En una carta enviada a diversos medios y organizaciones, los presos denuncian la implementación de nuevas medidas de control que incluyen el registro corporal de sus hijos e hijas menores, como condición para acceder a las visitas familiares. Esta denuncia se enmarca en una práctica frecuente en algunas cárceles de Chile y que ha sido recogida en audiencia por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Desde 1994, en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) han sido recluidos prisioneros políticos provenientes de diversas organizaciones políticas como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), el MAPU LAUTARO y, posteriormente, de nuevas agrupaciones.
Esta es la primera cárcel de su tipo existente en Chile, concebida a partir de experiencias similares en Alemania, España, Irlanda e Inglaterra. El historiador Pedro Rosas -quien permaneció recluido en la CAS–, afirma en su libro «Rebeldía, subversión y prisión política» que estos presos reciben un trato diferenciado que contradice el discurso y la práctica del Estado que afirma que en democracia no existen presos políticos, sino solo «terroristas» o «delincuentes comunes». A diferencia de las definiciones aplicadas a los reos comunes y orientadas a «reinsertarlos» socialmente, los prisioneros políticos son castigados como enemigos del Estado y no se les considera «rehabilitables» ni susceptibles de reinserción social.
Este tipo de requisas no son sólo vejatorias contra niños y niñas sino también, de forma frecuente, contra las personas que visitan a sus parejas encarceladas. Según han denunciado diversos organismos de derechos humanos de Chile y América Latina, esta es una práctica frecuente y extendida en varios países de la región (Chile, Brasil, Argentina, Guatemala, Honduras y Paraguay), ligada al control familiar y represión que se vive en las cárceles. Por esta razón, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó el año 2015 una audiencia pública sobre las requisas vejatorias y violentas impuestas a las personas privadas de libertad y sus familiares en todo el continente.
A lo largo de estas dos décadas de gobiernos civiles en Chile, los prisioneros han logrado modificar algunas de las condiciones más extremas de la cárcel, ahora exigen terminar con los controles a los menores de edad en las visitas familiares.
A continuación, reproducimos el contenido íntegro de la carta de denuncia:
Santiago, Octubre de 2016
Voluntades individuales
Grupos de personas libremente asociadas
Organismos no gubernamentales:
Nos sentimos en la necesidad y la urgencia de comunicarnos a través de este medio para hacer presente una situación del todo delicada que afecta a nuestros hijos y su integridad.
Somos 7 personas que estamos privados de libertad en la Unidad especial de Alta Seguridad de Santiago, y que estamos en disposición de resguardar la integridad y la dignidad de nuestros hijos menores de edad en todos los escenarios donde nos encontremos, en lo particular, de medidas que se han tomado recientemente y que tienen que ver con el allanamiento (registro corporal) al que son sometidos para acceder a visitas familiares en ésta cárcel, que hasta el mes de septiembre asumíamos como de suyo engorroso, pero que ha ido tornándose vulnerador en cuanto se ha obligado a los niños y niñas menores de edad a bajar sus pantalones en frente de la o el funcionario de turno, y recibiendo incluso presiones, de plano indebidas, por parte de los funcionarios en cuestión.
Desde aquí manifestamos nuestro más directo rechazo a estas medidas que se han tomado de manera aleatoria, antojadiza y que consideramos un castigo inapropiado bajo la acusación de que padres y madres han ingresados elementos y sustancias ilegales a la unidad penal a través de niños, situación que también merece nuestro pleno rechazo, y que no pueden ni podrían comprobar en ningún caso por parte nuestra ni de nuestras familias. Íntegramente podemos decir que no existen antecedentes de la entrada de sustancias u objetos ilegales mediante los niños de las familias acá firmantes, y suponemos que gendarmería podría verificar en sus propios registros, considerando que estos son procedimientos de un organismo estatal, para comprobar que es completamente falsa la acusación.
Es en dos sentidos que nuestros hijos e hijas se ven afectados por estas medidas:
En primer lugar su integridad e intimidad: La revisión en su «nueva modalidad» se presenta ante los niños como un acto invasivo, hostil y degradante para los niños.
En segundo lugar la ruptura del vínculo Familiar: El derecho que tienen nuestros niños de mantener el vínculo con sus padres, y que se ve obstruido de manera evidente mediante la frase «tienes que bajarte los pantalones, sino no veras más a tu papá».
Como individuos y en conjunto con nuestros entornos hemos denunciado ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos la situación, quienes presentarán un amparo ante el juez competente. Por la integridad de tres de los aquí firmantes y cuatro niños, que se encuentran entre nuestros hijos.
Hacemos un llamado a todos los organismos, instituciones y colectividades que se ocupan por los niños y sus derechos, a que manifiesten su preocupación ante los organismos correspondientes, particularmente a la dirección nacional de gendarmería y al Director Nacional Jaime Rojas Flores y a la Unidad Penal en particular Sr. Alcaide de la Unidad Especial de Alta Seguridad de Gendarmería de Chile, Teniente Coronel Rodrigo González Ramos, y/o al Ministro de Justicia Jaime Campos.
Invitamos a cualquier acción que permita, en primera instancia la visibilización de esta realidad que se observa como otra de las formas en que el Estado de Chile desprotege o de plano transgrede los Derechos de los menores en este territorio, y también invitamos a realizar acciones concretas, enviando cartas, agendando reuniones o solicitando mayores antecedentes. Que comprometan a los que toman estas irracionales decisiones a revertirlas de forma inmediata. Por cierto, somos testigos de cómo en estos tiempos en que se ha hecho público de las graves violaciones de derechos de la infancia que el Estado comete a través de SENAME, también ponemos la mirada en este tipo de menoscabo de los niños, de su seguridad, y su vida que se cometen por su institución hermana de gendarmería, también dependiente del Ministerio de Justicia.
Nosotros nos procuraremos el tiempo de contener y reparar a nuestros hijos, y de robustecer nuestros vínculos con el amor el cariño y la ternura que tenemos para ellos.
Alejandro Astorga
Hans Niemeyer
Jorge Mateluna
Alfredo Canales
Juan Aliste
Freddy Fuentevilla
Marcelo Villarroel
Unidad especial de alta seguridad
Ciudad capital del territorio controlado por el Estado de Chile
Santiago de chile, 7 de noviembre 2016
Crónica Digital
