwick, cuya renuncia fue exigida por amplios sectores políticos y sociales, pero que recibió en todo momento el respaldo de Piñera. Los enjuiciados fueron Ricardo Alarcón como autor de los delitos de homicidio simple consumado de Catrillanca y homicidio frustrado de un menor que lo acompañaba en ese momento; Raúl Ávila por apremios ilegítimos, disparos injustificados y obstrucción a la investigación, y Valenzuela por esos dos últimos ilícitos. También condenaron a otros cuatro excarabineros y un abogado que prestaba servicios al cuerpo policial, por obstrucción a la justicia. Según informó en su momento el Fiscal Roberto Garrido, de la Unidad de Derechos Humanos de La Araucanía, los imputados arriesgan penas que van desde cinco hasta más de 15 años de cárcel. Santiago, 20 de enero 2021. Crónica Digital / Prensa Latina.
Familiares, compañeros/as y amigos/as de las 119 víctimas de la denominada Operación Colombo -montaje perpetrado en dictadura-, se manifiestan ante tribunales en repudio al fallo que absolvió a 61 ex agente de la DINA por su responsabilidad como autores de los secuestros de 16 personas. Familiares y cercanos de las víctimas de la Operación Colombo, señalaron que “Estamos manifestándonos contra la impunidad. Hace unos años atrás comenzó un juicio para encontrar los culpables de secuestro, tortura y desaparición de 16 compañeras y compañeros, sin embargo el Juez Mera revocó el fallo a 61 ex agentes de la Dina, otorgándoles rebajas en las penas arguyendo, sorprendentemente, una irreprochable conducta anterior”. Las y los manifestantes califican la resolución como un “aberrante fallo” y destacan un trato vejatorio respecto de los casos de derechos humanos en las que ha participado el Juez Juan Cristóbal Mera. Argumentan que el fallo sería antijurídico, pues viola el Principio del Derecho Penal Internacional de “Sanción adecuada a la gravedad de la infracción de los crímenes de guerra y lesa humanidad”. “No queremos más verdad y justicia en la medida de lo posible, sobre todo porque hoy se han vuelto a violar los derechos humanos. Estamos convencidos y convencidas que la impunidad de ayer es la crisis de hoy”. En pancartas y panfletos, las organizaciones de derechos humanos destacan que el juez Mera Muñoz, tiene un largo historial de fallos que revelan un sesgo a favor del poder y en desmedro de los tratados internacionales de Derechos Humanos, tanto en delitos de lesa humanidad ocurridos en dictadura, como en las últimas manifestaciones en el contexto del estallido de octubre de 2019. Juez Mera, en la mira Reiterados son los casos en que el juez Juan Cristóbal Mera ha fallado a favor de la absolución de autores de secuestro y desaparición, así fue en el caso de los detenidos desaparecidos y víctimas de la Operación Colombo, causa en la cual absolvió a 62 agentes de la DINA, condenado sólo a seis agentes a tres años de presidio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena, como autores del delito de secuestro calificado. Así mismo, fue partícipe de reducir la condena a otros 11 acusados de secuestro y homicidio en 1976. Entre los ex agentes absueltos se encuentra Pedro Espinoza (ex jefe de Operaciones de la Dina). A todos los condenados se les aplicó el beneficio de libertad vigilada. Recientemente, en el caso Torturas en Plaza Ñuñoa, el juez revocó la prisión preventiva a carabineros acusados de tortura contra el manifestante Moisés Órdenes en Plaza Ñuñoa. Desestimó el delito de tortura y lo sustituye por violencia innecesaria. Carabineros quedó tan solo con arraigo nacional y firma semanal. Cabe destacar que la víctima, producto de la acción de carabineros, perdió la visión de uno de sus ojos, pulmón perforado, cinco costillas fracturadas, hombro dislocado, dentadura rota y fractura nasal. Por otro lado, en Pleno extraordinario de Corte de Apelaciones, decide anular la sentencia del juez del séptimo juzgado de garantía, que rebajó medidas cautelares a integrantes de la denominada Primera Línea, acusados de desórdenes […]
