Familiares, compañeros/as y amigos/as de las 119 víctimas de la denominada Operación Colombo -montaje perpetrado en dictadura-, se manifiestan ante tribunales en repudio al fallo que absolvió a 61 ex agente de la DINA por su responsabilidad como autores de los secuestros de 16 personas.
Familiares y cercanos de las víctimas de la Operación Colombo, señalaron que “Estamos manifestándonos contra la impunidad. Hace unos años atrás comenzó un juicio para encontrar los culpables de secuestro, tortura y desaparición de 16 compañeras y compañeros, sin embargo el Juez Mera revocó el fallo a 61 ex agentes de la Dina, otorgándoles rebajas en las penas arguyendo, sorprendentemente, una irreprochable conducta anterior”.
Las y los manifestantes califican la resolución como un “aberrante fallo” y destacan un trato vejatorio respecto de los casos de derechos humanos en las que ha participado el Juez Juan Cristóbal Mera. Argumentan que el fallo sería antijurídico, pues viola el Principio del Derecho Penal Internacional de “Sanción adecuada a la gravedad de la infracción de los crímenes de guerra y lesa humanidad”.
“No queremos más verdad y justicia en la medida de lo posible, sobre todo porque hoy se han vuelto a violar los derechos humanos. Estamos convencidos y convencidas que la impunidad de ayer es la crisis de hoy”.
En pancartas y panfletos, las organizaciones de derechos humanos destacan que el juez Mera Muñoz, tiene un largo historial de fallos que revelan un sesgo a favor del poder y en desmedro de los tratados internacionales de Derechos Humanos, tanto en delitos de lesa humanidad ocurridos en dictadura, como en las últimas manifestaciones en el contexto del estallido de octubre de 2019.
Juez Mera, en la mira
Reiterados son los casos en que el juez Juan Cristóbal Mera ha fallado a favor de la absolución de autores de secuestro y desaparición, así fue en el caso de los detenidos desaparecidos y víctimas de la Operación Colombo, causa en la cual absolvió a 62 agentes de la DINA, condenado sólo a seis agentes a tres años de presidio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena, como autores del delito de secuestro calificado.
Así mismo, fue partícipe de reducir la condena a otros 11 acusados de secuestro y homicidio en 1976. Entre los ex agentes absueltos se encuentra Pedro Espinoza (ex jefe de Operaciones de la Dina). A todos los condenados se les aplicó el beneficio de libertad vigilada.
Recientemente, en el caso Torturas en Plaza Ñuñoa, el juez revocó la prisión preventiva a carabineros acusados de tortura contra el manifestante Moisés Órdenes en Plaza Ñuñoa. Desestimó el delito de tortura y lo sustituye por violencia innecesaria. Carabineros quedó tan solo con arraigo nacional y firma semanal. Cabe destacar que la víctima, producto de la acción de carabineros, perdió la visión de uno de sus ojos, pulmón perforado, cinco costillas fracturadas, hombro dislocado, dentadura rota y fractura nasal.
Por otro lado, en Pleno extraordinario de Corte de Apelaciones, decide anular la sentencia del juez del séptimo juzgado de garantía, que rebajó medidas cautelares a integrantes de la denominada Primera Línea, acusados de desórdenes públicos, por razones humanitarias en el contexto de la pandemia. En contrapartida, decidió suspender de sus funciones al juez Daniel Urrutia. Entre los jueces que participaron de ese pleno, se encontraba Juan Cristobal Mera, quien había sido denunciado, previamente por Urrutia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por hostigamiento.
Los fallos del Juez impunes del Juez, no solo se ven reflejado en casos relacionados a derechos humanos, sino también a escándalos de corrupción. Así fue con el caso de Eurolatina donde Mera, como ministro en visita, decidió absolver a los dueños de Eurolatina de los cargos de estafa y usura. A esto se suma recientemente la revocación de la prisión preventiva a los culpables del caso apodado “Pacogate”, considerado el mayor fraude de la historia del país, alcanza un monto avaluado por sobre los $28.348 millones. Así , el general (r) Iván Whipple, el coronel (r) Jaime Paz y el capitán (r) Felipe Ávila que podrán acceder a su libertad pagando cinco millones, mientras que a los imputados Juan Maldonado, Randy Maldonado, José Inapaimilla y el coronel (r) Francisco Reyes, se les fijó una caución de tres millones.
Santiago de Chile, 13 de enero 2021
Crónica Digital
