Además, solicitan que se considere un permiso especial para las trabajadoras puertas adentro y así garantizar su derecho al descanso durante el fin de semana, dado la restricción de movilidad que se mantendrá para sábados, domingos y festivos.
Martes 28 de julio 2020. Una de cada cuatro Trabajadoras de Casa Particular trabaja en Las Condes (INE), comuna que, al igual que otras ocho, hoy salió parcialmente de la cuarentena obligatoria e ingresarán a la fase 2 de transición, tal como se establece en el Plan de desconfinamiento Paso a Paso del gobierno. Sin embargo, el plan no contempla la precaria realidad de las trabajadoras del sector, que tendrán que enfrentarse al retorno de sus labores sin una fiscalización adecuada y con alto riesgo al contagio, sobre todo en el transporte público.
De Hecho, el octavo informe del estudio Movid-19 realizado por la Universidad de Chile, el Colegio Médico y otras entidades académicas reveló que una mayor cantidad de salidas a la semana para trabajar y realizar trámites en transporte público son realizadas por Trabajadoras de Casa Particular.
En este contexto, este lunes, y en reunión con la Dirección del Trabajo, las dirigentas de las organizaciones sindicales y gremiales de las Trabajadoras de Casa Particular solicitaron mayor fiscalización en el sector, para evitar las graves vulneraciones de derechos que han vivido durante esta pandemia: forzadas a quedarse encerradas en las casa de sus empleadores, sin opción de poder estar con sus familias; sin descansos los fines de semana; obligadas a cambiar su tipo de contrato de puertas afuera a puertas adentro, entre otras.
Por lo mismo, las dirigentas piden un plan de fiscalización que considere sanciones y multas al empleador que vulnere los derechos de la trabajadora y/o si son obligadas a cumplir la cuarentena de manera forzada, arriesgando la salud y seguridad de las trabajadoras.
La presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular, Sintracap, Luz Vidal señaló que “durante la pandemia hemos sido constantemente expuestas a riesgos, sin protección por parte del Estado y en un contexto de alta precariedad y vulnerabilidad. No podemos seguir siendo discriminadas y abandonadas. Por eso exigimos al gobierno que nos consideren, nos escuchen y nos protejan y no siga incrementando la deuda que tiene con las trabajadoras del sector”.
Y agregó “hoy se hace urgente que se implemente un plan que le de la seguridad a las trabajadoras, a su entorno laboral y sus familias. Hoy se hace urgente una fiscalización profunda y constante que de las garantías necesarias para un trabajo seguro y en línea con los derechos laborales”.
Al mismo tiempo solicitan que se considere un permiso especial para aquellas trabajadoras puertas adentro que tendrán que regresar a sus labores en la semana, para que puedan hacer uso de su derecho de descanso durante el fin de semana, sin que eso signifique represalias, despidos y/o vulneraciones, dado que se mantiene la restricción de movilidad los sábados, domingos y festivos.
Según el último reporte de la Superintendencia de Pensiones, las trabajadoras de casa particular suspendidas ya superan las 18.000 y las desvinculadas desde decretado el estado de emergencia se elevan por sobre las 110.000 según el INE, quienes aún se encuentra sin protección social por no tener derecho al seguro de cesantía o al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
