El Partido Progresista de Chile, a través de su presidente Camilo Lagos, formuló un llamado urgente al Gobierno de Sebastián Piñera a resolver la situación que afecta a los prisioneros políticos mapuche en las cárceles de Temuco, Angol y Lebu, que han iniciado una huelga de hambre desde hace más de tres meses, que pone en grave peligro sus vidas, en particular en el caso del machi Celestino Córdova. Al respecto, puntualizó que “el camino es evidente y es uno solo: que el Estado chileno responda a su obligación de cumplir con los pactos y tratados internacionales”.
Lagos expresó la indignación de la colectividad, fundada por Marco Enríquez–Ominami , con el hecho de que se hubiera llegado a la actual situación, “en circunstancias que la demanda del machi Celestino Córdova es que, en circunstancias de encontrarse preso y condenado, se adopten medidas para garantizar su salud y libertad religiosa, lo que no solo es coherente con la protección de los estándares generales de derechos humanos, sino también por el sistema de protección específico para los pueblos originarios, incluyendo la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT”.
A este último respecto, precisó que el Convenio 169 de la OIT “establece claramente que se debe optar por penalidades diferentes al encarcelamiento en los pueblos indígenas, que ha sido firmado y ratificado por Chile, y promulgado por el Decreto Supremo N°236 de 2008. Esto significa que estas demandas se circunscriben al cumplimiento de normas que forman del derecho interno y que apuntan a establecer condiciones de detención conforme a las realidades culturales específicas del pueblo mapuche”.
El presidente del Partido Progresista indico que el agravamiento de la situación, que puede llegar a un desenlace fatal, “será responsabilidad de Sebastián Piñera Echeñique, quien en su calidad de Jefe de Estado tiene la responsabilidad inescapable de cautelar el resguardo de los derechos fundamentales de todas y todos los habitantes de Chile. Si el Gobierno no genera condiciones para una solución coherente con los pactos y tratados internacionales, lo más probable es que la conflictividad en el Wallmapu se agudizará”.
“Provoca indignación constatar que, frente a la negligencia con la que se ha procedido en este caso, el Gobierno responde con diligencia y rapidez a los gremios empresariales de los camioneros, cede a su chantaje y accede a otorgar por ley más ‘mano dura’, a través de una ceremonia vergonzosa encabezada por el propio Piñera”, enfatizó.
Lagos indicó que el Gobierno tiene también una responsabilidad de poner atajo a las bandas de carácter fascista y paramilitar que se encuentran operando en el Wallmapu, las cuales se encuentran lideradas por activistas de la violencia que militan en partidos de la derecha.
