La creciente inmigración en Chile y sus múltiples aristas vuelven hoy a la palestra en el país y augura roces entre el gobierno y la oposición, que manifiestan percepciones muy diferentes sobre este fenómeno.
La víspera el Tribunal Constitucional (TC) declaró admisible un requerimiento de inconstitucionalidad presentado por diputados de oposición a la nueva Ley de Migraciones que tras años en el parlamento fue aprobada en diciembre último.
Asimismo, el TC dio un plazo de cinco días para que el Congreso Nacional y Sebastián Piñera se pronuncien, si lo consideran necesario, sobre los señalamientos planteados contra la iniciativa legislativa.
El requerimiento que plantea al carácter inconstitucional del texto legal fue impulsado por legisladores del partido Revolución Democrática (RD) con el respaldo de otras fuerzas, y se refiere a 13 artículos de la ley.
Entre los artículos cuestionados aparece el que faculta al Estado para determinar quién ingresa al país; uno sobre procedimientos de retorno asistido por eventuales vulneraciones a los derechos de los menores de edad, y otro que atribuye al Gobierno la prerrogativa para fiscalizar las solicitudes de visa de turismo.
Los legisladores que señalan su ilegalidad advierten que tales facultades podrían propiciar arbitrariedades al determinar quiénes pueden ingresar o no a Chile.
Al presentar en diciembre pasado el requerimiento, la diputada Catalina Pérez, presidenta de RD, señaló que con esta legislación el Gobierno no asume una política moderna sobre el tema de la migración y a la larga promoverá una mayor irregularidad y la violación de los derechos humanos de los migrantes.
Tras conocerse la decisión del TC el Ministro del Interior, Rodrigo Delgado, señaló que los artículos cuestionados sí son constitucionales y el Gobierno se encargará de demostrarlo.
Asimismo, criticó a los promotores de la iniciativa de querer “generar más desorden aún del que ya hemos tenido en los últimos años, por no tener una ley migratoria aprobada”.
La legislación también había sido muy criticada durante su tramitación por organizaciones de migrantes que la calificaron de discriminatoria y perjudicial para la integración de los extranjeros a la sociedad chilena.
El pronunciamiento del TC se produjo además el mismo día en que el Presidente Sebastián Piñera firmó un decreto que establece la participación de las Fuerzas Armadas en el control de la inmigración ilegal en zonas fronterizas del norte del país.
Según dijo el mandatario, los militares “ampliarán la colaboración” con las autoridades civiles y las fuerzas de Orden y Seguridad, no solo para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, sino desde ahora también en el enfrentamiento a la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.
Apelando a una frase utilizada en otras ocasiones, Piñera señaló que ello permitirá “poner orden en nuestra casa” para terminar con lo que calificó como desorden y tener una política que favorezca la inmigración regular y combata la irregular.
Sobre la nueva Ley de Migraciones, consideró que cuando se promulgue, el Estado contará con “nuevas y mejores herramientas jurídicas” para combatir el tráfico de inmigrantes. Insistió en que el objetivo es acoger a la inmigración legal que respete las leyes de Chile y aporte al desarrollo del país, y al mismo tiempo combatir las ilegalidades.
Según cifras de la Policía de Investigaciones (PDI), la cifra de imputados por tráfico de inmigrantes aumentó en más de 25 por ciento entre 2019 y 2020.
Asimismo, los datos de Extranjería señalan que en 2019 entraron Chile ocho mil migrantes clandestinos, cifra que se disparó en 2020 cuando hasta noviembre se contabilizaron 13 mil.
Con información de la Agencia Prensa Latina.
Santiago, 13 de enero 2021.
Crónica Digital.
