El Foro Latinoamericano de Derechos Humanos (Foladh) llamó al Estado de Chile a conceder al líder mapuche Celestino Córdova el cumplimiento del resto de su condena en su comunidad, por su grave estado de salud. El machi (autoridad espiritual mapuche) quien fuera sentenciado en 2014 a 18 años de cárcel en un sonado caso considerado con evidentes tintes políticos, cumplió ya 60 días en huelga de hambre en protesta por la negación a su solicitud. Jónatan Díaz, director del Foladh, declaró a los medios de prensa que Córdova, quien realiza la huelga de hambre líquida, presenta un grave deterioro de su salud y un evidente riesgo de muerte o secuelas severas irrecuperables, tal como lo ha señalado el equipo médico que lo está asistiendo. Díaz subrayó que «desde el Foro Latinoamericano de Derechos Humanos hacemos un llamado al Estado de Chile para defender la vida y la dignidad de los pueblos indígenas y a acoger la demanda del machi, que responde a su derecho» como autoridad espiritual. Ese derecho, explicó, está consagrado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)». Por su parte, el senador Alejandro Navarro, presidente del Foladh, consideró «impresentable que en pleno siglo XXI un ser humano deba llevar a una prolongada huelga de hambre para que un Estado haga efectiva la aplicación de su derecho». «En Chile -dijo Navarro- no se respeta a las primeras naciones ni su cosmovisión, sus derechos ancestrales son continuamente vulnerados, incluso aquellos reconocidos por el propio ordenamiento jurídico interno y tratados internacionales». El legislador por el Partido Progresista anunció invitará para el próximo jueves a representantes de Córdova a una sesión de la Comisión senatorial de Derechos Humanos Nacionalidad y Ciudadanía, para que informen sobre el estado de salud de la autoridad espiritual mapuche. Recientemente, Córdova anunció, a través de su vocera Cristina Romo, que intensificará la medida de protesta y comenzará una huelga de hambre seca, lo que podría poner en riesgo su vida según advierten sus allegados. Santiago de Chile, 7 de julio 2020 Crónica Digital/PL
DD.HH.
Las Urracas Emaús manifestaron hoy su profundo sentimiento de pesar y solidaridad ante la partida de la compañera Angela Jeria, madre de la expresidenta Michelle Bachelet. “Adhiriéndonos a las múltiples manifestaciones que ha provocado su partida y a las distintas evocaciones de lo que ha representado su actitud permanente de defensa de los perseguidos por la dictadura y en particular de los aviadores que se opusieron al golpe militar”, dice un comunicado de prensa al que tuvo acceso Crónica Digital. Recordaron que su relación con la compañera Angela Jeria se “dio en la década de los 80 luego de su retorno del exilio en que nos encontramos junto con ella formando parte del Consejo del Servicio Universitario Mundial Chile (W.U.S.-Chile) que tuvo una intensa actividad protegiendo a perseguidos políticos relacionados con la actividad universitaria y luego con un programa de becas de retorno para muchos que volvieron del exilio a participar en las actividades sociales y políticas de ese entonces”. “Tuvimos la ocasión de conocer y trabajar con la compañera Angela junto a muchos compañeros que volvían a participar de la resistencia de la dictadura y de trabajar con una diversidad de miembros de ese equipo entre los cuales recordamos con cariño, además de Angela, al padre Rafael Maroto, a Juan Cavada, German Correa, José Bengoa, Germán Molina, Juan Gabriel Valdés, Ricardo Solani y otros nombres que pasado ya más de 40 años se escapan de la memoria”, apuntó el documento. A través de esta breve evocación queremos testimoniar nuestro afecto por lo que significó haber conocido a la compañera Angela Jeria siempre llena de vitalidad, optimismo y de compromiso solidario. Nuestros mejores sentimientos para su familia y compañeros de aquel entonces, con los que compartimos una pequeña parte de nuestra historia”, finaliza el comunicado de prensa. Santiago de Chile, 5 de julio 2020 Crónica Digital
La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, de la Cámara de Diputados, Emilia Nuyado, anunció que invitará a la Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell y al General Director de Carabineros, Mario Rozas, debido a las nuevas informaciones surgidas en el caso de Gustavo Gatica, donde se vincula directamente a funcionarios de la institución, significando incluso, la baja del Teniente Coronel, Claudio Crespo. Según destacó la diputada Nuyado, «gracias al trabajo de Prensa Independiente, Amnistía Chile y la PDI, se ha comenzado aclarar este caso emblema durante las protestas sociales del 2019, porque representa la brutalidad con que Carabineros reprimió a manifestantes». «Lo que nos parece inaceptable es que la autoridad se lave las manos en este caso, cuando la misma institución, apoyada por el Gobierno, aseguraron que los disparos de balines que dejaron ciego al joven estudiantes el 8 de noviembre del 2019, no provenían del arma de un carabinero, e incluso, se deslizó que la responsabilidad era de los mismos manifestantes. Me parece que las autoridades deben responder en esta caso», dijo la parlamentaria. En este mismo sentido, la diputada Nuyado agregó que «aquí hay dos opciones, o intentaron encubrir a estos funcionarios o simplemente una vez más han demostrado incapacidad para inculcar a sus funcionarios los protocolos correctos en materia de derechos humanos. En cualquiera de los casos, ellos deben responder por esta situación, el doloroso caso de Fabiola Campillay y los cientos de chilenos que fueron mutilados durante las protestas del 2019». «No puede pasar colado que justo cuando aparecen las fotos del Teniente Coronel Crespo, se lo da de baja y curiosamente luego aparecen registros con dos autoridades de Gobierno. Creemos que tanto el General Rozas y la Subsecretaria Martorell, deben dar una explicación al país y ante el Congreso. Por eso hemos decidido invitar para el próximo lunes a ambos personeros y no descartamos sumar más personas a la lista de invitados a la Comisión de Derechos Humanos, de la Cámara»; concluyó la diputada Emilia Nuyado. Santiago de Chile, 2 de julio 2020 Crónica Digital
La exportación sin control de una pistola de extinción de incendios de una empresa germana a Chile fue ilegal, según la evaluación del Servicio Científico del Bundestag de Alemania. Los expertos del Bundestag concluyeron que la Oficina Federal de Economía y Control de las Exportaciones (Bafa) debería haber regulado la venta de la pistola de impulso ‘Ifex3000’ a Chile para descartar posibles violaciones de los derechos humanos. De hecho, después de la venta de la pistola, se habían hecho acusaciones contra Carabineros en Chile. Según los medios de comunicación social y la oposición a la derecha, los carabineros usaron el dispositivo como arma en contra de los manifestantes en las protestas masivas contra el Gobierno de Sebastián Piñera, aunque originalmente fue producido y exportado solo para la lucha contra el fuego. Las denominadas pistolas de impulso son vendidas por la empresa Ifex Technologies GmbH, con sede en Sittensen, Estado federado de Baja Sajonia. Según su propia publicidad, “han cambiado radicalmente el mundo de la lucha contra el fuego en pocos años”. Los videos de usuarios y medios chilenos muestran aparentemente como Carabineros de Chile, institución que ha sido duramente criticada por la ONU por las violaciones de los derechos humanos, utilizan pistolas de impulso, que se parecen mucho a las de la compañía, contra manifestantes. La pistola de extinción, que está conectada a un tanque de aire comprimido y agua, acelera el líquido en una cámara de presión hasta 25 bares a 430 kilómetros por hora, según el fabricante. Ifex Technologies GMBH elogia la pistola de pulsos como un instrumento eficaz para la lucha contra el fuego. Sin embargo, en la página inicial de la empresa también figuran la “Policía de México”, la “Policía Militar de Indonesia”, la empresa de seguridad Securitas y la Policía de Berlín como compradores de productos de Ifex. Chile es mencionado bajo el título “Clientes y distribuidores en todo el mundo”, y en Facebook la empresa destaca el despliegue en el país sudamericano. Según el reglamento antitortura de la Unión Europea, la exportación debería haber sido controlada, según un informe de los científicos del Bundestag, que está a disposición de la Agencia Informativa Prensa Latina. «Las pistolas de extinción IFEX están sujetas a controles de exportación, ya sea como equipo de montaje permanente con una amplia gama de uso o como equipo portátil con una gama de uso reducida», dice el dictamen. Sin embargo, el Gobierno Federal había rechazado precisamente esto en su respuesta a una interpelación de la bancada del Partido de la Izquierda. “El método de extinción por impulso no está cubierto por el Reglamento contra la tortura”, dice allí, porque los dispositivos correspondientes no podían utilizarse en una “gran área espacial de aplicación”. Heike Hansel, diputada del Partido de la Izquierda en el Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento alemán, considera “escandaloso” el hecho de que el Gobierno Federal no controle este tipo de exportaciones. En una entrevista con el semanario “Die Zeit”, Hänsel acusó al gobierno de ignorar las disposiciones de […]
Durante la pandemia de COVID–19, la Administración de Donald Trump debe liberar a niños migrantes que se encuentran hoy con sus padres en centros de detención de los Estados Unidos, según ordenó una jueza de distrito. La jueza del Distrito Central de California, Dolly Gee, señaló que todos los niños detenidos durante más de 20 días en tres centros de detención de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas y Pennsylvania deben ser liberados. También destacó que esas instalaciones poseen muy malas condiciones y citó los brotes recientes de COVID–19 registrados en lugares de ese tipo. Por ello, sentenció la jueza, las instalaciones tienen hasta el 17 de julio para liberar a los menores con sus padres, o enviarlos con sus familiares. Esta orden, emitida la víspera, es parte de los esfuerzos en curso para liberar a los migrantes de los centros de detención de ICE, en donde resultan particularmente susceptibles al nuevo coronavirus debido al hacinamiento en esos lugares y escasas condiciones sanitarias. Las edades de los niños detenidos en esos centros varían de uno a 17 años, según abogados y defensores que brindaron asistencia legal. De acuerdo con ICE, hasta el viernes se realizaron pruebas de la COVID–19 a ocho mil 858 detenidos bajo su custodia y 751 dieron positivo al nuevo coronavirus. ICE admitió en los archivos presentados a la Corte que 11 niños y padres dieron positivo a la Covid-19 solo en el centro de detención familiar en Karnes City, Texas. En tanto, al menos tres padres y un niño fueron colocados en aislamiento en el centro de Dilley, Texas. Representantes de la sociedad civil dentro y fuera de los Estados Unidos también piden al Gobierno que libere a las familias migrantes detenidas, que se encuentran en alto riesgo de contraer el nuevo coronavirus debido a las condiciones de los centros donde están. Washington, 27 de junio 2020. Crónica Digital.
La precaria situación del líder mapuche Celestino Córdova, preso en una cárcel de la región chilena de La Araucanía, fue denunciada hoy por voceros de la causa de ese pueblo originario. Según informó la vocera del líder indígena Giovana Tabilo, Córdova, quien este jueves cumplió 53 días en huelga de hambre junto a otros presos políticos en reclamo de sus derechos, sufrió un accidente en la cárcel de la ciudad de Temuco, donde cayó por la escalera cuando se dirigía a la enfermería del penal, debido a su débil estado de salud. Organizaciones mapuches denunciaron la irresponsabilidad y la falta de cuidados de las autoridades carcelarias hacia el líder mapuche en las actuales circunstancias. Según el informe médico entregado por las autoridades del penal, Celestino Córdova había sufrido un esguince en dos dedos de una mano. Sin embargo, sus allegados aseguraron que las consecuencias de la caída podrían haber sido peores e incluso fatales teniendo en cuenta el debilitamiento físico que padece a causa de la huelga de hambre. Tabilo señaló además que Leonor Olate, médico de confianza de Celestino Córdova, acudió a la prisión para constatar sus lesiones, y posteriormente, el comunero fue trasladado bajo un fuerte contingente de seguridad hasta un consultorio de Temuco, para ser atendido. Asimismo consideró que el estado debe resolver de manera urgente la situación carcelaria del dirigente mapuche, y advirtió que el gobierno y la gendarmería son responsables de cualquier problema que pueda presentar la autoridad ancestral y del agravamiento de su salud. Santiago de Chile, 26 de junio 2020 Crónica Digital/PL
Luego de varias suspensiones debido a la Covid-19, estrenan hoy desde Chile, en diversas plataformas digitales, el documental Haydee y el pez volador, sobre las torturas a una embarazada durante la dictadura de Augusto Pinochet. El audiovisual narra la historia de la primera condena por torturas a cuatro ex agentes de la Armada chilena, responsables de la pérdida del embarazo por un aborto provocado. La realizadora chilena Pachi Bustos dirigió este documental con la intención de mostrar en imágenes una parte de mi historia que guardé en lo más profundo del corazón, confesó a Prensa Latina la protagonista, Haydee Oberreuter. La primera vez que la mujer abusada dio a conocer su vivencia fue a la periodista del país austral Alejandra Matus, quien publicó el relato que conmovió al abogado Vicente Bárzana. Sin conocer a Oberreuter, el letrado presentó por su cuenta una denuncia por crímenes de lesa humanidad. El proceso judicial entre Oberreuter y la armada duró 10 años y la corte falló a favor de la luchadora chilena, detenida en 1975 junto a su madre e hija de un año de edad, y además con cuatro meses de embarazo. Al referirse a los maltratos ocasionados por los exmilitares de la armada, Oberreuter detalló que después de pasar por el aborto inducido, la abrieron desde el cuello hasta el pubis con corvos, para hacer el mayor daño posible. Pero ello no hizo que me ganara el temor, ni el dolor, sino que me dio fuerzas para oponerme a la dictadura, y así me convertí en una luchadora por la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos durante ese período, afirmó. Mi país tiene una deuda monumental con su descendencia. A diferencia de otras naciones del cono sur, Chile jamás ha buscado a sus niños, destacó la protagonista. Con una duración de 75 minutos, Haydee y el pez volador, ya cuenta con varios reconocimientos como el Primer Premio, el Gran Premio de la Cátedra de Periodismo, Mejor Guion, Mejor Dirección y Mejor Banda Sonora Cinematográfica en el Festival Internacional de Documentales en Cuba, Santiago Álvarez, 2020. Además del Premio del Público, Premio Especial del Jurado, y Premio Jurado Ciudadano del Festival de Cine Chileno 2020, y otros reconocimientos en México. Santiago de Chile, 25 de junio 2020 Crónica Digital/PL
La derecha tiene rasgos comunes en Nuestra América. Uno de ellos parece ser la tendencia a negar la historia o distorsionarla, como condición para intentar preservar su control del presente y futuro. En ese empeño, han radicalizado su hechura conservadora y autoritaria. Un ejemplo es la controversia desencadenada en Perú en los últimos días, a propósito del documental “Hugo Blanco, Río Profundo”, que intenta reconstruir la historia de un veterano luchador social. Una violenta campaña de ataques se levantó en contra del personaje y la obra, dirigido y producido por Malena Martínez Cabrera, señalando que se trata de un “terrorista asesino” y que el Ministerio de Cultura, al promover la exhibición del documental, hace una “apología del terrorismo”. Blanco, hoy con 86 años, en los últimos cuatro décadas ha sido legislador constituyente, diputado y senador, transitando desde una opción radical de izquierda en los 60 hacia las luchas de los pueblos indígenas y en defensa del agua y la naturaleza, por lo que se le considera cercano al Ecosocialismo. La líder progresista peruana y ex candidata presidencial, Verónika Mendoza, enfrentó en su cuenta de Twitter los ataques procedentes desde los políticos, parlamentarios y medios de comunicación de la ultraderecha, así como de viejos policías y militares negacionistas de las violaciones a los derechos humanos. “No solo quieren mellar la dignidad de Hugo Blanco sino impedir que los pueblos hagan memoria de sus propias luchas para liberarse de la servidumbre y levantar la humillada cerviz. Pero no podrán volver el tiempo atrás, Hugo ya es parte de la historia y no podrán borrar su huella”, escribió. Hugo Blanco fue uno de los tantos latinoamericanos que fue conmovido por la experiencia del Gobierno del Presidente Salvador Allende y la Unidad Popular, y se trasladó Chile. En nuestro país conoció, en forma dramática, el modo en que la derecha manipula la realidad, inventa imputaciones sobre conspiraciones ficticias para justificar el crimen, cuando se trata de preservar el orden establecido. El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 lo sorprendió en Santiago de Chile. Pudo observar como la emergente tiranía hablaba de un “Plan Zeta”, una supuesta confabulación de la izquierda para eliminar físicamente a la totalidad de sus oponentes e imponer una “dictadura marxista”. Los políticos civiles que contribuyeron a la ruptura de la democracia y celebrado el fin de la institucionalidad republicana, asumieron acríticamente la veracidad del “Plan Zeta”, así como sus medios de comunicación. Aparte de los milicianos chilenos, se sostenía que 15.000 guerrilleros extranjeros serían los ejecutores de la asonada marxista. En mérito de esa “conspiración” se emprendió una violenta cacería de todos los hombres y mujeres de la izquierda chilena. Ser extranjero se tornó también en motivo de sospecha. Un porcentaje significativo de los centenares de casos de desapariciones y ejecuciones que se perpetraron hasta diciembre de 1973 fueron resultado del propósito de castigar y aniquilar a los autores y ejecutores del “Plan Zeta”, cuya existencia nunca fue acreditada, porque no era más que un vil invento. […]
La diputada Emilia Nuyado señaló que «Hoy los hospitales están saturados y estamos hablando de presos que tengan sospecha de Covid, por tanto pueden hacer cuarentena en los hospitales penitenciarios». La diputada y Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Emilia Nuyado, lamentó la determinación del ministro Mario Carroza, de ordenar que ante sospechas de Covid-19 , se disponga del traslado de internos a hospitales de las FF.AA. y no a los hospitales penitenciarios de Gendarmería de Chile. En este marco la parlamentaria dijo que «hoy el acceso a los centros de salud por la pandemia por Covid 19, tanto en los hospitales públicos, privados y de las fuerzas armadas son de acceso para todos los chilenos que lo requieran por esta pandemia, aquí no pueden haber privilegios para los presos de lesa humanidad.Ellos deben tener el mismo trato que los otros reclusos que requieren atención y hospitalización por Covid 19». «Hoy los hospitales están saturados de pacientes graves, pero además estamos hablando de presos que tienen solo una sospecha de Covid, por tanto pueden hacer cuarentena en los hospitales penitenciarios. Hago un llamado a las autoridades de salud, al ministro de justicia y DDHH a que actuemos con seriedad. Hoy miles de personas que están sufriendo y luchando por la vida y está esperando una cama y ventilador», dijo Emilia Nuyado. Por último la legisladora dijo que «en caso de ser necesario estos presos deben ser sometidos a exámenes de PCR , para que se confirme la gravedad o la necesidad de ser atendido en un hospital institucional, o simplemente realizar su cuarentena en sus propios espacios.», concluyó. Santiago de Chile, 17 de junio 2020 Crónica Digital
