DESTACAN IMPORTANCIA DEL DESAFUERO DE DIPUTADO MATINEZ

 El desafuero de un parlamentario chileno, acusado de crímenes de lesa humanidad, es un hecho histórico en la lucha por la verdad y la justicia, aseguró hoy aquí el abogado Eduardo Contreras.

El jurista celebró que la Corte Suprema de Justicia de su país haya ratificado hoy una solicitud de la Corte de Apelaciones de Valdivia, que en mayo pasado pidió el desafuero del diputado Rosauro Martínez Labbé, del partido Renovación Nacional.


Es la primera vez en muchas décadas que se desafuera a un parlamentario en 
Chile, salvo el año 2000, cuando la medida se le aplicó al exdictador Augusto Pinochet, afirmó en declaraciones a Prensa Latina.

El destacado defensor de los derechos humanos recordó que Martínez Labbé, miembro de la represiva Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), dirigió la «Operación Machete», ejecutada por la Compañía de Comandos Número 8 del Batallón Llancahue, de la Cuarta División del Ejército.


En ese marco, Martínez Labbé es investigado por su participación el 20 de septiembre de 1981 en el «Caso Neltume», donde tres jóvenes del movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) fueron asesinados.


La muerte de Próspero del Carmen Guzmán Soto, Patricio Alejandro Calfuquir Hernández y José Eduardo Monsalve Sandoval tuvo lugar en el sector de Remeco Alto, Panguipulli.


Contreras, embajador de su país en Uruguay, integró la parte querellante junto a Alicia Lira, dirigente de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.


Señaló que durante el proceso Martínez Labbé negó todo e, incluso, alegó haber sido víctima de una «persecución comunista» y, particularmente, del
abogado Contreras.


Durante el gobierno del presidente Salvador Allende (1970-1973), Contreras fue diputado por la misma región (Valdivia) de Martínez Labbé, hasta el golpe militar, que lo llevó a la clandestinidad y al exilio.


El abogado señaló que el desafuero de Martínez Labbé tiene un gran impacto en 
Chile porque ahora cesa como diputado y queda legalmente sometido a proceso.

Opinó que dadas las características del crimen y los agravantes del caso, probablemente termine en la cárcel con penas superiores a 20 años de privación de libertad.

Por Jorge Luna

Montevideo, 14 de junio 2014
Crónica Digital

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