También se produjeron fuertes enfrentamientos en los municipios de Victoria y Curacautín, cuando efectivos de Carabineros acudieron a desalojar las alcaldías e incluso civiles armados se enfrentaron a los ocupantes de esas instalaciones en una escalada de violencia con claros tintes racistas.
En medio de esa situación, los abogados de la Defensoría Popular, Rodrigo Andoñe y Lorenzo Morales, presentaron un recurso de amparo preventivo contra el ministro del Interior Víctor Pérez, y Luis Sepúlveda, jefe de Zona de la Defensa Nacional.
El texto advierte que el viernes el ministro se reunió con autoridades y ‘dirigentes de la zona’, obviando contactar con las autoridades indígenas que reivindican que el gobierno cumpla el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
Asimismo plantea que los sucesos de las últimas horas ‘configuran claramente actos que ponen en peligro su libertad personal y seguridad individual, particularmente cuando carabineros hace omisión, avala una gran circulación de civiles en toque de queda’.
Por su parte, el vocero del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, criticó la actuación del ministro Víctor Pérez, y ‘los actos de odiosidad racial y violencia cometida por los chilenos en contra de los mapuche, que ocupaban pacíficamente el municipio de Curacautín y Victoria’.
Huilcamán aseguró que el ministro ‘en su viaje a La Araucanía y sus declaraciones, incentivó no solo la violencia institucional del Estado chileno, sino también la violencia y odiosidades raciales’.
Por su parte, en declaraciones a Radio Cooperativa, el alcalde de Victoria, Javier Jaramillo, culpó al Gobierno por los incidentes ocurridos, pues ‘no tuvimos el apoyo de las autoridades políticas, pues el ministro no se quiso juntar con los alcaldes de Malleco’.
Asimismo criticó ‘la negatividad del ministro del Interior de juntarse a dialogar con nosotros y decir por la prensa que había que sacarlos a como dé lugar a través del desalojo’ para concluir que ‘es el Gobierno el que está incitando cada vez más al odio’.
En tanto el presidente del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, señaló que el Estado ‘no ha cumplido con el deber de garantizar la paz respetando los derechos humanos. No habrá paz en Chile si no la hay en La Araucanía’.
Santiago de Chile, 2 de agosto 2020
Crónica Digital/PL