La Corte Suprema ordenó a la empresa COPESA rectificar una noticia falsa publicada en el diario “La Tercera” luego del golpe de Estado de 1973, cuando “informó” que Jorge Oyarzún Escobar y Juan Escobar Camus eran “terroristas” que fueron ejecutados luego de atacar con disparos una población militar. En realidad ambos fueron víctimas de delitos de lesa humanidad. En diciembre de 2016, el ministro Hernán Crisosto estableció que fueron víctimas de un crimen de lesa humanidad, resolución que fue ratificada por la Corte Suprema el 3 de octubre de 2018. Ante la falta de respuesta por parte del medio de comunicación para rectificar la información, Paola Oyarzún Escobar, hija y sobrina de las víctimas, presentó un recurso de protección que fue acogido por la Corte de Apelaciones el pasado 12 de abril, fallo que fue ratificado por el máximo tribunal del país. En su sentencia, la Corte Suprema ordenó que “La Tercera” publique en sus páginas una rectificación, la cual “deberá practicarse en los mismos términos en que fue realizada la publicación original, habrá de abarcar no menos de la mitad de una de las páginas de la edición en que la misma se concrete y deberá informar acerca de los citados hechos en la forma que quedó establecida en la sentencia”. “Cabe destacar que un Tribunal de la República, una vez concluida la investigación pertinente y mediante una sentencia definitiva firme, estableció cuál es la verdad de los hechos que desembocaron en el fallecimiento de los familiares de la actora, don Jorge Oyarzún Escobar y don Juan Escobar Camus, asentando, con certeza de cosa juzgada, que sus muertes fueron consecuencia de un homicidio calificado, delito que, además, fue calificado de lesa humanidad, descartando que los fallecidos hayan ejecutado las acciones delictivas que la autoridad de la época les imputó”, indica el fallo del máximo tribunal. La “noticia” publicada por “La Tercera” el 2 de octubre de 1973 tenía un titular que señalaba: “Fusilados 9 extremistas”. En el cuerpo de la noticia indicaba: “Por otro lado, fuerzas militares ejecutaron a los siguientes ciudadanos, quienes a las 22:15 horas del domingo dispararon desde un auto Simca sobre la Población Militar de la calle Bío Bío: Jorge Eduardo Cristián Oyarzún, José Sergio Muñoz Escobar y Juan Escobar Camus. Luego de los disparos, se lanzaron a la fuga dirigiendo su vehículo contra uno de los centinelas militares. Fueron alcanzados en la calle Nataniel con Arauco, donde el vehículo chocó. En ese mismo lugar fueron ejecutados en conformidad al bando N 24”. La investigación judicial estableció, conforme a la sentencia dictada el 23 de diciembre de 2016, que los hechos fueron “homicidios calificados, delitos de lesa humanidad perpetrados por agentes del Estado en un contexto de violaciones a los derechos humanos graves, masivas y sistemáticas (…) las víctimas fueron objeto de un tratamiento cruel e inhumano, al ser fusiladas por el solo hecho de ser sorprendidas luego del Toque de Queda dispuesto, en medio de violaciones de múltiples y continuadas de numerosos derechos, que […]
Nacional
Desde la reconocida ONG medioambiental Greenpeace pusieron en duda los méritos de Sebastián Piñera para recibir el reconocimiento “Global Citizen Award 2019” y recordaron que en años anteriores el galardón fue entregado a personajes tan controvertidos como George Bush y Mauricio Macri; la directora del FMI, Christine Lagarde; y hasta el ex Secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger. “Ojalá que este premio motive al Presidente Piñera para avanzar de manera mucho más rápida y ambiciosa hacia la búsqueda de soluciones que ayuden a enfrentar la emergencia climática que enfrenta el país”, dijo Matías Asun, director nacional de Greenpeace. La entidad calificó el anuncio como una “sorpresa llena de contradicciones” el galardón que se le entregará el próximo lunes en Nueva York y que es otorgado por la organización Atlantic Council, quien lo destacará por sus contribuciones para mejorar el estado del mundo y, de manera especial, “su liderazgo innovador para abordar el cambio climático”. “Hay una completa desconexión entre el premio y la crisis medioambiental que enfrenta Chile. Lamentablemente, lo que ha evidenciado el Presidente Piñera ante esta emergencia climática es una clara falta de ambición, lo cual ha quedado claro después de que decidiera, por ejemplo, condenar a miles de chilenos de las zonas de sacrificio a otros 20 años de carbón”, dijo Asun. Agregó: “Lo que esperamos del Presidente es que retome una posición de verdadero liderazgo climático siendo mucho más ambicioso. Es la magnitud de la crisis quien se lo demanda”. En este contexto, precisó: “El Presidente tiene una enorme oportunidad para enmendar el rumbo, especialmente con el contexto de la próxima COP que se va a desarrollar en Chile en diciembre próximo. Confiamos en que entregue señales mucho más potentes y ambiciosas para revertir la grave situación que enfrentamos. Ojalá que este premio le sirva como factor para avanzar de manera mucho más rápida hacia un modelo de desarrollo que privilegie las energías limpias y renovables”. Fundado en 1961 en el marco de la Guerra Fría, el Atlantic Council –el think tank que entrega el reconocimiento– se dedica a promover temas de economía, medioambiente y tecnología. La organización es parte de la ATA (Atlantic Treaty Association) que actualmente reúne a países, estamentos, académicos y militares, en apoyo a la OTAN. Santiago, 19 de septiembre 2019 Crónica Digital.
La Independencia Nacional debiera ser celebrada con la jura de la Independencia de Chile, el 12 de febrero de 1818. O bien en conmemoración de la Batalla de Maipú, el 5 de abril del mismo año. Incluso ambas fechas pudieran ser motivo de conmemoración. De hecho, el establecimiento del 18 de septiembre para la celebración oficial de las Fiestas Patrias se consolidó más de un siglo después de la formación de la Junta de Gobierno en 1810. La Junta de Gobierno de Chile, oficialmente denominada “Junta Provisional Gubernativa del Reino”, fue el cuerpo colegiado formado para administrar la Capitanía General de Chile y tomar las medidas necesarias para proteger los intereses del Rey Fernando VII de España luego de su captura por Napoleón Bonaparte. El Cabildo que dio origen a la Junta de Gobierno fue iniciado por la renuncia de Mateo de Toro y Zambrano a su cargo de último Gobernador del Reino de Chile, responsabilidad que había asumido el 16 de julio de ese año, debido a la dimisión de Francisco García Carrasco. Luego, el procurador José Miguel Infante manifestó a la asamblea que lo más conveniente para los intereses del rey era la creación de una Junta de Gobierno. La propuesta fue aceptada por aclamación de los asistentes, bajo la consigna de “¡Junta queremos!”. Así, se acordó organizar una Junta Provisional Gubernativa del Reino formada por nueve miembros, todos en nombre del rey Fernando VII. ¿Su presidente? El mismo Mateo de Toro y Zambrano, que había sido la última autoridad realista (al servicio de la Monarquía hispana) en la Capitanía General de Chile. El propósito de la Junta, según el Acta del Cabildo de Santiago del 18 de septiembre de 1810, era inequívoco: “A ejemplo de lo que hizo el señor Gobernador de Cádiz, depositó toda su autoridad en el pueblo para que acordase el Gobierno más digno de su confianza y más a propósito a la observancia de las leyes y la conservación de estos dominios a su legítimo dueño y desgraciado monarca, el señor don Fernando Séptimo (…) defender al reino hasta con la última gota de su sangre, conservarlo al señor don Fernando Séptimo y reconocer al Supremo Consejo de Regencia (…) Los cuerpos militares, jefes, prelados, religiosos y vecinos juraron en el mismo acto obediencia y fidelidad a dicha junta instalada así en nombre del señor Don Fernando Séptimo, a quien estará siempre sujeta”. El juramento de la Junta es elocuente: “¿Jura usted defender la patria hasta derramar la última gota de sangre, para conservarla ilesa hasta depositarla en manos del señor don Fernando VII, nuestro soberano, o de su legítimo sucesor; conservar y guardar nuestra religión y leyes; hacer justicia y reconocer al Supremo Consejero de Regencia como representante de la majestad Real?”… La inspiración de la iniciativa fue la Junta Suprema Central y Gubernativa del Reino de España, formada en septiembre de 1808 en Aranjuez para ejercer los poderes ejecutivo y legislativo durante la ocupación napoleónica. En ella había representantes de las […]
La Región de Atacama se sumó a otros territorios de Chile donde las autoridades han decretado emergencia agrícola a causa de los estragos causados por la más violenta sequía en décadas. Así, Atacama se convierte en la sexta Región del país donde se implanta emergencia agrícola, pues anteriormente se aplicó en Coquimbo, Metropolitana, O’Higgins, El Maule y Valparaíso, y esta última fue declarada además zona de catástrofe por Sebastián Piñera. Chile padece la sequía más fuerte de los últimos 50 años, y en los territorios más afectados las precipitaciones en lo que va de 2019 están 70 por ciento por debajo de lo reportado en un año normal y en algunos incluso menos. El Ministro de Agricultura, Antonio Walker, informó que después de analizar los antecedentes aportados desde esa región se decidió establecer emergencia agrícola “ya que las familias y animales están atravesando una situación muy crítica”. Walker visitó ese territorio para firmar el decreto y comenzar de inmediato la entrega de la ayuda destinada a paliar la crisis que afecta a los agricultores locales producto de la escasez de agua en la región. Señaló a la prensa que se firmó esta declaración a solicitud del Intendente Patricio Urquieta, para así activar los recursos de emergencia que sean necesarios, y dijo que el ministerio destinará aportes para los ganaderos de las tres provincias de la región, que son 350 familias que en total poseen cerca de 50 mil 000 cabezas de ganado menor. Hasta ahora ya se habían entregado cerca de 800 fardos de piensos y suplementos alimenticios además de recursos en fondos de apoyo de inversión, y se espera, con este decreto, aumentar la entrega de alimentos y medicamentos para los animales. Según se informó se entregarán pólizas por concepto de Seguro Agrícola equivalentes a 12 millones 600 mil pesos chilenos (unos 18 mil 600 dólares) para agricultores siniestrados por los efectos de la sequía. Igualmente el Gobierno aportará un total de 80 mil millones de pesos chilenos destinados a pequeños agricultores, principalmente para aquellos que no tienen acceso a agua de embalses. Santiago, 18 de septiembre 2019 Crónica Digital / Prensa Latina.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó zona de catástrofe a la región de Valparaíso por la violenta sequía en esa zona, donde las precipitaciones están 70,5 por ciento por debajo de lo normal. Ya esa región de Chile se encontraba desde hace semanas en emergencia agrícola junto con otras cinco del centro sur del país por las fuertes afectaciones a causa de la falta de agua. El intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, solicitó desde el 2 de agosto último la declaración de zona afectada por catástrofe para las comunas de la región, para lo cual presentó una serie de consideraciones técnicas que reflejan la falta del líquido tanto para el consumo de la población, como para las actividades económicas. La medida decretada este lunes por Piñera se mantendrá por un año a partir del próximo 26 de septiembre. Asimismo, el mandatario designó al intendente Martínez como responsable de la coordinación y ejecución de los programas de recuperación que el gobierno determine para las zonas afectadas. La sequía que afecta a una tercera parte del territorio chileno, calificada de la más aguda de los últimos 50 años, ha provocado fuertes pérdidas a la agricultura y la ganadería, y se ha manifestado de forma más intensa en varias de las regiones más importantes del país en las actividades agropecuarias. A la falta de lluvias se agregan los problemas en el manejo del líquido, pues los mayores consumidores son las grandes empresas agropecuarias y la minería, que en muchas áreas prácticamente acaparan el agua en detrimento de los pequeños propietarios y las poblaciones rurales. Santiago de Chile, 17 de septiembre 2019 Crónica Digital /PL
El gobierno de Chile es criticado hoy por intentar bloquear la protección de los glaciares en favor de las grandes empresas mineras. Ello se debe a que el ejecutivo presentó una serie de indicaciones a un proyecto de ley para proteger los glaciares, las cuales dejan resquicios legales para que las empresas mineras puedan realizar sus actividades en áreas de esas masas de hielo aun cuando los científicos señalan que las dañan seriamente. El senador Guido Girardi, del Partido por la Democracia (PPD), presidente de la Comisión de Medio Ambiente, criticó al Gobierno por esas indicaciones y acusó de «negacionista» al Presidente Sebastián Piñera. Girardi explicó a los medios que la indicación sólo impedirá la realización de proyectos en los glaciares ubicados en parques nacionales y permitirá que la gubernamental Dirección General de Aguas conceda un permiso sectorial que autorice proyectos en los glaciares rocosos. El senador consideró que «el Ejecutivo, en una política negacionista, está intentando bloquear la protección de glaciares. Tiene la misma actitud de Trump, de negar la evidencia científica, porque solo le interesa el aspecto económico y defender la rentabilidad de las grandes mineras». Asimismo anunció la presentación de una moción parlamentaria con el objetivo de obligar a las mineras a utilizar un importante volumen de agua desalada y energías renovables, pues no es aceptable que la minería en Chile tenga una huella de carbono porque la va a hacer inviable. Por su parte, el académico del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile, Francisco Ferrando, advirtió en declaraciones al diario El mercurio, falta de precisiones en las definiciones del Ejecutivo «porque deja afuera, en forma explícita, lo que se entiende por todas las otras formas de presencia de hielo en la cordillera». Señaló que ese es el caso de los glaciares rocosos, que son formaciones importantes desde el punto hidrológico, así como los entornos de los glaciares, que son parte de los sistemas de aporte de nieve y de condiciones de temperatura que favorecen la conversación de estos cuerpos y la contención de avalanchas. Santiago de Chile, 19 de septiembre 2019 Crónica Digital /PL
Ante el fuerte aumento del precio del petróleo en el mercado internacional, analistas económicos prevén hoy que el valor de los combustibles en Chile podrían subir durante 14 semanas consecutivas. Indican que ello sería consecuencia del impacto que ha tenido en el mercado internacional del crudo el ataque a una refinería de petróleo en Arabia Saudita, ocurrido el pasado fin de semana y que el lunes se reflejó en un alza cerca al 15 por ciento. En declaraciones a radio Cooperativa, el economista Tomás Flores, explicó que si la gasolina de 93 octanos sube 10 por ciento, significa un incremento de 83 pesos chilenos, «lo que implica cerca de 14 semanas consecutivas de alzas semanales de seis pesos aproximadamente». Esta situación obedece a los límites impuestos por el mecanismo que funciona en Chile para la estabilización de los precios de los combustibles, que fija en seis pesos por litro el máximo de variación semanal de estos valores. Por su parte, Miguel Ricaurte, economista jefe del banco Itaú, aseguró que si los precios del petróleo se mantuvieran cercanos a los niveles alcanzados el lunes, las gasolinas podrían subir durante ocho o 10 semanas, con aumentos de entre los 50 y 62 pesos chilenos para las de 93 y 97 octanos, respectivamente. La víspera, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, calificó la súbita subida del precio del petróleo como «una mala noticia para Chile«, pues el país es «súper dependiente en materia de consumo de petróleo», ya que importa el 98 por ciento del combustible líquido que consume. Explicó que por esa razón al país lo golpea un aumento generalizado de los precios del petróleo, y aunque lo consideró con un problema coyuntural advirtió que es necesario estar atentos por cuánto tiempo se prolonga esa situación. Santiago de Chile, 17 de septiembre 2019 Crónica Digital /PL
Un total de mil 132 empresas en Chile iniciaron durante los primeros ocho meses del año procesos de quiebra, lo que representa 30 por ciento más que en igual etapa de 2018. Esos datos, de la Superintendencia de Insolvencias y Reemprendimiento (Superir), fueron publicados hoy por el diario El Mercurio, el cual señala como principal causa la coyuntura económica del país en la cual se ha debilitado el consumo privado. Asimismo los datos reflejan que las pequeñas y medianas empresas son las más vulnerables a la difícil situación económica, pues de las 66 mil 755 firmas que aparecen como morosas en el pago de sus compromisos, el 86 por ciento entran en esa categoría. Por sectores económicos, la construcción y el comercio figuran entre los más afectados, lo cual se refleja en las frecuentes noticias aparecidas en los medios sobre el cierre de empresas o la reducción de personal. El rotativo puntualiza que las empresas ubicadas en las regiones Metropolitana, Bío Bío y Maule son las que más procesos de quiebra han iniciado, con 558, 101 y 68, respectivamente, a lo que se suman otras 28 en esas mimas regiones que se sometieron a procesos de reorganización de deudas. Recuerda que la baja en el consumo y la competencia de productos importados son factores que influyen en este problema y toma como ejemplo la industria chilena del calzado, la cual en el último año cerró cinco firmas de larga tradición en el país. Otras compañías, tanto nacionales como extranjeras se han visto obligadas a realizar despidos masivos de trabajadores o suprimir sus producciones en el país. Santiago de Chile, 17 de septiembre 2019 Crónica Digital /PL
La expresidenta de Chile Michelle Bachelet cuestionó presuntos vínculos con una firma brasileña y aseguró que «mi verdad es la misma de siempre, yo no he tenido nunca vínculos con OAS y ninguna otra empresa». Las declaraciones de Bachelet desde Suiza al canal 24 Horas de Chile, son destacadas hoy por la prensa local, tras las controvertidas expresiones de un empresario brasileño que dijo haber contribuido con el equivalente a 100 millones de pesos chilenos para la campaña electoral de la exmandataria. Ayer, el diario Folha de Sao Paulo publicó que Léo Pinheiro, expresidente de la empresa constructora OAS, dijo haber entregado esa suma a través de un contrato ficticio firmado con la empresa Martelli y Asociados una vez que terminó la carrera presidencial. Ante esa afirmación, Giorgio Martelli, quien fue recaudador de la campaña de Bachelet, emitió un comunicado en el cual aseguró que su empresa «jamás ha recibido dinero para financiamiento político». Al respecto, Bachelet consideró muy extraño que Pinheiro se aparezca ahora con esa información, y añadió: «No sé si hay otro trasfondo detrás de esto, de por qué ahora aparece esta información a través de la Folha de Brasil. Yo quiero insistir en lo mismo que he dicho siempre, no he tenido ningún vínculo con OAS». Sobre lo expresado por el fiscal chileno Jorge Abbott, de que no hay nadie sobre la ley y una posible disposición a declarar ante la justicia chilena, Bachelet insistió en que «me preguntaron lo mismo cuando era Presidenta y yo dije que la justicia tiene que hacer su trabajo. Nosotros vamos a colaborar en lo que sea necesario». «Obviamente se hará todo lo que sea necesario hacer, pero yo tengo una sola verdad que es la que he dicho desde el comienzo», sentenció la exmandataria. La empresa OAS es actualmente investigada por supuestamente haber realizado aportes a las campañas de varios mandatarios en Latinoamérica y así asegurar licitaciones en esos países. Santiago de Chile, 17 septiembre 2019 Crónica Digital /PL
Los hechos indagados ocurrieron durante actividad de «Gobierno en Terreno» en la localidad fronteriza de Candelario Mansilla. La PDI confirmó que la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales abrió una indagatoria contra el ex gobernador de la Provincia de Capitán Prat (Región de Aysén) Luis Báez (UDI), luego de recibir una denuncia interpuesta por una funcionaria de gobierno. Según lo informado por el Ejecutivo, Luis Báez presentó su renuncia el día sábado, fecha que coincide con la denuncia interpuesta en su contra en la Policía de Investigaciones. Los hechos habrían ocurrido al interior de un retén en la localidad de Candelario Mancilla en el marco de una visita de una comitiva de Gobierno a la localidad fronteriza de la comuna de O’Higgins. En el lugar hubo un asado en el que participó Báez, y funcionarias quienes resultaron afectadas cuando el ex gobernador habría ingresado de madrugada a la habitación donde estaba la víctima y otra mujer que había participado de la actividad. Ante estos hechos la vicepresidenta de la Cámara, Loreto Carvajal, instó a La Moneda a tomar cartas en el asunto, independiente de lo que establezca la justicia “No aceptaremos que este tipo de personas se ampare bajo un cargo, por lo tanto, exigimos que el Gobierno entregue todo el respaldo jurídico, psicológico a la víctima. Además, que haga una exhaustiva revisión de sus protocolos, pero sobre todo de la forma en que designan a sus autoridades”. En esta línea, la parlamentaria que integra la comisión de la Mujer detalló que no descansarán hasta que este tipo de hechos no vuelvan a suceder “Acá hay un uso del poder sobre la víctima y no lo aceptaremos. Citaremos a los ministros del Interior y la Mujer para que expliquen las medidas que están adoptando para que este tipo de hechos no se repitan”. Por su parte, la diputada Carolina Marzán, quien junto a Carvajal se encuentran en una mesa de trabajo con el Gobierno contra el acoso y el femicidio señaló “nos parece sumamente grave lo sucedido, sobre todo cuando viene de una autoridad de Gobierno, esperemos que se le entregue toda la contención a la víctima porque ya denunciar es muy difícil más cuando es un superior y esto no puede ocurrir. Es por eso que le solicitamos al Ejecutivo que genere nuevos protocolos para que las funcionarias públicas se sientan seguras y acompañadas para denunciar este tipo de hechos”. Además, la parlamentaria comentó que solicitaran un oficio “nos parece muy grave que esto dentro de un marco autoridades y funcionarias deben estar en terreno, queremos saber qué garantías se les entrega a las funcionarias cuando deben quedarse fuera de sus hogares por trabajo y por qué había alcohol en un evento de Gobierno. Esto no puede seguir sucediendo y hacemos un llamado a todas las mujeres que han sido víctima de acoso o abuso a denunciar sin miedo”. Santiago de Chile, 17 de septiembre 2019 Crónica Digital
