El Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Policial, ante los hechos ocurridos anoche en La Araucanía, donde bandas de civiles armados atacaron concertadamente las municipalidades tomadas por comuneros mapuches de Ercilla, Curacautín, Victoria y Traiguén, y a plena vista de Carabineros de Chile, denunciamos lo siguiente: Chile ha sido testigo de la más grave e irracional violencia desplegada por un grupo coordinado de activistas civiles, quienes profiriendo insultos y gritos racistas atacaron y golpearon a los comuneros del pueblo nación-mapuche que estaban al interior de las dependencias de las Municipalidades en Curacautín, Ercilla, Victoria y Traiguén. La actuación de estos grupos armados que operaron en estas municipalidades, aparentemente coordinados por Gloria Naveillán, vocera de APRA (Asociación para la Paz y la Reconciliación de la Araucanía), da cuenta de la incapacidad del Estado chileno para el diálogo, o bien, de la expresa voluntad del ministro Pérez de resolver problemas complejos por la vía violenta y matonesca y al margen de toda norma jurídica o social. El Ministro del Interior, de acuerdo con la historia pública de sus convicciones, su vínculo con Colonia Dignidad, su negacionismo respecto de la violación de los DDHH en Chile, ha hecho valer un silencio que tácitamente autoriza hechos como los ocurridos. Su presencia en la zona no ha buscado el diálogo para avanzar en una solución real del conflicto histórico que vive la Araucanía. Por el contrario, ha puesto de relevancia que el pueblo nación-mapuche debe someterse a los intereses de quienes han usurpado sus tierras y resquebrajado su historia y dignidad. Carabineros de Chile habría estado en conocimiento, de acuerdo con la filtración pública de una conversación telefónica, de las acciones de estos grupos civiles violentistas coordinados por la vocera de APRA y se habrían omitido de actuar, permitiendo el ataque de estas bandas de civiles durante la vigencia del toque de queda, lo que además transgrede los resguardos impuestos por la autoridad respecto del estado de emergencia. Responsabilizamos al Ministro del Interior, Víctor Pérez, de lo sucedido anoche en el Wallmapu, la vulneración de la integridad física y psíquica de los comuneros mapuches que ahí se encontraban, incluidos mujeres, niños y niñas que fueron detenidos y separados de sus madres, de los heridos por civiles y de la escalada de violencia que implica haber dejado actuar a civiles armados en contra de otros civiles. Queda en evidencia que el Estado de Chile, a través del gobierno del Presidente Piñera, continúa profundizando su deuda histórica con la defensa de los Derechos Humanos de todas las personas que han habitado el Wallmapu por generaciones. La vulneración de sus derechos ha sido una práctica sistemática del Estado chileno y, en ese contexto, el comportamiento de las Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile -por acción u omisión- ha demostrado lo implacable e inhumano de un sistema que defiende los intereses de los dueños del capital y del poder. Las autoridades de gobierno deben cesar el maltrato hacia las comunidades mapuche e imponer la ejecución de políticas públicas que […]
DD.HH.
“Sabíamos que Pérez-Varela sería la voz de la derecha dura en La Moneda, pero jamás nos imaginamos que tras su primera intervención oficial en la Araucanía, el pueblo Mapuche sería atacado”, manifestó el senador Alejandro Navarro tras el ataque sufrido por comuneros en las comunas de Curacautín y Victoria. De acuerdo al senador por la Región del Biobío, “la gestión del nuevo Ministro del Interior se ha iniciado llena de racismo, de violencia, de agresiones hacia el pueblo Mapuche. No deja de llamar la atención que solo un día después de que Pérez-Varela fuese a Temuco a entregar un discurso duro, en el que señaló que en Chile no hay presos políticos, grupos de extrema derecha llegasen a atacar a comuneros Mapuche que tenían tomados los municipios de Victoria y Curacautin”. “Y si esto no fuera suficiente”, continuó, “el desalojo de diversos municipios tomados por comuneros, fue hecho de una forma muy violenta, por lo que hay decenas de heridos de diversa consideración”. Para Navarro, “quienes han participado son civiles, convocados por civiles en pleno toque de queda, con conocimiento de la autoridad. Aquí hubo información previa de estos hechos y Carabineros no actuó; el Jefe de la Defensa Nacional en la zona, no actuó”. “Ante esto”, prosiguió, “se hace urgente la necesita de un relator especial de las Naciones Unidas para que investigue lo que está ocurriendo en la Araucanía, pues el Ministro dio una señal, pero creo que fue una señal equivocada; estos hechos de violencia se van a repetir, y hoy ocurren con un fuerte contenido racista”. De acuerdo al fundador del Foladh, “esta acción viola todos los pactos internacionales, y los convenios firmados por Chile en materia de respeto de los DDHH de los pueblos originarios. Aquí se ha ejercido violencia organizada, y el Gobierno no ha actuado”. “Por ello, voy a solicitar un relator de las Naciones Unidas para que visite Chile e investigue estos hechos. Vamos a hacer además un llamamiento a la Comisión Interamericana de DDHH, para que cite a Chile a dar cuenta sobre estos hechos. Y pediremos una sesión extraordinaria conjunta de las omisiones de DDHH del Senado y de la Cámada de Diputados y Diputadas”, anunció. Cabe destacar que la Declaración ONU sobre Derechos Pueblos Indígenas (2007) firmada por Chile, señala: “Todas las doctrinas, políticas y prácticas basadas en la superioridad de determinados pueblos o individuos o que la propugnan aduciendo razones de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales son racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y socialmente injustas”. Para finalizar, Alejandro Navarro enfatizó que, “todos sabemos como comienza el racismo, nunca como termina, debemos enfrentar estos hechos con responsabilidad. Hemos condenado la violencia, venga de donde venga y el gobierno ha cometido un error, dio una señal equivocada y fue la chispa que incendió la pradera”. Santiago de Chile, 2 de agosto 2020 Crónica Digital
El largo e histórico conflicto por los reclamos del pueblo mapuche centra hoy la atención en Chile tras la violencia recrudecida desde la víspera en la región de La Araucanía. Durante la noche y madrugada fueron incendiadas las alcaldías de Ercilla y Traiguén, que se encontraban ocupadas desde hace días por miembros de la comunidad mapuche en apoyo a una huelga de hambre que sostienen 20 presos desde hace más de dos meses, entre ellos el líder espiritual Celestino Córdoba. También se produjeron fuertes enfrentamientos en los municipios de Victoria y Curacautín, cuando efectivos de Carabineros acudieron a desalojar las alcaldías e incluso civiles armados se enfrentaron a los ocupantes de esas instalaciones en una escalada de violencia con claros tintes racistas. En medio de esa situación, los abogados de la Defensoría Popular, Rodrigo Andoñe y Lorenzo Morales, presentaron un recurso de amparo preventivo contra el ministro del Interior Víctor Pérez, y Luis Sepúlveda, jefe de Zona de la Defensa Nacional. El texto advierte que el viernes el ministro se reunió con autoridades y ‘dirigentes de la zona’, obviando contactar con las autoridades indígenas que reivindican que el gobierno cumpla el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Asimismo plantea que los sucesos de las últimas horas ‘configuran claramente actos que ponen en peligro su libertad personal y seguridad individual, particularmente cuando carabineros hace omisión, avala una gran circulación de civiles en toque de queda’. Por su parte, el vocero del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, criticó la actuación del ministro Víctor Pérez, y ‘los actos de odiosidad racial y violencia cometida por los chilenos en contra de los mapuche, que ocupaban pacíficamente el municipio de Curacautín y Victoria’. Huilcamán aseguró que el ministro ‘en su viaje a La Araucanía y sus declaraciones, incentivó no solo la violencia institucional del Estado chileno, sino también la violencia y odiosidades raciales’. Por su parte, en declaraciones a Radio Cooperativa, el alcalde de Victoria, Javier Jaramillo, culpó al Gobierno por los incidentes ocurridos, pues ‘no tuvimos el apoyo de las autoridades políticas, pues el ministro no se quiso juntar con los alcaldes de Malleco’. Asimismo criticó ‘la negatividad del ministro del Interior de juntarse a dialogar con nosotros y decir por la prensa que había que sacarlos a como dé lugar a través del desalojo’ para concluir que ‘es el Gobierno el que está incitando cada vez más al odio’. En tanto el presidente del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, señaló que el Estado ‘no ha cumplido con el deber de garantizar la paz respetando los derechos humanos. No habrá paz en Chile si no la hay en La Araucanía’. Santiago de Chile, 2 de agosto 2020 Crónica Digital/PL
* La parlamentaria fue tajante en señalar que «los ataques la noche de este sábado claramente contaron con la complicidad de Carabineros de la zona». * Además emplazó al gobierno a tomar acciones judiciales contra la civiles que violaron toque de queda. La diputada Mapuche Emilia Nuyado rechazó el ataque de grupos organizados de civiles en contra de mapuche que mantenían tomas en distintos municipios de la Araucanía y afirmó que «a la luz de estos acontecimientos podemos perfectamente dudar de las reales intenciones de la visita del MInistro Víctor Pérez a la zona». Sobre este punto, la parlamentaria afirmó que » la visita del Ministro del Interior sólo sirvió para azuzar a grupos racistas que organizaron y coordinaron estos ataques». «La ola de racismo vivida la noche de este sábado en las municipalidades de Traiguen, Curacautín, en Victoria y Ercilla, en el que turbas armadas actuaron por la fuerza contra mapuche que mantenían tomas pacíficas, demuestra que existe coordinación de civiles con carabineros, quienes además colaboraron con estas personas y permitieron que se quemaran vehículos de particulares. Las autoridades y los grandes Poderes económicos están usando estrategias de fines del siglo XIX ,cuando los colonos usaban a los peones para echar a las comunidades. Esta es la estrategia que al parecer usará el Ministro Víctor Pérez”. En este mismo sentido, la parlamentaria agregó que «la ley solo se aplica contra los mapuche, porque no se entiende que no hayan personas detenidas por las quemas de vechículos y la violación del toque de queda». «Esto es señal de discriminación y nos demuestra que hay enquistado un racismo esctuctural e institucional que hoy tiene todo permitido. Y yo responsabilizo al Ministro del Interior directamente de incitar estas acciones con sus declaraciones. Si esto empeora será responsabilidad de este gobierno….La militarización de Wallmapu y la represión de los mapuche no es la salida, si el Estado sigue este camino seguramente veremos más violencia», concluyó la diputada Mapuche Emilia Nuyado. Santiago de Chile, 2 de agosto 2020 Crónica Digital
“Resulta profundamente indignante que en casi dos horas de cuenta pública el Presidente Sebastián Piñera no haya mencionado ni una vez a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos ocurridas a partir de octubre de 2019, las más graves desde el retorno a la democracia”. Este fue el categórico pronunciamiento de la sección chilena de Amnistía Internacional, una de las más reconocidas entidades en el mundo por su labor en defensa de los derechos fundamentales. Subrayó: “Nos alarma no ver un compromiso de su parte con la búsqueda de verdad, justicia y reparación, ni tampoco con garantizar la no repetición de estos hechos”. Asimismo, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, expresó: “Lamentamos que el Presidente de la República no haya hecho mención a las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos, ocurridas a partir de octubre” de 2019. “Este era el momento de expresar un compromiso claro con la verdad, con la justicia, con la reparación y con garantías de no repetición”, añadió. En efecto, en el mensaje presidencial no existe ni la más mínima referencia a la materia. En cambio, se constata una reiteración de los ejes discursivos del Primer Mandatario desde la irrupción de la protesta ciudadana: criminalizar la movilización, reducir al fenómeno de la violencia, eludir toda consideración respecto de sus causas sociales, invocar la prioridad del orden público y hacerlo sinónimo de paz social, eludir el reconocimiento de la existencia de graves y numerosas violaciones a los derechos humanos. Así, al comienzo de la Cuenta se refirió a “la ola de violencia y vandalismo que conocimos a partir del 18 de octubre (de 2019) y que debemos desterrar por el grave daño que esa violencia causó al cuerpo y al alma de nuestra nación”. Fue la única referencia explícita al llamado “estallido social”. Más adelante, Piñera señaló: “Hemos visto en los últimos tiempos como la violencia, la intolerancia, están afectando nuestro debate democrático y debilitando la paz social. La violencia callejera, las funas, el vandalismo, el amedrentamiento, son incompatibles con una sociedad democrática (…) Debemos condenar siempre la violencia, con voluntad, con coraje, sin ninguna duda, sin ninguna ambigüedad, venga de donde venga, ya sea física o a través de redes sociales o por cualquier otro medio. Y no podemos tolerar que la impunidad que otorgar el anonimato termine imponiéndose en nuestro país”. “Nuestra democracia tiene el derecho y el deber de protegerse, y de proteger el Estado de Derecho y de proteger a la ciudadanía frente a la violencia. Y esta tarea fundamental recae en las instituciones que la Constitución consagra para esa función, que son el Gobierno, las Policías, el Ministerio Público, los Tribunales de Justicia y Gendarmería. Todas instituciones fundamentales para la República y que todos debemos respetar”, continúo. Y subrayó: “Como Presidente de todos los chilenos, y pensando muy especialmente en las víctimas de la violencia, pido a este Congreso acelerar la aprobación de los proyectos de ley enviados por nuestro Gobierno desde hace […]
La parlamentaria dijo que «si el gobierno solo se reúne con los latifundista, es un claro indicio que continuarán con su política represiva hacia el Pueblo Mapuche». La diputada Mapuche, Emilia Nuyado, emplazó al Ministro del Interior, Víctor Pérez, a que durante su visita a La Araucanía «vaya a escuchar a las comunidades afectadas por la Represión policial». A juicio de la parlamentaria «hasta el momento el gobierno ha continuado e incluso aumentado las medidas represivas contra nuestra comunidades, por eso el llamado es que de una vez por todas entiendan que no van a resolver las demandas territoriales con armas, carabineros o militares» » Si el gobierno solo se reúne con los latifundista, es un claro indicio que continuarán con su política represiva hacia el Pueblo Mapuche y eso no es aceptable bajo ninguna circunstancia. No queremos más mapuche muertos por el Estado», dijo Emilia Nuyado. Sobre este mismo punto, la legisladora agregó «aquí la primera señal es que se escuche a las voceras del Machi Celestino Cordova, Voceros y pu Lonko de Angol, que llevan 89 días de huelga de hambre esperando dialogar con el Gobierno. Pero además debe dar una señal concreta de que se va respetar el convenio 169 de la OIT y comenzar un proceso del restitución de tierras a nuestro pueblo». «Hace años existen demandas claras y pasan por la devolución de nuestras tierras y ninguna autoridad se ha querido hacer cargo de esto», concluyó la diputada Mapuche Emilia Nuyado. Santiago de Chile, 31 de julio 2020 Crónica Digital
Un contundente espacio de reflexión sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes realizará hoy el Foro Latinoamericano de Derechos Humanos (Foladh), con un conversatorio e intercambio de ideas en el que participaran personalidades y relevantes expertos en la materia, según informó Jonatan Díaz, director ejecutivo de la entidad. En la actividad participarán la presidenta del Senado, Adriana Muñoz; la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz; Francis Valverde, directora ejecutiva de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (ACHNU) y vocera del Bloque por la Infancia; el psicólogo Camilo Morales, coordinador del Núcleo de Infancias de la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) de la Universidad de Chile; y José Andrés Murillo, director ejecutivo de la Fundación para la Confianza. La iniciativa se concretará hoy jueves 31 de julio, a las 16:00 horas, con una transmisión en vivo por Facebook Live a través del Foro Latinoamericano de Derechos Humanos. Las circunstancias de pandemia y cuarentena han impacto especialmente a las niñas, niños y adolescentes como resultado del cierre de los establecimientos educacionales (colegios, escuelas y jardines infantiles); la tensión al interior de las familias por la incertidumbre en materia laboral y económica; las dificultades de acceso a las plataformas de educación a distancia; la prohibición de salir a las calles o a jugar en plazas y parques; el incremento de los casos de violencia al interior del espacio de la familia. Como se recordará, el Foro se presentó en sociedad en enero pasado con un encuentro internacional sobre la temática de los derechos humanos, desarrollado en el ex Congreso Nacional y que contó, entre otros, con la participación del ex magistrado Baltasar Garzón. Santiago, 31 de julio 2020. Crónica Digital.
La Corporación Memoria Chacabuco denunció hoy trato inhumano e indigno por parte del ministerio de Salud (Minsal), en contra el periodista y jefe de comunicaciones de la entidad humanitaria, Ángel Arias Quezada. Según un comunicado de prensa al que tuvo acceso Crónica Digital, el dirigente de los sobrevivientes del campo de concentración de prisioneros políticos de Chacabuco, durante los primeros años de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-90), este lunes tras saber los resultados del PCR, que dio positivo, solicitó al Minsal unas residencia sanitaria. Arias vive junto a su compañera de 72 años en un departamento en Santiago Centro. Según el defensor de los derechos humanos, ella sufre de «fibrosis pulmonar hace 5 años y por precaución hice esta solicitud, y entregaron el número de reserva 39769». «Luego de 48 horas, ayer, un funcionario del Minsal, «me llamó para tomarme los datos y detalles de mi estado». Luego de este trámite, «el ministerio se comunicó conmigo para informarme que no cumple con la edad para recibir este beneficio, pues el Ministerio de Salud solo lo da a menores de 65 años». Agregó que desde el Minsal, le informaronque los mayores de 65 años deben recurrir al CESFAM del barrio y que «no ha sido calificado por tener 69 años de edad» Tanto el Circulo de Periodistas de Santiago y la propia Corporación Memoria Chacabuco, realizaron una serie de consultas con la entidad sanitaria y la respuesta de la autoridad, es que los cambios de protocolos se habian realizado hace una semana. Rechazamos la actitud del Minsal «hacia una persona mayor. Nos parece inadecuada e inhumana, y quien más tarde, deja entrever que no es un protocolo respaldado por un decreto, como debe ser, sino un acuerdo o lo que es peor, una orden sin respaldo motivada simplemente para ocultar información que permita bajar los números de las estadísticas para un pronto desconfinamiento y falsa normalidad a costa de la negación de ayuda para los adultos mayores de 65 años en las residencias sanitarias del Minsal», denunció la Corporación Memoria Chacabuco. En tanto, el Colegio de Periodistas de Chile, se preguntó: ¿Nos preguntamos qué ocurre con los pacientes mayores de 65 años que no pueden realizar la cuarentena en sus hogares? ¿Nos preguntamos por qué en los avisos reiterados en televisión o las declaraciones de las autoridades sanitarias se llama a recurrir a este sistema de residencias sanitarias, si al solicitarlo es denegado? Nos parece una negligencia brutal que los mayores de 65 años no puedan acceder a un servicio completamente indispensable. Santiago de Chile, 30 de julio 2020 Crónica Digital
a resolución se tomó en conjunto con el rechazo del recurso de reposición interpuesto por la defensa de las autoridades a la acción judicial iniciada por el edil de Recoleta, Daniel Jadue, por lo que ambas seguirán el proceso de investigación. El tercer juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella por cuasidelito de homicidio, denegación de auxilio y abandono de destino interpuesta por la Concejala de Conchalí, Grace Arcos, en contra del Presidente, Sebastián Piñera, el ex Ministro de Salud, Jaime Mañalich, los subsecretarios de Salud, Paula Daza, y de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, además quienes resulten responsables por las muertes ocurridas en dicha comuna por causa del coronavirus. Grace Arcos, concejala de Conchalí que lidera esta acción judicial, valoró la determinación apuntando a “la importancia de esta decisión, pues no solo resuelve que en términos formales la querella está bien presentada, sino que desmiente el argumento falaz de la defensa del presidente y el ex ministro en relación a un aprovechamiento político que tendrían estas iniciativas”. Además, afirma que “hemos recurrido a la justicia para que se establezcan las responsabilidades que puedan recaer sobre quienes han estado a cargo del manejo de la pandemia, que a nuestro entender han cometido graves errores que han sido parte del debate público y refutado por expertos, como la tardanza en el establecimiento de cuarentenas. Para nosotros es muy importante que se investigue y eso tendrá que determinarlo la justicia”. “La querella contiene datos de 20 personas de Conchalí que fallecieron a causa del Covid-19. Para eso, nos pusimos en contacto con sus familias, les explicamos respecto a la acción judicial y las hicimos parte de esta acción. En general hay muy buena aceptación, porque junto al dolor de perder a un familiar, hay un sentimiento de injusticia muy grande, de saber que no se hicieron todas las acciones posibles para poder salvarle la vida a su familiar” precisa la edil. En el documento de 40 páginas patrocinado por el abogado Ramón Sepúlveda, se destaca que “en Chile era clara y urgente necesidad de toma de medidas concretas y radicales encaminadas a evitar un nivel de contagios tan elevados como los detectados en aquellos países. La propagación de este virus pudo advertirse de manera pública y notoria, ya que daba cuenta de que el contagio era a través del contacto entre personas, lo que se agrava por la falta de acciones y medidas específicas para combatir la velocidad y alcance de la propagación del virus”. “Se puede observar por parte de los querellados, todos autoridades de Gobierno, una serie de acciones, omisiones y comportamientos erróneos inexcusables(…), que a nuestro criterio constituyen faltas graves a su función pública y que configuran en el caso en comento figuras penales tipificadas por nuestro legislador”, se agrega en el escrito. La decisión se tomó junto al rechazo del recurso de reposición en contra de la admisibilidad de la querella presentada por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, interpuesto por los abogados Samuel Donoso, Gabriel Zaliasnik […]
La pandemia y las familias migrantes: aspectos humanitarios en una crisis sanitaria y social, fue un conversatorio transmitido en vivo en la que entidades de inmigrantes en Chile y expositores nacionales, evidenciaron las medidas insuficientes y el desamparo que viven las familias extranjeras en territorio nacional. Durante el lunes 27 de julio a eso de las 18:30 horas, comenzó el conversatorio en vivo llamado “La pandemia y las familias migrantes: aspectos humanitarios en una crisis sanitaria y social”. El cual fue transmitido a través de las plataformas Youtube, Facebook y Twitter. La instancia fue organizada por la Fundación Equidad Chile, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, la Asociación Venezolana en Chile, por Mesas Temáticas del Senado y el Instituto Igualdad. Los moderadores fueron Ronald Wilson y Lucía Rabelo, pertenecientes a las dos últimas organizaciones, respectivamente. La cédula y las fronteras idiomáticas: En ese contexto, la expositora, abogada y magíster en derecho constitucional, explicó que “todos quienes vivimos en territorio nacional, somos iguales ante la ley”. Sin embargo, cuando se trata de inmigrantes, a pesar de lo establecido por el marco legal chileno, las condiciones no son igualitarias y, sobre todo, cuando los individuos se ven limitados por un documento de identificación, según explicó la legista. No obstante, el presidente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes Héctor Pujols, expuso acerca del Plan de retorno humanitario desarrollado por el Gobierno y lo calificó como una “medida inhumana”, “bastante miserable” y explicó que “ni académicos ni entendidos apoyan este proyecto” que, además, tiene un carácter centralizado. En ese sentido, esclareció que la Coordinadora envió una carta a La Moneda y no hubo resultados: “Cuando veíamos que la cosa iba en serio y que ya la cosa iba a tener unos efectos muy complejos, le planteamos una carta para prevenir, con propuestas, (…) propuestas que nunca fueron escuchadas. Por ejemplo, una de ellas, la más importante, es iniciar un proceso de regulación. Es decir, que las personas que estaban ya residiendo en el país, primero por un tema de derechos necesitaban tener una cédula y, segundo, para la seguridad del Estado porque necesitamos saber cuántas personas extranjeras residen en el país, porque estas personas no son turistas, estas personas residen en el país habitualmente”. “Hablamos también de traducir a los diferentes idiomas (…) la información en términos de salud, que eso se pudiera realizar. Cosa que tampoco hicieron y que tuvieron que hacer las organizaciones y las universidades”. Pujols destacó la vulneración a los infantes y la inexistente cobertura con aquellos, cuyos padres, se encuentran en una situación irregular de identificación pero los niños son chilenos y tras lo señalado, no pueden acceder a los aportes de Junaeb. El trato inhumano del gobierno Luis Zurita es expresidente de la Asociación de Venezolanos y actualmente pertenece al Foro Académico de Migrantes en Chile. Él, destacó un fenómeno ya comentado por expertos y dijo que “la pandemia agudizó los problemas”, algo que ha afectado a los chilenos pero que ocurre más fuertemente cuando se trata de extranjeros […]
