Por su evidente interés reproducimos el siguiente trabajo, elaborado en el contexto del Observatorio de Crisis que ha puesto en marcha la Fundación Progresa en colaboración con la Fundação Perseu Abramo, vinculada al Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil. Nuestra Propuesta Los Progresistas proponemos a los Estados de América del Sur que concuerden en una reducción coordinada y acompasada del 40% de su gasto en Defensa, a lo menos para los Años Fiscales 2020 y 2021, para redestinar esos recursos a la Inversión Pública en Salud y a la Inversión Social como uno de los caminos para acometer el enfrentamiento a la crisis provocada por la pandemia del COVID–19. Ello es viable tomando en consideración las particularidades administrativas y legislativas de cada país, pero la clave para su materialización es la voluntad política. En el caso de la realidad chilena, en lo que se refiere al Año Fiscal 2020 se podría concretar a través de una reasignación de las partidas presupuestarias y, respecto al Año Fiscal 2021, incorporando la redistribución en el diseño del Presupuesto de la Nación para el próximo período. La enorme envergadura de la crisis sanitaria y económico–social provocada por el COVID–19 requiere soluciones audaces en materia de políticas públicas y puede ser acometida por dos caminos principales. En primer lugar, en el caso de Chile, un incremento de inversión pública del 10% del PIB (tres veces lo que ha propuesto el Gobierno de Sebastián Piñera). Es el paso que ha dado Perú, con una inyección de más de 25 mil millones de dólares, lo que equivale a un 12 por ciento del PIB del país, en condiciones macroeconómicas similares a Chile. El segundo camino, complementario, es la reasignación de recursos ya disponibles en el presupuesto fiscal, con el criterio básico del buen gobierno de otorgar prioridad a lo fundamental: en este caso, se considera prioritario garantizar la vida, la salud y el bienestar de la población, particularmente de los más vulnerables, así como del conjunto de los trabajadores y de la clase media. Los Progresistas de Chile presentamos nuestra propuesta a los Estados de SurAmérica, y además anunciamos que la compartiremos con el Grupo de Puebla, así como con todas los foros y plataformas de diálogo regional e internacional en que participamos, procurando que sea una iniciativa que además sea apropiada por la ciudadanía, los movimientos sociales y las fuerzas políticas democráticas y progresistas. La Crisis de la Salud Pública Es indudable que la pandemia del COVID–19 ha devenido en todo el mundo en una crisis de salud pública sin precedentes y una crisis económico–social de enorme envergadura, cuyo desarrollo creciente se encuentra aún en evolución. En el caso de América Latina ello tiene una gravedad aún más significativa. En “The New York Times”, el politólogo Miguel Lago, director ejecutivo del Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (IEPS) de Brasil, en que sostiene que “América Latina puede convertirse en la mayor víctima del COVID–19”. Señala: “La región no está preparada para la propagación del […]
DD.HH.
Hoy, de los 7,7 billones de habitantes del planeta, 569 millones viven en América Latina. Según la Oxfam, la pandemia debe aumentar el número de pobres en nuestro continente, pasando de 162 millones para 216 millones, o sea, otros 54 millones más de personas con una renta diaria inferior a USD 5.5. Actualmente sobreviven en la extrema pobreza 67,5 millones. Un número que podrá llegar a 90,8 millones. Con certeza, la pandemia afectará el comercio internacional, especialmente la navegación mercante. La caída de la producción en China ya afecta directamente Brasil, México, Chile y Perú. ¿Cómo evitar el hacinamiento propio de un navío que pasa días enteros en alta mar? Las infecciones en cruceros marítimos fueron muy comunes. Por lo tanto, es muy probable que el transporte de alimentos de un país a otra sufra una considerable reducción, ya sea porque el exportador deba reservar sus cosechas para la población local, ya sea que el importador vea disminuido el flujo de envío de cargas, y por eso, si consigue comprar, deberá pagar precios exorbitantes. En resumen, esto significa aumento del hambre en el mundo. Según la Oxfam, la pandemia podría arrojar más de 500 millones de personas en la pobreza, si los gobiernos no establecen con urgencia sistemas de renta mínima y de protección social. El número de personas que viven diariamente con menos de USD 5.5 aumentaría de 3,38 billones a 3,9 billones, o sea, 547 millones más. En el 2019, mientras la economía global creció en promedio 2.5%, el PBI de América Latina osciló apenas 0,1%, permaneciendo virtualmente paralizado. La CEPAL prevé una caída de 1,8% para el 2020. Datos del Banco Mundial divulgados en los primeros días de abril, revelan que en Brasil el total de personas en extrema pobreza (que sobreviven con menos de USD 1,90 por día) saltó de 9,250 millones en 2017 a 9,300 millones en 2018. La renta mensual de estas familias no superaba en el 2019 R$ 150 (aproximadamente unos USD 28). El aumento de la miseria en Brasil se debe a la combinación entre baja escolaridad y pocas oportunidades laborales. La tasa de desempleo entre los extremadamente pobres es de 24%. O sea, una de cada cuatro personas de este grupo que buscan trabajo no lo consigue. Hoy, más de 12 millones de brasileros están sin trabajo. Esto aumenta la tasa de desaliento de este grupo. Es lo que demuestra la cola de espera de 1 millón de personas para ingresar en el Programa Bolsa Familia, que ya hoy atiende a 14 millones de familias, cerca de 60 millones de personas. Lo que comprueba el fracaso de las políticas públicas para superar la crisis económica que afecta al Brasil en los últimos años. Entre 2014 y 2018, la población que sobrevivía en condición de miseria en Brasil aumentó un 67%. De los 15 países del continente, solamente hubo empeoramiento en este indicador en Argentina, Ecuador y Honduras, además de Brasil. En cambio, en países como Uruguay, Perú y Colombia, la extrema […]
Fundación Unión Autismo y Neurodiversidad FUAN, da a conocer declaración pública, en que suma voces expertas, para exigir respeto de DDHH desde una perspectiva bioética, humana y social, que considere a pueblos originarios, mujeres, niñxs, migrantes, personas en situación de calle, personas con discapacidad o que presenten determinada condición de vulnerabilidad, que no están mencionados en el actual protocolo “Lineamientos éticos en la atención de pacientes en una situación de pandemia” presentado desde la Mesa Social COVID-19. Esta declaración pública de Fundación FUAN, cuenta con la adhesión y respaldo del Colegio Médico Regional Valparaíso y fue enviada a las instituciones estatales de DDHH, a saber, Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, Seremi de Justicia Región de Valparaíso, Subsecretaría de DDHH y a la Defensoría de la Niñez, entidades a las que se les solicitó amplia difusión de la misma. Es momento de levantar un debate serio como sociedad sobre equidad y salud pública. La pandemia nos impone desafíos nunca antes confrontados. Todxs somos responsables: Estado, ciudadanía organizada, academia, mundo de la salud y sector privado, debemos asegurar que la respuesta que tengamos como país sea efectiva, ética y equitativa, sobre la base de un pacto social justo. Exigimos que el Estado adopte “todas las medidas apropiadas para garantizar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios de salud y proporcione a las personas con discapacidad la misma variedad, calidad y nivel de atención médica que se brinda a otras personas.”, según precisa la Declaración Conjunta sobre Personas con Discapacidad y COVID-19 de Naciones Unidas. Vanessa Kreisel, Directora de Investigación de Fundación FUAN señala, “consideramos que al actual protocolo de ‘Lineamientos éticos en la atención de pacientes en una situación de pandemia’, que se trabaja en la mesa Social Covid-19, se deben incorporar criterios de bioética con políticas de atención que garanticen el pleno ejercicio de derechos. En este sentido, estimamos que debiese existir mención explícita a grupos en riesgo de exclusión, ya que solo adultos mayores están especificados brevemente. Ante el actual escenario crítico, exigimos respeto cabal de derechos humanos de personas en situación de discapacidad y/o diversidad funcional, desde una perspectiva bioética, humana y social”. En este sentido, Luisa Montoya, de profesión Químico, madre de un hijo de 2 años y que presenta Polineuropatía Periférica, detalla: “Esperaría que por lo menos tuviéramos acceso al máximo de los esfuerzos médicos para poder sobrevivir. Esta situación me tiene angustiada porque en mi caso, si resultara infectada con Covid-19, soy población de riesgo y al enfrentar el peak de contagios y con recursos limitados, ¿se va a utilizar la condición de discapacidad para hacer discriminación en el valor de las vidas? ¿Mi vida va a valer menos que una persona que no tiene una discapacidad?” Por su parte, Dr. Kurt Cárcamo, Vicepresidente del Colegio Médico de Valparaíso, precisa, “el Colegio Médico de Chile, Regional Valparaíso adhiere al llamado de Fundación FUAN. Nos parece justo y necesario, tomar todas las medidas apropiadas para garantizar el acceso de personas con discapacidad a los servicios de salud, donde se les proporcione el mismo nivel de atención médica que se les brinda a las […]
En junio de 2019, el ministro Sebastián Sichel luego de una semana de haber asumido procedió a desvincular a funcionarios argumentando “pérdida de confianza”. En fallo unánime la Corte Suprema acogió el recurso de protección interpuesto contra el Ministerio de Desarrollo Social y Familia por el término anticipado de la contrata del año 2019 de Ramón Vargas, funcionario de la Unidad de Comunicaciones de esta repartición, en junio del mismo año. La sentencia señala que el ministerio deberá pagar todas las remuneraciones que el funcionario no percibió luego del despido hasta el 31 de diciembre de ese año. El máximo tribunal del país señaló que el termino anticipado de contrata realizado por el ministerio fue un acto ilegal y que el argumento esgrimido por la autoridad que era “perdida de confianza” no corresponde. Respecto a esto último el tribunal señaló que la función desarrollada por Ramón Vargas, que era de Administrador de Redes Digitales, “no puede ser considerada como una de exclusiva confianza -como pretende la recurrida- por cuanto no se inscribe en categoría alguna de aquellas que contempla el artículo 7 letra b) del Estatuto Administrativo”. Además, la sentencia le recuerda a la autoridad que el uso de la expresión “mientras sean necesarios sus servicios» en las contratas de los funcionarios permite “que la autoridad administrativa pueda prorrogar la vigencia de la contrata más allá de su plazo original, pero no que pueda ponerle término antes de que éste finalice”, tal como ocurrió en este caso. El abogado Leonardo Mena Díaz, del Estudio Jurídico Miranda & Mena, celebró el fallo señalando que “el fallo ratifica la abundante jurisprudencia que reconoce el derecho de estabilidad en el empleo de los funcionarios a contrata, ratificando que transitoriedad no significa precarización”. También agregó que “la autoridad administrativa debe respetar dichos criterios, de tal forma de no incurrir en actos ilegales”. Mientras tanto, el funcionario desvinculado señaló “que es lamentable que llegue una nueva autoridad y en menos de una semana, sin ni siquiera preguntar sobre la labor que desempeñaba y que realicé durante 4 años con buena evaluación en dos gobiernos de distinto color político, proceda a despedirte señalando que ´no era de su confianza´ para traer a su propio equipo”. Santiago de Chile, 16 abril 2020 Crónica Digital
Las maniobras judiciales para absolver o rebajar penas a 17 reos vinculados a asesinatos y desapariciones durante la dictadura (1973-1990) multiplica hoy el debate sobre la falta de verdad y justicia en Chile. La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) manifestó su más firme rechazo a un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que absolvió hace pocos días a ocho exmiembros de la tenebrosa Dirección de Inteligencia Militar (DINA), y rebajó las penas a otros nueve. Todos fueron condenados en primera en instancia en julio de 2017, por 16 secuestros y un homicidio calificado en Villa Grimaldi, en esta capital, por lo cual fueron recluidos en la cárcel de Punta Peuco. El texto señala que esas personas «no estarán ni un solo día en prisión, esto es lisa y llanamente impunidad», y puntualiza que para las familias de las víctimas el efecto de esa medida ha sido «devastador». En declaraciones a la prensa, Claudia Godoy, hija de Carlos Enrique Godoy Lagarrigue, cirujano desaparecido en agosto de 1976, señaló que los magistrados mostraron una actitud «mediocre, profundamente fascista», denotando una tremenda ignorancia, porque Chile ha adscrito convenios internacionales, tratados internacionales, y ellos están soslayando esto». Mario Juica Vega, nieto de otra de las víctimas, dijo a la web El Desconcierto esperar que el fallo sea revertido porque es una ofensa «no solo para mi familia sino para la historia del país» y lamentó que se use la excusa del coronavirus para liberar a estos individuos «que ni siquiera se han arrepentido de sus crímenes». El abogado Alberto Espinoza, representante de parte de las familias, consideró vergonzosos los argumentos de los jueces, porque le atribuyen responsabilidades a las víctimas por su detención y desaparición, por el hecho de ser comunistas, lo que resulta insólito. Espinoza recordó que tratados internacionales establecen castigar con penas proporcionales a la gravedad de los delitos, pero en Chile esas personas fueron condenadas por 16 secuestros calificados de personas que aun no han aparecido, a solo tres años y un día, y encima se les otorga la libertad vigilada. Pero lo más perverso es que en algunos casos no se desconoció el delito, y aun así se redujo la condena y se deja en libertad a los represores, opinó. El tema cobra aún mayor relevancia cuando el presidente Sebastián Piñera se ha pronunciado por cambiar penas de cárcel por prisión domiciliaria a presos por delitos de lesa humanidad, «por motivos humanitarios» según alegó. Esta semana el Congreso debe votar una Ley Humanitaria que no distingue los tipos de delitos y plantea otorgar la libertad a quienes tengan enfermedades terminales. Al respecto, Juan Ignacio Latorre senador del partido Revolución Democrática, ya advirtió que presentará una indicación para excluir de este beneficio a los condenados por delitos de lesa humanidad. En tanto, el Partido Progresista denunció que se trata de una maniobra del Gobierno destinada a beneficiar con impunidad a violadores de los derechos humanos y planteó que recurrirá a organismos internacionales de derechos humanos para declarar de nulidad absoluta de la […]
La siguiente nota fue escrita en despedida de la combatiente de la resistencia chilena a la dictadura de Pinochet, Lola Duarte fallecida el 12 del presente mes de abril,, 2020, por nuestro director, Marcel Garcés Muñoz. Es también un homenaje a todas las mujeres y hombres, centenares, miles, que en los momentos más difíciles de la represión de la tiranía, arriesgaron sus vidas, sus hogares, sus familias, sus seres queridos, en defensa de la democracia, de los derechos humanos, de la vida de la justicia y de la de felicidad y el amor. Lola Duarte es un nombre, pero es también el combatiente anónimo de la resistencia, de la clandestinidad, que merecen ser reconocidos en la historia de las luchas sociales y políticas de Chile, de quienes ofrecieron sus sacrificios personales, pusieron a disposición sus vidas, por la recuperación de la libertad y la democracia y que hasta hoy permanecen en el anonimato que eligieron como camino. Lola dio su última batalla, pero no pudo sortear el desafío de su partida. Entonces, la mantendremos junto a nosotros, en la memoria, en nuestros corazones, que es la manera de permanecer , de mantenerla viva, entregando como siempre su alegría, su pasión por la vida, su ternura constante, a pesar de los pesares y los riesgos que caracterizaron sus momentos. Lola forma parte de nuestras historias, ocupó un lugar protagónico en los años violentos de la dictadura, en los tiempos cruciales, dramáticos, pero apasionantes desde los primeros pasos tras el golpe del 73. Vivió y sufrió los momentos dramáticos iniciales de la represión criminal contra el Partido Comunista de Chile y otras fuerzas de izquierda, contra la democracia y los derechos humanos y sociales del pueblo chileno. Y como muchos y muchas asumió el desafío principal de desafiar el terrorismo bárbaro del revanchismo de la Derecha política y empresarial, y no lo olvidemos, de la Casa Blanca y el Pentágono. Estuvo entonces en la “primera línea” efectiva de entonces, protegiendo a los combatientes, a los dirigentes, a los cuadros, a la “resistencia” antidictatorial, colaborando decidida y efectivamente con la reconstitución, la reorganización del difícil y complejo, tejido partidario y social. Ahí expuso su vida, se entregó con la alegría y pasión que la caracterizaba en las batallas desde la sombra, asumiendo, como miles de mujeres y hombres de ese momento, su lugar en la clandestinidad mas anónima, pero vital. Formó parte del “ejército de las sombras”, aquellos que no esperaban- ni recibieron- reconocimientos ni medallas, pero que se mantuvieron firmes, decididos, aguerridos, sacrificados, sin otra ambición que el deber cumplido y su conciencia limpia y tranquila. (Yo se que si hubiera sabido que escribiría de ella, que es como escribir de miles de otras y otros desconocidos u olvidados héroes de ese tiempo tormentoso, me habría mandado “a buena parte”, o algún otro lugar más o menos conocido de nuestro léxico popular, aunque sin eludir una buena copa de vino y algún comentario más o menos afilado sobre algún personaje de la […]
La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH) criticó la absolución de ocho represores y la reducción de condenas a otros nueve, acusados de secuestros y homicidios durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973{1990). La víspera se conoció que la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, acordó absolver a los autores de crímenes de lesa humanidad de 17 personas, a los ex uniformados Pedro Espinoza, Rolf Wenderoth, Hermon Alfaro, Pedro Betterlich, Claudio Pacheco, Orlando Torrejón, Orlando Altamirano y Eusebio López. Además, otorgó reducción de penas de tres a un año, a Ricardo Lawrence, Jorge Andrade, Juan Morales, Ciro Torré, Sergio Escalona, Juvenal Piña, Jorge Díaz, Gustavo Guerrero y Gladys Calderón. Esos condenados podrán tener beneficio carcelario de libertad vigilada y podrán cumplir condenas en sus casas, al tiempo que la corte desestimo las demandas en el caso de 17 víctimas de la dictadura cívico-militar. Al respecto, la CCHDH indicó en su cuenta de Twitter que «a través de este fallo, la Corte de Apelaciones incumple nuevamente obligación internacional del Estado Chileno de establecer la verdad y hacer Justicia, amparando la impunidad de criminales de lesa humanidad». Por su parte la familia de la periodista Lorena Díaz Ramírez, una de las víctimas de esos represores, consideró como un «día negro para los derechos humanos» la decisión de la Sala por «dejar impunes a 17 violadores de derechos humanos responsables de la desaparición y asesinato de 17 de nuestros familiares». Según indica la web del periódico El Siglo, en círculos de derechos humanos y de juristas, se considera esta situación como un golpe artero a los derechos humanos y la consagración de impunidad. Añade que el Presidente Sebastián Piñera estaría preparando el indulto de al menos otros seis exuniformado ligados a casos de crímenes de lesa humanidad y violación a los derechos humanos detenidos en la cárcel de Punta Peuco. Santiago de Chile, 12 de abril 2020 Crónica Digital/PL
Nos dirigimos a ustedes, para expresarles nuestro rechazo a la decisión del Gobierno, de ponerle suma urgencia a la tramitación del Proyecto de Ley que “regula la sustitución de penas privativas de libertad por razones humanitarias para las personas que indica” (Boletín 12.345-07). Tal como lo ha reconocido el propio Gobierno, a través de sus Ministros de Justicia e Interior, la iniciativa legal pretende favorecer, entre otros, a condenados por crímenes de lesa humanidad recluidos en Punta de Peuco, sustituyendo la pena privativa de libertad por la de reclusión domiciliaria total, en caso de cumplirse los requisitos que establece. Ha invocado para darle suma urgencia al Proyecto ingresado en 2018 al Senado, una promesa de campaña y la crisis sanitaria que afecta a nuestro país y el mundo. La Comisión Chilena de Derechos Humanos y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), junto con las organizaciones y personas firmantes, fundan el rechazo a este nuevo intento de otorgar impunidad a los criminales de lesa Humanidad, en los siguientes razonamientos: 1.- Durante los 17 años de Dictadura cívico-militar, la comunidad internacional agrupada en la Organización de Naciones Unidas (ONU), condenó al Estado chileno por su política permanente de violación sistemática de los derechos humanos en nuestro país. Chile fue un paria en el sistema internacional, siendo apuntado por el dedo por el concierto de naciones, por su abierta vulneración y desconocimiento de la normativa internacional de Derechos Humanos que Naciones Unidas había impulsado desde su creación en 1945, después del término de la Segunda Guerra Mundial. A partir de 1990, el Estado de Chile fue poco a poco incorporándose al Sistema Internacional de Naciones Unidas, al mismo tiempo que suscribió y ratificó diversos Pactos y Convenciones sobre la materia. 2.- El Estado chileno asumió al mismo tiempo, la obligación de cumplir cuatro exigencias de la normativa internacional impuestas a los Gobiernos post dictatoriales: esclarecer los crímenes contra los derechos humanos, hacer Justicia sancionado a los responsables, reparar debidamente a las víctimas e implementar medidas que den garantía de no repetición, que permitan que Nunca Más el país vuelva a repetir la barbarie del exterminio, sufrida durante 17 años.. Conjuntamente, el Estado Chileno se comprometió a respetar los derechos humanos consagrados en los Pactos y Convenciones sobre la materia, y a aplicar obligatoriamente su normativa, en virtud de la reforma constitucional de 1989 que modificó el inciso 2° del art.5° de la Constitución. En consecuencia, la iniciativa legal que impulsa el actual Gobierno, debe analizarse al tenor de su compatibilidad con este marco normativo, obligatorio en su cumplimiento para el Estado chileno. Además, se debe tener presente lo resuelto en esta materia, por los distintos órganos administrativos y jurisdiccionales que integran el Sistema Internacional de los Derechos Humanos, so pena de incurrir en responsabilidad internacional. 3.- Al respecto, cabe tener presente que el Estatuto de Roma, cuerpo legal que tipifica y regula los crímenes contra Humanidad, y que se encuentra vigente en Chile, en su artículo 110, señala que si bien […]
El Gobierno ha colocado urgencia al Proyecto de Ley “Humanitario”, que busca dar el beneficio de cumplir condena en sus domicilios a aquellos condenados que se encuentran con enfermedades graves, incluyendo a los presos de Punta Peuco, urgencia que surge por presiones de la derecha tras la reciente aprobación del proyecto de indulto conmutativo, que excluyó a los criminales de lesa humanidad. Esa presión se está ejerciendo también con un requerimiento de Senadores de Chile Vamos en el Tribunal Constitucional, solicitud que se basa en los numerales 1º y 2º del Artículo 19º de la Constitución (Derecho a la Vida y Derecho a la Igualdad ante la Ley respectivamente). No obstante, su juzgamiento y condena no fueron por delitos comunes, sino que por los más graves crímenes que contiene el ordenamiento jurídico nacional e internacional. Distinto es el proyecto de Ley sobre Indulto General Conmutativo a causa del virus COVID-19 (Boletín 13358-07), que permite a quienes han cometido delitos comunes y de baja sanción la modalidad alternativa de cumplimiento del régimen penitenciario por arresto domiciliario. Esto va en concordancia a lo señalado por el Alto Comisionado de DDHH de ONU, en pos de generar la descongestión de las cárceles. No es el caso de Punta Peuco, donde los presos no sufren de hacinamiento como el resto de los penales del país, sino muy por el contrario, gozan de muchos beneficios. Por ello, las palabras del Presidente Piñera son graves, al insistir con este proyecto “Humanitario” como vía de impunidad a quienes no tuvieron clemencia con miles de chilenos y chilenas durante la dictadura. Los Tratados Internacionales, principios y reglas jurídicas, además de la jurisprudencia, son claros en señalar que no es posible dejar sin sanción aquellos actos escabrosos cometidos por agentes del Estado. Exigimos al Gobierno a no utilizar la facultad privativa presidencial de dar indulto a condenados por violaciones a los Derechos Humanos, como también a los Tribunales de Justicia a rechazar las acciones de amparo al respecto. Su aplicación hipotética, evidentemente, contravendrá los estándares sobre la materia a nivel internacional. No debemos olvidar que aún existen cientos de casos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, cuyas investigaciones no han podido proseguir dada la nula cooperación de los sentenciados y su capacidad de arrepentimiento ante la gravedad de los hechos cometidos. *Secretaría Nacional Derechos Humanos PPD* Santiago de Chile, 5 de abril 2020 Crónica Digital
El vicepresidente del Partido Progresista de Chile, Víctor Osorio, señaló que rechazan de forma tajante todo intento de impunidad a los genocidas y autores de delitos de lesa humanidad, puntualizando que los pactos y tratados internacionales que ha suscrito el Estado de Chile en materia de derechos humanos “son categóricos en el sentido de que los condenados por delitos de lesa humanidad, agraviantes para la humanidad en su conjunto, no pueden ser acreedores de beneficio penitenciario alguno”. Este jueves el Presidente Sebastián Piñera ingresó un veto al proyecto que establece un indulto conmutativo a causa de la actual emergencia sanitaria, para que adultos mayores, madres de hijos menores de dos años y mujeres embarazadas –entre otros– que están en prisión, cumplan arresto domiciliario, excluyendo del beneficio a quienes estén condenados por delitos de lesa humanidad. El viernes, tras la votación al veto en la Cámara, un grupo de senadores de Chile Vamos decidió solicitar al Tribunal Constitucional (TC) que se declare inconstitucional la exclusión del resto de la población penal, es decir, a quienes estén cumpliendo pena por delitos de lesa humanidad en Punta Peuco y otros centros de reclusión. Al respecto, el Partido Progresista consideró “política y éticamente imprescindible señalar que se está en presencia de una maniobra del Gobierno y parlamentarios de Chile Vamos destinada a beneficiar con impunidad a violadores de los derechos humanos”, poniendo discusión inmediata a la tramitación de “ley humanitaria”, lo que permitiría la conmutación de penas a mayores de 75 años que hayan cumplido la mitad de su pena, no excluyendo ningún tipo de delito, lo que abre la puerta a la posibilidad de liberar a quienes cumplen penas por delitos de lesa humanidad. Al respecto, Osorio recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fallado en forma reiterada en el sentido que los delitos de lesa humanidad “son imprescriptibles, no amnistiables y no indultables”, enfatizando además que el “Estado de Chile ha aceptado la competencia ‘de pleno derecho’ de la Corte Interamericana, en circunstancias de que la Convención Americana de Derechos Humanos, que obliga a los Estados Parte a cumplir las sentencias de dicho organismo”. En ese sentido, explicó que “las facultades de los órganos co–legislativos chilenos y la facultad de otorgar indultos por el Presidente de la República están restringidas en casos de crímenes contra la humanidad”. Por otra parte, indica que, con esta maniobra, la derecha no sólo se pone en contra de las disposiciones del sistema internacional e interamericano, sino que estaría “trasgrediendo la propia Constitución hoy existente, porque los derechos garantizados por la Convención Americana, además, son parte del derecho interno chileno”. En efecto, el artículo 5 de la Constitución, en su inciso segundo, dispone: “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y fomentar tales derechos, garantizados por la Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile”. En la misma línea, Osorio detalla que […]
