Nacional

Dirigentes del Partido Progresista (PRO) y la Federación Regionalista Verde Social rechazaron los ataques a sedes del Partido Comunista ocurridos el fin de semana en esta capital y en la ciudad de Calama. El presidente de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, expresó la solidaridad de esa formación y dijo esperar que como país democrático que es Chile, estos hechos no tengan que ver con un ataque político ni de odio, como los dirigidos recientemente contra los diputados comunistas Carmen Hertz y Hugo Gutiérrez. Asimismo llamó al Gobierno a que se investigue, pues también en los ataques en los últimos días al periódico The Clinic y a la organización Chile Transparente, los autores hicieron un minucioso registro de documentos y computadoras. Esa forma de actuar deja la duda del real motivo de este acto delictivo, y exigimos que las instituciones funcionen y se investigue como corresponde, manifestó Mulet. Por su parte, el presidente del PRO, Camilo Lagos, expresó que ante ese atropello «solo queda aumentar la fuerza de nuestro trabajo para construir un Chile justo y solidario». Puntualizó que «nunca será la vía del miedo y el amedrentamiento una fórmula exitosa para quienes luchan resueltamente contra las injusticias sociales y a favor de un cambio transformador para Chiley sus ciudadanos». Lagos subrayó que sería vergonzoso para la democracia que haya gente coordinándose para perjudicar a un sector y dijo esperar la mayor colaboración por parte del ejecutivo. Según denunció la Oficina de Prensa del Partido Comunista de Chile (PC) durante el fin de semana último fueron asaltadas la sede de su comité central, en esta capital; y la de la municipalidad de Calama, en el norte del país. En ambos hechos los atacantes registraron la documentación, computadoras, escritorios y archivos, incluidas las oficinas del presidente y del secretario general, las de la comisión nacional de organización, finanzas, electoral y prensa, entre otras. Las investigaciones policiales revelaron que los delincuentes robaron computadoras, documentos, equipos celulares y una gran cantidad de dinero en efectivo. Santiago de Chile, 17 de julio 2019 Crónica Digital /PL

El jefe de la bancada PC-Independientes, diputado Boris Barrera, hizo un llamado a la izquierda a no caer en el discurso fácil de la derecha que está haciendo uso de los derechos humanos en Venezuela para tratar de empatar y aislar al Partido Comunista. El legislador convocó este lunes a un seminario que se realizó en la sede de la Confederación de Trabajadores Metalúrgicos, Constramet, donde se analizó el informe de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, y en el que participó como expositor el embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Arévalo Méndez. Al evento asistió el encargado de negocios de la Embajada de Cuba, Marcos Hernández, el encargado de relaciones internacionales del PC, Eduardo Contreras,  la dirigenta de la misma colectividad, María Eugenia Puelma, el presidente de la UBP, Juan Cuevas, y dirigentes sociales y políticos. El objetivo del seminario fue entregar una apreciación jurídica del documento y sus efectos, que estuvo a cargo del asesor legislativo, Carlos Arrué. “Hay una instrumentalización del discurso de los DDHH con fines políticos. Lo que busca la derecha en definitiva, y también la derecha de América Latina, es cambiar el gobierno de Venezuela” señaló Arrué quien entregó un detallado análisis del informe ONU, que calificó de parcial e incompleto, como también de las 70 observaciones que hizo el gobierno del Presidente Nicolás Maduro. El asesor afirmó que “la derecha nos quiere poner a nosotros en una encrucijada respecto de Venezuela y tratar en definitiva, a través de un acto de negacionismo encubierto, de empatar respecto de las violaciones que nosotros sí sufrimos, diciendo que no somos capaces de enfrentar las violaciones que se viven en Venezuela. La derecha ha insistido en esta estrategia durante años en tratar de empatar continuamente en distintas materias” Por ello, Arrué afirmó que es necesario hacer esa reflexión porque “nosotros sí fuimos violados en nuestros derechos humanos, sí fuimos víctimas a gran escala, ejercido por un Estado terrorista. Durante la dictadura no existió la más mínima consideración, ni capacidad del Estado de proteger y defender a las víctimas y eso lo sabemos. La derecha quiere decir: lo de ustedes no fue para tanto, porque si hoy no son capaces de reconocer lo que pasa en Venezuela, es porque tal vez eso no ocurrió en los términos que ustedes lo están planteando. Y ese es un ejercicio muy peligroso que no me cabe duda que insistirán”. Violaciones a DDHH en Chile Por su parte, el diputado Barrera afirmó que es claro que detrás del informe dado a conocer el 3 de julio pasado, “no están los derechos humanos. Si existiera preocupación, los Estados y los gobiernos estarían preocupados de todos los muertos en Colombia, las muertes en México, los más de 4 millones de desplazados en Colombia, los muertos en Chile” “Cuando leí el informe sobre los pueblos originarios, parecía que estaba leyendo un documento sobre nuestro país, porque aquí sí hay violaciones a los DDHH de los pueblos originarios. Sí hay muertos […]

Chile aparece hoy como el país de América Latina con el mayor número de nuevos casos de VIH, según un reporte mundial sobre la enfermedad realizado por la ONU con datos de 2018. El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (Onusida) indica que en este país en el período 2010-2018 creció en 34 por ciento la cifra de nuevos contagios. Asimismo 71 mil personas viven con VIH, lo que implica un aumento de cuatro mil con respecto a 2017, cuando se registraron 67 mil, y de ellas 61 mil 660, el 86,7 por ciento, han sido diagnosticadas. En tanto, 45 mil 140 de los enfermos reciben tratamiento, mientras que las personas seropositivas con carga viral suprimida o indetectable ascienden a 39 mil 690, según señala el informe. Aunque tales datos son alarmantes, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, los calificó de «positivos», porque reflejan un aumento en la detección de casos, y consideró que, según lo expuesto por el estudio, la velocidad con la que surgen nuevos casos está disminuyendo. El titular dijo que las autoridades chilenas desean que esta epidemia esté erradicada en Chile para el año 2030, para lo cual es necesario lograr que el 1 de diciembre del 2020 se haya cumplido el compromiso asumido por el país con Onusida. Añadió que es necesaria tota la colaboración para que las personas que viven con el virus lo sepan, que accedan al tratamiento gratuito, y con ello logren una supresión del virus, lo que permitirá no solo prevenir que desarrollen el sida, sino que tampoco transmitan el VIH. Al respecto, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, explicó a la prensa que el objetivo del ministerio es que el 90 por ciento de las personas que viven con VIH conozcan su estado, que de ellas igual porcentaje estén en tratamiento y que el 90 por ciento de estas  tengan una carga viral indetectable. Esto último significa que aunque tengan la enfermedad crónica, no transmitan el virus. En eso consiste el compromiso 90-90-90 establecido con Onusida, puntualizó. Según dijo, con ese propósito las autoridades de salud buscan aumentar las pesquisas, mejorar el acceso a tratamiento y diversificar las medidas de prevención. Santiago de Chile, 17 de julio 2019 Crónica Digital /PL

“El Presidente Piñera ha jugado con fuego en el nombramiento de los ministros de la Corte Suprema. Ya hubo un traspiés y no se aprendió la lección. No hubo consulta al Senado, pese a que el nombramiento es en conjunto”,manifestó el senador Alejandro Navarro, previo a la votación sobre la elección de la ministra María Angélica Repetto a la Corte Suprema, este miércoles. De acuerdo al Presidente de la Comisión de DDHH del Senado, “la oposición en el Senado también ha sido errática, y creo que no es el mecanismo de composición y de elección para el más alto tribunal de la república, el que pueda ser nombrado de esta manera”. “Ambos”, prosiguió el parlamentario progresista, “el gobierno y el Presidente Piñera, particular y personalmente, en conjunto al Senado, no han estado a la altura”. “Creo que la única manera es rechazar esta nominación y generar las condiciones para un diálogo que permita ir hacia una propuesta de fondo en el nombramiento de los jueces, que impida este bochorno, que impida, esta lamentable posición”, manifestó el senador por la Región del Biobío. Para finalizar, Alejandro Navarro anunció que, “voy a votar en contra, por el procedimiento, por el contenido político del mismo; no en contra de la trayectoria de la jueza Repetto”. “Creo que innecesariamente el Presidente Piñera la ha expuesto a un bochorno y no es justo con ella, y esto debe terminar”, sentenció. Santiago de Chile, 17 de julio 2019 Crónica Digital  

Como Bancada del Partido Comunista e Independientes condenamos el derrame de más de mil litros de combustible al sistema de producción de agua potable y al Río Rahue, por parte de la Empresa Sanitaria de Los Lagos, que ha privado del acceso al agua potable a más de 200.000 chilenos en la ciudad de Osorno. Solidarizamos con los osorninos y osorninas y demandamos que se investiguen y determinen las responsabilidades administrativas, civiles y penales. Al mismo tiempo, exigimos que se compense a los habitantes de Osorno en proporción al daño causado. La Ley de Servicios Sanitarios obliga a la empresa a monitorear y garantizar la continuidad y calidad del servicio lo que ha sido incumplido de manera gravísima. La Empresa Sanitaria de Los Lagos ESSAL ya no es una empresa confiable. Por ello, ante la gravedad de los hechos, solicitamos al Presidente de la República que ejerza las facultades que le entrega la Ley de Servicios Sanitarios y  ponga fin a la concesión de esta empresa dado el perjuicio ocasionado a las personas y al medioambiente. Santiago de Chile, 17  de julio 2019 Crónica Digital

Los más de 180 mil habitantes de la ciudad de Osorno entraron en el quinto día sin agua potable con un creciente malestar que saca a flote el problema de la propiedad del líquido en Chile. La Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos (Essal) anunció que hoy martes comenzará a bombear el agua tras realizar la renovación de los filtros dañados por una fuerte contaminación, pero advirtió que solo mañana se restablecerá el servicio. El jueves pasado más de mil litros de petróleo fueron a parar a una planta potabilizadora y al río Rahue, de donde esta se abastece. Ante la lentitud de Essal de aplicar las medidas para mitigar la emergencia, el Gobierno se vio obligado a decretar alerta sanitaria y mover recursos para abastecer de forma alternativa a la población. En la ciudad fueron suspendidas las clases, el principal hospital de Osorno tuvo que remitir a los pacientes a otras instituciones y atender solo a los de terapia intensiva, y hoteles, bares y restaurantes cerraron sus puertas. A causa de los muchos problemas ocasionados por el corte del abastecimiento cientos de personas marcharon por el centro de la ciudad demandando “el agua como derecho, no como negocio” y “fuera Essal, el agua estatal”. Según trascendió, la empresa privada Essal acumula en los últimos años el pago de más de tres mil millones de pesos chilenos (alrededor del cinco millones de dólares) por 85 multas debido al mal servicio. La crisis sacó a la palestra el tema de la propiedad del agua en Chile, único país donde este recurso está en manos privadas, y coincide con los análisis en el Senado de unas modificaciones al Código de Aguas, propuestas en 2014 durante el gobierno de Michelle Bachelet, que pretenden corregir en alguna medida esa situación. Sin embargo, organizaciones empresariales pusieron ya el grito en el cielo porque, según plantean, tales modificaciones vulnerarían “el derecho de la propiedad”, pues proponen que los derechos permanentes pasen a ser concesiones, incluyen la caducidad de estos y cambian el término de propiedad por el de titularidad. Especialistas consultados por el conservador diario El Mercurio señalan que efectivamente esa legislación debilita la propiedad privada sobre el agua, pero Christian Valenzuela, ingeniero en Recursos Naturales, advierte que a corto y mediano plazos será necesario regular de forma aun más drástica el uso del vital líquido. Explica que a medida que disminuye la disponibilidad de agua en el país quienes controlen ese recurso aumentarán enormemente su precio y gran parte de la población no podrá acceder a ese recurso, lo cual es un derecho establecido mundialmente. Concluye que en Chile es necesario velar ‘no solamente porque sea un derecho, sino porque determina la existencia del derecho a la vida, que es superior al derecho de propiedad, el cual, por consiguiente, también se vería afectado si falta agua’. Por Rafael Calcines Armas. Santiago, 16 de julio de 2019 Crónica Digital / Prensa Latina.

Cuando el Presidente Salvador Allende aún no cumplía un año en La Moneda, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) se vio enfrentado a un dilema político que tuvo efectos de enorme envergadura histórica: asumir, coherentemente, la perspectiva de “unidad social y política del pueblo” o, con la excusa de un “camino propio”, pavimentar el camino de la derecha. El PDC había proclamado, en la Junta Nacional del 15 de agosto de 1969, la candidatura de Radomiro Tomic a la Presidencia de la República, para dar continuidad a la administración de Eduardo Frei Montalva. Una de las proposiciones fundamentales de la postulación de Tomic era la necesidad de “unidad social y política del pueblo” (es decir: una convergencia del centro y la izquierda) como condición para los cambios estructurales que consideraba necesarios: “No me tiembla la voz para decirlo: o la Revolución Democrática y Popular dando forma a un inmenso esfuerzo de participación del pueblo para que Chile alcance otro horizonte y un nuevo destino, o el colapso institucional dividirá gravemente a los chilenos”. El programa de Tomic, “Tarea del Pueblo”, consideraba agotado el capitalismo y planteaba una “revolución chilena, democrática y popular”, mediante un proceso de participación de trabajadores, pobladores, campesinos, mujeres y jóvenes. Proponía nacionalizar el cobre, estimular a la empresa estatal y comunitaria como ejes del sistema productivo, y una reforma al sistema bancario y financiero. Según el propio Tomic, era “un esquema tajante de sustitución del capitalismo”, con “más de un 90 por ciento de coincidencias con el de Salvador Allende”. Tras la elección de Allende en las urnas el 4 de septiembre de 1970, era imprescindible que fuera ratificado por el Congreso Pleno, para lo que era determinante el respaldo del PDC. La Junta Nacional de la colectividad se desarrolló a comienzos de octubre con la presencia de más de 500 delegados del país. Por 271 votos contra 191 y 91 abstenciones, se impuso la propuesta de apoyar a Allende sobre la base de un Estatuto de Garantías, lo que permitió que fuera proclamado oficial y formalmente Presidente de la República. El 4 de noviembre, se celebró el traspaso de mando. Luego de las elecciones municipales de abril de 1971, en el Consejo Plenario Nacional del PDC que fue efectuado en Cartagena el 8 y 9 de mayo de ese año, la colectividad reafirmó su carácter “revolucionario” e indicó que luchaba por una sociedad socialista comunitaria. No obstante, el PDC sufrió un viraje definitivo hacia la derecha luego del asesinato del ex ministro del Interior, Edmundo Pérez Zujovic, el 8 de junio. La primera expresión visible del cambio de orientación fue la elección complementaria de un diputado por Valparaíso, el 18 de julio, en la cual la derecha respaldó al candidato del PDC, Oscar Marín, quien logró 141.450 votos (50,16%), contra 136.813 (48,5%) del socialista Hernán del Canto. Muy poco después, el 24 de julio, se realizaría una reunión ampliada del Consejo Nacional en Las Vertientes, con el propósito de examinar el período transcurrido entre el Plenario […]