En encuentro sobre el tema, el senador Juan Ignacio Latorre y representantes de las familias de los detenidos, cuestionaron “voluntad de un gobierno que ha liberado a criminales de lesa humanidad” Como parte de las gestiones tendientes a excarcelar a las personas detenidas durante las movilizaciones sociales a través de herramientas penales cuestionables y carentes de legalidad, el conversatorio “Hacia la ley de indulto general de las personas presas durante el estallido social” realizado en la Universidad Academia de HUmanismo Cristiano reunió a diversos simpatizantes con la iniciativa. Entre ellos, el senador y psicólogo Juan Ignacio Latorre, el abogado Claudio Nash, la vocera de la Agrupación de Familiares de Presos Políticos detenidos en la cárcel Santiago 1 y al rector de la UAHC, Álvaro Ramis. Los ponentes coincidieron, desde sus respectivos ámbitos, sobre la necesidad de una Ley de Indulto para estos detenidos, en la manera en que esta situación afecta al Estado de derecho y qué dicta el escenario internacional respecto a este tipo de vulneraciones jurídicas y sociales. Verónica Verdugo se refirió a cómo esta discusión fue tomando forma legal en los últimos meses pese a arrastrarse desde hace poco más de un año cuando comenzaron las primeras detenciones arbitrarias y el Gobierno comenzó a legislar, sobre cada hecho puntual, proponiendo leyes represivas que fortalecieron el encierro sin garantías ni evidencias a través de “normas anti todo”, describió.“Afortunadamente, hace poco se ha fortalecido y ampliado el tejido social que apoya a los presos políticos y a sus familias para acabar con esta injusticia. Se sumaron legisladores y parlamentarios que, si bien no se referían a este tema en su momento, hoy han estado a la altura proponiendo un proyecto de ley que diferencia esta excarcelación con otras que podrían amnistiar a quienes cometieron criminenes de lesa humanidad en la dictadura”, señaló Verdugo quien también agradeció a instituciones que se plegaron a esta causa desde un comienzo y han visibilizado el valor de los testimonios que le restan estigmatización a una causa que desde el poder se ha criminalizado en todo momento, agrega. Por su parte, Claudio Nash planteó cómo un instrumento penal como la prisión se ha utilizado para castigar a quienes incurren en conductas catalogadas como delitos como una herramienta política en diversos estados. “El uso de la ley penal no es una autorización para el uso arbitrario de esa fuerza”, aclara el abogado. “Cuando un gobierno trabaja al margen de parámetros legales ingresa a un plano de deslegitimidad que el filósofo inglés Thomas Hobbes denominaba “un regreso al estado de naturaleza”, explica. Complementó con un llamado al mismo Estado que es quien debe corregir estas desviaciones y poner en valor la democracia a través de soluciones justas y políticas.5 claves sobre la prisión política El rector de la Universidad convocante analizó el proceso que han vivido los detenidos del estallido social y cómo esto significa un grave atentado al Estado de derecho. También planteó cuáles son los 5 criterios internacionales que definen a un preso político, es […]
DD.HH.
El 77 por ciento de los ciudadanos en Chile consideran hoy que nunca o casi nunca, el cuerpo de Carabineros trata a todas las personas por igual, independiente de su situación socioeconómica o clase social. Así lo refleja una encuesta correspondiente a diciembre, de la Fundación Chile 21, relativa a Seguridad Ciudadana y Evaluación Policial, cuyos principales resultados recoge este miércoles el periódico El Siglo. La pesquisa, calificada de lapidaria, negativa y crítica, señala además que el 67 por ciento de los consultados dijeron estar en desacuerdo o muy en desacuerdo en la forma en que Carabineros de Chile actúa usualmente. Asimismo el 68 por ciento consideró que nunca o casi nunca los efectivos policiales controlan el tráfico de drogas y las bandas de narcotraficantes, un fenómeno que está cada vez más presente en la realidad del país y que genera una creciente alarma en la población. En tanto, apenas 40 de cada cien entrevistados consideró que ‘a menudo o muy a menudo’ las fuerzas policiales detienen a los delincuentes. La falta en empatía de las fuerzas policiales con la ciudadanía también es muy negativamente evaluada, pues el 81 por ciento de los encuestados dijo que nunca o casi nunca Carabineros de Chile se comunica y coordina con los vecinos de su barrio. La institución ha sido muy criticada, sobre todo a partir del estallido social de octubre de 2019, por sus reiteradas acciones violatorias de los derechos humanos, lo que ha sido denunciado por organizaciones y personalidades chilenas e internacionales. Sumado a esto se ha visto envuelta en escándalos de corrupción en los últimos años, que en conjunto han sumido a Carabineros en una profunda crisis, por lo cual fuerzas políticas y sociales han reclamado una profunda reorganización e incluso una refundación del cuerpo policial. Al respecto, según el sondeo, el 54 por ciento de los entrevistados expresó estar de acuerdo o muy de acuerdo con que Carabineros tenga un mando civil transitorio. Santiago de Chile, 23 de diciembre 2020 Crónica Digital/PL
Exposición ante Comisión de Derechos Humanos del Senado, Carlos Margotta, presidente Comisión Chilena de Derechos Humanos Señores senadores y señoras senadoras: La Comisión Chilena de Derechos Humanos, es una institución de la sociedad civil que nació hace 42 años, en plena dictadura cívico militar y se propuso trabajar en forma pluralista por la vigencia efectiva, respeto, protección, enseñanza y promoción de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y ambientales, consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en los tratados internacionales, Resoluciones y demás Acuerdos Complementarios de Naciones Unidas y otros Organismos Internacionales, en los cuales Chile es miembro o parte. Por tanto, hoy nuestra tarea no es sólo defender a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos sino instar por el cumplimiento del inciso segundo del artículo 5 de la Constitución vigente, que establece que “es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes”. Los Estados comprometen su responsabilidad internacional cuando, por acción u omisión, incumplen sus obligaciones en materia de derechos humanos y no reparan sus violaciones. En su responsabilidad internacional, el Estado responde como un todo. En consecuencia, los distintos poderes del Estado están obligados a respetar los derechos humanos y adoptar medidas que los garanticen. Y frente a la violación de un derecho humano, en forma inmediata surge para el Estado la obligación de reparar el daño producido, y el acto de reparar significa reponer a la persona la situación en que se encontraba antes de que sus derechos fueran vulnerados. El Proyecto de Ley sobre Indulto General, que comienza hoy a discutirse, tiene como fundamentos principales la vulneración de los derechos humanos de que han sido objeto las personas que han sido detenidas, formalizadas, encarceladas y/o condenadas durante el período que señala. En consecuencia, analizaremos esta iniciativa legal, a la luz de la obligación que tienen los diversos Poderes del Estado de respetar los derechos humanos, y al mismo tiempo, verificando las vulneraciones de los derechos humanos en que se fundamenta el mencionado Proyecto de Ley. Los presos del estallido social El denominado “estallido social” iniciado en Octubre del año pasado, ha sido un movimiento social masivo que irrumpió a lo largo y ancho del territorio nacional, que busca superar el actual modelo neoliberal y dar paso a un proyecto de sociedad que termine con la grosera desigualdad, el abuso institucionalizado y en el que se garanticen derechos humanos básicos, como la salud, la educación y la seguridad social, entre otros, a través de una expresión normativa en una Nueva Constitución, que sea el reflejo del ejercicio soberano del derecho de libre determinación del pueblo chileno, derecho consagrado en el artículo 1 homónimo de ambos Pactos complementarios de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La respuesta del Gobierno, en vez de escuchar a su mandante y dar paso a reformas profundas que reflejaran esta exigencia mayoría de transformación y cambio […]
La diputada Mapuche, Emilia Nuyado, denunció «prácticas racistas» por parte de funcionario y de la Dirección regional de la Junji en contra de Educadores de la lengua y cultura indígena (EICI), de la región de la Araucanía. La parlamentaria explicó que «hemos sabido que a raíz del desalojo de hermanos mapuche de la municipalidad de Curacautín, un funcionario que se desempeña como nutricionista en JUNJI Araucanía emitió declaraciones racistas tildando a los mapuche de «escoria», lo que fue denunciado por los educadores» «Al realizarse esta denuncia, no sólo, no fue tomada en cuenta por la Dirección regional sino que además se les amenazó con realizar descuentos salariales por realizar la denuncia pública. Esto me parece inconcebible, sobre todo en una zona donde existe una gran cantidad de niños de origen mapuche. Por eso exigimos que la Dirección Nacional de la Junji, adopte medidas concretas y sanciones contra este acto de racismo hacia nuestro pueblo», dijo Emilia Nuyado. Sobre este mismo punto la diputada Nuyado, dijo que «es inaceptable que el director regional de la JUNJI Araucanía, don Juan Pablo Orlandini, actúe de manera matonesca amenazando a los educadores, solo por exigir dignidad y demuestra «Por eso estamos solicitando a través de oficios que se adopten medidas y solicitaremos al Ministerio de Educación que también se pronuncie por este caso. Si el Estado chileno quiere establecer una relación distinta con el pueblo mapuche no es aceptable que existan funcionarios o autoridades que no valoren el conocimiento de la lengua y cultura de las Primeras Naciones.», concluyó la diputada Emilia Nuyado. Santiago de Chile, 22 de diciembre 2020 Crónica Digital
El Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Policial patrocinó el recurso de amparo preventivo que interpuso ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt el werkén Luis Navarro, Mapuche Williche de la Comunidad Leviñanco Ta Leufu, en contra del empresario y representante legal de la inmobiliaria Alto Maullín, Rolando Arturo Winkler Fuchslocher y de la Subcomisaría de Carabineros de Llanquihue, Policía de Investigaciones de Puerto Varas. La comunidad está ubicada en la ribera del Río Maullín en la Provincia de Llanquihue. Observadores de nuestra organización, con sede en Puerto Varas, constataron en terreno la gravedad de los hechos. El werkén lleva meses siendo atacado por los avances de los proyectos Inmobiliarios de la empresa Alto Maullín debido las constantes agresiones mediante el uso de maquinaria pesada. Esta situación ha recrudecido las últimas semanas, ya que la inmobiliaria generó un socavón en el cerro inmediatamente arriba de donde se encuentra el hogar de Navarro y su familia, provocando el desprendimiento de rocas de hasta media tonelada, que caen en las inmediaciones de su Ruca y Huerto, exponiendo y arriesgando la vida de él y su familia y que compromete además el sustento de su comunidad y a costa de la flora y fauna nativa de un sitio declarado Santuario de la Naturaleza. Navarro ha realizado diversas denuncias ante fiscalía, carabineros y la policía de investigaciones, sin embargo no ha contado con el respaldo de estas instituciones para investigar dichas denuncias, pese a que los hechos ocurridos constituyen delitos penados y sancionados por nuestra normativa penal, como la tala ilegal de bosque nativo y contaminación de cursos de agua, entre otros. Por esta razón el recurso de amparo preventivo se extiende a las policías debido a su inacción ante las denuncias, como lo consigna el werkén Luis Navarro en su escrito “dejé constancia de todos los hechos ya relatados, especialmente del miedo de ser aplastados por estas rocas y, sin embargo, hasta la fecha no he recibido ninguna ayuda. El mismo lunes 14 de diciembre, acudí a las oficinas de la Policía de Investigaciones de Puerto Varas, a interponer una nueva denuncia por intentos de homicidio …. nadie se constituyó en terreno a constatar la situación de riesgo en la que nos encontrábamos ese día, tampoco se tomó ninguna medida de protección o investigación adicional a consignar por escrito mis dichos”. En el amparo el werkén especifica que “a medida que dichos surcos en el bosque fueron avanzando, comenzaron a lanzarse piedras de gran tamaño cuesta abajo, directamente dirigidas a nuestro hogar”. Los hechos relatados amenazan los derechos a la libertad personal y seguridad individual que se consagran en el artículo 19 de la Constitución Política de la República y en lo establecido en instrumentos internacionales de Derechos Humanos ratificados y vigentes en Chile y demuestran la vulneración de la seguridad individual, sufriendo actos atentatorios y amenazadores contra la integridad física, psíquica y un riesgo cierto de la vida de las personas. Como organización comprometida con el respeto y promoción de los […]
El Gobierno de Brasil preparó directrices para la policía chilena (Carabineros) sobre cómo tratar a manifestantes y reprimir protestas, revela hoy un extenso reportaje publicado por el portal de noticias UOL. Firmado por los columnistas Chico Alves y Jamil Chade, el trabajo periodístico indica que la administración de Jair Bolsonaro respondió de esta forma a un pedido de la institución del orden de ese país y también orientó cómo actuar en organismos diplomáticos internacionales para apoyar al Ejecutivo de Chile, considerado un aliado. En octubre de 2019 las protestas emergieron por el anuncio de una subida en la tarifa del metro de Santiago de Chile, pero después se extendieron hacia la desigualdad social e incluyeron otras demandas en pensiones, salud y educación. Documentos obtenidos por UOL ponen al desnudo que miembros de las fuerzas de seguridad chilenas, bajo presión por el alto número de lesiones causadas por la acción policial, fueron a la embajada de Brasil en Santiago para solicitar ayuda ante las movilizaciones. Un informe de UOL de octubre señala que las autoridades chilenas solicitaron al ejército brasileño que activara su inteligencia para tratar de identificar si «cuerpos extraños» incitaban las protestas que sumieron al gobierno de Sebastián Piñera en una crisis sin precedentes. Durante una reunión privada en Brasilia, los oficiales militares chilenos se quejaron a sus colegas de que los gobiernos civiles desmantelaron el aparato de inteligencia del Estado, siempre según el sitio noticioso. «Los militares brasileños, a su vez, plantearon la posibilidad de que la Sociedad Abierta, la fundación del multimillonario húngaro George Soros, el Foro de Sao Paulo, una organización de partidos de izquierda latinoamericanos, o un movimiento global de este tipo, pudieran estar detrás de las protestas en Santiago», apunta el portal. El asunto fue entonces remitido al Centro de Inteligencia del Ejército. Días después que la UOL revelara la cita, diputados del Partido Socialismo y Libertad hicieron una solicitud a los ministerios de Relaciones Exteriores, Justicia y Defensa, así como a la Oficina de Seguridad Institucional sobre la cooperación entre los dos países. La cancillería respondió a los parlamentarios, en una carta firmada por el ministro Ernesto Araújo, que la diplomacia indicó que no hay documentos sobre tal colaboración, ni sobre la posibilidad de que entidades brasileñas actuaron en protestas o haya directrices expresadas por Bolsonaro. Pero, aun así, según la cancillería, en noviembre de 2019 la embajada brasileña en Santiago «fue buscada por un funcionario de la corporación policial Carabineros de Chile interesado en conocer la experiencia de Brasil en las actividades de control del orden público». Brasilia, 21 de diciembre 2020 Crónica Digital/PL
En el día en que el mundo entero conmemora los Derechos Humanos, la Red Chilena de Estudios Afrodescendientes, junto a académicas, académicos, investigadoras e investigadores de Chile, declaramos: Chile enfrenta una de las decisiones más relevantes de cara a la democratización del proceso constituyente que se inició en el mes de octubre de 2019. Se trata de la votación de la Cámara de Diputadas y Diputados respecto a la inclusión/exclusión de un cupo reservado para el pueblo tribal afrochileno en la elección de constituyentes, luego de que un amplio sector de parlamentarios/as objetara este derecho con el argumento de que se trata de un pueblo cuya jurisprudencia está fuera de la Ley Indígena (19.253). Cabe recalcar que el Pueblo Tribal Afrodescendiente Chileno lleva 20 años impulsando una ardua lucha por su visibilización y aseguramiento de derechos colectivos, a partir de la cual hoy goza de reconocimiento legal dentro del Estado de Derecho desde abril de 2019 mediante la Ley 21.151. En ésta, se establece a este pueblo tribal como grupo humano de nacionalidad chilena conformado por descendientes de la trata trasatlántica de africanos esclavizados “traídos al actual territorio nacional entre los siglos XVI y XIX y que se autoidentifique como tal”. En efecto, su presencia a lo largo y ancho del territorio nacional tiene orígenes coloniales, en uno de los genocidios más intensos y extendidos de la historia universal. Asimismo, en su Artículo 5° la ley prevé el derecho de los afrodescendientes chilenos a participar y deliberar “cada vez que se prevea dictar medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles directamente, mediante el Convenio 169 de la OIT”, mismo que ampara los derechos consuetudinarios (es decir, anteriores a la formación del Estado) en el caso de los pueblos indígenas. Hablamos entonces de garantizar una participación efectiva en virtud de los convenios internacionales. Las especificidades históricas, antropológicas, políticas, sociales, económicas, identitarias y, en general, culturales del Pueblo Tribal Afrochileno, otorgan enorme relevancia a esta coyuntura, en la que se intenta desconocer el carácter forzado y centenario de su presencia en Chile, para colocarlo en una situación similar a la de cualquier grupo humano migrante que, por voluntad propia, se disloca para generar arraigo en una nueva territorialidad. El pueblo tribal afrodescendiente chileno debe estar representado en el proceso constituyente con un cupo reservado que garantice la presencia de su voz colectiva en los procesos de deliberación de la Convención. Es la única forma de responder al mandato ciudadano por una constituyente democrática y democratizante y de resarcir, al menos en parte, la esclavización colonial y posterior invisibilización republicana que ha sufrido esta comunidad. Adhieren a esta declaración las siguientes organizaciones e investigadoras/es: Red Chilena de Estudios Afrodescendientes Colegio de Antropólogos y Antropólogas de Chile Colegio de Sociólogos y Sociólogas de Chile Núcleo de Estudios Afros y Revista Virtual “Kuriche” ONG Afrochilena LUMBANGA Colectiva de Mujeres Afrodescendientes Luanda Arica Negro, Recuerdos de la Chimba ONG Oro Negro de Afrodescendientes Chilenos Aluna Tambó, Colectivo de Mujeres Agrupación Social y Cultural Comparsa Tumba Carnaval […]
Esta es la respuesta que las agrupaciones de familiares de presos y presas por el estallido social, acompañadas por organizaciones de la sociedad civil, damos al jefe de estado, Sebastián Piñera, por su opinión de anticipar su veto y oponerse al proyecto de Ley de Indulto General promovido desde el parlamento por cinco senadores de oposición que cuenta con el respaldo de un relevante número de parlamentarios en el Congreso. 1.- Entendemos la respuesta del mandatario como una señal de incompetencia en el cargo que ostenta y del nulo valor que le asigna a la intervención del poder legislativo en delicadas materias de orden nacional como es la salida y solución a la crisis no resuelta entre ciudadanía, derechos sociales y la institucionalidad decadente, evidenciadas a partir del 18 de octubre del 2019. Nuestros hijos no son delincuentes ni terroristas y están injustamente encarcelados y procesados. 2.- El presidente Sebastián Piñera al declarar el 2019 la guerra al pueblo de Chile y ratificar los excesos de la represión policial durante los meses de movilizaciones – de expresión de malestar nacional por 30 años de colusiones y democracia privilegiada para unos pocos – está moralmente incapacitado para seguir gobernando ni de vetar nada, con el 7 % de apoyo ciudadano con que hoy cuenta. 3.- El poder actual del jefe de estado se ampara en una Constitución ya caduca y en una posición de fuerza sin arraigo ni legitimidad política ni social. La mera permanencia en el cargo es reveladora de la crisis y fractura no resuelta en nuestra sociedad que requiere un nuevo pacto social y un nuevo equilibrio de poderes. En el contexto de búsqueda de reencuentro nacional, iniciada con el plebiscito del 25 de octubre del 2020, Sebastián Piñera es hoy una piedra en el zapato, un estorbo, pues una gran mayoría de la población desconoce su legitimidad, deplora sus actuaciones y declaraciones, homologándolo al dictador Pinochet por su comportamiento represivo hacia la juventud, los trabajadores, mujeres, pobladores, el pueblo mapuche y hacia las organizaciones sociales movilizados por sus derechos desde antes y durante el estallido social. 4.- Los presos y presas políticos en prisión preventiva y arresto domiciliario indefinidos son expresión de un abuso operado desde el poder ejecutivo a través de las querellas que mantiene artificialmente el gobierno mediante la aplicación de la ley de Seguridad Interior del Estado y ese sólo hecho las convierte en prisión política. Los chilenos y chilenas movilizados, nuestros hijos y parientes fueron declarados enemigo público número 1 del Estado y así han sido tratados: detenciones brutales con golpizas y amenazas (30 mil en solo cuatro meses); encarcelados mediante acelerados procesos judiciales sin garantías de derecho y bajo cargos alucinantes inventados por la policía y avalados con juicio acrítico por los fiscales (3 mil casos). La policía bajo orden gubernamental, más que detenciones sustentadas en el mandato de la ley, ha realizado una verdadera cacería. Como consta en muchos procesos, hubo montajes y cargos inverosímiles bajo los cuales aún se mantiene […]
La Comisión de Derechos Humanos del Senado de Chile deberá iniciar esta semana la discusión de un proyecto de indulto a detenidos durante las protestas populares tras el estallido social de octubre de 2019. La pasada semana un grupo de senadores de varios partidos de oposición presentaron la iniciativa, que se sumó a los crecientes reclamos con ese mismo propósito de organizaciones sociales y políticas y que motivaron de forma recurrente las últimas manifestaciones en el país. Los partidarios de la libertad de esas personas afirman que la mayoría solo están presas por participar en las protestas y por lo tanto deben ser consideradas presos políticos, y que además una gran cantidad lleva meses tras las rejas sin proceso judicial alguno. Pero la propuesta de los senadores causó escozor en el gobierno y los partidos de derecha, que rechazan de plano cualquier tipo de indulto, con el argumento de que quienes están privados de libertad fueron detenidos por cometer delitos y que existen pruebas para que continúen los procesos judiciales. Tal criterio fue apoyado por el director para las Américas de la controvertida organización Human Right Watch, José Miguel Vivanco, quien calificó el proyecto como injustificado y negó que haya presos políticos, aunque admitió la existencia de demasiados casos de prisión preventiva. La opinión del funcionario fue rebatida duramente por familiares de los presos, que la consideraron sesgada, carente de realidad, desinformada e impropia para un organismo que dice velar por los derechos humanos. El abogado Jaime Fuentes, cuyo hermano Matías Fuentes lleva más de un año en prisión preventiva, sin sentencia, en el centro de reclusión Santiago Uno, declaró que Human Right Watch «que supervigila los derechos humanos dentro de los países, debiera generar una investigación objetiva y sobre todo escuchar a todos los actores involucrados». Asimismo, señaló que cuando se habla de prisión política «es porque hemos visto montajes efectuados por carabineros que han sido demostrados ante Tribunales de Justicia». Por su parte, Verónica Verdugo, vocera de la Agrupación de Familiares de Presos Políticos de Santiago Uno, señaló que «hemos vivido la violencia ejercida desde el gobierno hacia nuestras familias, a nuestros presos, al no escucharlos, al criminalizarlos y tratarlos de delincuentes». Este lunes se espera que el Instituto Nacional de Derechos Humanos se pronuncie sobre el tema, y en declaraciones recogidas por Radio Biobío, la consejera de esa entidad, Consuelo Contreras, se manifestó partidaria de avanzar en la iniciativa y aseguró que en Chile hay graves problemas con la aplicación de la prisión preventiva. Santiago de Chile, 14 de diciembre 2020 Crónica Digital /PL
Gloria de la Fuente, quien encabeza el Consejo para la Transparencia (CPLT) sostuvo reunión protocolar con la senadora Adriana Muñoz, para abordar, entre otros temas relevantes de su gestión, las propuestas que presentará el CPLT para el órgano constituyente y mecanismos en general, dado que a su juicio “en el acceso a la información pública y en la transparencia se juega parte importante del proceso”. Además, acordaron una colaboración del CPLT en la mesa de la Comisión de Derechos Humanos, que trabaja en una ley integral de reparación a víctimas de vulneraciones, ante ausencia de normativa en Chile. La necesidad de colaborar con el proceso constituyente, no sólo en los hitos plebiscitarios –de salida y entrada- sino desde antes de la conformación del órgano constitucional y durante todo el proceso, planteó la titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, a la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, en un encuentro protocolar desarrollado esta mañana. La titular del CPLT detalló a la senadora parte del trabajo que desarrolla el órgano que lidera desde octubre pasado y que le adelantó que en los próximos días presentará una propuesta concreta en términos del reglamento que debiera regir a la Convención Constituyente. En este sentido, comentó que “desde el punto de vista de las competencias que tenemos desde la Ley de Transparencia queremos hacer una propuesta entendiendo que en el acceso a la información pública y en la transparencia se juega parte importante del proceso”. La idea del Consejo, acorde lo planteó en el encuentro De la Fuente, es abrir el debate en términos del reglamento y normas vinculadas a probidad, transparencia y acceso a la información desde los inicios del proceso, e ir más allá de lo que está definido respecto del funcionamiento del órgano constitucional, como por ejemplo las obligaciones en materia de Ley del Lobby, la declaración de patrimonio e intereses, entre otras. En la misma línea, la titular de Transparencia señaló que el organismo tiene una propuesta en materia de contenidos, que se asocia a la aspiración de consagrar en el texto de la nueva Constitución tanto el derecho de acceso a la información pública como el derecho a la protección de datos personales, así como el reconocimiento constitucional o “alguna fórmula para subir el estatus que tiene el Consejo para la Transparencia” con el fin de tener potestad sobre otros órganos del Estado. En la cita, De la Fuente también revisó el estado de los dos proyectos de ley que se discuten en el Parlamento asociados a los principales ámbitos de competencia del CPLT: transparencia 2.0 y protección de datos personales, los que esperan puedan ver la luz pronto en un escenario en el que se requieren mejoras y adecuaciones de la normativa con miras a la consolidación de un ecosistema de transparencia, acceso a la información y probidad y un ecosistema de seguridad de los datos. Agenda de DDHH Asimismo, las autoridades coincidieron en la pertinencia de que el CPLT participe en la mesa de Derechos Humanos, iniciativa impulsada […]
