La violencia en La Araucanía es un fracaso del Gobierno de Sebastián Piñera

Los partidos oficialistas y de oposición en Chile coinciden en señalar como un fracaso del Gobierno de Sebastián Piñera la crisis que persiste en la región de La Araucanía, aunque difieren diametralmente en una posible solución.

Tras el incremento de la violencia en las últimas semanas, con incendios diarios de predios, maquinarias y vehículos sin que se logre identificar a los autores, Sebastián Piñera llamó a lograr un “Acuerdo Nacional” para enfrentar el problema.

Piñera exigió asimismo al Congreso aprobar con urgencia varios proyectos de ley que, según dijo, aportarán herramientas para enfrentar la crisis y envió al Ministro del Interior y a jefes militares y policiales al sur del país para coordinar medidas en contra de lo que calificó de “acciones terroristas”.

Sin embargo, el Acuerdo Nacional no fue acogido con entusiasmo en medios de oposición, Al respecto, la precandidata presidencial socialista Paula Narváez, estimó que el problema “no se resuelve con medidas de seguridad ni menos con medidas militares”, y que la pacificación de La Araucanía pasa por lograr acuerdos políticos con el pueblo mapuche.

En ello coincidió el timonel del Partido Por la Democracia y abanderado presidencial de la colectividad, Heraldo Muñoz, que dijo que el Gobierno fracasó en La Araucanía, y reclamó una estrategia integral pues “se tiene que aislar el delito, pero debe haber una visualización de las raíces del problema, que es el despojo de tierras” a los pueblos originarios.

Por su parte, Marco Enríquez–Ominami, fundador del Partido Progresista y el Grupo de Puebla, señaló que la propuesta de Piñera es “más de lo mismo. El problema es político y la solución debe ser también política. La seguridad pública no puede hacer lo que le corresponde a la política”.

Para el alcalde comunista Daniel Jadue, el gobierno de la derecha “fracasó en administrar este conflicto político histórico, y no ha hecho nada para saldar la deuda histórica con las naciones originarias”.

Sin embargo, en el 2018 Piñera lanzó con gran despliegue mediático el “Plan Araucanía”, que incluía millonarias inversiones para, según dijo, avanzar en el desarrollo integral de esa región, la más pobre del país, pero no avanzó mucho más allá del anuncio.

En cambio, el Partido Republicano, de extrema derecha, en su cuenta oficial de Twitter expresó que la solución de la crisis “no lo van a lograr los políticos, sino las Fuerzas Armadas y de Orden”, y su presidente, José Antonio Kast, al que muchos llaman “el Bolsonaro chileno”, conminó a Piñera “a ponerse los pantalones”.

A esa posición de fuerza también se sumaron diputados de Chile Vamos, la coalición de Gobierno, que incluso pidieron al Mandatario imponer el Estado de Sitio en La Araucanía.

Santiago, 25 de febrero 2021.

Crónica Digital / Prensa Latina.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Next Post

Progresistas exigen poner término al Control Preventivo de Identidad

Jue Feb 25 , 2021
El Partido Progresista de Chile, que preside Camilo Lagos, demandó poner fin al control preventivo de identidad, a través de un documento técnico dado a conocer por el fundador de la colectividad, Marco Enríquez–Ominami, y por el director ejecutivo de la Fundación Progresa, Víctor Osorio. El texto indica que el homicidio de Francisco Martínez Romero en Panguipulli devela que la facultad policial “constituye una amenaza para los derechos de las personas” y agrega, además, que “no es una herramienta útil para enfrentar el delito”. En este sentido, deploraron las declaraciones de Sebastián Piñera, quien manifestó, frente al doloroso hecho, que “el control preventivo de identidad es un instrumento legal, es útil y es necesario para proteger el orden público, para proteger la seguridad ciudadana”. A ese respecto, señalan que “nos encontramos en presencia de un caso de ‘populismo penal’ de los conservadores”, pues “se impone una institución impotente para producir el resultado que promete”, es decir, el enfrentamiento efectivo de la criminalidad. La propuesta progresista señala que se debe derogar el Artículo 12 de la Ley N° 20.931, promulgada en 2016 que estableció el control preventivo de identidad, reconociendo que el Código Procesal Penal proporciona herramientas suficientes a las policías en esta materia: el “control investigativo de identidad” contemplado en el Artículo 85 del Código Procesal Penal, en virtud del cual entre 2011 y 2015 se ejecutó un promedio anual de 2 millones de controles. Asimismo, señala la necesidad de retirar de tramitación legislativa el proyecto presentado por Piñera el 28 de marzo de 2019 “que fortalece el control (preventivo) de identidad por parte de las policías”, hoy en segundo trámite constitucional en el Senado, y que entre otras cosas amplia la facultad policial a menores de edad entre 14 y 17 años, y les otorga mayores atribuciones invasivas. El Progresismo indica que es “una facultad policial que puede vulnerar los derechos de las personas, cuya protección es un imperativo del poder público”, y que está en oposición con lo establecido por la propia actual Constitución, así como por los pactos y los tratados internacionales que ha suscrito el país, que establecen que es un “deber de los órganos del Estado respetar y promover” los derechos fundamentales de las personas. Puntualizan que el “control preventivo de identidad”, modalidad policial inexistente a nivel internacional, no requiere para ejecutar el procedimiento de la existencia de indicios de carácter objetivo de que la persona controlada hubiere cometido o se disponga a cometer un ilícito. Es decir, depende del solo arbitrio y voluntad del funcionario policial (a diferencia del control investigativo de identidad). “El hecho que el ejercicio de la facultad de control preventivo de identidad no esté sujeta a ningún estándar de carácter objetivo, hace inviable la existencia de alguna clase de control sobre el modo de ejecución de un procedimiento que para ser realizado basta con la mera decisión del funcionario policial, sin justificación”, explican. Ello hace inviable la posibilidad de denunciar “un ejercicio abusivo o denigratorio de la facultad”, en circunstancias […]

Te puede interesar:

Las opiniones vertidas en este medio de comunicación no necesariamente representan el sentir de Crónica Digital y son de responsabilidad de quienes las emiten.

Crónica Digital, es un medio de comunicación social, republicano y comunitario. Fue fundado el 19 de abril del año 2005. Su objetivo periodístico es informar sobre los principales noticias de Chile, América Latina y el mundo.

El director de Crónica Digital es el periodista Marcel Garcés Muñoz.

Su representante legal y editor general es el periodista Iván Antonio Gutiérrez Lozano.

El editor nacional es el periodista Ramón Vargas Vega.

El editor cultura es el periodista Miguel Alvarado.

Corresponsal en La Habana, Cuba, Florencia Lagos N.

El asesor legal es el académico y abogado Sr. Pablo Méndez Soto.

Los principales asociados informativos de Crónica Digital son la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina , la agencia de noticias China, Xinhua y TV Brics.

En Chile, el medio electrónico El Maipo

Correo: cronicadigital@gmail.com
Dirección: Maturana 302 local 2
Santiago de Chile.

Desde el año 2005 Crónica Digital es parte de la Asamblea Nacional por los Derechos Humanos.

Crónica Digital es una marca registrada. Todos los derechos reservados.

Redacción Diario Crónica Digital
Fono: 950142601

Un café en una plaza con historia....

Maturana con Huérfanos
plaza Brasil,
Santiago de Chile.

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es cafe-con-torta-900x675.jpeg